Protección contra Colegio nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de diciembre de dos mil veinticinco.

Al folio 47: a lo principal, como se pide. Al otrosí, téngase presente.

Al folio 48, a lo principal, primer y segundo otrosí, téngase presente. Al tercer otrosí, téngase presente y a sus antecedentes.

Al folio 49: a lo principal, como se pide al retardo solicitado. Al primer otrosí, a sus antecedentes. Al segundo otrosí, téngase presente.

Al folio 50, téngase presente.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece mediante formulario don nombre reservado, en representación de su hija nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Colegio nombre reservado, de la Superintendencia de Educación y del Ministerio de Educación, por haber dispuesto y mantenido la expulsión de la estudiante del establecimiento educacional, actuación que estima ilegal y arbitraria, por haberse adoptado sin un procedimiento justo y racional, sin acreditación suficiente de responsabilidad y sin consideración de su condición de salud, vulnerando con ello las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°s 1, 2, 3 inciso sexto y 11 de la Constitución Política de la República, solicitando el restablecimiento del imperio del derecho y la adopción de medidas concretas para la protección de la afectada.

Expone que su hija, alumna regular de cuarto año de enseñanza media del colegio recurrido, fue sancionada con la medida máxima de expulsión por una supuesta participación en la administración de una cuenta anónima en redes sociales, desde la cual se habrían emitido mensajes ofensivos a miembros de la comunidad educativa. Indica que dicha sanción fue comunicada inicialmente de forma verbal, sin entrega oportuna del expediente ni de una resolución debidamente fundada, y que durante el proceso se incurrió en múltiples deficiencias procedimentales, tales como la inexistencia del consejo extraordinario anunciado, la falta de pruebas directas de autoría o participación, errores en la fundamentación normativa y omisiones en la notificación formal a los apoderados.

Añade que la estudiante posee diagnóstico clínico de Trastorno del Espectro Autista, nivel 1, circunstancia conocida por el establecimiento, la que no fue considerada al momento de aplicar la sanción, omitiéndose los ajustes razonables exigidos por la normativa educacional vigente, así como los principios de proporcionalidad, gradualidad y carácter formativo de las medidas disciplinarias.

Sostiene finalmente que tales actuaciones vulneran la integridad psíquica de la estudiante, la igualdad ante la ley y el derecho a un procedimiento justo y racional, al imponerse una sanción extrema sin individualización de la conducta, sin debido proceso y con afectación directa a su continuidad educativa.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto la medida de expulsión, se ordene la reincorporación de la estudiante al establecimiento o se adopten las medidas necesarias para restablecer íntegramente las garantías constitucionales conculcadas.

SEGUNDO: Que, al evacuar informe la Superintendencia de Educación, opone como defensa principal la excepción de falta de legitimación pasiva, solicitando el rechazo íntegro del recurso de protección, atendido que los actos que se reprochan no emanan de dicho órgano, no constituyen actos u omisiones ilegales o arbitrarios imputables a su actuación, y, además, porque las peticiones formuladas exceden manifiestamente el ámbito de sus competencias legales, especialmente en lo relativo a la expulsión de la estudiante y a su eventual reincorporación o reubicación en un establecimiento educacional.

Expone que el acto que el recurrente estima vulneratorio corresponde, en realidad, a la decisión de expulsión adoptada por un establecimiento educacional respecto de una alumna de cuarto año medio, sin que exista intervención directa, concreta ni decisoria de la Superintendencia de Educación en dicha determinación. En tal sentido, sostiene que la acción constitucional se dirige erradamente contra un órgano que no ha ejecutado el acto impugnado, toda vez que la medida disciplinaria cuestionada no constituye un acto administrativo dictado en ejercicio de las atribuciones legales de la recurrida, sino una actuación propia y exclusiva del establecimiento educacional, el cual debió haber sido, en su caso, el sujeto pasivo de la acción.

Asimismo, señala que el recurso no identifica ni describe actuación alguna de la Superintendencia que permita configurar una acción u omisión ilegal o arbitraria en los términos del artículo 20 de la Constitución Política de la República, limitándose el recurrente a mencionar la existencia de un comprobante de atención derivado de una consulta ciudadana, antecedente que, por sí solo, no reviste entidad suficiente para atribuir responsabilidad constitucional a dicho servicio público. De este modo, el contraste entre los hechos relatados y la normativa aplicable evidencia la ausencia del presupuesto esencial de imputabilidad exigido por el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección.

