nombre reservado con SCOTIABANK CHILE S.A

C.A. de Santiago Santiago, quince de diciembre de dos mil veinticinco.

Al folio 20: a todo, téngase presente.

Al folio 21: a lo principal, no ha lugar a la reposición. Al otrosí, téngase presente.

A los folios 22, 23 y 24: a sus antecedentes.

Visto y teniendo presente:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, en representación de Pantec SpA, interponiendo recurso de protección en contra de Scotiabank Chile, por haber dispuesto el cierre unilateral, infundado y sin notificación previa de las cuentas corrientes bancarias en pesos y en dólares de la recurrente, actuación que estima ilegal y arbitraria, por carecer de fundamento normativo y de motivación razonable, vulnerando con ello las garantías constitucionales de igualdad ante la ley del artículo 19 N°2, derecho a no ser juzgado por comisiones especiales y al debido proceso del artículo 19 N°3 inciso quinto, respeto y protección a la honra del artículo 19 N°4, y derecho de propiedad del artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, solicitando que se restablezca el imperio del derecho mediante la reapertura de las cuentas y la restitución de su plena operatividad .

Expone que durante el año 2022 la sociedad recurrente suscribió con el banco recurrido contratos de cuenta corriente bancaria, tanto en moneda nacional como extranjera, los cuales se encontraban en pleno funcionamiento. Señala que el día 15 de mayo de 2025 intentó efectuar operaciones habituales sin advertir inconvenientes, y que al día siguiente constató el bloqueo total de las funcionalidades de sus cuentas a través de la aplicación móvil del banco, sin recibir explicación alguna por los canales de atención disponibles, ni respuesta del ejecutivo virtual ni del personal de la sucursal a la que concurrió personalmente, quienes atribuyeron la situación a eventuales problemas de sistema.

Agrega que recién el 27 de mayo de 2025 recibió una carta titulada “Aviso al cliente de cierre de cuenta corriente”, mediante la cual el banco comunicó que, dentro de un plazo de diez días, procedería al cierre de ambas cuentas, invocando genéricamente el “artículo 10” y el capítulo 2.2 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, sin detallar causa específica alguna que justificara la decisión adoptada. Refiere que, pese a requerir explicaciones, la recurrida no entregó motivo concreto del cierre, manteniéndose la imposibilidad de operar las cuentas, aun cuando estas registraban saldos disponibles, lo que impidió a la sociedad cumplir compromisos comerciales y efectuar pagos pendientes.

Sostiene que el acto impugnado es ilegal, por cuanto no se sustenta en una norma que autorice un cierre carente de motivación, y contraviene disposiciones de orden público, particularmente aquellas que exigen transparencia y razonabilidad en la terminación anticipada de contratos financieros. Alega, asimismo, que el actuar del banco es arbitrario, al obedecer a un mero capricho, desprovisto de lógica y proporcionalidad, sin permitir al afectado conocer las razones de la pérdida de confianza invocada implícitamente.

Expone que la decisión del banco configura una discriminación arbitraria, al otorgar a la recurrente un trato diverso al dispensado a otros cuentacorrentistas, sin fundamento objetivo, vulnerando la igualdad ante la ley. Añade que la recurrida se erige, de facto, en una comisión especial, al imponer una sanción encubierta —el cierre de las cuentas— sin procedimiento previo, sin instancia de defensa ni decisión de órgano jurisdiccional competente, afectando el derecho al debido proceso y proscribiendo la autotutela.

Además, señala que la actuación denunciada afecta la honra objetiva de la sociedad y de su representante, al proyectar una imagen de reproche o irregularidad en su conducta comercial, sin respaldo fáctico ni jurídico, lesionando su prestigio y buen nombre en el ámbito financiero. Del mismo modo, afirma que se ha vulnerado el derecho de propiedad, tanto respecto de los fondos depositados como del vínculo contractual mismo, al privar intempestivamente a la recurrente del uso y goce de un bien incorporal esencial para el desarrollo de su actividad económica.

Que, en un solo orden argumentativo, el recurso sostiene que las vulneraciones constitucionales descritas se materializan en la falta absoluta de motivación del acto, en la ausencia de notificación oportuna, en la imposibilidad de defensa y en la afectación directa y actual de derechos fundamentales, todo ello como consecuencia inmediata del cierre unilateral de las cuentas corrientes por parte del banco recurrido.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene al Banco Scotiabank Chile reabrir las cuentas corrientes en pesos y en dólares de la recurrente, restableciendo la plena operatividad de todos los productos financieros asociados, y se disponga que la recurrida se abstenga de realizar conductas similares que vulneren los derechos constitucionales invocados.

