ISS SERVICIOS GENERALES LIMITADA con INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO SANTIAGO NORTE

Santiago, veinte de junio de dos mil diecisiete.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que en ingresos acumulados Roles N° 14470, 14471, 14472 y 14473, todos del presente 2017, comparece Jeanette Contreras Sepúlveda, abogada, quien deduce recurso de protección en favor de ISS, Servicios Generales Ltda., en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Norte y solicita se deje sin efecto los ordinarios 208, 148, 147 y 146 de fechas 17 y 2 de febrero de 2017, por medio de los cuales la recurrida negó la reconsideración de multas administrativas, manteniendo firme aquéllas cursadas, lo cual constituye un acto arbitrario e ilegal que ha provocado la privación, perturbación o amenaza de los derechos constitucionales consagrados en el artículo 19 N° 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Refiere que el 12 de diciembre de 2016 se aplicó una multa administrativa a su parte -ordinario 208-, la que fue notificada el 28 de ese mes y año, por “no pagar remuneraciones”; luego, con fecha 6 de febrero de 2017, se ingresó a la Dirección del Trabajo Formulario F10 con un anexo con el objeto de obtener una rebaja de la misma a través de un recurso administrativo de reconsideración de multa el que daba cuenta de que la infracción se encontraba subsanada. Sin embargo, añade, la recurrida decide no dar curso a este recurso administrativo y mediante Ordinario N° 208 de 17 de febrero de 2017 declara que la reconsideración no se presentó dentro del plazo de 30 días corridos contados desde su notificación, por lo cual se declaró extemporánea.

En el segundo caso, ordinario 148, la Dirección del Trabajo resolvió de la misma manera anterior, es decir, declarando extemporáneo el recurso de reconsideración administrativa, pero aquí la multa se cursó con fecha 10 de noviembre de 2016 por “incumplimiento de contrato” y fue notificada a su parte el 5 de diciembre del mismo año; luego, ingresó con fecha 13 de enero de 2017 la reconsideración administrativa dando cuenta de que el vicio se había subsanado, pero la recurrida, con fecha 2 de febrero de 2017, decide resolver como se señaló en el párrafo anterior.

En el tercer caso, ordinario 147, la multa fue cursada por “incumplimiento de contrato” y “no pactar por escrito las horas extraordinarias” con fecha 8 de noviembre de 2016 y notificada a su parte el 5 de diciembre de ese año; luego, ingresó con fecha 13 de enero de 2017 la reconsideración administrativa dando cuenta de que el vicio se había subsanado, pero la recurrida, con fecha 2 de febrero de 2017, decide resolver declarando la extemporaneidad del recurso.

En el cuarto caso, la multa por ordinario 148 fue cursada por “incumplimiento de contrato” con fecha 11 de noviembre de 2016, notificada a su parte el 5 de diciembre del mismo año; luego, ingresó el 13 de enero de 2017 reconsideración administrativa dando cuenta de que el vicio se había subsanado, pero la recurrida, con fecha 2 de febrero de 2017, decide resolver declarando la extemporaneidad del recurso.

En cuanto al derecho señala que el artículo 512 del Código del Trabajo no consagra reglas que señalen cómo debe computarse el plazo de 30 días para deducir reconsideración administrativa, es decir, si se trata de días hábiles o corridos. Por lo anterior, se debe recurrir a la normativa de la Ley N° 19.880 y en atención a resultar conciliable con la naturaleza del procedimiento administrativo especial de que se trata, cabe dar plena aplicación a lo dispuesto en el artículo 25, el cual indica que los plazos de días establecidos en esa ley son de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos.

De esta forma, argumenta, es posible concluir que la recurrida no sometió su actuar a las normas legales aplicables a su labor conforme la Constitución Política de la República y excedió la órbita de su competencia, por cuanto determinó que los recursos fueron presentados de manera extemporánea, sin fundamentar su decisión, lo cual claramente deviene en un acto arbitrario e ilegal, en circunstancias de que se encuentran dentro de los plazos fijados para tal actuación.

Indica que lo anterior afecta su derecho de propiedad, pues su parte se encuentra obligada a pagar cuatro multas, habiendo ejercido correctamente el derecho al recurso administrativo y, en consecuencia se le ha impedido hacer uso de la rebaja y/o dejar sin efecto la multa, sin motivo plausible y actuando contra texto expreso.

SEGUNDO: Que la recurrida al informar solicita el rechazo del recurso y señala que los Ordinarios Nº 208, 146, 147 y 148 no adolecen de ilegalidad, pues fueron cursados con estricta sujeción a la ley y a lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, en relación al artículo 512 del Código del Trabajo.

