nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICADE CHILE (GD)

C.A. de Santiago Santiago, veinticinco de julio de dos mil veintitrés.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece don nombre reservado, en representación de Sociedad Comercial Tygmen y Compañía Limitada, quien interpone recurso de protección en contra de la Tesorería General de la República, por haber incurrido en un acto ilegal o arbitrario consistente en la mantención de registro moroso de la recurrente, pese a haber finalizado su proceso de insolvencia, lo que vulnera la garantía constitucional del artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, solicitando que se ordene a la recurrida adoptar las medidas necesarias tendientes a eliminar de los registros comerciales a la recurrente.

Expresa que en el mes de enero de 2021 solicitó la liquidación voluntaria de sus bienes, proceso que se tramitó bajo el Rol C-319-2021, seguidos ante el Noveno Juzgado Civil de Santiago.

Agrega que la recurrida, el acreedor Tesorería General de la República, no solicitó verificar su crédito por un monto total de $1.888.154 en el procedimiento concursal de liquidación voluntaria, en su de acreedor, a pesar de estar mencionado en la lista de acreedores en la solicitud de liquidación.

Señala que, por resolución de 11 de abril del año 2022 se declaró el término del procedimiento concursal en la liquidación de la sociedad.

A pesar de ello, el 2 de noviembre del mismo año, recibió una notificación en que la recurrida le informaba su calidad de deudor moroso, acto que desconoce el efecto extintivo de la resolución que pone término al procedimiento concursal.

Continúa relatando que, pese a innumerables solicitudes, dicha repartición no ha tomado las medidas para eliminar esos antecedentes.

El acto sería ilegal, por cuanto contraviene texto legal expreso y estima vulnerada la garantía constitucional del artículo 19 N° 4 de la Carta Fundamental, debido a que se afectó el prestigio y honra de la sociedad recurrente al calificarla como una persona de mal comportamiento, afectando el derecho al respeto y protección a la vida privada, así como la protección de datos personales.

En definitiva, solicita se haga lugar a esta acción constitucional, ordenando a la recurrida adoptar las medidas necesarias tendientes a eliminar de los registros comerciales a la recurrente.

SEGUNDO: Comparece don nombre reservado di Pillo Sanhueza, abogado, en representación de la Tesorería General de la República, quien informando al tenor del recurso, solicita su rechazo.

Expone que la recurrente mantenía una deuda fiscal por tres giros formularios, dos de ellos con fecha de vencimiento al 30 de junio del año 2021 y 1 al 13 de abril de dos 2020.

Atendido que la resolución de liquidación se dictó el día 11 de febrero de 2021, la que fue publicada el 19 de febrero en el boletín concursal, procedió a ordenar el descargo de las obligaciones tributarias anteriores al inicio del procedimiento concursal de liquidación, esto es, aquella con vencimiento al día 13 de abril de 2020.

Sin embargo, refiere que se deben mantener los dos giros formularios del año 2021 con vencimiento al 30 de junio de ese año, ya que estos créditos son posteriores al inicio del procedimiento concursal, por lo que no procede a su respecto la aplicación del artículo 255 de la ley N° 20.720, es decir, la extinción de los saldos insolutos de las obligaciones contraídas por el deudor con anterioridad al inicio del procedimiento concursal de liquidación.

Al efecto, acompaña certificados de movimiento que, según expone, darían cuenta que las deudas corresponden a giros del período tributario junio de 2021, por lo que al inicio del procedimiento concursal no existían como tal y no se extinguieron como señala el recurrente.

Por ello, solicita rechazar la presente acción constitucional por haber perdido oportunidad la deuda ya descargada y no ser ilegal o arbitraria la actuación respecto de la deuda vigente.

TERCERO: Que, la acción constitucional de protección de garantías fundamentales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción tutelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias urgentes para restablecer el imperio del Derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace su ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos o condiciones de fondo: a) legitimación activa y pasiva; b) se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; c) se establezca la ilegalidad —esto es, contrario a la ley— o arbitrariedad —–producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él— de esa acción u omisión; d) que de la misma se siga directo e inmediato atentado —esto es, privación, perturbación o amenaza— contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; e) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección; y f) que se ejerza dentro del plazo fatal previsto por el Auto Acordado de la Corte Suprema que regula el Recurso de Protección.

