Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, veinte de julio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece el abogado Claudio Quiroga Hinojosa, en favor de nombre reservado, de nacionalidad cubana, quien deduce recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución Exenta N°NUM000 de 7 de mayo de 2026, que rechazó el recurso administrativo interpuesto y mantuvo firme la Resolución Exenta N°NUM001, de 19 de noviembre de 2025, la cual tuvo por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado del recurrente, vulnerando con ello las garantías del artículo 19 Nos. 2 y 3 de la Constitución Política de la República.

Explica, que el protegido se vio forzado a escapar de su país de origen debido a que se desempeñaba como médico y, por su abierta disconformidad y disidencia política con el régimen imperante, comenzó a ser objeto de sistemáticas persecuciones y amenazas directas contra su integridad física y libertad, ingresando a Chile por paso no habilitado en agosto del año 2025.

Refiere que el recurrente, con fecha 11 de noviembre de 2025, completó el respectivo formulario de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado ante el Servicio Nacional de Migraciones. Sin embargo, la autoridad migratoria rechazó la solicitud y la tuvo por desistida arguyendo que no se cumplían los plazos legales. Agrega que, al momento de interactuar con el personal policial en la frontera, existió una grave asimetría de información, por lo que no pudo canalizar oportunamente su solicitud.

Afirma que la dictación de este acto genera una privación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio de sus derechos fundamentales, desatendiendo el principio de no devolución y omitiendo un análisis de fondo pormenorizado respecto a los fundados temores de persecución política. Sostiene que el ingreso por paso no habilitado no puede ser un criterio de exclusión automática o sanción para el rechazo del refugio, actuando el Servicio por mero capricho.

En virtud de lo expuesto, solicita se deje sin efecto la Resolución Exenta N°NUM000, por ser ilegal y arbitraria, y se disponga que se retrotraiga el procedimiento administrativo, ordenando que se formalice y tramite debidamente la solicitud de refugio del recurrente, o bien se adopten las medidas pertinentes para restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que, evacúan informe los abogados Carolina Fernandoy Catalán y Marcelo Andrés Rivera Compán, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la acción constitucional de protección, por cuanto estiman que no existe acto u omisión alguna que vulnere aquellas garantías constitucionales establecidas en la Constitución Política de la República.

Exponen que el recurrente ingresó al territorio nacional de forma clandestina eludiendo controles migratorios, hecho que fue constatado por la Policía de Investigaciones tras un intento de ingreso irregular por un paso no habilitado en agosto de 2025.

No obstante esta situación, el interesado manifestó su intención de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado recién el 3 de noviembre de 2025. Tras un análisis de dicha solicitud, el Servicio dictó la Resolución Exenta N° NUM002, mediante la cual se informó que no era posible dar inicio al procedimiento al no cumplirse requisitos formales esenciales, a saber: haber mantenido residencia en un tercer país sin entregar razones atendibles para no solicitar protección allí; exceder el plazo legal de siete días para presentarse ante la autoridad; y no acreditar el cumplimiento de los plazos para regularizar su ingreso tras el uso de pasos no habilitados.

Afirman que recién el 3 de noviembre de 2025 el extranjero manifestó su intención de acceder al procedimiento de refugio, siendo citado y notificándosele, mediante Resolución Exenta N°NUM002 de 11 de noviembre de 2025, que no era posible dar inicio al procedimiento al no haber cumplido con los requisitos formales esenciales, a saber: haber mantenido residencia en un tercer país sin entregar razones atendibles para no solicitar protección allí; exceder el plazo legal de siete días para presentarse ante la autoridad; y no acreditar el cumplimiento de los plazos para regularizar su ingreso tras el uso de pasos no habilitados. Agrega que se le otorgó un plazo de 15 días para subsanar dichas faltas, bajo apercibimiento de tener por desistida su solicitud.

Añaden que, con fecha 17 de noviembre de 2025, el recurrente remitió documentación relativa a su condición de médico y validación de su título profesional, pero que en nada desvirtuaba el incumplimiento de los plazos legales. En consecuencia, mediante Resolución Exenta N°NUM001 de 19 de noviembre de 2025, se dispuso el desistimiento de la solicitud.

Posteriormente, el actor interpuso un recurso administrativo, el cual fue finalmente rechazado mediante la Resolución Exenta N°NUM000 de 7 de mayo de 2026.

