nombre reservado con BANCO ESTADO DE CHILE

C.A. de Santiago Santiago, nueve de junio de dos mil veintitrés.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Danilo Carvajal Romero, abogado, en representación de nombre reservado, y esta última como representante legal de nombre reservado y Alarcón SpA, en contra de Banco Estado de Chile (en adelante Bancoestado) por el acto arbitrario e ilegal consistente en no restituir los fondos sustraídos por fraude bancario a la chequera electrónica de nombre reservado y Alarcón SpA, por el monto de $2.240.968, vulnerando su garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

En cuanto a los hechos que fundan su recurso, señala que el día 28 de septiembre de 2022, mientras se encontraba en su lugar de trabajo, quiso realizar una transferencia desde la cuenta vista (de su representada) de Bancoestado y le figuraba tan sólo un saldo de $3.242, lo cual no correspondía a su saldo real, por lo anterior que se dirigió a una sucursal del banco recurrido, quienes en ese momento le indicaron que se trataba de un error en la página del banco y se le confirmó que su saldo real era la de $3.450.000. Posteriormente, el viernes 30 de septiembre de 2022, nuevamente intentó realizar una transferencia, pero en esta ocasión apareció bloqueada la cuenta. Finalmente, el día lunes 3 de octubre de 2022, concurre nuevamente a la sucursal de la recurrida y habló directamente con su ejecutivo de cuentas nombre reservado, quien confirmó que estaba bloqueado su usuario y que se realizó una transferencia el día 28 de septiembre de 2022, por la suma de $3.445.000 a nombre reservado un tercero no conocido por ella, sin correo de confirmación, ni tampoco segunda clave, mensaje de texto u otro mecanismo de seguridad.

Atendidos aquello hechos, y luego de haber realizado los reclamos correspondientes, la recurrida confirmó el fraude bancario, señalándole que la cuenta de destino era una cuenta “mulera”. Con esta información que antes no se tenía, se desestimó el primer reclamo y se realizó un segundo reclamo signado bajo el N°2580100-14007951, ese día quedaron bloqueadas sus cuentas, entregándole una nueva tarjeta de coordenadas, procediendo a cambiar todas sus claves.

Agrega que el día martes 11 de octubre la recurrida pagó la cantidad de 35 UF correspondientes por la ley N°21.234 equivalentes a la suma de $1.204.032, señalándole además que tenían un plazo para investigar de 12 días, para proceder a restituir el resto, sin embargo, el 18 de octubre, se recibió otra respuesta del recurrido en la que señalan que no procederá a restituir el resto de los fondos, los cuales ascienden a la cantidad de: $2.240.968, lo que fue confirmado mediante comunicación del 2 de noviembre de 2022.

Sostiene que este acto debe ser calificado como ilegal y arbitrario. El Banco recurrido al no asumir el perjuicio económico de dicho fraude, traslada los efectos y el riesgo a su representada y recurrente en estos autos, siendo que es el Banco quien tiene el riesgo, el deber y la obligación de proteger dicha cuenta corriente, privándole de su derecho de propiedad de disponer de aquel dinero afectándole, de esa manera, la garantía constitucional del artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

Atendido el mérito de lo expuesto, solicita se ordene al recurrido Bancoestado restituir a la cuenta corriente el monto de $2.240.968, reajustado conforme al IPC a la fecha del pago, con costas.

Segundo: Que evacua informe el abogado Marcelo Davico Ramírez, en representación del recurrido, quien solicita el rechazo del recurso y niega actuaciones u omisiones arbitrarias ni ilegales imputables al Banco del Estado de Chile.

En cuanto a los hechos expuestos en el recurso, señala en primer lugar, que la cuenta supuestamente afectada corresponde a la Cuenta Chequera Electrónica N° [cuenta reservada] del titular nombre reservado y Alarcon SpA, RUT N° RUT reservado, cuyo representante legal es nombre reservado.

Agrega que, las transferencias fueron realizadas por el canal internet y para poder ingresar al portal, el recurrente ingresó con sus claves de acceso a internet y fue autorizada mediante el uso de clave TOKEN N° 2767242853 que se encontraba asociado a la recurrente.

Explica que el Token es un dispositivo que permite autorizar operaciones de Transferencias y Pagos, entregando un mayor nivel de seguridad y el cual permite operar de forma segura en Bancoestado. Es un dispositivo electrónico que le entrega una clave aleatoria de 6 dígitos cada 35 segundos lo que la hace inviolable, ya que el número no es constante.

Por su parte, la recurrente presenta Datos Seguros registrados bajo el correo correo reservado y número telefónico teléfono reservado. Las operaciones reclamadas no presentan la condición de error en su ejecución, no existe patrón de fraude y operaron los límites para cada tipo de operación y canal.