CUARTO: Que, para resolver el asunto objeto del proceso constitucional de protección es indispensable revisar la legalidad de la actuación de la Tesorería General de la República por vía de la legalidad que rige la actuación recurrida, de seguir manteniendo en el registro moroso a la recurrente por las obligaciones de que reclama.

En tal sentido, aparece como una norma pertinente el artículo 255 de la ley N° 20.720, que dispone:

«Efectos de la Resolución de Término. Una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la resolución que declara el término del Procedimiento Concursal de Liquidación, se entenderán extinguidos por el solo ministerio de la ley y para todos los efectos legales los saldos insolutos de las obligaciones contraídas por el Deudor con anterioridad al inicio del Procedimiento Concursal de Liquidación.

Extinguidas las obligaciones conforme al inciso anterior, el Deudor se entenderá rehabilitado para todos los efectos legales, salvo que la resolución señalada en el artículo precedente establezca algo distinto.»

En este sentido, para que opere el efecto de supresión de las obligaciones se requiere: 1) que exista resolución de término del proceso del artículo 254 de la ley N° 20.720; 2) que dicha resolución se encuentre firme y ejecutoriada, de acuerdo con las reglas del artículo 174 del Código de Procedimiento Civil; 3) que las obligaciones hayan nacido con anterioridad al inicio del procedimiento (si surgió la obligación, pero no es exigible por un plazo, éste se entiende caducado con la resolución de la liquidación); 4) que la obligación no haya sido pagada y; 5) que la obligación no sea de aquellas que la ley deja fuera de la liquidación.

Quinto: Que, la existencia de una sentencia de término del proceso concursal, de 11 de abril de 2022, referida al deudor recurrente en la causa Rol C-319-2021, seguida ante el Noveno Juzgado Civil de Santiago, con la calidad de firme y ejecutoriada, no es un asunto discutido ni tampoco que la obligación sea de aquellas que han quedado fuera de la liquidación.

Lo controvertido es el tercer requisito. Sobre el particular debe considerarse que aquél se conecta con dos efectos jurídicos del Derecho concursal: (i) el de la exigibilidad anticipada de las obligaciones que nacen previamente al inicio del proceso (artículo 136 de la ley N° 20.720 en relación con el artículo 1496 del Código Civil), y (ii) el derecho a verificar créditos respecto de las obligaciones cuya acreencia sea anterior a la apertura de la ejecución universal, como señalan J. Puga Vial (Derecho Concursal, Edit. Jurídica de Chile, 4 edic., 2014, p. 370) y G. Ruz Lártiga (Nuevo Derecho Concursal Chileno, Thomson Reuter, t. II, pár. 1142).

Sin perjuicio de no estar discutido, es una cuestión relevante para la decisión del proceso como «inicio» del proceso concursal —que se considera para estos efectos sustantivos—, la sentencia de liquidación del artículo 115 de la ley N° 20.720, en tanto con ella se produce el resultado del desasimiento del deudor, según el artículo 130 de la misma ley, con la imposibilidad de contraer obligaciones nuevas por sí mismo. Tal resultado se produce de pleno derecho, lo que provoca que sean nulos los actos y contratos posteriores a la resolución de liquidación que el deudor ejecute o celebre en relación con sus bienes, según norma el numeral 1° del mencionado artículo 130.

En tal sentido, la resolución de liquidación se dictó el 11 de febrero del año 2021, fecha en la cual se produce el resultado antes mencionado, y que se tiene por fecha de inicio del proceso, para los efectos del artículo 255.

Sexto: Que, entonces para la determinación del caso, se debe examinar el nacimiento de la obligación tributaria del caso sub lite, y debido a la multiplicidad de regímenes, se requiere determinar el tipo de deuda u obligación tributaria.

En primer lugar, la demanda señala que la recurrida le imputa una deuda fiscal de $1.888.154, aunque la documentación que acompañan ambas partes da cuenta de la suma ascendente a $1.884.094, según aparece en el certificado de deuda de la recurrente, emitido por la Tesorería General de la República, compuesta por tres deudas giradas en formulario 21, identificadas de la siguiente manera: 1) folio 7219182726, fecha de vencimiento 13 de abril de 2020, deuda neta de $398.043 2) folio 645951, fecha de vencimiento 30 de junio de 2021, deuda neta de $952.306; 3) folio 645977, fecha de vencimiento 30 de junio de 2021, deuda neta de $533.745; y, que suma en total: $1.884.094.

