nombre reservado con PROQUALITAS CONSULTORES S.A Y CAJA DE COMPENSACION DE LOS ANDES

86 Fojas: 85 Ochenta y cinco Santiago, diecisiete de junio de dos mil catorce VISTOS:

1°)

A fojas 126, doña nombre reservado, deduce recurso de protección de garantías constitucionales en contra de Proqualitas Consultores S.A, representada legalmente por don nombre reservado y en contra de Caja de Compensación Los Andes, representada por don nombre reservado por el acto arbitrario e ilegal ocurrido el 30 de Noviembre de 2013, consistente en el descuento por planilla de remuneraciones de cuotas morosas de un crédito contratado por un tercero, don nombre reservado, del cual se constituyó en aval el 16 de Agosto de 2008 y que vencía el 31 de Agosto de 2010, afectando con ello las garantías previstas en los numerales 3° y 24° ambos del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

2°)

Como fundamentos del recurso, refiere que trabaja en Proqualitas Consultores S.A, desde el año 2004, y que en agosto de 2008 se constituyó en aval de un compañero de trabajo por un crédito de consumo contratado por este con la Caja de Compensación Los Andes por la cantidad de $1.585.989, con vencimiento en agosto de 2010. Al tener noticia de aquel descuento, se le informó que el deudor no dio cumplimiento a su obligación y que ella en calidad de aval debería soportar el pago, por lo cual se efectuaría el descuento por planilla de remuneraciones en cuotas mensuales, iguales y sucesivas hasta dar cumplimento a la obligación morosa y por ella avalada. Asimismo, el empleador le señaló que no podía negarse a efectuar el referido descuento.

Señala que lo obrado por las recurridas, es arbitrario, por cuanto el acto emanado de la Caja de Compensación consistente en requerir el descuento a su empleador emana de su mero capricho y es ilegal porque vulnera normas de forma y de fondo en cuanto a la exigibilidad de las obligaciones, pasando incluso a llevar las disposiciones de la ley 18.883 que rige la materia, en particular su artículo 5 y además vulnera el numeral 17 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil.

Refiere que se ha vulnerado el derecho al debido proceso legal, por cuanto se ya que se la ha privado de su remuneración, sin la realización de un proceso legalmente tramitado en forma previa, sin que pueda interponer alegaciones o defensas en su favor y asimismo su derecho de propiedad que detenta sobre su remuneración.

Concluye solicitando se acoja el recurso y se ordene a Caja de Compensación Los Andes, se abstenga de informar y requerir el descuento a su empleador y que, asimismo, se prohíba a éste último efectuar tales descuentos, debiendo la primera reintegrar toda cantidad de dinero que ya se hubiere descontado.

3°)

A fojas 18, se concede orden de no innovar.

4°)

A fojas 23, informa Proqualitas Consultores S.A. dando cuenta de la efectividad de los hechos que relata la recurrente y que por mandato legal, esta debe efectuar el descuento por planilla en la cantidad de $108.010 a la recurrente en su calidad de avalista de una obligación contraída por un tercero, toda vez que fue requerido por Caja de Compensación Los Andes mediante el respectivo Boletín. Con todo, compromete el cumplimiento de lo que esta Corte resuelta, en el sentido de la procedencia o improcedencia del descuento requerido por mencionada caja de compensación.

5°)

A fojas 56, informa Caja de Compensación Los Andes, solicitando el rechazo con costas del recurso por cuanto la recurrente, efectivamente se constituyó en aval de don nombre reservado por una obligación contraída el 30 de Septiembre de 2007, pagadera en 36 cuotas mensuales de $61.942, de las cuales pagó solo hasta la cuarta, restando en consecuencia veintinueve mensualidades. Atendido el incumplimiento, se dirigió en contra de la recurrente por el saldo insoluto, ascendente al 28 de Febrero de 2014 a la cantidad de $2.337.288.

