ROBERTO CARRILLO NEUMAN INGENIERIA Y CONSTRUCCION EIRL con FISCO-TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CHILE

C.A. de Santiago Santiago, a veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés.

Visto:

Primero: Que comparece el abogado Mario Orlando Traslaviña Farías accionando de protección en favor de nombre reservado Ingeniería y Construcción E.I.R.L., con domicilio en domicilio reservado, contra la Tesorería General de la República, representada por nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por negar el alzamiento de un embargo pese a existir un convenio de pago, lo que conculca sus garantías constitucionales de los numerales 3 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Explica que su representada es una empresa PYME, que desarrolla actividades en el área de la construcción, especialmente obras civiles en distintos lugares del país, la que mantiene una deuda de origen fiscal que consta en el expediente administrativo rol Nro. 10747-2021 de la Tesorería Provincial de Ñuñoa. En dicho proceso el 4 de julio de 2023 a las 12:25 horas, la tesorera provincial resolvió trabar embargo respecto de su representada, por los montos correspondientes a contratos de prestación de servicios con el Ministerio de Obras Públicas, ascendentes a la suma de $316.213.401, siendo notificado el destinatario el 5 de julio de 2023 a las 10:37 horas. Sin embargo, previo al embargo, el 4 de julio de 2023, por el sistema establecido en la “Ley MiPyme” la Tesorería General de la República había emitido la Resolución Nro.441, suscribiendo un “Convenio de Pago con Condonación” respecto del mismo crédito objeto del apremio, el cual estableció que la deuda se pagaría en un plazo de 48 cuotas, por lo que jurídicamente se configuró la institución de la “novación” del artículo 1628 del Código Civil, extinguiendo la deuda.

Añade que en cumplimiento de este convenio, el 5 de julio se realizó un pago que generó efectos a contar del día 4 de julio de 2023, por lo que el fundamento jurídico del acto de notificación llevado a cabo el día 5 de julio de 2023 carecía de sustento habilitante para mantener el embargo. Por este motivo, el 4 de julio de 2023 se solicitó a la jueza sustanciadora (S) de la Tesorería Provincial de Ñuñoa el alzamiento del embargo, respondiendo negativamente el 31 de julio de 2023, a través de la carta E207493/2023, recibida el 6 de agosto de 2023.

Segundo: Que en su informe la recurrida alega, en primer término, la extemporaneidad del recurso ya que la acción cautelar se dirige aparentemente en contra de la negativa de alzar el embargo de 31 de julio de 2023, no obstante, la realidad es que tiene como fundamento u origen el embargo mismo que fue realizado el 4 de julio de 2023 a las 10:23 horas y notificado a la parte recurrente por carta certificada el 5 de julio de 2023, es decir, a la fecha de interposición del recurso, el 1 de septiembre de 2023, habían transcurrido más de 50 días desde que se registró el acto.

En cuanto al fondo, arguye que conforme a lo establecido por la Ley Nro. 21.514 o Ley FOGAPE Chile Apoya, de 3 de diciembre de 2022, modificada por la ley Nro.21.578, los contribuyentes que cumplan al momento de solicitar el convenio con los requisitos para acogerse al régimen para las micro, pequeñas y medianas empresas que contempla la letra d) del artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta o respecto de contribuyentes acogidos al régimen de renta presunta contenido en el artículo 34 del mismo cuerpo legal, pueden pactar excepcionalmente con el Servicio de Tesorerías, desde la fecha de publicación de la ley, convenios de pago con condiciones especiales y condonación de intereses y sanciones por las deudas de impuestos girados por el Servicios de Impuestos Internos y el Servicio Nacional de Aduanas y acceder de esa forma a la suspensión del apremio, conforme permite el artículo 192 del Código Tributario.

En el caso del recurrente y de acuerdo con la información proporcionada por el área de cobranza y tal como rola a fojas 12 del Expediente Administrativo Rol Nro.10747-2021, el embargo realizado sobre los montos que debía pagarle a la empresa el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS- DIRECCIÓN GRAL. DE OO.PP.DCYF, RUT: RUT reservado, tuvo lugar el 4 de julio de 2023, a las 10:23 horas, en tanto también consta que el convenio de pago se celebró posteriormente, el 5 de julio de 2023, a las 11:40 hoas. Por lo tanto, a la fecha y hora del embargo, las acciones de cobranza no se encontraban suspendidas.

Además, el contribuyente no acompañó el pago de la cuota inicial o pie, toda vez que entiende que este fue efectuado el día 5 de julio de 2023, sino que únicamente adjuntó copia de la segunda cuota correspondiente a la del mes de agosto de 2023, cuota que, por lo demás, fue la última que pagó, por lo que el convenio se encuentra a la fecha del informe en riesgo de caducidad por no pago de las cuotas de los meses de septiembre y octubre.