Séptimo: Que respecto a la primera de las deudas, del folio 7219182726, de la documentación presentada por la recurrida, consistente en el certificado de movimiento de la Tesorería General de la República, se reconoce por aquella que la obligación morosa fiscal correspondiente al período tributario de marzo de 2020, con fecha de vencimiento para su pago el día 13 de abril de 2020, se encuentra bajo el alcance supresivo del artículo 255 de la ley N° 20.720. De esta manera, la recurrida procedió al descargo de dicha deuda, de manera que el recurso ha perdido oportunidad tutelar de corrección de dicha cuestión.

Octavo: Que respecto de las dos deudas siguientes: folio 645951 y folio 645977, la situación es diversa, pues están en discusión, y requieren de examen en específico para su decisión.

De acuerdo a lo expresado por la demanda de protección constitucional, de dichas deudas se sabe su monto y su fecha de vencimiento, según lo expresado en el considerando sexto. Pero no indica de modo preciso cuándo se devengó el crédito o nació la obligación tributaria. Por su parte, el informe de la recurrida tampoco entrega luces de cuándo se habría originado, y es cuidadosa en no señalarlos en la presente causa, resaltando que el recurso tampoco lo habría indicado. Todo ello para determinar el nacimiento de la obligación, para efectos de elucidar si se encuentra extinguida o no la obligación por el efecto supresivo del artículo 255 de la ley N° 20.720.

Como se esbozó más atrás, la fecha de vencimiento de las obligaciones no es un criterio relevante para este preciso caso singular, pues el efecto de la sentencia de liquidación produce el advenimiento de la exigibilidad de manera anticipada, de acuerdo con el artículo 136 de la ley N° 20.720.

Sin embargo, el informe del servicio recurrido, inserta copias de la cartola de movimientos, que indican que dichas obligaciones estarían afectos a tasa general de IVA, de acuerdo con el código 175 de ambos folios. De esta manera, ello es un indicio grave y preciso para estimar que dichas obligaciones son derivadas de IVA. En tal sentido, el artículo 9 del decreto ley distingue una serie de situaciones en que se devenga el impuesto.

Es así que el artículo 9 dispone:

« El impuesto establecido en este Título se devengará:

a) En las ventas de bienes corporales muebles y prestaciones de servicios, en la fecha de emisión de la factura o boleta. En la venta de bienes corporales muebles, en caso que la entrega de las especies sea anterior a dicha fecha o bien, cuando por la naturaleza del acto que da origen a la transferencia no se emitan dichos documentos, el impuesto se devengará en la fecha de la entrega real o simbólica de las especies. En las prestaciones de servicios, si no se hubieren emitido facturas o boletas, según corresponda, o no correspondiere emitirlas, el tributo se devengará en la fecha en que la remuneración se perciba o se ponga, en cualquier forma, a disposición del prestador del servicio.

b) En las importaciones, al momento de consumarse legalmente la importación o tramitarse totalmente la importación condicional. Las Aduanas no autorizarán el retiro de los bienes del recinto aduanero sin que se les acredite previamente la cancelación del respectivo tributo, salvo en el caso de las importaciones con cobertura diferida a que se refiere el inciso cuarto del artículo 64 y las indicadas en los incisos segundo y siguientes del artículo 104 de la Ordenanza de Aduanas. Las especies que ingresen al país acogidas a regímenes aduaneros especiales causarán, al momento de quedar a la libre disposición de sus dueños, el impuesto que corresponda por la diferencia de base imponible que se produzca, salvo en el caso de las importaciones a que se refiere la letra B del artículo 12°;

c) En los retiros de mercaderías e inmuebles previstos en la letra d) del artículo 8°, en el momento del retiro del bien respectivo;

d) Cuando se trate de intereses o reajustes pactados por los saldos a cobrar, a medida que el monto de dichos intereses o reajustes sean exigibles o a la fecha de su percepción, si ésta fuere anterior. El impuesto que afecte a los mencionados intereses o reajustes se declarará y pagará en conformidad a las normas señaladas en el artículo 64°.

e) En las prestaciones de servicios periódicos, al término de cada período fijado para el pago del precio, si la fecha de este período antecediere a la de los hechos señalados en la letra a) del presente artículo.