Expone que la Caja de Compensación, otorga créditos sociales y los dineros que se entregan a los asociados provienen de un fondo social que administra la caja, por ello al iniciar las acciones de cobro está ejerciendo las facultades que la ley le otorga, máxime si la recurrente suscribió un pagaré en la que se constituye en aval del deudor principal. Sobre el particular, señala que la facultad de requerir al empleador la otorga el artículo 22 de la ley 18.833 y también el artículo 58 del Código del Trabajo y 22 de la ley 17.322, lo que excluye que su actuar sea ilegal.

De otro lado, señala que no existe norma que prohíba ejercer simultáneamente la acción de cobro intentada, con las acciones judiciales que la ley franquea para tal propósito, lo que señala haber hecho, sin dar mayores detalles de la vía judicial respecto de la recurrente.

Agrega que su actuar, tampoco es arbitrario, por cuanto lo obrado, además de ser mandato legal, fue convenido expresamente tanto el deudor principal como la recurrente en su calidad de aval, alejando el actuar caprichoso de su parte.

Como fundamento de la plausibilidad de su actuar, acompaña jurisprudencia de administrativa y de tribunales superiores de justicia En cuanto a las garantías que la recurrente, señala conculcadas, señala que ello no se dan y en particular argumenta respecto de la garantía del numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, toda vez que fue la propia recurrente quien, al consentir en ser aval de un tercero, autorizó en forma anticipada el descuento de remuneración en caso de mora del deudor garantizado.

6°)

A fojas 84, tuvo lugar la vista de la causa. Oportunidad en que se escucharon alegatos de la recurrente y la recurrida.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, es una acción que tiene por objeto restablecer el imperio del derecho, para lo cual la Constitución Política de la República, ha dotado a las Cortes de Apelaciones del país, con la facultad de adoptar las medidas que sean necesarias para tales efectos. De lo anterior, se requiere que el afectado -titular de un derecho indubitado-, recurra dentro de los 30 días siguientes a la fecha del acto conculcatorio, señalando las garantías constitucionales afectadas y el acto u omisión ilegal o arbitrario que estima atentatorio.

Segundo: Que, en un primer orden de ideas, el recurso de protección supone de la existencia de un derecho indubitado que esté amparado por una garantía constitucional y que producto de un acto ilegal o arbitrario, aquel derecho indubitado sea afectado.

Tercero: Que, a mayor abundamiento, el ordenamiento jurídico permite que en ciertos casos las personas se vean privadas, afectadas o amenazadas en el ejercicios, sólo en la medida que tales turbaciones sean conforme a derecho. De ahí, que lo que es tutelado por esta acción especial de rango constitucional es la afectación ilegal o arbitraria de derechos constitucionalmente tutelados.

Cuarto: Que, en la especie, el derecho indubitado que se reclama amenazado es la remuneración de la recurrente consistente en la contraprestación en dinero que esta recibe o tiene derecho a recibir de su empleador por la prestación de sus servicios personales bajo dependencia y subordinación, de ahí que los descuentos que a ella deban efectuarse solo pueden ser por causa legal, o bien con el consentimiento expreso del trabajador, y en este caso solo hasta un porcentaje máximo establecido en el Código del Trabajo.

Quinto: Que, de otro lado la libertad contractual no impide a un trabajador constituirse en garante de un tercero contratante de un crédito social, lo que lo sitúa en la calidad de sujeto pasivo eventual al momento de contratar y sujeto pasivo efectivo al momento que el deudor principal incumpla la obligación contraída, ingresando dentro de su patrimonio el peso de dar cumplimiento a la prestación a que se obligó el garantizado.

Sexto: Que, las cajas de compensación, efectivamente están facultadas por ley para solicitar a los empleadores de contratantes de créditos sociales, el descuento por planilla de remuneración de las cuotas para el servicio de la obligación contraída, mas ha de tenerse presente que aquella situación es principalmente respecto del deudor principal quien se ha convertido en el beneficiario directo de la prestación realizada por la caja respectiva, esto es la recepción de un mutuo de dinero bajo el título de crédito social. Así, el descuento no es sino una forma de pago de cumplimiento de la obligación pasiva correlativa del deudor principal.

