nombre reservado con SCOTIABANK CHILE S.A

C.A. de Santiago Santiago, diecisiete de diciembre de dos mil veinticinco.

Proveyendo a los escritos folios 21 y 22: téngase presente.

Proveyendo a los escritos folios 23 y 24: a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, en representación de SIAE Investments SpA, persona jurídica dedicada a la asesoría, consultoría y servicios integrales en informática, quien interpone recurso de protección en contra de Scotiabank Chile, por haber procedido al cierre unilateral, inconsulto e infundado de la cuenta corriente bancaria N°[cuenta reservada], actuación que considera ilegal y arbitraria, por lo que solicita se ordene la reapertura de la cuenta corriente y el restablecimiento de la operatividad de todos los productos financieros asociados al contrato.

Expone que durante el año 2022, su representada suscribió de manera digital con Banco Scotiabank el contrato de cuenta corriente bancaria correspondiente a la cuenta en pesos N°[cuenta reservada]. Asimismo, señala que con fecha 15 de mayo de 2025, ingresó a su banco con la finalidad de efectuar una transferencia bancaria, como lo hacía habitualmente, operando regularmente con sus cuentas y demás productos asociados sin percatarse de ningún tipo de problema.

Posteriormente, relata que el día 16 de mayo de 2025, cuando ingresó a la aplicación de su teléfono móvil para efectuar sus operaciones diarias, le aparecieron todas las alternativas de uso bloqueadas. Ante esta situación, pensando que se trataba de un error del sistema, contactó al ejecutivo virtual del banco, el cual nunca respondió a sus consultas. Al comparecer personalmente al banco, le informaron que debía esperar porque podría tratarse de un problema con los sistemas informáticos.

Agrega el recurrente que con fecha 27 de mayo de 2025, recibió en su domicilio comercial una carta denominada "Aviso al cliente de cierre de cuenta corriente", la cual comunicaba que en 10 días más a contar de esa fecha, Scotiabank Chile procedería al cierre de su cuenta corriente N°[cuenta reservada], señalando como motivo únicamente "artículo 10". Al consultar respecto de los motivos por los cuales el banco había decidido cerrar la cuenta, tampoco se le pudo informar nada, ya que supuestamente dichos motivos debían estar contenidos en la carta, la cual no contenía ningún motivo específico. Destaca que al preguntar en la institución financiera a qué se referían con "artículo 10", nadie fue capaz de dar una respuesta ni entregar una causa real para el cierre de la cuenta corriente bancaria.

Hace presente que tenía dinero en sus cuentas tanto en pesos como en dólares y múltiples pagos que efectuar, los que no pudo realizar producto del cierre injustificado, imprudente y negligente de su cuenta. Resume que el cierre se realizó sin notificar al cuentacorrentista, ya que no había recibido la carta al momento del cierre, y tampoco se fundamentó el motivo del cierre por parte del banco recurrido.

En cuanto al derecho, señala la actuación sería ilegal y arbitraria porque no encuentra norma o fundamento legal en que se funde, sino que al contrario, contraviene normas de orden público y además, porque carece de lógica o razón, obedeciendo a un capricho injustificado del recurrido.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, señala que la recurrida transgredió el derecho de igualdad ante la ley, ya que son inconstitucionales las discriminaciones arbitrarias al adoptar criterios diversos respecto del usado con otros cuentacorrentistas, situación que hace necesario acoger el presente recurso. Arguye que, de existir una causa para poner término a un contrato bilateral, es indispensable que se configure una causal de las señaladas en la ley, y en el caso del término unilateral, dicha facultad debe ejercerse de manera racional, lo que implica la expresión de una causa que justifique el actuar, excluyéndose el arbitrio o simple capricho de la institución bancaria.

Con relación al debido proceso legal, argumenta que la recurrida efectúa un juzgamiento sin forma de juicio y sin dar oportunidad de defensa, concluyendo en el acto arbitrario de cierre de cuenta, constituyéndose en una comisión especial al arrogarse facultades jurisdiccionales que no le corresponden.

Respecto a la afectación de la honra, sostiene que se cuestiona en forma indirecta, genérica e inasertiva la integridad, honradez, honestidad y decencia de la empresa que representa.

En cuanto al derecho de propiedad, argumenta que, como cliente, su representado era dueño de su cuenta corriente y no esperaba que se tomara una decisión de cierre sin mediar aviso, vulnerando dicho derecho.