Indica que las peticiones formuladas en el recurso, consistentes en la reincorporación inmediata de la estudiante al establecimiento educacional o su reubicación en otro recinto de la comuna, no se encuentran dentro de las facultades legales de la Superintendencia de Educación. Al efecto, precisa que la regulación, administración y asignación de cupos y matrículas corresponde de manera exclusiva al Ministerio de Educación, conforme al Decreto con Fuerza de Ley N°2 de 2009, a la Ley N°20.845 y al Decreto Supremo N°152 de 2016, cuerpos normativos que estructuran el Sistema de Admisión Escolar, ámbito en el cual la recurrida sólo ejerce funciones de fiscalización del debido cumplimiento de los procedimientos, sin potestad alguna para ordenar matrículas, reincorporaciones o asignaciones de cupos.

Además, relata que la Superintendencia de Educación es un órgano público distinto y autónomo del Ministerio de Educación, regulado por la Ley N°20.529, cuyo objeto se circunscribe a la fiscalización del cumplimiento de la normativa educacional y al control de la legalidad en el uso de recursos públicos, careciendo, por ende, de atribuciones para acceder a lo pretendido por la recurrente, lo que torna improcedente el recurso al pretender imponerle un actuar contrario al principio de legalidad administrativa.

Finalmente, solicita se acoja la excepción de falta de legitimación pasiva y se rechace el recurso de protección en todas sus partes; y, en subsidio, para el evento de no acogerse dicha excepción, se pide igualmente el rechazo del arbitrio constitucional, por no configurarse acción u omisión ilegal o arbitraria imputable a su actuación ni vulneración de garantías fundamentales que haga procedente el restablecimiento del imperio del derecho.

TERCERO: Que, al evacuar informe la Fundación Educacional nombre reservado solicita el rechazo del presente recurso de protección al no existir ilegalidad o arbitrariedad en la medida impugnada, la cual habría sido adoptada con pleno respeto del debido proceso conforme al Reglamento Interno de Convivencia Escolar.

Expone que la alumna nombre reservado, mientras cursaba cuarto año medio, incurrió en conductas calificadas como faltas gravísimas conforme al Reglamento Interno del establecimiento educacional, al reconocerse como administradora de una cuenta de la red social Instagram denominada “@nombre reservado”, en la cual se publicaban mensajes de maltrato, injurias, calumnias e incluso incitación al suicidio dirigidos a otros estudiantes y miembros de la comunidad educativa. Tales publicaciones, de carácter reiterado, anónimo y de amplio alcance por tratarse de una cuenta pública, habrían generado grave daño psicológico a sus destinatarios y afectado severamente la convivencia escolar.

Indica que, sobre la base de dichos antecedentes, el establecimiento activó los protocolos previstos en su normativa interna, dando inicio a un procedimiento disciplinario en el que se notificó oportunamente al apoderado, se informó de los hechos imputados, permitiendo la formulación de descargos, recibiendo declaraciones de los estudiantes involucrados y convocando al Comité de Buena Convivencia Escolar. Asimismo, se otorgó a la alumna apoyo pedagógico y se garantizó su derecho a defensa, cumpliéndose -según se afirma- las exigencias de un procedimiento racional y justo.

Indica que, acreditados los hechos y ponderada su gravedad, la dirección del establecimiento resolvió aplicar la sanción de expulsión, decisión que fue notificada al apoderado con indicación expresa de la posibilidad de apelar. Dicha apelación fue conocida por el Consejo de Profesores, el que, de manera unánime y en carácter consultivo, recomendó mantener la sanción respecto de dos de los tres estudiantes involucrados, incluida la alumna de autos, resolviendo finalmente el Director confirmar la expulsión, en atención a la naturaleza de las conductas y su impacto en la comunidad educativa.

Sostiene que la medida se ajusta a la normativa educacional vigente y al Reglamento Interno, descartándose toda discriminación arbitraria, por cuanto la sanción fue aplicada a estudiantes en igual situación fáctica y grado de participación. En particular, se niega que la condición de Trastorno del Espectro Autista de la alumna haya sido considerada para agravar o determinar la sanción, indicándose que se ponderó su edad, desarrollo y capacidad de comprender la ilicitud de sus actos.

Finalmente, manifiesta que el establecimiento remitió los antecedentes a la Superintendencia de Educación dentro del plazo legal y que no existe vulneración al derecho a la educación, toda vez que la reubicación del alumno sancionado corresponde al Ministerio de Educación y no al sostenedor del establecimiento.

Conforme a lo expuesto, solicita se rechace en todas sus partes la acción de protección deducida.