SEGUNDO: Que, al evacuar el informe el Banco Scotiabank Chile solicita el rechazo íntegro del recurso de protección, con expresa condena en costas, fundando su defensa, en síntesis, en que el cierre de las cuentas corrientes de la actora no constituye un acto ilegal ni arbitrario; en que dicho cierre se encuentra expresamente autorizado por la normativa bancaria vigente y por el contrato celebrado entre las partes; en el cumplimiento de las obligaciones legales y regulatorias en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo; en la pérdida de la confianza necesaria para la subsistencia del contrato de cuenta corriente, de naturaleza intuito personae; en la improcedencia del recurso de protección para resolver controversias de índole contractual; y, finalmente, en la inexistencia de afectación a garantías constitucionales, particularmente al derecho de propiedad y a la igualdad ante la ley, invocadas por la recurrente .

En primer término, reconoce haber adoptado la decisión de cerrar las cuentas corrientes de la actora, precisando, sin embargo, que tal determinación se enmarca en el estricto cumplimiento de la normativa nacional e internacional sobre prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, obligaciones que pesan especialmente sobre las instituciones bancarias. Al efecto, se expone que la Ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero, impone a los bancos el deber de informar operaciones sospechosas y de adoptar medidas de debida diligencia respecto de sus clientes, obligaciones que se ven reforzadas por las instrucciones impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero en el Capítulo 1-14 de la Recopilación Actualizada de Normas, las que exigen un adecuado conocimiento del cliente, la actualización permanente de sus antecedentes y la coherencia entre su perfil económico y las operaciones realizadas .

Asimismo, sostiene que se encuentra legal y contractualmente facultada para poner término unilateral al contrato de cuenta corriente. En efecto, invoca el numeral 10 del Capítulo 2-2 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Comisión para el Mercado Financiero, el cual reconoce expresamente dicha prerrogativa, así como las estipulaciones del Contrato Único de Cliente suscrito con la actora, que contemplan la facultad de cierre de los productos bancarios. En consecuencia, afirma que el ejercicio de tal atribución no puede calificarse de ilegal, al emanar directamente de la regulación sectorial y del acuerdo de voluntades celebrado entre las partes .

En cuanto a los fundamentos fácticos del cierre, el informe detalla que, en el marco de los procesos internos de conocimiento del cliente, se detectaron en la cuenta de la actora ingresos por montos relevantes, particularmente transferencias por la suma de $606.527.701, las que fueron calificadas como inusuales por no resultar coherentes con el perfil económico declarado, con el giro informado ante el Servicio de Impuestos Internos ni con la trazabilidad del origen de los fondos. Asimismo, se consigna la existencia de transferencias reiteradas entre empresas relacionadas, la vinculación con plataformas de alto riesgo y la imposibilidad de verificar adecuadamente a los intervinientes finales, todo lo cual habría impedido al banco cumplir cabalmente con sus deberes regulatorios y generado un riesgo legal y reputacional relevante.

Además, indica que el contrato de cuenta corriente es de naturaleza intuito personae, descansando su subsistencia en la confianza recíproca entre las partes. Desde esta perspectiva, la recurrida sostiene que los antecedentes expuestos determinaron la pérdida de dicha confianza, circunstancia que justifica plenamente la terminación de la relación contractual.

Por otra parte, plantea la improcedencia de la acción constitucional intentada, argumentando que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver controversias de carácter contractual, especialmente cuando los derechos invocados no son indubitados y requieren un análisis probatorio propio de un juicio de lato conocimiento. En tal sentido, se sostiene que acoger la acción implicaría resolver un supuesto incumplimiento contractual, cuestión ajena a la naturaleza cautelar y no declarativa del recurso consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Finalmente, descarta la existencia de privación, perturbación o amenaza a las garantías constitucionales denunciadas, afirmando que el cierre de las cuentas se efectuó con apego a la ley y al contrato, de modo que no se configura vulneración alguna al derecho de propiedad ni a la igualdad ante la ley. En mérito de todo lo expuesto, se solicita tener por evacuado el informe, rechazar el recurso de protección en todas sus partes, con expresa condena en costas.

TERCERO: Que conforme es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

CUARTO: Que para resolver el presente arbitrio debe tenerse primeramente en consideración lo que dispone la normativa que regula la materia.

Al respecto, el numeral primero del artículo 69 de la Ley General de Bancos refiere: “Los bancos podrán efectuar las siguientes operaciones:

1) Recibir depósitos y celebrar contratos de cuenta corriente bancaria…”.