Pide, en definitiva, se acoja el presente recurso de protección y se ordene al Banco Scotiabank reaperturar las cuentas y demás productos de su representado, cuenta en pesos N°[cuenta reservada], restableciendo la operatividad de todos los productos financieros asociados a dicho contrato, absteniéndose además de cualquier otra conducta que atente contra el derecho de propiedad y el derecho a desarrollar libremente una actividad económica.

SEGUNDO: Que evacuó informe el banco Scotiabank en el siguiente tenor.

Reconoce la efectividad de haber adoptado la decisión de cerrar la cuenta corriente del recurrente, pero niega que tal actuación constituya un acto ilegal o arbitrario, desarrollando extensamente el marco normativo aplicable en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, explicando que las instituciones financieras, especialmente los bancos, tienen una serie de obligaciones establecidas tanto a nivel nacional como internacional en esta materia.

A nivel nacional, explica que la Ley 19.913 creó la Unidad de Análisis Financiero (UAF), cuya finalidad es prevenir e impedir la utilización del sistema financiero para la comisión de delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Asimismo, señala que el artículo 3 de dicha ley establece la obligación de los bancos e instituciones financieras de informar sobre operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus actividades.

Argumenta que Scotiabank Chile cuenta con una unidad denominada AML (Anti Money Laundering), cuya función es fiscalizar que este tipo de conductas no se produzcan, siguiendo las recomendaciones de la Unidad de Análisis Financiero y de los órganos internacionales pertinentes.

Refiere las instrucciones impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en el capítulo 1-14 de su Recopilación Actualizada de Normas sobre "Prevención del Lavado de Activo y del Financiamiento del Terrorismo", las cuales establecen que los bancos deben adoptar precauciones para tener un adecuado conocimiento de sus clientes, de las actividades que desarrollan y de las características más relevantes de las operaciones que éstos realizan. Sostiene que es obligación no delegable del banco identificar y conocer a sus clientes, manteniendo actualizados sus antecedentes en el curso de la relación comercial, y que si existieren dudas sobre la veracidad de la información o el cliente impidiere su adecuada identificación, el banco deberá evaluar el término de la relación comercial.

En cuanto a las facultades contractuales y legales para el término unilateral del contrato, argumenta que la Recopilación Actualizada de Normas de la CMF, en el numeral 10 del Capítulo 2-2, reconoce expresamente el derecho del banco a cerrar unilateralmente la cuenta corriente. Asimismo, señala que el recurrente suscribió un Contrato Único de Cliente Persona Natural (Digital), el cual en su cláusula 8 del título I establece expresamente la facultad del banco para proceder al cierre de los productos contratados en cualquier momento, especialmente cuando el cliente no justifica el origen de los fondos depositados o no cumple con las políticas del banco relativas a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Respecto a las razones del cierre de la cuenta corriente, expone que la recurrente no aportó al banco antecedentes suficientes para justificar los movimientos de su cuenta por la suma de $30.000.000.

Indica que detectó que en la cuenta del recurrente presentó ingresos por $30.000.000, dentro del periodo del 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2024, correspondiendo la totalidad de estas a transferencias abonadas, en particular desde la cuenta de su relacionada, la empresa Rhitec SpA RUT RUT reservado, la cual también ha recurrido en contra de la recurrida ante esta Corte de Apelaciones.

Explica realizado el análisis, se determinó que estas transacciones eran inusuales, en base a los siguientes puntos:

1. Flujos que transitan por la cuenta de cliente no son acordes a los ingresos que cliente acredita.

2. La actividad que cliente y sus empresas relacionadas realizan no son acordes al giro declarado en el Servicio de Impuestos Internos.

3. Se declaró por parte del cliente, que la empresa de donde provienen los fondos, esto es Rhitec Spa, es la procesadora de pagos de la plataforma de contenidos para adultos ARSmate, lo cual implica grandes volúmenes de pagos pequeños por suscripciones que podrían ser locales e internacionales sin la posibilidad de rastrear el origen de los fondos que finalmente llegan a la cuenta de SIAE INVESTMENTS SpA.

4. En relación al punto anterior, no existe visibilidad respecto de quienes son los creadores de contenido ni los suscriptores por lo que existe el riesgo que alguna de estas personas podría tener sanciones internacionales o estar relacionadas a jurisdicciones objeto de restricciones.

5. Esta cuenta, al igual que otras empresas del grupo que son clientes del Banco, se envían dinero entre sí o a la misma entidad desde y hacia sus cuentas en otros bancos, lo que no tiene sentido económico pudiendo dar indicio a que los dineros se están estratificando.