Agrega que los Ordinarios objeto de esta acción fueron resueltos teniendo en consideración la doctrina que al respecto ha sostenido el Servicio en relación al cómputo del plazo para interponer la solicitud de reconsideración.

Pues bien, no siendo ilegales ni arbitrarios los actos administrativos impugnados, cabe analizar si ha existido privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos y garantías señaladas por el recurrente, esto es, respecto de las garantías establecidas en el artículo 19 Nº 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

En primer término precisa que la recurrente se limitó a señalar que el Servicio ha vulnerado con su actuar sus garantías constitucionales, pero no ha señalado en forma alguna de qué manera se ha producido aquello; sólo argumenta en torno a la naturaleza del plazo del artículo 512 del Código del Trabajo.

En este sentido, no se percibe relación entre las alegaciones y la supuesta vulneración invocada, ni qué habría afectado a la recurrente y menos aún, cuando el Servicio ha mantenido inalterablemente su postura respecto a la presentación de la solicitud de reconsideración de multa administrativa, que es de 30 días corridos. Así, concluye, no existe antecedente alguno que demuestre lo contrario, siendo imposible de esta manera que estando fuera del plazo, la actora pretenda invocar una vulneración que en la práctica no existe bajo punto de vista alguno, pues el tratamiento que se le ha dado es el mismo que se la da a todo usuario en relación a la solicitud resuelta y que es motivo del presente recurso.

En cuanto al derecho señala que la interpretación dada por la Dirección del Trabajo al plazo contemplado en el artículo 512 del Código del Trabajo se ajusta a lo señalado por la Contraloría General de La República en dictamen de 20 de noviembre de 2009, en el cual se establece que el plazo señalado en dicho artículo es de días corridos. La referida disposición señala que el recurso de reconsideración administrativa debe presentarse dentro del plazo de 30 días siendo este de días corridos por cuanto el Código del Trabajo cuando reguló plazos de días hábiles los señaló expresamente.

Afirma lo anterior la regla del artículo 435 del Código del Trabajo, la que se encuentra ubicada en el Título V de este cuerpo legal, conforme a la cual los términos de días que establece el Título I de dicho libro se entenderán suspendidos los días feriados; luego, la regla del artículo 512 pertenece a otro Título del mismo Libro.

Por último, tampoco resulta aplicable la norma del artículo 25 de la Ley N°19.880, toda vez que sus prescripciones no son conciliables con lo regulado sistemáticamente por el Código Laboral.

A mayor abundamiento, de los antecedentes recabados en relación a las multas 1629.2016.75, 1629.2016.76 y 1629.2016.77, figura que las tres fueron pagadas por la propia actora mediante cheques del Banco de Chile el 6 de abril último a las 11.16 horas, lo que evidentemente demuestra tanto la falta de fundamentación de este recurso y su falta de objeto.

TERCERO: Que en cuanto a los hechos que motivan el recurso, no existe controversia en orden a que las Resoluciones de Multa fueron notificadas a la recurrente por carta certificada los días 28 de diciembre de 2016, la primera de ellas, y el 5 de diciembre de 2016, las tres siguientes, y que el reclamo ante la Inspección del Trabajo se dedujo en el primer caso 6 de febrero de 2017 y, en los demás, el 13 de enero del año en curso.

Ahora bien, en la tesis sostenida por la recurrida el plazo de 30 días que contiene el artículo 512 del Código del Trabajo es de días hábiles y, por tanto, vencía para el reclamante, en el caso del primer recurso, el 28 de enero de 2017 y en los otros tres, hasta el 5 de enero de 2017.

CUARTO: Que de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 25 de la Ley N° 19.880, denominado “cómputo de los plazos del procedimiento administrativo”, los plazos de días establecidos en esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.

Si bien el texto legal señala que la regla es para los plazos de días establecidos en esta ley, lo cierto es que el inciso primero del artículo 1° del mismo cuerpo normativo dispone que la presente ley establece y regula las bases del procedimiento administrativo de los actos de la Administración del Estado, agregando a continuación que en caso de que la ley establezca procedimientos administrativos especiales, tal estatuto se aplica con carácter de supletorio.

El sentido natural y obvio de la expresión supletorio, según el significado del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es que suple una falta y por suplir se entiende “cumplir o integrar lo que falta en algo, o remediar la carencia de ello”.