Por su parte, el artículo 1545 del Código Civil estatuye: “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”.

QUINTO: Que ahora bien, en la línea de lo que se viene reflexionando, no es posible olvidar tampoco que el arbitrio en análisis es una acción constitucional destinada a dar protección respecto de derechos que se encuentran indubitados y no discutidos, como sí acontece en este caso, en que conforme expresa la entidad recurrida la decisión unilateral de cerrar la cuenta corriente de la recurrente se adoptó luego de un análisis de las facultades incorporadas al contrato de cuenta corriente y a la preceptiva contenida en la Recopilación de Normas para el Mercado Financiero, motivo por el cual en uso de la facultad que le reconoce la legislación vigente y en contrato de cuentas corrientes, procedió como lo hizo, lo que le fue comunicado oportunamente a la protegida.

SEXTO: Que, en efecto, el numeral 10.- Titulado “Cierre de Cuentas Corrientes”, incorporada en el capítulo 2.2 de la Recopilación Actualizada de Normas de Bancos de la Comisión para el Mercado Financiero, dispone: “La cuenta corriente podrá ser cerrada unilateralmente por el banco, como también puede ser a petición del cliente, quien para el efecto debe presentar una solicitud formal en tal sentido. No debe ser impedimento para dar curso al cierre, el que deberá hacerse efectivo a más tardar dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha de presentada la solicitud, el hecho de que el titular de la cuenta que se cierra mantenga deudas con el banco. En todo caso, será responsabilidad del cliente dejar en la cuenta cuyo cierre se dispone, la necesaria provisión de fondos para la cobertura de los cheques girados que a la fecha del cierre no hubieren sido cobrados, así como para el pago de las eventuales comisiones y gastos que a dicha fecha se adeudaren al banco, siempre que este los hubiera comunicado a más tardar en esa oportunidad”.

Adicionalmente, la cláusula 8, letra ñ), del Contrato Único de Productos Persona Jurídica, estipula que “…el Banco se reserva la facultad de poner término unilateralmente a los contratos, productos o servicios, en cualquier momento, siempre ue se haya verificado alguna o algunas de las siguientes causales: ñ) Si el Cliente no justifica, a satisfacción del Banco, el origen de los fondos depositados en sus cuentas, los utilizados para el pago de sus productos, o los movimientos efectuados en cualquiera de estos, y/o no da cumplimiento a las políticas del Banco o normativa vigente relativas a la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo”.

SÉPTIMO: Que luego de lo dicho, acontece, entonces, que los derechos que la actora solicita le sean tutelados, no pueden satisfacerse a través del presente arbitrio, ni del modo que se pide, dado que atendida la naturaleza de los argumentos que motivan el acto que se objeta, el legislador ha dispuesto expresamente procedimientos legales de lato conocimiento destinados a esclarecerlos, tales como aquellos que prevén la Ley 19.496, Ley 21.000, Ley 20.009 y el propio Código Civil, los que no pueden ser sustituidos por la acción constitucional de protección, puesto que ello conllevaría aceptar su indebida instrumentalización.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe acotar que la entidad bancaria recurrida comunicó suficientemente al actor y, en esta sede, en su informe, las razones que fundaron su decisión de poner término a la relación contractual con la parte recurrente, sustentadas a fin de cuentas y en síntesis, en el carácter inusual de los flujos, en la falta de trazabilidad del origen de los fondos cuestionados, en el riesgo reputacional y legal y en un peligro de estratificación de fondos; todo lo cual permite descartar arbitrariedad en el actuar de la recurrida, no siendo obstáculo para ello las posibles deficiencias en la motivación de la comunicación que en su oportunidad hubiere hecho a la actora, toda vez que, a diferencia de lo que ocurre con los órganos de la Administración del Estado, sobre los que pesan las normas de los artículos 11 y 41 de la Ley nro. 19.886 de motivar los actos administrativos, los bancos, en cuanto entes privados, no tienen dicha obligación, de suerte que la arbitrariedad o razonabilidad de sus actuaciones debe determinarse sobre la base de si aparecen como fruto del capricho o bien obedecen a razones de hecho y jurídicas determinadas.

OCTAVO: Que, por todas las razones ya expuestas, se desestimará el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en representación de Pantec SpA, en contra del Banco Scotiabank Chile, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-14415-2025.

Pronunciada por la Cuarta Sala, integrada por los Ministros (S) señor Matias Felipe De La Noi Merino, señor nombre reservado y el Abogado Integrante señor Cristian Parada Bustamante.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, quince de diciembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.