nombre reservado con SERVICIO MEDICO LEGAL

Santiago, once de diciembre de dos mil veintitrés.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Comparece doña nombre reservado, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, empresaria, domiciliada en domicilio reservado, deduciendo acción constitucional de protección en contra del Servicio Médico Legal, representada legalmente por la Dra. nombre reservado, por incurrir en una omisión arbitraria e ilegal, en atención a la dilación y desidia a no prestar instrumental quirúrgico, apoyo técnico y custodia de muestras en la práctica de la autopsia privada, autorizada y consentida por el fiscal titular del proceso penal RUC N° 2201119919-8, a fin de esclarecer las circunstancias de muerte de su madre, lo que priva, perturba y amenaza las garantías fundamentales del articulo 19 N° 2 y Nº 3 de la Constitución Política de la República.

Expone que el 09 de noviembre de 2022, personal de Carabineros de la 2ª Comisaría de Copiapó recibió un comunicado de CENCO, por un procedimiento de muerte y hallazgo de cadáver, en domicilio reservado, determinando el fiscal adjunto de turno, la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Chile, siendo identificada la víctima como doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, iniciándose la investigación criminal en la Fiscalía Local de Copiapó.

Da cuenta que el primer informe de autopsia, el N° 03-CPP-AUT-[cuenta reservada], realizado por el Servicio Médico Legal de Copiapó, de 14 de noviembre de 2022, concluyó como causa de muerte la asfixia por sofocación, indicando que tenía antecedente médicos de fuertes ataques de epilepsia, lo cual no consta en la carpeta investigativa ni fue aportado por sus familiares. En atención a ello, su parte solicitó al fiscal de Copiapó don nombre reservado una segunda autopsia, en consideración que el 21 de septiembre de 2020 se le realizó un encefalograma, en que se revela por parte de un neurólogo, que dicho examen estaba dentro de los límites normales, por lo que no tendría epilepsia.

Precisa que esta segunda autopsia, la N° 13-SCL-AUT-162-23, fue practicada en el Servicio Médico Legal de Santiago, señalándose como causa de muerte la asfixia en contexto de SUDEP (muerte súbita por asfixia inesperada en epilepsia).

Relata que, en razón de ello, solicitó al fiscal a cargo de la indagatoria, la realización de una pericia privada de autopsia, costeada por su parte, siendo autorizada dicha diligencia e informada al Servicio Médico Legal de Santiago con fecha 10 de mayo del presente año, la que sería llevada a cabo por el perito médico forense don nombre reservado.

Refiere que la encargada administrativa del Servicio Médico Legal informó mediante correo electrónico que dicha pericia sería presenciada por la perito médico de dicha institución doña nombre reservado, y que el perito privado debía llevar todos los instrumentos de trabajo e implementos de protección.

Es así como el 15 de junio de 2023, concurrió el doctor nombre reservado a las dependencias del Servicio Médico Legal en Santiago, no recibiendo apoyo administrativo del personal para manejar el cuerpo en la mesa de pericia, como tampoco de recepcionarle muestras que levantara para análisis, siendo que correspondía efectuarlos por el mismo Servicio, lo que trajo como consecuencia que no se pudiera llevar a cabo la autopsia. Esta situación fue puesta en conocimiento del fiscal adjunto a cargo, dando cuenta de las distintas pericias privadas anteriores efectuadas por el perito nombre reservado en establecimientos del servicio en cuestión en diversas regiones del país, contando siempre con su cooperación instrumental y técnica.

Agrega que se comunicó nuevamente con la encargada administrativa del servicio para la coordinación de la pericia, dándosele respuesta por correo electrónico de 21 de agosto de 2023, de que no se proporcionará apoyo en instrumentos de trabajo ni en personal, al ser una pericia privada y no estatal, no correspondiendo una pericia conjunta.

Reclama que no existiendo fecha cierta acerca del diligenciamiento de dicha pericia privada autorizada por el fiscal titular, dada la desidia y falta de cooperación de instrumental y apoyo técnico por parte del Servicio Médico Legal, se ha visto afectada en su derecho al debido proceso, puesto que se limita y retrasa la investigación y acorta la posibilidad de generar pruebas, parámetros que constituyen una garantía mínima de un procedimiento justo y racional.