Agrega que efectivamente la recurrente presentó reclamo en Bancoestado con fecha 3 de octubre de 2022, el cual fue ingresado bajo el Número (OT) 14007951. Con la misma fecha y según lo que dispone la ley N° 20.009, modificada por la ley N° 21.234, se procedió a realizar el bloqueo de sus productos y con fecha 11 de octubre de 2022, realizó el abono normativo exigido en el artículo 5 de la ley Nº 20.009, correspondiente a 35 UF en la Cuenta de la actora, bajo la glosa “Devolución Ley de Fraudes” y conforme lo dispuesto en el artículo 5° de la ley N°20.009, se presentó demanda en contra del recurrente, en los autos ROL 29657-2022-RB para que el 1° Juzgado de Policía de Ñuñoa declare: (i) Que la recurrente actuó con dolo o culpa grave (alternativamente una u otra); (ii) Que se ordene dejar sin efecto la restitución de fondos realizada por mi representado por una suma equivalente a 35 UF: (iii) Que se declare al Banco liberado de toda responsabilidad respecto de las operaciones que la querellada declara no haber realizado; (iv) Que se condene expresamente en costas a la querellada.

Finalmente, señala que se resolvió no acoger la solicitud de devolución, considerando que las transacciones reclamadas no presentan condición de error y fueron realizadas con sus claves de acceso, y por existir motivos suficientes para presumir la existencia de culpa grave del cliente, por lo cual, y tal como lo exige la ley N°20.009, se procedió a iniciar las acciones legales correspondientes para que el Juzgado de Policía Local correspondiente determinara la procedencia o no de culpa grave por parte del recurrente.

Tercero: Que, como es sabido, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que en lo que atañe, ahora, a la supuesta ilegalidad que por esta vía se reclama, lo cierto es que del tenor de la misma presentación en que se formaliza el recurso es posible advertir que el supuesto fáctico que sustenta esta impugnación, esto es, haber sido la recurrente víctima de un fraude bancario, se apoya únicamente en sus dichos, quien refiere al efecto que el 28 de septiembre de 2022 ingresó a la cuenta vista de la empresa a través de la página de la institución bancaria, con el objeto de realizar una transferencia de fondos, pero constató que el saldo que poseía era insuficiente, y que le faltaban más de tres millones de pesos, por lo que al siguiente día hábil concurrió personalmente a una sucursal del Banco.

Enseguida, el recurrido le señaló que hubo un error en la página del banco y se le confirmó que su saldo real era la de $3.450.000. Posteriormente, al intentar realizar una transferencia, su tarjeta apareció bloqueada, por lo que se le entregó una nueva tarjeta de coordenadas, pese a lo cual no pudo nuevamente ingresar a la citada cuenta vista y que tras una nueva llamada que ella efectuó, se le informó finalmente que habría sido víctima de un fraude bancario por un monto total de $3.445.000, mediante transferencia efectuada a una cuenta corriente desconocida.

Por otra parte, el Banco niega enfáticamente la existencia de un fraude bancario.

Quinto: Que, ahora bien, lo cierto es que por esta vía no es posible entrar a dilucidar las circunstancias fácticas que rodearon la transferencia de dinero que se impugna, puesto que no es posible soslayar que el arbitrio en análisis es una acción constitucional destinada a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, como sí acontece en este caso, en que lo que sustenta la pretensión de la recurrente es el supuesto incumplimiento de una obligación contractual por parte de la entidad bancaria -irregularidad en el sistema de seguridad implementado respecto de la transacción computacional-, lo que la recurrida controvierte.

Luego de lo dicho, acontece, entonces, que los derechos que la actora solicita le sean tutelados, no pueden satisfacerse a través del presente arbitrio, ni del modo que se pide, dado que atendida la naturaleza de los argumentos que motivan el acto que se objeta, el legislador ha dispuesto expresamente procedimientos legales de lato conocimiento destinados a esclarecerlos, tales como aquellos que se prevén en las leyes N°19.496, N° 21.000, N° 20.009 y el propio Código Civil, los que no pueden ser sustituidos por la acción constitucional de protección, puesto que ello conllevaría aceptar su indebida instrumentalización.

En este mismo sentido, como lo informa la institución recurrida, no es posible desconocer que la controversia generada a raíz de la situación que la actora reclama se encuentra actualmente sometida al imperio del derecho, ya que la entidad bancaria dedujo querella infraccional ante el Juzgado de Policía Local de Ñuñoa, en autos rol N°29657-2022-RB, al amparo de la ley N°20.009, causa en que se dilucidará el asunto sub lite con plena observancias de las garantías básicas de un debido proceso y se establecerán los derechos que asisten a cada uno de los intervinientes.

Sexto: Que, en estas circunstancias, no procede si no desestimar el presente recurso.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado que rige la materia se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado Danilo Carvajal Romero, en favor de nombre reservado en contra de Banco Estado de Chile.

Redactó la abogado integrante señora Herrera Fuenzalida.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N°143.987-2022. Protección.