Protección contra Contraloría General de la República y del Consejo para la Transparencia

C.A. de Santiago Santiago, seis de mayo de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, don nombre reservado General en retiro de la Policía de Investigaciones de Chile, deduce recurso de protección en contra de la Contraloría General de la República y del Consejo para la Transparencia, por estimar que han incurrido en actos ilegales y arbitrarios que habrían restringido su derecho de acceso a la información pública, vulnerando las garantías establecidas en los numerales 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución. Funda su acción en la falta de respuesta “completa y satisfactoria” a la solicitud de acceso N°NUM000 de 10 de junio de 2025 y en la imposibilidad de tramitar un reclamo a través del portal del Consejo para la Transparencia.

Expone que, mediante la solicitud NUM000, su abogado requirió a la Contraloría las razones por las cuales se habría permitido el pago de desahucio a otros cuentadantes, pero no al recurrente, en el Juicio de Cuentas N°NUM001, así como las motivaciones de la medida de retención de su desahucio dispuesta por Resolución Exenta N°NUM002 de 2021. Afirma que el Oficio N°NUM003 de 17 de junio de 2025 no habría entregado la información pedida y que, además, el Consejo para la Transparencia se habría negado a conocer un reclamo, fundándose en el artículo 155 de la Ley N°10.336, lo que califica como una restricción arbitraria a su derecho a la información y a su derecho de defensa.

Solicita, en definitiva, que se ordene a los recurridos otorgar la información precisa pedida en la solicitud NUM000, “resarciendo el erróneo e incompleto Oficio N°NUM003”, para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, la Contraloría General de la República, al evacuar informe, solicita el rechazo del recurso. Señala, en síntesis, que el recurso se dirige contra: (a) la presentación N°NUM000 de 10 de junio de 2025, que no constituye una solicitud de acceso a la información en los términos de la Ley N°20.285 sino una solicitud de pronunciamiento jurídico, actualmente en estudio en la División de Función Pública, pendiente de respuesta; y (b) la presentación N°NUM004 de 8 de abril de 2025, respondida mediante Oficio N°NUM003 de 17 de junio de 2025, en el cual se informó que el Juicio de Cuentas N°NUM001 se encuentra en trámite.

Precisa que la acción de protección no es la vía idónea para debatir el acceso a la información, por existir un procedimiento específico regulado en la Ley N°20.285 y, tratándose de la Contraloría, un reclamo especial ante la Corte de Apelaciones previsto en el artículo 155 de la Ley N°10.336, que no ha sido ejercido por el actor. Agrega que el libelo no identifica con claridad un acto u omisión ilegal o arbitrario, pues una de las solicitudes está pendiente de resolución y la otra fue respondida en los términos de lo pedido, y que la mera discrepancia con el contenido de la respuesta no configura ilegalidad o arbitrariedad.

Indica, además, que las normas de la Ley N°20.285 invocadas por el recurrente no se encuentran entre las garantías específicamente amparadas por el artículo 20 de la Constitución y que tampoco se fundamenta de qué forma la actuación de Contraloría habría vulnerado las garantías de igualdad ante la ley o debido proceso, limitándose el recurrente a mencionarlas sin desarrollar la vinculación causal.

TERCERO: Que, como medida para mejor resolver, esta Sala solicitó a la Contraloría General de la República que amplíe su informe e indique, en lo referente al juicio de cuentas N°NUM001 de 2018, la época en que se inició este proceso; aquella en que se ordenó e implementó la medida cautelar de retención del desahucio del señor nombre reservado; el estado actual del procedimiento y desde cuándo se encuentra en ese estado, indicando el órgano recurrido que el término probatorio del juicio de cuentas en cuestión se encuentra vencido, y a la fecha la causa se encuentra en estado para fallo.

CUARTO: Que, el recurso de protección, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías ahí enumerados, frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que los priven, perturben o amenacen. Su procedencia exige, por tanto, la existencia de un acto u omisión concreto, atribuible al recurrido, que tenga el carácter de ilegal o arbitrario y que afecte de manera actual alguna de las garantías taxativamente protegidas por dicha disposición.