Sustenta que se omite el deber de debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar hechos de violencia contra las mujeres, al provocarle una victimización secundaria hacia su persona en esta situación.

Solicita que se acoja el presente recurso, ordene al recurrido a prestar cooperación instrumental y técnica en el desarrollo de la pericia, y en definitiva adoptar todas las medidas tendientes al restablecimiento del imperio del derecho, incluyendo la remisión a la brevedad de los informes de tales diligencias al Ministerio Público, con costas.

Segundo: Comparece doña nombre reservado, médico, Directora Nacional del Servicio Médico Legal, emitiendo informe en el presente recurso.

Explicita el marco normativo de actuación del Servicio Médico Legal, en cuanto a la práctica de pericias: dictación de diversas normas de carácter general que regulan los procedimientos periciales que le competen. Dentro de ellos, está la normativa técnica pericial de las autopsias médico-legales, además de guías y protocolos para la toma de muestras y exámenes de laboratorio e histopatológico.

Refiere que a través del Protocolo 03-CPP-AUT-N° 131-2022, se respondió al requerimiento de autopsia al cadáver de nombre reservado, en el que con fecha 10 de noviembre de 2022, se concluyó, después de proceder a efectuar la autopsia médico legal, realizándose un examen físico externo y físico interno, “que la causa de muerte fue asfixia por sofocación (accidental), los hallazgos de la necropsia muestran signos asfícticos, lengua protruida entre los dientes de la boca, inyección conjuntival y petequias en escleras, livideces ventrales, y palidez alrededor de nariz y boca, que son compatibles con la causa de muerte. Es posible que previamente haya tenido alguna crisis epiléptica. En concordancia con lo encontrado por policías en sitio de suceso, no hay evidencia de lesiones atribuibles a terceros. Se dejan muestras para estudio de laboratorio." Adiciona que, por informe de autopsia 13-SCL-AUT-162-23 de fecha 08 de febrero de 2023, el perito forense de esta institución Dr. nombre reservado, concluye que: "1) Cadáver de sexo femenino identificado por cotejo dactilar por el SRCEI como: nombre reservado. 2)

Causa de muerte originaria: Asfixia en contexto de SUDEP (Muerte súbita inesperada en Epilepsia). 3) La causa de muerte inmediata del primer informe de autopsia es consistente con la causa originaria de la presente autopsia. 4) Se reservan muestras de tejido para examen histopatológico. 5) No registra huellas de violencia atribuibles a terceros".

Asevera que se realizó a petición de la Fiscalía, una ampliación del informe de autopsia de fecha 22 de marzo de 2023, respondiéndose "1.- No hay evidencia de intervención de terceros”. Se determinó que la causa de muerte fue asfixia por sofocación (accidental), y el mecanismo asfíctico último es la probable oclusión accidental de la vía aérea con el edredón o la ropa de cama. Por otra parte, debido a sus antecedentes médicos, se consignó en las conclusiones que "Es posible que previamente haya tenido alguna crisis epiléptica". Se explica que el contexto de muerte súbita en epilepsia, SUDEP (Sudden Unexpected Death in Epilepsy), se define como la muerte que se produce de forma súbita, inesperada, no traumática ni por asfixia en pacientes con epilepsia, sin considerar como relevante la presencia de testigos, o la evidencia de crisis epiléptica previa, pero se excluyen las muertes secundarias a estatus epiléptico. En estos pacientes el estudio anatomopatológico post mortem no debe revelar signos de una causa de muerte toxicológica o anatómica subyacente.

Complementa que el 09 de mayo de 2023, el Dr. nombre reservado agregó que: "En primer lugar, la Asfixia como mecanismo de muerte no solo obedece a causas mecánicas como fueron las enunciadas en su consulta, sino que implica la imposibilidad de generar intercambio de oxígeno y C02 a nivel celular, por lo que cualquier anormalidad en la mecánica ventilatoria, condiciones de intercambio gaseoso, medios de transporte y de la bioquímica celular pueden estar incluidos en esta descripción. Ante la ausencia de lesiones y de hallazgos toxicológicos que indicasen lo contrario, descritas en ambas autopsias, la causa más probable de fallecimiento es la de muerte inesperada en epilepsia, entendiendo que la fallecida padecía esta enfermedad." El 30 de marzo de 2023, instruyó la Fiscalía que a las muestras de tejidos obtenidas (NUE 6046287), se les realizará peritaje histológico.