Tercero: Que en relación con la extemporaneidad alegada, el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales establece que la presente acción deberá interponerse en el plazo fatal de 30 días corridos desde el hecho que lo motiva, o desde que se tuvo conocimiento del mismo. De manera que si se tiene en cuenta que el acto denunciado corresponde a la negativa de alzar el embargo por parte de Tesorería emitida el 31 de julio de 2023, la interposición del recurso el 1 de septiembre de 2023 estaba dentro de plazo, ya que no se ha denunciado propiamente tal la improcedencia del apremio, sino la desatención a suspenderlo o dejarlo sin efecto.

Cuarto: Que, respecto del fondo, la Constitución Política de la República en su artículo 20 establece que “[e]l que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Procederá, también, el recurso de protección en el caso del Nº8º del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada”.

Quinto: Que de lo anterior se sigue que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Sexto: Que para decidir si se está en presencia de una ilegalidad ante la conducta de Tesorería, es necesario tener en cuenta que, si bien el inciso cuarto del artículo 192 del Código Tributario establece que “[l]a celebración de un convenio para el pago de los impuestos atrasados, implicará la inmediata suspensión de los procedimientos de apremio respecto del contribuyente que lo haya suscrito”, ello exige un correlato cronológico que dé por verificada la exigencia, lo que no se produjo en la especie por haberse formalizado o activado el convenio, con el pago de la cuota inicial o pie, al día siguiente del embargo. Puesto que la sola propuesta de acuerdo no suspende las acciones de cobro, sino que es un beneficio para quien demuestre efectivamente su disposición de cumplirlo, lo que deja en evidencia que la ejecutante actuó con apego a las facultades de persecución de los créditos tal como le mandata la ley.

Séptimo: Que tampoco se observa arbitrariedad en la decisión, en el sentido de carecer de una explicación razonada y contextualizada puesto que la propia resolución contenida en el expediente acompañado por la recurrida, explica los motivos que tuvo en cuenta para negar al alzamiento pedido, con el siguiente tenor: “1. La presentación de 24 de julio del año en curso, efectuada por nombre reservado, en representación de la ejecutada nombre reservado INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. RUT RUT reservado, en la solicita el alzamiento del embargo trabado en autos con fecha 05 de julio de 2023. 2.- Que, de acuerdo a los antecedentes de la causa, el embargo respecto de los contratos de prestación de servicios con el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS-DIRECCIÓN GRAL. DE OO.PP. DYCF, RUT RUT reservado, fue trabado primeramente el día 04 de julio del año en curso a las 10:23 hrs, en el domicilio domicilio reservado, siendo recibido y firmada el acta por la Sra. nombre reservado, Secretaria del Departamento del Contabilidad de dicho Ministerio, quedando así trabada la mencionada medida de apremio. 3.- Que, con el afán de resguardar fehacientemente el interés y garantía fiscal, es que se dio cuenta al mismo Ministerio, en su sede de la Región de Valparaíso, en la persona de nombre reservado, el día 05 de julio de 2023 a las 10:37 hrs., por ser allí donde se ordenó directamente la ejecución de las obras respecto de las cuales proceden los montos embargados, sin ello implicar una diligencia que afecte en algún sentido la señalada procedentemente. 4.- Que, según lo registrado en el Sistema de Convenios, la empresa deudora en la persona de su representante, celebró convenio de pago mediante resolución N° 441, que fue activado tras el pago del pie por dos millones de pesos, con fecha 05 de julio de 2023..[....]. [....] RESUELVO: No ha lugar por improcedente, a la solicitud de alzamiento de embargo solicitada respecto de la ejecutada nombre reservado INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. RUT RUT reservado”

Octavo: Que de lo expuesto precedentemente, puede apreciarse que no ha existido una privación, perturbación o amenaza de los derechos constitucionales de la recurrente, toda vez que la Tesorería General de la República sólo se ha limitado a cumplir con sus funciones y ha ajustado su conducta de manera estricta a lo que dispone la ley, dando plena satisfacción a la necesidad de explicitar sus decisiones. Sin que conste tampoco un derecho indubitado, porque a la fecha y hora del embargo, el contribuyente no había suscrito todavía el convenio de pago y las acciones de cobranza no se encontraban suspendidas al tenor de lo que establece el artículo 192 del Código Tributario.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección de la Excma. Corte Suprema, se rechaza el arbitrio deducido en favor de nombre reservado Ingeniería y Construcción E.I.R.L. contra la Tesorería General de la República.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactó la Ministra (S) señora Lidia Poza Matus.

Rol N°14.480-2023 Protección.

Pronunciada por la Undécima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Miguel Vázquez Plaza, e integrada por la Ministra señorita Romy Rutherford Parentti y la Ministra (S) señora Lidia Poza Matus.