Manifiesta que la decisión de cierre de la cuenta aperturada por el actor se debió a que existía una inusualidad de los flujos que no se condicen el perfil económico, una falta de trazabilidad del origen de los fondos, riesgo reputacional y legal al poder estar vinculado el cliente o sus operaciones a jurisdicciones sancionadas o actividades sensibles y estratificación de fondos al realizarse transferencias circulares entre cuentas del mismo grupo sin sentido económico aparente.

Alega que el contrato de cuenta corriente es intuito personae basado en la confianza, pilar fundamental sobre el cual se debe construir la relación contractual, de manera que su terminación se encuentra sujeta a la mantención de esa especial condición, la que ya no existe, lo que torna absolutamente legítimo el actuar del banco al proceder al cierre de la cuenta corriente.

Arguye que la acción de protección no procede frente a un supuesto incumplimiento contractual, constituyendo la materia controvertida un asunto de lato conocimiento.

Finalmente, niega categóricamente la existencia de privación, perturbación o amenaza de algún derecho de la actora, argumentando que actuó con estricto apego a la ley y al contrato celebrado entre las partes al poner término a la cuenta corriente. Sostiene que se descarta cualquier vulneración al derecho de propiedad y de igualdad ante la ley invocados por la actora, demostrando que en el mejor de los casos, la imputación del recurrente evidencia que se trata de un tema que debe dilucidarse en el marco de un juicio ordinario sobre cumplimiento de obligaciones contractuales.

Pide, en definitiva, rechazar la presente acción, con costas.

TERCERO: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley;

CUARTO: Que, el acto que se califica de ilegal y arbitrario lo constituye el cierre unilateral de la cuenta corriente bancaria N°[cuenta reservada] del actor por parte del banco recurrido, por cuanto la recurrente no habría aportado a dicha institución antecedentes suficientes para justificar los movimientos de su cuenta por la suma de $30.000.000, lo que habría obstaculizado el cumplimiento de las normas y políticas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

QUINTO: Que, como se puede apreciar, la pretensión desarrollada en el libelo dice relación con un asunto de índole contractual, que por su naturaleza, debe ser objeto de pronunciamiento en la instancia judicial declarativa que corresponda.

En efecto, este primer asunto impide el éxito de la presente acción constitucional cautelar consistente en la controversia entre las partes respecto de los derechos reclamados por el recurrente, aspecto que depende de un proceso y un pronunciamiento eminentemente declarativos.

SEXTO: Que, como se advierte de toda evidencia, las alegaciones de fondo referidas al alcance interpretativo de las normas contractuales, lo cierto es que aunque el procedimiento sumarísimo de protección no establezca un período probatorio en contradictorio, ello no significa que el juez pueda decidir sin la existencia de pruebas que evidencien los argumentos presentados por las partes.

En efecto, en el procedimiento de las acciones constitucionales de protección, la prueba debe otorgar la certeza y la exigibilidad del derecho que se pretende ver tutelado. Frente a esto, no sería imposible suponer que, cuando se interpone el recurso de protección, estamos hablando de un derecho indiscutible que se ve amenazado o afectado su ejercicio por una arbitrariedad, cuyo no es el caso.

SÉPTIMO: Que, por ello es que, no siendo el recurso de protección la vía idónea para resolver la controversia surgida entre la actora de protección y la entidad bancaria recurrida, toda vez que alegaciones de fondo referidas a afectaciones eventuales como consecuencia de interpretación de normas contractuales, dice relación con una litis que trasciende los fines de la acción de protección de garantías constitucionales y no se condice con el carácter extraordinario y de tramitación breve y urgente que tiene el arbitrio de que se trata, determinan que no sea procedente este arbitrio para sustituir acciones o procedimientos ordinarios o especiales en los que deban ventilarse y decidirse cuestiones propias de juicios de lato conocimiento, de modo que no es ésta la vía para decidir sobre temas que deben acreditarse sobre la base de la meras apreciaciones.

OCTAVO: Que, por ello es que dentro del contexto material que se viene reseñando, como ya se anticipó, no resulta factible adoptar ninguna medida de cautela a favor de la recurrente, pues las situaciones descritas, sin duda, quedan al margen de este arbitrio jurisdiccional, al no justificarse que existan derechos indubitados que a su vez sean constitutivos de una garantía constitucional, de aquellas que protege el artículo 20 de la Constitución Política de la República y que hayan sido vulnerados mediante la privación, perturbación o amenaza causada por una omisión arbitraria o ilegal, lo que en el caso propuesto no se ha demostrado que así hubiera acontecido.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción deducida en favor de SIAE Investments SpA en contra de Scotiabank Chile.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-14420-2025.