Sostienen que la autoridad ha ceñido siempre su actuar a las facultades constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, especialmente a las recientes modificaciones introducidas por la Ley N°21.655 a la Ley N° 20.430, las cuales establecen una etapa inicial obligatoria de admisibilidad. Al respecto, el artículo 26 de la citada ley impone un plazo fatal de siete días hábiles desde el ingreso al país para presentar la solicitud de refugio, mientras que los artículos 6 y 8 de la misma norma, en relación con el Reglamento, exigen que quienes ingresen irregularmente se presenten ante la autoridad en un máximo de diez días para alegar razones justificadas. En la especie, dado que el recurrente declaró haber ingresado el 10 de agosto de 2025 y solo inició el trámite en noviembre del mismo año, se configuró un incumplimiento manifiesto de los términos legales. Asimismo, la autoridad recalca que, según el artículo 28 bis de la Ley N°20.430, la falta de subsanación de requisitos formales dentro de plazo conlleva legalmente a tener la solicitud por desistida.

Tercero: Que el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Por tanto, es requisito indispensable para que pueda prosperar la mentada acción cautelar que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, lo que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

Cuarto: Que como se colige del libelo en que se plasma la presente acción constitucional, en ella se denuncia como acto ilegal o arbitrario el hecho de negarse el Servicio Nacional de Migraciones a acceder a la solicitud de refugio del recurrente, teniendo por desistida su petición mediante la Resolución Exenta N°NUM001 y confirmando dicho actuar en la Resolución Exenta N°NUM000, lo que a su juicio vulnera las garantías constitucionales del artículo 19 Nos. 2 y 3 de la Carta Fundamental, correspondiendo a esta Corte determinar si dicha acción se ajusta o no a Derecho.

Quinto: Que, conforme consta en los antecedentes de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado del actor, el ingreso al país se verificó en el mes de agosto de 2025, y que solamente concurrió ante la autoridad migratoria a fin de formular la aludida petición en el mes de noviembre de 2025, esto es, después de casi tres meses de aquella entrada clandestina.

Lo anterior es relevante, en la medida que a la fecha de emisión del acto administrativo se encontraba vigente el actual artículo 28 bis de la Ley N° 20.430 que, en su inciso tercero, entrega a la autoridad la facultad de tener por desistida la solicitud en cado que no se cumplan los requisitos formales establecidos en los artículos 26 y 28 y en el artículo 37 del reglamento de esta ley, el Servicio Nacional de Migraciones, lo que debe ser precedido de una resolución que lo advierta. La reseñada facultad fue introducida por el legislador a través de la Ley N° 21.655, publicada el 20 de febrero de 2024, por lo que es aplicable a este procedimiento administrativo.

En efecto, el artículo 28 bis, en su inciso primero establece: “Una vez presentada la solicitud, se evaluará si ésta cumple con los requisitos formales estipulados en los artículos 26 y 28 y en el artículo 37 del reglamento de esta ley y si, de conformidad con el artículo 2º, es manifiestamente infundada”. Agrega en su inciso tercero: “En caso de que no se cumplan los requisitos formales establecidos en los artículos 26 y 28 y en el artículo 37 del reglamento de esta ley, el Servicio Nacional de Migraciones deberá notificar al solicitante de la resolución. Ella especificará los requisitos formales que fueron incumplidos y la forma y el plazo en que deben cumplirse o subsanarse. Asimismo, la resolución advertirá al solicitante que, en caso de no cumplir con la subsanación dentro de plazo, su solicitud se tendrá por desistida y se entenderá que su estadía pasa a ser ilegal o irregular, según corresponda, y procederá por tanto el Servicio Nacional de Migraciones a ordenar y notificar la expulsión del territorio nacional del extranjero solicitante de refugio, cuando corresponda”.

Sexto: Que, en consecuencia, no se advierte que el acto cuestionado constituya un acto ilegal o arbitrario que conculque las garantías denunciadas en la acción cautelar, desde que se trata de una regla aplicable a todos quienes se encuentran en idénticas circunstancias, sin que se observe un trato discriminatorio ni una vulneración al debido proceso, toda vez que se respetaron las etapas, apercibimientos y plazos que la ley contempla.

Séptimo: Que, así las cosas, al no tener por establecida la existencia de un acto arbitrario o ilegal que pueda ser atribuido a la entidad recurrida y, consecuentemente, que deba ser remediado por esta vía cautelar, por lo que necesariamente se desestimará el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-14468-2026.