nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACION

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés.

Al escrito folio 9: a todo, téngase presente y a sus antecedentes.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Arnaldo Salas Valladares, abogado, en favor de Yusmari Coromoto nombre reservado, de nacionalidad venezolana, y deduce recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la omisión arbitraria e ilegal en que habría incurrido al no resolver oportunamente su petición de visa temporal por cambio de empleador, lo que vulneraría el derecho que la Constitución Política de la República le reconoce y protege en el número 2, 9 inciso final, 21 y 24 del artículo 19.

Alega que la parte recurrente formuló su petición ante la autoridad administrativa el día 3 de enero de 2021, sin embargo, el Servicio Nacional de Migraciones no ha dado respuesta a su solicitud, reseñando las consecuencias que dicha circunstancia le acarrea.

En cuanto a la ilegalidad destaca que cobra especial relevancia lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de la Ley N°19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, enfatizando los artículos 7 y 27, que consagran el principio de celeridad.

Pide se ordene a la recurrida que se pronuncie sobre la petición en el plazo de 30 días, o el que esta Corte determine, adoptando las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho, con costas.

Segundo: Que al evacuar informe el Servicio Nacional de Migraciones expone que la solicitud de visa temporaria se encuentra actualmente en trámite.

Refiere que con fecha 27 de mayo de 2021, la autoridad migratoria le informó a la recurrente, por medio de Comunicación Electrónica Folio N° 15284795, que su solicitud se encontraba incompleta, otorgándole cinco días hábiles, en cumplimiento con el artículo 31 de la Ley N° 19.880, para que subsane por medio de la entrega de los documentos faltantes.

En concreto, le señaló que al contrato de trabajo enviado le faltaba la cláusula de vigencia, la cláusula de previsión, la cláusula de impuesto a la renta, la cláusula de viajes, y las cláusulas especiales de extranjería, en vista de que su empleador no había realizado el inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos. Además, el contrato debía ser remitido firmado ante notario. Añade que en el mismo documento, le informó que debía calcular la multa por pagar, debido a encontrarse ejerciendo labores remuneradas, y por situación irregular en el país por los días correspondientes.

Aduce a continuación que, mientras el permiso se encuentre en tramitación, la parte recurrente en virtud de lo dispuesto en el artículo 135 en relación al artículo 157 N° 5, ambos del Decreto Supremo N° 597 de 1984, mantendrá residencia regular en el país.

Indica, que el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880, podrá ser mayor a seis meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, debiendo entenderse como tal la pandemia, citando jurisprudencia que estima aplicable al caso en estudio.

Añade que la substanciación de la solicitud de la parte recurrente sigue los mismos trámites que los de cualquier otro extranjero, denunciando una suerte de situación de privilegio en la que se encontrarían quienes interponen una acción constitucional y obtienen un resultado a su favor, en desmedro de quienes no pueden hacerlo, y descartando finalmente la existencia de una diferencia arbitraria o ilegal.

Por ello, solicita el rechazo de la acción.

Tercero: Que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho, y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Cuarto: Que no existe controversia que la omisión contra la que se recurre consiste en la falta de pronunciamiento de la autoridad en relación con la petición de visa temporaria sujeta a contrato por cambio de empleador efectuada por la parte recurrente el día 3 de enero de 2021.

Quinto: Que, en lo que interesa, el N° 5 del artículo 157 de la Ley N° 21.325 dispone que corresponderá al Servicio Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, “resolver el otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de los permisos de residencia y permanencia y determinar la vigencia de los mismos, sin perjuicio de las facultades que correspondan a la autoridad migratoria en el exterior.”

Sexto: Que, en este entendido, debe precisarse que de conformidad a lo estatuido en la Ley Nº 19.880, rige el actuar de la Administración el principio de celeridad (consagrado en el artículo 7°), que impone a la autoridad la obligación de impulsar de oficio todos sus trámites, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8° de la misma ley, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental del artículo 9°, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por otro lado, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad, señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

Dentro de este escenario normativo descrito, también es relevante destacar que el artículo 27 de la aludida ley dispone que “salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final”, de cuyo tenor es posible sostener que, atendida la data de la petición de visa temporaria de la parte recurrente, existe una clara vulneración de la normativa precitada, pues a la fecha no existe pronunciamiento de la autoridad respectiva debidamente fundada, con antecedentes concretos y precisos, comunicada a la parte recurrente o a sus apoderados, lo que trae aparejado el desconocimiento del resultado de su petición.

Séptimo: Que, asimismo, no se puede soslayar que los parámetros y exigencias de prontitud y oportunidad aplicables al caso no debieran prescindir de la realidad pandémica que se vive, de las restricciones que la misma ha traído consigo en resguardo de la salud, tanto de quienes deben atender esta clase de requerimientos como de los propios peticionarios y, especialmente, el conocido volumen que han alcanzado las peticiones en materias de migración. Sin embargo, tampoco es posible desconocer que en este caso se han superado con largueza los plazos razonables, dando lugar a la incertidumbre reclamada, toda vez que la solicitud fue ingresada con fecha 3 de enero de 2021, y al tiempo de evacuarse el informe por la autoridad recurrida, tal petición se encontraba aún pendiente.

Octavo: Que en esas condiciones, la omisión evidenciada lesiona el derecho a la igualdad de trato que favorece a la parte recurrente de conformidad con el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, dado que no existe razón atendible que justifique que no se proceda a su respecto del modo que regula la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido, sólo en cuanto la autoridad recurrida deberá pronunciarse fundadamente sobre la solicitud de visa temporaria sujeta a contrato por cambio de empleador de Yusmari Coromoto nombre reservado, dentro del plazo de 30 días contados desde que esta sentencia adquiera el carácter de firme.

Regístrese y comuníquese.

N°Protección-143818-2022.

Pronunciada por la Undécima Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Miguel Vázquez Plaza, e integrada por el Ministro (S) señor Carlos Escobar Salazar y la Ministra (S) señora Erika Villegas Pavlich.