Sin embargo, tratándose de los suministros y servicios domiciliarios periódicos mensuales de gas combustible, energía eléctrica, telefónicos y de agua potable, el impuesto se devengará al término de cada período fijado para el pago del precio, independiente del hecho de su cancelación.

También se aplicará lo dispuesto en el inciso anterior a los servicios periódicos mensuales de alcantarillado, siempre que éstos, por disposición legal o reglamentaria, usen el procedimiento de cobranza establecido para los suministros y servicios domiciliarios referidos, y f) En los contratos referidos en la letra e) del artículo 8°, en las ventas y en los contratos de arriendo con opción de compra de bienes corporales inmuebles, en el momento de emitirse la o las facturas.

De lo expuesto se puede apreciar que la ley dispone como fechas del devengo, en general, la fecha de emisión de la factura o boleta, la entrega real o simbólica de las especies, de la remuneración se perciba, al consumarse o tramitarse la importación, al momento del retiro del bien respectivo, al momento de la exigibilidad de los intereses o su percepción, al término del período del servicio o del pago del precio. Sin embargo, nuevamente, ni el recurso ni el informe de la recurrida dan luces claras y precisas respecto a cuándo se devengó la obligación tributaria en los términos del artículo 9 precitado.

Noveno: Que, los mismos certificados de movimiento de Tesorería General de la República adjuntos al proceso en el informe de la recurrida, señalan en el código 115, como descripción: que el período tributario del Servicio de Impuestos Internos a los cuales liga la obligación tributaria es igual para las dos deudas en examen: 06 de 2021. Ello lo interpreta la recurrida como que «ambas deudas corresponden a giros del período tributario junio de 2021». En este sentido, el Servicio de Impuestos Internos explica que el giro del impuesto es: «Es una orden escrita que el Servicio de Impuestos Internos u otro organismo pone en conocimiento del obligado tributario, mediante una notificación, para proceder a su pago en las instituciones financieras autorizadas o en la Tesorería General de la República.» (https://www.sii.cl/ayudas/aprenda_sobre/3074-g-3089.html#:~:text=Giro%20de%20impuesto%3A%20Es%20una,Tesorer%C3%ADa%20General%20de%20la%20Rep%C3%BAblica.); de esta manera, el giro no tiene que ver necesariamente con el hecho del nacimiento de la obligación.

Además, las copias de pantalla que acompañan y adjuntan las partes respecto de un formulario 29 —según reconoce la recurrida (pág. 2 del informe)—, efectivamente indican una deuda de IVA de remanente, tanto por la deuda que el SII reconoce que se devengó antes de febrero de 2021, ascendente a $399.240 (líneas 52 y 777), como por la suma de $1.488.914 (líneas 53 y 778). No obstante, la última suma no es exactamente la misma que informa la Tesorería General de la República de los dos giros que tiene por vigentes y que se disputan (folio 645951 y folio 645977), cuya deuda neta suma: $1.486.051.

De esta manera, no habiendo una identidad en el monto, no puede tenerse por las mismas deudas, y, así, tampoco tenerse por acreditado el momento en que las obligaciones que invoca la Tesorería General de la República se devengaron.

Décimo: Que, al no tenerse por acreditada la fecha de devengo de las obligaciones tributarias en disputa, y de acuerdo con el artículo 1698 del Código Civil, en cuánto a que toca el riesgo de la prueba a quien invoca la extinción, esto es al recurrente. Pues bien, dicha asunción del riesgo importa que el actor de la presente causa no puede dar por establecido el hecho base de su pretensión protectiva para dar por activado el modo de extinguir las obligaciones del artículo 255 de la ley N° 20.720, respecto de las deudas discutidas.

Siendo las cosas del modo reseñado, se concluye que la Tesorería General de la República no ha actuado al margen de la legalidad al considerar y comunicar como no suprimidas dichas obligaciones, esto es, vigentes en la actualidad.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia, se rechaza la acción constitucional de protección deducida a nombre de Sociedad Comercial Tygmen y Compañía Limitada en contra de la Tesorería General de la República, sin costas.

Se previene que el ministro señor Astudillo concurre al rechazo del recurso temiendo especialmente presente que el asunto planteado en la acción constitucional ejercida excede el propósito de una acción constitucional de naturaleza cautelar, por requerir la realización de declaraciones que le resultan impropias.

Regístrese y comuníquese.

Redactó el abogado integrante señor Gandulfo, quien no firma, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar ausente.

N°Protección-144865-2022.