nombre reservado con MINISTERIO Y SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

Santiago, catorce de octubre de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, interpone recurso de protección en favor de Leidymar del Valle nombre reservado Rodríguez, de nacionalidad venezolana, en contra del Servicio Nacional de Migraciones y de la Subsecretaría del Interior, por el acto que califica de ilegal y arbitrario, consistente en la dictación de la Resolución Exenta N°2937, de 5 de marzo de 2026, totalmente tramitada el 12 de mayo de 2026, que rechazó el otorgamiento de permiso de residencia temporal excepcional solicitado al amparo del artículo 155 N°8 y N°9 de la Ley N°21.325. Estima que dicha decisión vulnera la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrente ingresó a Chile por un paso fronterizo no habilitado, motivada por la difícil situación socioeconómica de su país de origen y con el propósito de reunirse con su madre, y que posteriormente efectuó una autodenuncia voluntaria ante la Policía de Investigaciones de Chile; que, con el fin de residir legalmente en el país, establecerse y desarrollar su proyecto de vida, presentó el 29 de abril de 2025 una solicitud de regularización extraordinaria al amparo del artículo 155 de la Ley N°21.325; y que carece de antecedentes penales, cuenta con un contrato de trabajo vigente como garzona y asistente de cocina en Restobar V y P SpA, y ha manifestado de manera inequívoca su intención de regularizar su condición.

Sostiene que la resolución impugnada carece de una debida fundamentación fáctica, conforme a los estándares de los artículos 11 inciso 2° y 41 inciso 4° de la Ley N°19.880, pues se sustenta en una mera afirmación de autoridad al calificar su situación de genérica y aplicable a una multiplicidad de personas, sin ponderar su arraigo familiar y laboral ni el contexto de crisis política, económica y social de Venezuela. Reprocha, además, que la autoridad, si estimaba insuficiente la documentación acompañada, debió requerirle antecedentes adicionales conforme al artículo 31 de la Ley N°19.880, lo que no ocurrió, por lo que la decisión resultaría apresurada. Agrega que la discrecionalidad administrativa no es absoluta, sino que se encuentra sujeta a los principios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y motivación, y al control jurisdiccional.

Afirma que, con ello, se vulnera la garantía de la igualdad ante la ley, prevista en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Solicita que se deje sin efecto la resolución por ilegal y arbitraria y se ordene a la autoridad realizar un nuevo estudio documental de la solicitud, a fin de resolver conforme a derecho, o cualquier otra medida que se estime pertinente para restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que, al evacuar su informe, el Servicio Nacional de Migraciones solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, por no configurarse los presupuestos constitucionales ni legales de la acción.

Como antecedentes de hecho, señala que no consta registro de ingreso de la recurrente al país, por lo que se presume que lo hizo por un paso no habilitado, circunstancia que se suma a la denuncia por ingreso por paso no habilitado que la Policía de Investigaciones de Chile informó mediante Parte Policial N°41.597, de 12 de diciembre de 2023; que el 29 de abril de 2025 recibió una carta mediante la cual la recurrente solicitó regularizar su condición migratoria en virtud del artículo 155 de la Ley N°21.325; y que la petición fue resuelta por la Resolución Exenta N°2937, que rechazó el permiso de residencia temporal excepcional y fue suscrita por el Subsecretario del Interior.

Sostiene que carece de legitimación pasiva, pues el legislador entregó a la Subsecretaría del Interior, en el artículo 155 N°8 y N°9 de la Ley N°21.325, la facultad de disponer mecanismos de regularización y de otorgar en casos excepcionales permisos de residencia temporal, de modo que el Servicio no es la autoridad competente para resolver la solicitud ni la que dictó el acto impugnado. Precisa que, a partir del 12 de febrero de 2022, es un servicio descentralizado, con patrimonio propio, supervigilado por el Presidente de la República a través del Ministerio del Interior, y por ende una autoridad distinta a la que emitió la resolución reprochada.

En consecuencia, expresa ser incompetente para informar sobre los hechos fundamentales del recurso, cuyo fondo corresponde informar a la Subsecretaría del Interior, y solicita que se rechace la acción en cuanto a la autoridad que representa, toda vez que no existe acto u omisión ilegal o arbitrario dictado por ella que prive, perturbe o amenace las garantías invocadas.

Tercero: Que, al evacuar su informe, la Subsecretaría del Interior solicita el rechazo del recurso, con expresa condena en costas. En lo referido al marco normativo, sostiene que la solicitud debe resolverse conforme a la Ley N°21.325, cuerpo legal que contempla dos hipótesis de regularización migratoria: una de carácter general, fundada en los artículos 69 inciso 2° y 155 N°8, respecto de la cual actualmente no existen procedimientos vigentes; y otra de carácter excepcional y de aplicación particular, prevista en el artículo 155 N°9, consistente en la potestad indelegable del Subsecretario del Interior para disponer, en casos calificados o por motivos humanitarios, el otorgamiento de permisos de residencia temporal, sujeta a un procedimiento desformalizado. Añade que, en ambas hipótesis, se trata de una facultad de la autoridad y no de una obligación, por lo que cualquier solicitud presentada al amparo del artículo 155 N°8 solo puede tramitarse como solicitud excepcional del artículo 155 N°9.

