nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA

C.A. de Santiago Santiago, veinte de julio de dos mil veintitrés.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, en representación de nombre reservado y deduce recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación familiar La Araucana, por el acto que estima como arbitrario e ilegal consistente en el descuento por planilla desde su remuneración de cuotas de un crédito social, alegando como conculcada la garantía constitucional del artículo 19 número 24º de la Constitución Política de la República, por lo que pide que se ordene a la recurrida abstenerse de realizar descuentos de su remuneración para obtener el pago del crédito y reembolsar los montos descontados en un plazo de cinco días hábiles, o los que esta Corte mejor estime, con expresa condena en costas.

Para fundar su recurso expone que el recurrente en agosto del año 2011 contrajo un mutuo de dinero con la recurrida, denominado “crédito social”, pactado en 60 cuotas, cuyos pagos se efectuarían conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Ley 18.833, que establece un nuevo estatuto general para las Cajas de Compensación de Asignación Familiar. Los primeros 9 meses, hasta abril del año 2012 el recurrente cumplió con el pago íntegro de las cuotas, sin embargo, por causas ajenas a su voluntad, en mayo del mismo año fue desvinculado de su trabajo, perdiendo su única fuente de ingresos. Frente a esta situación y ante la duda de qué pasaría con el crédito social, se dirige a su entonces empleador quien le indica que dicha deuda quedaría saldada con los descuentos que se le harían de su finiquito.

Luego de ello, trabajó varios años de manera independiente, hasta el mes de mayo del año 2022 que retoma el empleo dependiente. Y, con fecha 30 de octubre de 2022, el área de Recurso Humanos de su nuevo empleador le envió una copia de su liquidación de remuneración, informando que se le descontó la suma de $95.312 producto de un crédito social contraído con la recurrida. No obstante, han transcurrido más de 10 años desde que dejó de pagar el crédito, y más de 6 años desde el vencimiento de la última cuota pactada. En consecuencia, de existir un título ejecutivo este es susceptible de ser declarado prescrito al día de hoy.

Finaliza citando jurisprudencia que acoge la acción en casos similares a los hechos expuestos.

Segundo: Que, por medio de la abogada Yasna Vukic, evacúa informe la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familia La Araucana y solicita el rechazo de la acción por los antecedentes que expone.

Refiere que al recurrente se le otorgó el 22 de julio de 2011, el crédito social Folio N° 002-002598005, por un capital inicial de $6.606.120 pesos, pactado en 60 cuotas de $190.980 pesos, a descontar desde su remuneración. Crédito respecto del que pagó 9 cuotas entre los años 2011 y 2012, no existiendo más pagos efectuados, por lo que se remite la información al Sistema Intercajas que tiene por objeto que la Caja acreedora de un crédito social pueda acceder a la información esencial y necesaria para detectar y ubicar a sus deudores y permitirle acordar con la otra Caja a la cual se ha incorporado la recaudación de las cuotas adeudadas por concepto crédito social.

Indica que la particularidad que existe en este descuento aplicado mediante el Sistema Intercajas, es que se efectúa por un tercero, a saber, la Caja a la que actualmente se encuentra afiliado el deudor, permitiendo así mediante este mecanismo regularizar la deuda pendiente que un trabajador tenga con una Caja de Compensación, por concepto de crédito social en virtud del carácter social de los mismos y atendido la obligación de protección del fondo social.

En el caso concreto, menciona que fue posible ubicar al recurrente en el mes de septiembre de 2022 por encontrarse trabajando en una empresa afiliada a la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, remitiéndose nómina de descuento por la suma de $190.980 pesos, siendo remesada la suma de $95.312 pesos, lo que permitió el pago de la cuota 10, de las 60 cuotas pactadas.

Agrega, que siempre se practicaron gestiones extrajudiciales para efectos de invitar al deudor a regularizar la deuda, sin intereses y cargos, sólo capital, las que resultaron infructuosas.

Relata, en detalle, la finalidad de los créditos sociales que entregan a sus afiliados y la modalidad de cobro mediante descuentos Intercajas que ha sido aceptado por la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Seguridad Social en el Ordinario N° 67989 de 13 de diciembre de 2016, así como por la Dirección del Trabajo por medio de Dictamen N°4527/093 del año 2011, e incluso por la Excelentísima Corte Suprema mediante sentencia de 21 de abril 2016 en Rol N° 15032-2016. Lo que, además, encuentra asidero en los artículos 22 de la Ley 18.833 y 58 del Código del Trabajo.

Por lo anterior, alega que no ha existido una actuación ilegal o arbitraria de su parte, habiendo actuado conforme a atribuciones legales y reglamentarias.

No obstante lo anterior, indica que, sin reconocer la extinción de la deuda contraída por el recurrente, informa que ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito social a contar del mes de diciembre de 2022 y la devolución de la suma alegada, de $95.312 peses, correspondiente al descuento efectuado en el mes de octubre de 2022, y solicitado en el petitorio del presente recurso.

Tercero: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que luego de lo dicho, teniendo en consideración lo solicitado en el petitorio del arbitrio de marras, esto es: “se ordene a la recurrida abstenerse de realizar descuentos de su remuneración para obtener el pago del crédito y reembolsar los montos descontados” y habiendo informado la entidad recurrida que la situación denunciada por esta vía no se encuentra vigente, pues procedió a cesar de manera definitiva los descuentos desde la remuneración del recurrente y procedió a hacer devolución del monto solicitado ascendente a la suma de $95.312.-, ello sumado a la constancia de folio 13 de los presentes autos de haberse consignado dicha suma con fecha 2 de febrero de 2023 en la cuenta corriente de esta sede jurisdiccional, es que esta Corte no vislumbra vulneración actual de los derechos constitucionales que se acusaron transgredidos, ni tampoco medida que, a estas alturas, se pueda adoptar para restablecer el imperio del derecho en favor del actor.

Sexto: Que, atendido lo anterior y teniendo siempre en consideración la naturaleza cautelar del recurso de protección, aparece que el presente arbitrio ha perdido oportunidad, conclusión que impone necesariamente su rechazo y que hace innecesario e impertinente cualquier mayor análisis en relación a las alegaciones vertidas por los intervinientes.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, por haber perdido oportunidad, el recurso deducido por nombre reservado en representación de nombre reservado en contra de Caja de Compensación de Asignación familiar La Araucana.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-145546-2022.

En Santiago, veinte de julio de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.