Con posterioridad a la conformidad del fiscal con el informe de autopsia señalado, el 10 de mayo de 2023 el fiscal Adjunto don Leonel Ibacache Veliz, envió un correo electrónico a la funcionaria del Servicio Médico Legal, doña nombre reservado, para informar que: "abogadas de la hija de la víctima solicitaron una pericia privada, en atención a ello solicitó mantener el cuerpo en vuestro servicio, a fin de evitar una segunda exhumación". Y luego el 18 de mayo el mismo fiscal, a través de correo electrónico, señaló que se autorizó la realización de una pericia privada por parte de Dr. nombre reservado, por lo que consulta por las coordinaciones.

Señala que se dio respuesta positiva por dicho servicio, consultando fecha de la pericia para realizar las coordinaciones internas pertinentes, en lo que se refiere a facilitar las dependencias del Servicio Médico Legal.

Afirma que ese Servicio, desde el primer momento de la instrucción del fiscal que lleva la causa, se ha allanado a cumplir con dicha instrucción y ha facilitado no solo las dependencias de la institución, sino que propuso fecha de realización de la pericia y dispuso que una especialista del Servicio estuviera presente en dicha diligencia privada como observadora. Finalmente, con fecha 06 de junio de 2023, mediante un correo electrónico emitido por la abogada de la familia, se señaló que el Dr. nombre reservado manifestó poder asistir el 16 de junio, y se deja constancia que el médico llevará su equipo de protección, fotógrafo y técnico, lo que fue ajustado en forma posterior, en cuanto a cambiar la fecha al 15 de junio.

Aporta que, en virtud de la no existencia de un informe del Dr. nombre reservado por este caso y dado que lleva el cuerpo aproximadamente un mes en sus dependencias, con el consiguiente previsible deterioro, y ante la información entregada de su viaje al extranjero por el mismo perito privado a la funcionaria doña nombre reservado, se solicitó al fiscal ordenar instrucciones para gestionar el reingreso del cuerpo al cementerio de Huechuraba, lo que fue reiterado el 13 de octubre del presente.

Por último, respecto a la pericia privada de la parte recurrente, ese Servicio Médico Legal se allanó, toda vez que la letra b) del artículo 3 del Decreto 580/2011, dispone que corresponde al Servicio Médico Legal ejercer la tuición técnica de los organismos y del personal profesional o de otra índole, que participen en la realización de peritajes médico-legales, en el ámbito público o privado, a través de la dictación de normas de aplicación general que regulen los procedimientos periciales que efectúen, o los que sirvan de base para ellos.

Aclara que el perito privado deberá coordinar nuevamente con el Servicio Médico Legal, la fecha y el horario de la realización de la pericia, debiendo concurrir a las dependencias con su instrumental técnico y personal idóneo para la realización del procedimiento, tal como ya fue informado a todos los intervinientes con anterioridad en la programación de la pericia del mes de junio del presente año.

Tercero: Con fecha 31 de octubre de 2023, se evacuó traslado por la recurrente, en cuanto al pronunciamiento emitido por el Servicio Médico Legal, contestando que el supuesto allanamiento expresado no corresponde a lo solicitado específicamente en la presente acción de protección, configurándose una vulneración a las garantías fundamentales, al ser la primera vez que al Dr. nombre reservado se le prohíbe el acceso a instrumental quirúrgico, auxiliar y custodia de muestras.

Cuarto: Tanto la doctrina como la jurisprudencia han descrito jurídicamente al recurso de protección de garantías constitucionales consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, como un instrumento o acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar los derechos preexistentes e indubitados que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su libre ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Quinto: El asunto que se trae a conocimiento de esta Corte y que se reclama como ilegal y arbitrario, corresponde a la supuesta falta (omisión) de colaboración del Servicio Médico Legal con la pericia que deberá practicar el Dr. nombre reservado, exigiendo que éste utilice su propio instrumental quirúrgico y personal auxiliar de apoyo para examen y recolección/custodia de las muestras biológicas, lo que afectaría los derechos de tutela judicial efectiva y debido proceso reconocidos en el inciso 5° del numeral 3° del artículo 19 de la Constitución Política de La República, sin perjuicio del derecho a la igualdad ante la ley amparada en el numeral 2° de la aludida disposición.