QUINTO: Que, de los antecedentes allegados a la causa, consta que la presentación N°NUM000 de 10 de junio de 2025, en que el abogado del recurrente formula diversas preguntas sobre el tratamiento del desahucio en el Juicio de Cuentas N°NUM001, fue calificada por Contraloría como una solicitud de pronunciamiento jurídico, no como una solicitud de acceso a la información pública sometida al procedimiento de la Ley N°20.285. Dicha solicitud fue remitida a la División de Función Pública, donde se encuentra en estudio y pendiente de respuesta, lo que descarta, por ahora, la existencia de un acto decisorio que pueda ser calificado como denegación de información en los términos alegados.

En cuanto a la presentación N°NUM004 de 8 de abril de 2025, se acreditó que fue respondida mediante Oficio N°NUM003, de 17 de junio de 2025, en el que se informó al peticionario que el Juicio de Cuentas N°NUM001 se encuentra en trámite en la Contraloría.

La circunstancia de que el actor considere dicha respuesta “errónea e incompleta” obedece a su disconformidad subjetiva con el contenido del oficio, pero no permite, por sí sola, calificarlo como acto ilegal o arbitrario, menos aún cuando el ordenamiento establece procedimientos específicos para impugnar eventuales denegaciones de información.

SEXTO: Que, en materia de acceso a la información vinculada a la Contraloría General de la República, el artículo 155 de la Ley N°10.336 establece expresamente que, vencido el plazo legal para la entrega de la información o denegada ésta por alguna causal, el requirente puede reclamar ante la Corte de Apelaciones respectiva, de conformidad con los artículos 28 a 30 de la Ley N°20.285. Tal mecanismo constituye una vía especial y directa para revisar la legalidad de decisiones sobre acceso a la información respecto de dicho órgano, diseñada específicamente por el legislador para restablecer el derecho que el peticionario estima afectado.

Que, si bien, la sola existencia de una vía judicial diversa no excluye, por sí misma la procedencia del recurso de protección, lo cierto es que en el caso de autos la controversia se circunscribe a cuestionar la suficiencia y corrección de la respuesta otorgada a una solicitud de información, sin que se haya acreditado una afectación grave e inminente de un derecho fundamental que no pueda ser adecuadamente reparada mediante el procedimiento especial previsto en el citado artículo 155.

En este contexto, la pretensión del actor de que, por la vía de la presente acción cautelar, se ordene a la Contraloría “otorgar la información precisa” que él estima debió proporcionarse, importa desnaturalizar el carácter subsidiario del recurso de protección y sustituir los procedimientos específicos que el legislador ha establecido para esta materia. Lo anterior, conduce a concluir que el recurso de autos no es, en la especie, la vía idónea para la discusión planteada con respecto a la Contraloría General de la República.

SÉPTIMO: Que, por otra parte, las normas de la Ley N°20.285 que el recurrente señala como vulneradas -en particular, sus artículos 2, 3, 4, 5, 8 y 11- fijan principios y reglas sobre transparencia y acceso a la información pública, pero no constituyen, por sí mismas, garantías directamente amparadas por el artículo 20 de la Constitución. La sola invocación de tales disposiciones legales, sin demostrar en forma específica de qué manera la actuación de los recurridos ha afectado actualmente alguno de los derechos fundamentales taxativamente protegidos por la acción de protección, no satisface las exigencias del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre su tramitación y fallo.

Que, en lo tocante a las garantías constitucionales expresamente mencionadas por el recurrente -igualdad ante la ley y debido proceso- tampoco se desarrolla una argumentación suficiente que permita vincular, de modo concreto, los hechos descritos con la vulneración de tales derechos. En efecto, no se indican antecedentes que revelen un trato diferenciado carente de justificación razonable respecto de otros solicitantes de información en situación análoga, limitándose el actor a afirmar que no se le ha entregado la información que considera necesaria. Del mismo modo, en lo relativo al derecho a defensa, no se sostiene que se le haya impedido acceder al expediente del juicio de cuentas, ofrecer o rendir prueba, o hacer valer los medios de impugnación pertinentes, sino únicamente que discrepa del contenido de la respuesta a una presentación administrativa vinculada a dicho proceso. Tal carencia de fundamentación impide tener por configurados los presupuestos básicos de esta acción cautelar.