Séptimo: Que, por otro lado, el garante o aval, por regla general, no es solidario del deudor principal, por ello sólo debe en la medida que el deudor principal no pague y su incumplimiento conste fehacientemente, a diferencia de lo que ocurre con el deudor solidario que debe lo mismo que el principal y puede ser requerido de pago en análogos términos.

Octavo: Que, de otro lado, no existe controversia alguna que el deudor principal no dio cumplimiento a la obligación que pesaba sobre su parte, y que esta además constaba en un pagaré suscrito en el año 2007 y que la última de las cuotas era el 31 de Agosto de 2010. Si bien, podría discutirse la facultad del acreedor de solicitar directamente al empleador el descuento por planilla de la cuota al aval o tercero garante, en el caso planteado a esta corte dicha solicitud ha ocurrido 3 años y casi 3 meses después del vencimiento de la última cuota del pagaré, sin que haya constancia que de otro lado haya iniciado una acción judicial destinada a hacer efectiva la responsabilidad patrimonial del garante ante sede jurisdiccional y obrar conforme al procedimiento común aplicable para el cobro ejecutivo de obligaciones de dar.

Noveno: Que así las cosas, resulta que el actuar de la recurrente se basa solo en la justificación de obtener el cobro de una acreencia insoluta, más allá del plazo razonable en que pudo haber activado la cláusula de garantía, tanto en sede jurisdiccional o eventualmente –aunque discutible-frente al empleador; tornando en consecuencia caprichoso y carente de lógica su actuar.

Décimo: Que, en tal sentido, la Caja de Compensación Los Andes, ha decidido, por sí y ante sí, el mecanismo de cobro a un garante, usando para ello el escudo de un contrato, un pagaré y una vinculación contractual, cuya vigencia o eficacia ejecutiva al tenor del plazo transcurrido es ciertamente discutible. Por ello, ha vulnerado el derecho a defensa de la recurrente y consecuencialmente el derecho de propiedad sobre su remuneración. Lo que lleva a acoger a su respecto el recurso en lo resolutivo. .

Undécimo: Que, de otro lado, el empleador de la recurrente Proqualitas Consultores S.A, ha sido un receptor del requerimiento efectuado por la Caja de Compensación Los Andes, mas no estaba en la situación jurídica de oponerse, precisamente porque la apariencia del acto formulado por la caja de compensación, estaba amparada por la normativa legal que rige el cobro de créditos solidarios, sin que el empleador esté facultado para controvertir el mérito del mismo, lo que sí ha podido hacer esta Corte. Lo anterior, necesariamente lleva a desestimar el recurso intentado en su contra.

Por estas consideraciones y conforme a lo dispuesto, además, por los artículos 19 y 20 de la Constitución Política y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales SE RECHAZA el deducido en contra de Proqualitas Consultores S.A y SE ACOGE CON COSTAS el intentado en contra de Caja de Compensación los Andes y al respecto se dispone que:

(i)

Caja de compensación Los Andes deberá poner término inmediato a todo y cualquier requerimiento de cobro y/o descuento de dineros de la remuneración de nombre reservado que tenga como causa la garantía personal otorgada por ésta a nombre reservado como deudor principal de la obligación contraída el 30 de Septiembre de 2007.

(ii)

Que, asimismo, Caja de Compensación Los Andes deberá restituir dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que quede ejecutoriado el presente fallo, todo dinero que haya obtenido producto del descuento por planilla de remuneración, debidamente reajustado desde la fecha del descuento y la fecha efectiva del reintegro.

(iii)

Que lo anterior, es sin perjuicio de otros derechos que pudieren asistirle a Caja de Compensación Los Andes como acreedora de una obligación impaga.

Comuníquese, regístrese, y oportunamente archívese.

Redacción del abogado integrante señor López Reitze.

N° Protección 144.327-2013 Pronunciada por la Primera Sala de esta la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la ministro(S) señora Ana Cienfuegos Barros e integrada por la ministra(S) Dora Mondaca Rosales y por el abogado integrante señor José Luis López Reitze.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a diecisiete de junio de dos mil catorce, notifiqué en secretaría por el estado diario la resolución precedente.