Ahora bien, no es discutido que el Código del Trabajo no indica si el término de 30 días que previó el artículo 512 es de días hábiles o de días corridos, pero en tanto se trata de un procedimiento que tiene lugar ante un órgano administrativo, lo cierto es que debe primar la regla de supletoriedad especial del artículo 1° citado, por sobre la general del artículo 50 del Código Civil.

Concordante, la Ley N° 19.880 evidentemente tiene carácter especial o particular y, por lo mismo, debe primar en aquellos asuntos que se avienen a la naturaleza de la materia que regula, como es el caso de la reconsideración administrativa de la sanción de multa impuesta por la Inspección del Trabajo. Únicamente ante la presencia de una regla especial diversa, la norma de artículo 25 de la aludida ley debe ceder, lo que, se insiste, no acontece en el caso de la especie.

QUINTO: Que en consideración a lo antes expuesto no cabe sino concluir que la actuación de la recurrida Inspección Comunal del Trabajo resulta contraria a la ley y que ha vulnerado el legítimo ejercicio del derecho que la Constitución Política reconoce a la sociedad recurrente en el N° 2 del artículo 19, esto es, la igualdad ante la ley; lo anterior, pues no obstante haber deducido su reclamo en forma oportuna, éste fue declarado inadmisible en razón de una inexistente extemporaneidad. En tales condiciones, corresponde que la acción de protección sea acogida.

SEXTO: Que no obsta a la decisión adoptada por esta Corte el hecho que el recurrente haya pagado tres de las multas impuestas antes de la vista del recurso, puesto que dicha manera de actuar del actor responde únicamente a su necesidad de evitar posible ejecuciones por parte de la recurrida para el cobro de la multas, toda vez que el procedimiento administrativo que las impuso se encuentra terminado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge el recurso de protección deducido por Jeanette Contreras Sepúlveda en representación de ISS Servicios Generales Ltda. y a fin de restablecer el imperio del derecho, se dejan sin efecto los Ordinarios N° 208, 148, 147 y 146 de fechas 17 y 2 de febrero de 2017, y se ordena dar la tramitación de rigor a las solicitudes de reconsideración administrativa de multa formuladas por la mencionada compañía.

Acordado con el voto en contra del Ministro Moya Cuadra, quien fue de opinión de rechazar el recurso en virtud de las siguientes consideraciones:

Atendida a la naturaleza del recurso de protección lo pretendido por el recurrente, resulta inconducente pues persigue dilucidar una cuestión de fondo que escapa de la presente acción cautelar. Concordante, el artículo 512 del Código del Trabajo prescribe que las solicitudes de reconsideración deben presentarse dentro del plazo de treinta días de notificada la resolución que aplicó la multa administrativa; lo anterior, conlleva el concepto de días corridos sobre la cuestión en discusión.

Además, es dable precisar que el mencionado artículo 512 se ubica en el Título Final del Código anotado: De la Fiscalización de las Sanciones y de la Prescripción; es decir, aflora la idea de un procedimiento especial de carácter administrativo por el cual se faculta al Director del Trabajo para dejar sin efecto o rebajar la multa que un afectado no haya hecho uso del artículo 503 del anotado Código.

En este escenario, cobra fuerza y vigor legal, que cuando el Legislador quiso establecer plazos de días hábiles lo ha expresado en términos formales y explícitos, lo que no hizo con aquél del artículo 512 ya numerado. Lo anotado, constituye la regla general en el sistema Laboral en términos de si no lo son, el Legislador lo dice expresamente.

Por lo demás, la aplicación del procedimiento administrativo permite consagrar el principio de la especialidad que refiere el artículo 1 de la ley 19880 que establece las bases respectivas. Todo, en un contexto, que cuando se notifica la resolución de inadmisibilidad, se explicita que el plazo es de días corridos fundado en las directrices de Contraloría General de la República que la Inspección recurrida está obligado a cumplir.

Se ha actuado, por lo demás, dentro de la esfera de las atribuciones que empecen a la Inspección recurrida.

En relación a lo anotado, y en el escenario del recurso de protección deducido, la actuación de inadmisibilidad no resulta reprochable y menos que sea ilegal o arbitraria; así, no resulta eficaz señalar que se ha perturbado los derechos que se pretenden por el recurrente. Necesariamente, se debe desestimar el recurso deducido en estos antecedentes.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del Ministro señor Moya Cuadra.

N°14.470-2017 Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Javier Aníbal Moya Cuadra e integrada por el Ministro señor Jaime Balmaceda Errázuriz y por el Abogado Integrante señor Mauricio Decap Fernández. Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

Santiago, veinte de junio de dos mil diecisiete, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.