nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, treinta de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, con fecha 26 de mayo de 2026, comparece nombre reservado, trabajador dependiente, interponiendo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, por haber instruido a su empleador, DMC Mining Services Chile SpA, un descuento por planilla sobre su remuneración del mes de abril de 2026, por la suma de $168.475, bajo el ítem “Créditos personales CCAF”, actuación que considera ilegal y arbitraria, y vulneradora de los derechos de propiedad y de igualdad ante la ley, consagrados en el artículo 19 números 24 y 2 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se ordene el cese de toda retención o descuento en su remuneración y la restitución de los montos descontados, con costas.

Expone el actor que con fecha 2 de mayo de 2019 suscribió con la recurrida el pagaré N° 022CON101814249, por la suma de $3.756.791 por concepto de capital, más los intereses señalados en el mismo documento, pagadero en 60 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de $116.985 cada una, con vencimiento de la primera el 31 de julio de 2019. Señala que, debido a complejidades de índole financiera, no pudo hacer frente al pago de las cuotas, constituyéndose en mora a partir de la cuota N° 3, con vencimiento el 30 de diciembre de 2021 y todas las siguientes, razón por la cual la Caja de Compensación dedujo en su contra demanda ejecutiva con fecha 8 de julio de 2022, en los autos Rol C-6542-2022, seguidos ante el 5° Juzgado Civil de Santiago, caratulados “Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes/nombre reservado”.

Indica que en dicha causa fue notificado conforme al artículo 44 del Código de Procedimiento Civil con fecha 6 de septiembre de 2022 y requerido de pago el 8 de septiembre del mismo año, sin que se opusieran excepciones; que la causa fue archivada, luego desarchivada y finalmente archivada con fecha 22 de enero de 2024; y que en el cuaderno de apremio consta que el 28 de junio de 2023 se trabó embargo sobre un bien mueble de su propiedad.

Sostiene que, al revisar su liquidación de sueldo de abril de 2026, advirtió un descuento por planilla por $168.475, efectuado por su empleador por orden de la recurrida, sin que jamás fuera informado previamente, por algún canal de comunicación, de la decisión de ejecutar dichos descuentos, no obstante que la Caja de Compensación, por voluntad propia, había judicializado el cobro de la deuda.

Aduce que el actuar de la recurrida constituye un uso arbitrario e ilegal del artículo 22 de la Ley N° 18.833, que importa un acto de autotutela y un mecanismo paralelo a la vía judicial que la propia recurrida ejerció mediante el cobro ejecutivo del pagaré, que el descuento no es oportuno ni se realizó dentro de un plazo razonable, y que la recurrida desconoció su deber de dar noticia previa de su determinación.

Por estas razones, solicita que se acoja el recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida cesar todo tipo de retención o descuento en su remuneración y restituir los descuentos efectuados, así como los que se efectúen durante la tramitación de la acción y aquellos posteriores a la sentencia.

SEGUNDO: Que, con fecha 8 de junio de 2026, comparece la abogada Inés Riquelme Arao, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, evacuando el informe solicitado y requiriendo el rechazo de la acción constitucional interpuesta, con expresa condenación en costas.

En primer término, detalla el contexto normativo aplicable, explicando que las Cajas de Compensación son corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social conforme a la Ley N° 18.833, y que el crédito social no constituye un mutuo mercantil ordinario sino una prestación de seguridad social. Añade que el artículo 22 de la referida ley, en concordancia con el artículo 58 del Código del Trabajo, prescribe de forma imperativa la deducción de las cantidades adeudadas por parte del empleador, por lo que el descuento por planilla no constituye una vía de hecho , sino el ejercicio legítimo de un mecanismo legal de recaudación, regido por las mismas normas aplicables a la Ley N° 17.322.

En cuanto a los antecedentes, refiere que con fecha 2 de mayo de 2019 el recurrente suscribió con su representada la operación de crédito social código N° 022CON101814249, por un capital inicial de $3.756.791, a una tasa de interés mensual de 2,20%, pagadero en 60 meses, con una cuota mensual de $116.985 y primer vencimiento el 31 de julio de 2019. Señala que, habiéndose generado una morosidad persistente en las cuotas N° 47 a N° 53, el deudor concurrió con fecha 9 de enero de 2024 a solicitar la reprogramación de su saldo insoluto, consolidándose la deuda en la suma de $1.515.211, con primer vencimiento de las nuevas cuotas el 31 de marzo de 2024, y que con posterioridad registró pagos parciales y cuotas cubiertas entre el 29 de enero de 2024 y el 10 de mayo de 2026, restando un saldo pendiente y exigible. Indica que los descuentos reclamados corresponden al cobro de las cuotas de la deuda reprogramada, y que emitió las instrucciones de descuento a los empleadores del recurrente en cumplimiento del artículo 22 de la Ley N° 18.833.

