nombre reservado con AFP MODELO

Santiago, veintisiete de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE.

PRIMERO: Que con fecha 23 de junio de 2025, comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor y representación de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y de la Superintendencia de Pensiones, fundado en el acto que califica de ilegal y arbitrario, consistente en la decisión de declarar no ingresada su solicitud de devolución de fondos previsionales como técnica extranjera, adoptada mediante comunicación electrónica de fecha 29 de mayo de 2025, actuación que estima carente de fundamento jurídico y desprovista de motivación suficiente, vulnerando con ello las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Expone que solicitó con fecha 27 de mayo de 2025, a través del portal electrónico de la AFP recurrida, la devolución de sus fondos previsionales, conforme a lo dispuesto en la Ley N°18.156, cumplimiento íntegro de los requisitos establecidos en la ley 18.156, invocando su calidad de profesional extranjera afiliada a un sistema de seguridad social en su país de origen y manifestando su voluntad de mantener dicha afiliación, acompañando para tales efectos el contrato de trabajo, sus anexos y el certificado de afiliación al seguro social del país de origen.

Relata que, con fecha 29 de mayo de 2025, fue notificada vía correo electrónico de la decisión que declaró no ingresada su solicitud, bajo el argumento de que el documento acompañado no correspondería a un certificado de seguridad social completo, sin mayor explicación ni referencia normativa, circunstancia que, a juicio del recurrente, constituye un actuar arbitrario, en cuanto se limita a rechazar preliminarmente la solicitud sin verificar la autenticidad del documento ni ponderar los antecedentes acompañados.

Seguidamente, sostiene que la constancia electrónica presentada es plenamente verificable a través de los mecanismos digitales oficiales del sistema de seguridad social venezolano, mediante código alfanumérico o consulta directa por número de cédula de identidad, afirmando que la recurrida cuenta con medios suficientes para constatar su autenticidad. Añade que la exigencia de legalización o apostilla no se encuentra contemplada en la Ley N°18.156, por lo que la negativa se fundaría en una interpretación excesivamente formalista y en la incorporación de requisitos no previstos por el legislador.

Desde el punto de vista jurídico, arguye que la actuación impugnada infringe el principio de igualdad ante la ley, al imponer exigencias adicionales no aplicadas a otros solicitantes en igual situación; el derecho de propiedad, al impedir el acceso a los fondos previsionales de su exclusiva titularidad; y el debido proceso, al omitir una respuesta debidamente motivada y ajustada a derecho, perturbando el legítimo ejercicio de los derechos de la actora.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare ilegal y arbitraria la decisión recurrida, ordenando a las recurridas reconocer la validez de la documentación acompañada, ingresar y tramitar conforme a derecho la solicitud de devolución de fondos previsionales, y disponer la restitución de los fondos dentro de un plazo razonable, adoptando todas las providencias necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, al evacuar el informe, Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. solicita el rechazo íntegro del recurso, con expresa condena en costas, sosteniendo que no ha incurrido en acto u omisión ilegal o arbitrario que vulnere garantías constitucionales, por cuanto su proceder se ha ajustado estrictamente a los requisitos exigidos por la Ley N°18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, autoridad reguladora cuyas instrucciones afirma ser vinculantes para la tramitación de solicitudes de devolución de fondos de “técnicos extranjeros”.

Expone que la solicitud fue observada y cerrada por cuanto la recurrente acompañó una “Constancia Electrónica de Cotizaciones” y una declaración jurada ante notario, documentos que —según el informe— no satisfacen el requisito de acreditar, de manera específica y fehaciente, la cobertura previsional exigida, ni constituyen el “Certificado de Seguridad Social completo” requerido; en efecto, se consigna que la recurrente ingresó una solicitud con folio N°2623319 (29/05/2025) y que, al reenviar los mismos antecedentes, se le informó que no se ingresaría el requerimiento por tratarse de documentación idéntica y no correspondiente al certificado exigido, dándose por cerrado el trámite.

Luego, desarrolla los fundamentos de derecho relativos a la exigencia de que los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile se presenten debidamente apostillados o legalizados, invocando instrucciones de la Superintendencia de Pensiones que, en particular, descartan suficiencia del certificado electrónico venezolano por carecer de firma y por no encontrarse apostillado ni legalizado, además de citar las normas procesales pertinentes sobre legalización de instrumentos.

Finalmente, añade una alegación complementaria referida a la procedencia misma del estatuto excepcional, indicando que las cotizaciones involucradas fueron enteradas por un empleador que, según la información que señala, no tendría la calidad de empresa de menor tamaño de acuerdo con la ley 20.416, sino que sería persona natural, invocando, además, que la Ley N°18.156 debe interpretarse restrictivamente por su carácter excepcional.

Por estas razones, pide tener por evacuado el informe y, en definitiva, rechazar el recurso de protección con expresa condena en costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Así, son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que la Ley N°18.156 consagra una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744. El artículo 1° de dicha ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como esos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones copulativas: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

QUINTO: Que, en relación con las exigencias para acreditar la afiliación a un sistema previsional extranjero, la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices, las cuales son de carácter obligatorio para las Administradoras. Dichas instrucciones establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, incluyendo la necesidad de que la cobertura por enfermedad contemple explícitamente tanto prestaciones médicas como pecuniarias, así como la exigencia de que los documentos emitidos en el extranjero se encuentren debidamente legalizados o apostillados para su validez en Chile.

SEXTO: Que consta del mérito de autos que la Administradora de Fondos de Modelo S.A. rechazó la solicitud del recurrente, argumentando que no se acompañó un certificado de Seguridad Social completo, y el cual debe estar Apostillado en el país extranjero en que fue otorgado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

SÉPTIMO: Que, examinados los antecedentes presentados por el recurrente y las razones esgrimidas por la recurrida, esta Corte no advierte la existencia de un acto ilegal o arbitrario atribuible al proceder de la Administradora. La negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente y de las instrucciones obligatorias impartidas por la autoridad competente, la Superintendencia de Pensiones.

En tales condiciones, no se configura el presupuesto esencial de ilegalidad o arbitrariedad que permita acoger la acción cautelar de protección interpuesta, debiendo esta ser necesariamente declarada sin lugar.

Por las razones anotadas y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección interpuesta en favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Protección N° 14514-2025 Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Pedro Caro Romero, conformada por la Ministra señora Paula Rodríguez Fondón y la Abogada Integrante señora María Fernanda Vásquez Palma.