Alega que la acción de protección no es la vía idónea para conocer de lo planteado, atendida su naturaleza cautelar, que impide declarar derechos nuevos o tutelar meras expectativas, existiendo otras vías de lato conocimiento, como los recursos administrativos que contemplan los artículos 139 y 140 de la Ley N°21.325 y la Ley N°19.880; y que, por su intermedio, se pretende que la judicatura califique y valore el ejercicio de una facultad discrecional privativa de la Administración y le ordene lo que debe resolver, en contravención a los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República y 4° del Código Orgánico de Tribunales.

Expresa que la autoridad ponderó los antecedentes aportados y concluyó que no se configura un caso excepcional, calificado ni humanitario, exponiendo las razones en la parte considerativa de la resolución impugnada, por cuanto la solicitud se funda en situaciones fácticas de carácter genérico que no logran configurar una afectación concreta lo suficientemente especial como para justificar el ingreso al país por un paso no habilitado; que el rechazo no obedeció a que las circunstancias alegadas no se tuvieran por acreditadas, sino a que, aun teniéndolas por efectivas, no constituyen una situación excepcional; que los vínculos familiares y laborales, si bien relevantes en el contexto migratorio general, no son por sí solos suficientes para calificar un caso como excepcional o humanitario; que es el solicitante quien debe aportar los antecedentes que permitan configurar la hipótesis legal, sin que el artículo 155 N°9 exija requisitos especiales; y que no resulta aplicable el artículo 31 de la Ley N°19.880, norma que solo opera si la solicitud no reúne los requisitos del artículo 30 de dicho cuerpo legal, lo que no ocurre en la especie.

Hace presente, además, que en la solicitud administrativa la recurrente nunca mencionó a su madre ni acompañó antecedente alguno que diera cuenta de su existencia, de su residencia en Chile o de una convivencia con ella, de modo que la autoridad desconocía esa circunstancia, siendo improcedente que se pretenda recién en sede jurisdiccional que se ponderen nuevas situaciones de arraigo que debieron plantearse ante la Administración.

Finalmente, afirma que la recurrente no acreditó una privación, perturbación o amenaza de garantías constitucionales mediante antecedentes suficientes, más allá de alegaciones genéricas; que acoger acciones como la presente afectaría la igualdad ante la ley, al favorecer a la recurrente sin justificación en desmedro de otros extranjeros cuyas solicitudes fueron rechazadas por idénticas razones y que no han recurrido; y que, por no existir motivos plausibles para litigar, procede condenarla en costas.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que en dicha disposición se enumeran, mediante la adopción de las medidas de resguardo necesarias frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Por consiguiente, para su procedencia resulta indispensable la concurrencia de una conducta ilegal —esto es, contraria a la ley— o arbitraria —producto del mero capricho, la falta de fundamento razonable o la ausencia de motivación plausible de quien incurre en ella— y la afectación, a consecuencia de dicha conducta, de alguna de las garantías amparadas por la citada disposición constitucional.

Quinto: Que se recurre en contra de una decisión administrativa adoptada por un órgano estatal en ejercicio de una potestad esencialmente discrecional en cuanto a su resultado, por lo que el control que puede efectuarse a través del presente arbitrio exige revisar que dicha actuación se ajuste a derecho, en términos que emane de autoridad competente, facultada para ello, en un caso previsto por la normativa pertinente y con sujeción a ella; y, además, que esté provista de fundamento o que los motivos que se aduzcan tengan un carácter razonable.

Sexto: Que, en lo que respecta al Servicio Nacional de Migraciones, consta de la resolución impugnada y de los antecedentes acompañados que el acto reprochado fue dictado por el Subsecretario del Interior, en ejercicio de la potestad indelegable que le confiere el artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325, de modo que no se advierte acción u omisión alguna imputable a dicho servicio que pueda calificarse de ilegal o arbitraria, circunstancia que basta para desestimar el recurso en cuanto a él.

Séptimo: Que, sobre el fondo de la decisión reprochada, del mérito de los antecedentes acompañados se desprende que la Resolución Exenta N°2937 se encuentra provista de fundamento, desde que explica las razones por las que se decidió rechazar el otorgamiento excepcional solicitado. En efecto, luego de dejar asentado que actualmente no existen procesos de regularización de general aplicación a los que pueda acogerse la solicitud, analiza la procedencia de la facultad excepcional del artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325 y consigna que la recurrente ingresó al país por un paso no habilitado, sin que conste que hubiese solicitado un permiso de residencia desde el extranjero; que la situación económica, social y política de su país de origen, invocada como fundamento, constituye una circunstancia genérica que no basta por sí sola para configurar un caso calificado o humanitario; y que el arraigo familiar que invoca, sustentado en una declaración de expensas otorgada por su hermano y en los antecedentes laborales de este, no permite, por sí mismo, alcanzar tal calificación, concluyendo que su requerimiento se sustenta en situaciones fácticas de carácter genérico que no logran configurar una afectación concreta lo suficientemente especial.

Asimismo, es dable advertir que el acto antes referido fue dictado por el órgano competente, dentro de sus atribuciones y en la forma que prescribe la ley.

Octavo: Que, de lo razonado se sigue que no ha existido en la especie un actuar ilegal o arbitrario que conculque los derechos fundamentales de la persona interesada, motivo por el cual el recurso de protección necesariamente debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de Leidymar del Valle nombre reservado Rodríguez, en contra del Servicio Nacional de Migraciones y de la Subsecretaría del Interior.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°14418-2026 Protección