Alega la improcedencia de la acción, por cuanto, por una parte, la discusión gira en torno a la existencia, vigencia, exigibilidad y liquidación de saldos insolutos, materia de lato conocimiento ajena a la naturaleza cautelar del recurso, y, por otra, existiría una vía administrativa idónea ante la Superintendencia de Seguridad Social, conforme a la Ley N° 16.395, que el recurrente habría pretermitido.

Por los motivos esgrimidos, solicita que se tenga por evacuado el informe en tiempo y forma y que se rechace el recurso en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Para que esta acción prospere, es requisito indispensable la constatación de un acto ilegal o arbitrario que afecte un derecho indubitado.

CUARTO: Que, el acto calificado como ilegal y arbitrario por el recurrente consiste en la decisión adoptada por la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes de instruir al empleador del actor la deducción de cuotas, por concepto de un crédito social, directamente desde su liquidación de remuneraciones correspondiente al mes de abril de dos mil veintiséis.

QUINTO: Que, a partir de lo expuesto por las partes y de los antecedentes acompañados, es posible tener por establecidos los siguientes hechos:

1.- Que, con fecha 2 de mayo de 2019, el trabajador y la institución recurrida suscribieron un contrato de mutuo de crédito social, código N° 022CON101814249, respaldado por pagaré del mismo número, por un capital inicial de $3.756.791, pactado en 60 cuotas mensuales y sucesivas de $116.985 cada una, con primer vencimiento el 31 de julio de 2019, y con una cláusula de aceleración para el caso de retardo en el pago de las cuotas.

2.- Que, durante la vigencia del referido contrato, el afiliado cesó el pago regular y cayó en morosidad respecto de sus obligaciones financieras.

3.- Que la recurrida interpuso demanda ejecutiva en contra del deudor con fecha 8 de julio de 2022, en la causa Rol C-6542-2022, seguida ante el 5° Juzgado Civil de Santiago, en la que hizo exigible, a contar de la presentación de la demanda, el total de la obligación insoluta, ascendente a $3.631.565 más intereses. En dicha causa se despachó mandamiento de ejecución y embargo con fecha 9 de agosto de 2022, se desarchivó el expediente a petición de la ejecutante para solicitar la traba de embargo, señalándose bien para ese efecto, y la causa se encuentra actualmente archivada desde el 22 de enero de 2024.

4.- Que, con fecha 9 de enero de 2024, se registró una reprogramación del saldo del referido crédito por la suma de $1.515.211, con primer vencimiento el 31 de marzo de 2024.

5.- Que, ante el estado de mora, la Caja de Compensación requirió a la empresa empleadora del actor, DMC Mining Services Chile SpA, efectuar retenciones directas sobre su salario, materializándose un descuento efectivo por la suma de $168.475 en sus haberes del mes de abril de 2026, bajo el ítem “Créditos personales CCAF” de su liquidación de remuneraciones.

SEXTO: Que, el artículo 22 de la Ley N° 18.833 dispone que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales. Corresponde, entonces, determinar si en la especie la recurrida ejerció dicha facultad de manera ilegal o arbitraria.

SÉPTIMO: Que el recurrente sostiene que los descuentos constituyen un cobro paralelo de una deuda que la recurrida ya persiguió por la vía ejecutiva, en la causa Rol C-6542-2022, lo que importaría una renuncia a la vía del descuento por planilla. Sin embargo, de los antecedentes aparece que los descuentos impugnados no se refieren al crédito en los términos originalmente pactados y demandados, sino a la deuda reprogramada con fecha 9 de enero de 2024, operación posterior a la demanda ejecutiva de 8 de julio de 2022, por la cual el saldo se consolidó en $1.515.211, pagadero en 16 cuotas mensuales de $119.157, con primer vencimiento el 31 de marzo de 2024.

En consecuencia, al momento de efectuarse el descuento de abril de 2026, la obligación que se cobraba por planilla no era la misma que se hizo exigible mediante la aceleración invocada en la demanda ejecutiva, por lo que no se configura el doble cobro de una misma deuda que alega el recurrente.

OCTAVO: Que, tampoco puede estimarse inoportuno el descuento de abril de 2026. Según informa la recurrida, tras la reprogramación el afiliado registró pagos parciales y cuotas cubiertas entre el 29 de enero de 2024 y el 10 de mayo de 2026, sin que los antecedentes acompañados por el recurrente desvirtúen dicha información.

NOVENO: Que, en consecuencia, no se advierte en el actuar de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes un acto ilegal ni arbitrario, por lo que no se ha afectado el derecho de propiedad del recurrente, consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, ni la garantía de igualdad ante la ley, contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, razón por la cual la presente acción constitucional no puede ser acogida.

Por estas razones y de conformidad a lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

Protección N°14.369-2026.