OCTAVO: Que, en lo que respecta al Consejo para la Transparencia, el recurso se limita a señalar que, al intentar ingresar un reclamo a través de su portal web, se habría informado que dicho órgano no era competente para tramitar reclamos contra la Contraloría, mencionando el artículo 155 de la Ley N°10.336. Sin embargo, no se aportan antecedentes que acrediten que el Consejo haya dictado una resolución formal denegatoria del reclamo, ni se describe con precisión un acto u omisión concreto que pueda ser calificado de ilegal o arbitrario, más allá de la referencia a un mensaje en la plataforma electrónica.

Además, tal como se ha mencionado, el propio artículo 155 citado por las partes establece que, en materia de transparencia de la Contraloría, el reclamo procede directamente ante la Corte de Apelaciones y no ante el Consejo para la Transparencia, lo que refuerza que la actuación de este último se ajusta al régimen especial previsto por el legislador y no revela por sí una conducta contraria a derecho. En consecuencia, tampoco respecto de este recurrido se configura un acto arbitrario o ilegal que afecte garantías protegidas por el recurso de protección.

NOVENO: Que, por otra parte, de los antecedentes allegados a la causa, aparece que la pretensión del recurrente no se dirige, en rigor, a obtener una respuesta formal sobre el estado de una presentación administrativa, sino a cuestionar las razones por las cuales su desahucio no ha sido pagado en el marco del Juicio de Cuentas N°NUM001, proceso que, según se reconoce en autos, continúa en trámite desde hace varios años. Esa circunstancia, sin embargo, no altera la conclusión jurídica a la que debe arribar esta Corte, desde que la sola prolongación temporal de un juicio de cuentas no convierte por sí misma en ilegal o arbitraria la actuación de la Contraloría, ni permite concluir que exista una denegación actual de información o una vulneración del derecho de igualdad ante la ley.

En efecto, la presentación N°NUM000 no constituyó una solicitud de acceso a la información en sentido estricto, sino una petición de pronunciamiento sobre las razones de fondo que explicarían el tratamiento dado a la retención del desahucio, materia que fue remitida a la División de Función Pública y que se encuentra pendiente de respuesta. Por su parte, la presentación N°NUM004 fue contestada mediante el Oficio N°NUM003, informándose que el juicio de cuentas respectivo se encuentra en trámite, de modo que la respuesta no puede estimarse carente de contenido ni manifiestamente arbitraria por el solo hecho de no satisfacer la expectativa del recurrente.

DÉCIMO: Que, asimismo, la extensión temporal del Juicio de Cuentas N°NUM001, aunque ciertamente pueda resultar gravosa para el interesado -situación que esta Corte también reprocha-, no es antecedente suficiente, en los términos en que ha sido planteado este recurso, para sostener la existencia de una vulneración constitucional por esta vía. Ello, desde que el recurrente no ha acreditado la concurrencia de actuaciones u omisiones concretas de la Contraloría que importen una paralización injustificada del procedimiento o un desconocimiento de los mecanismos procesales disponibles para impulsar su avance, sino únicamente la permanencia del proceso en trámite por un período que estima excesivo, lo que no resulta bastante para configurar un acto u omisión ilegal o arbitrario susceptible de ser corregido por esta vía cautelar.

UNDÉCIMO: Que, en consecuencia, no siendo esta acción cautelar la vía idónea para revisar la oportunidad, mérito o conveniencia de un juicio de cuentas todavía pendiente, ni para reemplazar los remedios procesales específicos previstos por el legislador, y por otra parte, de los antecedentes tenidos a la vista no se desprende la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario atribuible a la Contraloría General de la República o al Consejo para la Transparencia que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías invocadas, por lo que no concurriendo, entonces, los presupuestos exigidos para la procedencia de la presente acción cautelar, su rechazo se impone.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la Contraloría General de la República y del Consejo para la Transparencia.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro (I) señor nombre reservado

N°Protección-14565-2025.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la ministra señora Lidia Poza Matus, e integrada, además, por la ministra (S) señora Paola Díaz Urtubia y el ministro (I) señor Pablo Toledo González.