Sexto: Sin embargo, esta Corte no visualiza de qué forma la institución pública recurrida ha causado, mediante una omisión arbitraria o ilegal, la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías a la igualdad ante la ley -discriminación arbitraria- e igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, por la sola circunstancia de exigirle a un especialista externo o adjunto contratado por un tercero interesado, que asuma los costos propios de una nueva autopsia, máxime si el Servicio Médico Legal no ejerce jurisdicción sometido a un proceso previo legalmente tramitado y que practicó dicha pericia en dos oportunidades previas.

Séptimo: La solicitud efectuada por la recurrente a esta Corte de Apelaciones, de adoptar de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la afectada, consistente en ordenar al Servicio Médico Legal a que facilite a un experto ajeno a la institución el instrumental necesario, apoyo técnico y auxiliar, para la práctica de una tercera autopsia y mantención/custodia de muestras biológicas, exceden con creces el objetivo de una acción de esta naturaleza, asunto que debe ser resuelto en el ámbito de la investigación penal abierta.

En efecto, don Leonel Ibacache Veliz, fiscal adjunto de Copiapó que instruye la indagatoria por el fallecimiento de doña nombre reservado, al haber autorizado la tercera pericia de autopsia solicitada por la recurrente, incluso comunicándola mediante correo electrónico a funcionaria administrativa del Servicio Médico Legal, hizo suya la diligencia -acto de investigación-, por lo que corresponde que éste instruya la forma concreta en que este órgano público participará, ordenado específicamente el modo de cooperación si lo considerara pertinente, con arreglo a las facultades de que dispone en los artículos 83 inciso final de la Carta Fundamental, 180, 181, 182 y 199 del Código Procesal Penal, 1°, 2° y 3° de la Ley N° 19.640, 2° y 3° de la Ley N° 20.065, y 2°, 3°, 10° y 16° del Decreto con Fuerza de Ley 196 de 1960.

En consecuencia, a través de una instrucción particular impartida por el señor fiscal del Ministerio Público a carga de la investigación penal al Servicio Médico Legal, se deberá determinar si dicho ente público colaborará con la pericia externa o adjunta con algo más que la mera facilitación de las dependencias físicas de la institución, la puesta a disposición del objeto del examen, la proposición de la fecha de la diligencia y observación de la Dra. nombre reservado.

Octavo: En todo caso, en el escenario eventual de una judicialización de la investigación criminal, los intervinientes interesados mantienen la opción de solicitar la intervención de la judicatura de garantía, para que dictamine las instrucciones necesarias para que los especialistas contratadas por las partes puedan acceder a examinar los objetos de la pericia, precisando incluso el apoyo instrumental técnico y personal idóneo, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 320 del Código Procesal Penal, sin perjuicio de lo regulado en los artículos 183 y 257 del mismo cuerpo legal.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza con costas, la acción constitucional interpuesta en favor de nombre reservado en contra del Servicio Médico Legal.

Se previene que el ministro señor Astudillo concurre a la decisión de rechazo, sin adherir a lo expresado en los párrafos segundo y tercero del motivo 7° y lo que se añade en el fundamento 8°, bastando para ese efecto indicar que el ordenamiento jurídico franquea a la recurrente los medios e instrumentos para el propósito que persigue, sin que deba esta Corte señalar los caminos concretos para ese fin, ya que ello implica exceder el objeto de una acción cautelar y no declarativa.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redactó el ministro (s) Fernando Guzmán Fuenzalida.

N° Protección-14497-2023 Pronunciada por la Octava Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Omar Astudillo Contreras e integrada, además, por el Ministro señor Alejandro Aguilar Brevis y el Ministro (S) señor Fernando Guzmán Fuenzalida. No firma el Ministro señor Astudillo, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por encontrarse ausente.

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