CUARTO: Que, al evacuar informe el Ministerio de Educación solicita el rechazo íntegro del recurso de protección interpuesto, oponiéndose, en síntesis, las siguientes defensas y excepciones: la inexistencia de acto u omisión ilegal o arbitraria imputable a dicha Cartera de Estado; la falta de legitimación pasiva del Ministerio de Educación respecto de los hechos denunciados; la improcedencia del recurso de protección para impugnar procedimientos disciplinarios y decisiones adoptadas por establecimientos educacionales; la ausencia de vulneración de las garantías constitucionales invocadas; y, finalmente, la improcedencia de las peticiones deducidas por exceder el ámbito propio de esta acción cautelar.

En cuanto a la inexistencia de un acto u omisión ilegal o arbitraria, el informe sostiene que el Ministerio de Educación no ha dictado resolución alguna ni ha ejecutado conducta que afecte directamente al recurrente o a su hija, limitándose su actuación a ejercer las funciones legales de supervigilancia y fiscalización que el ordenamiento jurídico le asigna.

Seguidamente, desarrolla la excepción de falta de legitimación pasiva, argumentando que la expulsión o cancelación de matrícula y los procedimientos disciplinarios asociados son de competencia del establecimiento educacional, conforme a su reglamento interno y a la normativa vigente, sin que corresponda imputar al Ministerio de Educación la responsabilidad por actos que no emanan de él. En este sentido, sostiene que no es el órgano llamado a responder por eventuales irregularidades en dichos procesos, razón por la cual no puede prosperar la acción en su contra.

Además, alega la improcedencia del recurso de protección como vía idónea, por cuanto la acción cautelar no resulta procedente para revisar procedimientos disciplinarios, valorar pruebas ni sustituir los mecanismos administrativos y judiciales previstos por la ley para impugnar sanciones escolares.

En relación con las garantías constitucionales invocadas, descarta la vulneración de los derechos a la integridad física y psíquica, a la igualdad ante la ley y al debido proceso, sosteniendo que no se han acreditado hechos que permitan concluir una afectación directa y actual imputable al Ministerio de Educación. Por el contrario, afirma que la actuación estatal se ha ajustado al marco constitucional y legal, sin discriminación arbitraria ni desconocimiento de las garantías fundamentales.

Finalmente, solicita el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, con costas.

QUINTO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

SEXTO: Que como se advierte de la mera lectura del presente arbitrio, el se interpone en contra de la Fundación Educacional nombre reservado, por haber adoptado la medida de expulsión y cancelación de matrícula de la alumna nombre reservado, hija del recurrente;

SÉPTIMO: Que habiendo alegado las recurridas Superintendencia de Educación y Ministerio de Educación, la falta de legitimación pasiva respecto de la acción cautelar impetrada, deberá compartirse tal aseveración, por cuanto, habiéndose denunciado como ilegal y arbitraria la medida disciplinaria de expulsión de la alumna nombre reservado del Colegio nombre reservado, es la autoridad de dicho establecimiento quien resolvió la aludida sanción, de manera que a las mencionadas recurridas, mal puede atribuirse una ilegalidad o arbitrariedad respecto de un asunto en el que no tuvieron ninguna injerencia;

OCTAVO: Que, ahora bien, en lo que respecta a la recurrida Fundación nombre reservado, habiendo informado la Superintendencia de Educación que a raíz de que se tomó conocimiento de la medida de expulsión de la alumna, luego de que el colegio les remitiera copia del expediente disciplinario, y que tras su examen se constató una irregularidad en el procedimiento, lo que originó una investigación administrativa actualmente en trámite, lo cierto es que la medida cuestionada en el presente arbitrio se encuentra en este momento pendiente de resolución ante dicha autoridad, por lo que de conformidad a lo previsto en el artículo 54 de la Ley 19.880, resulta improcedente que esta Corte adopte un parecer al efecto, mientras aquel proceso no haya sido resuelto;

NOVENO: Que atendido lo anterior, no procede si no desestimar el presente recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza al recurso de protección deducido por don nombre reservado, en representación de su hija nombre reservado, en contra del Colegio nombre reservado, de la Superintendencia de Educación y del Ministerio de Educación, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° Protección 14.536-2025.- Pronunciada por la Novena Sala, integrada por la Ministro señora Maritza Elena Villadangos Frankovich, el Ministro (S) señor Juan Carlos Silva Opazo y la Abogado Integrante señora Bárbara Vidaurre Miller. VISTO Y TENIENDO PRESENTE: