nombre reservado con A.F.P. UNO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, dieciséis de octubre de dos mil veinticinco.

Visto y teniendo presente:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, de nacionalidad venezolana, y deduce acción de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., por el acto ilegal y arbitrario que rechaza su solicitud de retiro de fondos previsionales.

Expone que la recurrente solicitó la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten. Alude a una primera solicitud de fecha 3 de marzo de 2025, que fue rechazada en razón de la situación actual de la embajada de Venezuela, ya que al estar cerrada no permitía la emisión de los documentos, ni la legalización o verificación de estos. Además, se le indicó que su título no se encuentra apostillado, afirmando que sí lo estaría.

Califica tal rechazo de arbitrario e ilegal, deviniendo en un mero capricho por parte de la recurrida, ya que el hecho del cierre de la Embajada con funciones Consulares de la República de Bolivariana de Venezuela no invalida los documentos emitidos legalmente por aquella autoridad, ya que, como puede observarse la constancia apostillada que acredita la afiliación del extranjero al sistema previsional venezolano, fue presentada con fecha 12 de septiembre de 2023, legalizada el 2 de octubre del mismo año por la autoridad consular, es decir, antes del retiro del personal consular en virtud de la suspensión unilateral de la relaciones diplomáticas por parte del Gobierno de Venezuela, de tal manera que resulta írrito que la Administradora de Fondos de Pensiones recurrida intente prejuzgar sobre la validez de este documento.

Relata que con fecha 10 de junio de 2025, ingresó una nueva solicitud, la cual fue signada con el N°1010127, resaltando que, además, de subir un documento legitimo apostillado en fecha anterior al cierre de la embajada, se agrega el documento vigente con fecha de validez hasta el 30 de junio de 2025, la que también fue objeto de rechazo, donde se insiste en desconocer la validez de los documentos siendo que dicho documento especifica en el pie de página lo siguiente: “La validez de este certificado electrónico de cotizaciones, puede comprobarse a través del portal web del I.V.S.S. (www.ivss.gob.ve) con el código de verificación N° 25de14300-2025509”.

Narra que se contactó vía telefónica al número 6006001101, solicitando más detalles de los rechazos, ya que la primera solicitud no cuenta con respaldo físico del rechazo, y que la ejecutiva le proporcionó el número de la solicitud 10443, la cual indicó fue rechazada por no tener título apostillado, a lo que ella indicó: “sí está apostillado, la ejecutiva de forma presencial lo revisó en la sucursal el 05 de marzo cuando fui por el trámite”. Señala que la ejecutiva volvió hacer énfasis en el vencimiento del documento de afiliación al seguro social de vejez y pensiones, a lo que la recurrente le comentó que en la segunda solicitud fue cargado correctamente con vigencia hasta el 30 de junio de 2025, y aun así fue rechazada la solicitud indicando una lista de motivos posibles, como si se tratase de una respuesta automática o por defecto que envía la página a todas las solicitudes, siendo algunos ejemplos: 1.- El RUT del solicitante no debería ser igual al del representante legal, 2-.Documento de afiliación se encuentra vencido, 3.- No se pudo verificar la fecha de inicio de contrato, 4.- El documento debe tener RUN. Asevera que ninguna de las alternativas aplicaba a su caso ya que dichos documentos se encuentran firmados ante notario, su RUT es distinto al del representante legal, todos sus contratos y anexos de contrato poseen RUT de ambas partes firmantes, y el documento de afiliación no se encuentra vencido.

Asegura que adjuntó: 1.- Copia de cédula de identidad; 2.- copia de todos los contrato de trabajo firmados antes notario Gonzalo Hurtado Morales de la 1° Notaria de las Condes en el caso de la empresa OK MARKET S.A., Rol único tributario 76.084.682-1 y debidamente legalizado por ante notario Álvaro González Salinas de la notaría 42 de Santiago para documentos de la empresa INTCOMEX CHILE S.A. Rol único tributario 96.705.940-4; 3.- Copia de los anexos de contrato con clausula explicita de manifestación de su voluntad de permanecer y cotizar en el sistema previsional venezolano, debidamente legalizada por ante los Notarios anteriormente mencionados, 4.- Declaración jurada, Constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los seguros sociales, presentada con fecha 12 de septiembre de 2023 y legalizada con fecha 2 de octubre de 2023 por ante la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela con sede en la ciudad de Santiago; 5.- Constancia vigente de afiliación al Instituto Venezolano de los seguros sociales, con fecha de caducidad el 30 de junio de 2025, y 6.- título académico que la acredita como contador público egresado de la Universidad del Zulia en la República Bolivariana de Venezuela, el cual se encuentra debidamente apostillado.

Sostiene que conforme a la referida documentación cumple con todos y cada uno de los requisitos regulados por la Superintendencia de Pensiones a través de su compendio y de la propia administradora de pensiones recurrida, y que los rechazos a sus solicitudes representan arbitrariedad cometida por la autoridad de pensiones, ya que incluso se basa en un hecho falso, como lo es que no es posible validar el documento siendo que el pie de página en ambas constancias de afiliación indica el enlace de la página oficial del organismo que emite el documento y efectivamente se puede validar que está inscrita y afiliada en su país de origen específicamente en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), institución pública de Venezuela que se encarga de brindar protección de la Seguridad Social a todos sus beneficiarios. Precisa que su misión incluye la atención en contingencias como maternidad, vejez, enfermedad y accidentes, entre otros.

Asevera que existe una vulneración de sus derechos de igualdad ante la Ley y el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, ya que, en primer lugar, se hace nugatorio al derecho de solicitar y acceder a la devolución de los fondos en aplicación de la Ley 18.156, y a su vez, se retienen ilegalmente los fondos previsionales conculcando el derecho de propiedad que se ejerce sobre dichos montos depositados y administrados por la recurrida. Manifiesta que la anterior decisión adoptada por la recurrida implica una violación de derechos y/o garantías constitucionales de carácter pluriofensivo, se le otorga un trato desigual ante la Ley, habida cuenta que se desconoce la aplicación de la Ley 18156, otorgándole un trato diferenciado frente a otros. Agrega que, esta conducta implica una violación al derecho constitución de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, ya que me priva de ejercer el mentado derecho real así como de disponer de fondos que pertenecen a mi patrimonio y, en consecuencia, que corresponden a su propio peculio, producto de las actividades remunerativas ejercidas en el país.

Recalca que reúne todos y cada uno de los requisitos establecidos en la Ley 18156, estos son: 1.- Persona trabajadora en calidad de dependiente y extranjero; 2.- Profesional con el grado académico de Contador Público en su país de origen: 3.- Con manifestación de voluntad en forma de anexo de contrato suscrito por el trabajador y el empleador, de cotizar en la institución previsional en el extranjero; 4.- Afiliada a una institución previsional que cubre las contingencias relativas a la enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Aduce que resulta procedente su solicitud de devolución de fondos previsionales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 7 de la Ley 18156, no existiendo justificación legal que avale el rechazo de dicha solicitud, concluyéndose que el mismo deriva de una actitud caprichosa, arbitraria, en consecuencia, ilegal, por parte de la Administradora de Fondos Previsionales recurrida, conducta que no puede ser sino reconducida a la legalidad, instruyendo lo que corresponda en derecho, lo que en el presente caso redunda en ordenar la devolución de los fondos correspondientes al solicitante afectado.

Solicita, en definitiva, que se acoja el recurso de protección, declarando: 1) Que sean devueltos sus fondos tal como lo establece la ley 18.156, y 2) Que se condene en costas a la recurrida.

SEGUNDO: Que la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A. evacuó el informe respectivo, negando que la recurrente haya sufrido privación, perturbación o amenaza alguna de carácter arbitrario o ilegal de un derecho que le impida, moleste o amague su ejercicio, y que, por el contrario, se pretende ejercer por esta vía un derecho cuyo ejercicio y características está claramente definido en nuestro ordenamiento jurídico de manera distinta a lo que se pretende.

Indica que para interponer legítimamente la acción de protección es necesario que quien la ejerza acredite ser titular de un derecho indubitado y en el caso de la solicitud de la recurrente, la devolución de fondos previsionales procede a técnicos extranjeros de manera excepcional, siempre en la medida de que se cumplan los requisitos establecidos en la circular N°553 de la ley N°18.156, modificada por la ley N°18.726, lo que no ocurre en el caso de la recurrente.

Sostiene que no se cumplen los requisitos de emergencia o urgencia para asegurar el respeto y vigencia de derechos fundamentales, ni la recurrente ha sido privada, desconocida o vulnerada en sus derechos a la igualdad y a la propiedad, toda vez que jamás ha negado la titularidad de los fondos previsionales a la actora.

En cuanto a los hechos, expone que con fecha 03 de marzo de 2025, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, de nacionalidad venezolana, inició ante AFP UNO S.A., por medio de sucursal de la Administradora, su trámite de devolución de fondos previsionales como técnico extranjero, en conformidad a la ley N°18.156, respecto de los empleadores “INTCOMEX S.A.” y “OK MARKET S.A.”, acompañando a su solicitud copia de los siguientes antecedentes:

1- Contrato de Trabajo con INTCOMEX S.A.

2- Contrato de Trabajo con OK MARKET S.A.

3- Anexo de Contrato de Trabajo con INTCOMEX S.A.

4- Anexo de Contrato de Trabajo con OK MARKET S.A.

5- Apostilla Título Profesional.

6- Certificado de Afiliación con una antigüedad superior a un año.

Refiere que con fecha 13 de marzo de 2025, se emite un comprobante de rechazo devolución técnico extranjero para la solicitud registrada a folio 10442, presentada el 03 de marzo del mismo año, fundamentada en que el certificado de filiación fue emitido hace más de un año, por lo que no fue posible acreditar al momento de la solicitud, la afiliación se encuentre vigente, y, adicionalmente, se señala que no se adjuntó título profesional.

Narra que, posteriormente, con fecha 17 de junio de 2025, la recurrente inicia una nueva solicitud de Retiro Técnico Extranjero a folio 1010127, en esta ocasión, acompañando copia de los siguientes antecedentes:

1. Contrato de Trabajo con INTCOMEX S.A.

2. Contrato de Trabajo con OK MARKET S.A.

3. Anexo de Contrato de Trabajo con INTCOMEX S.A.

4. Anexo de Contrato de Trabajo con OK MARKET S.A.

5. Título Profesional de Licenciada en Contaduría Pública de la Universidad del Zulia.

6. Apostilla Título Profesional.

7. Certificado de Constancia de Cotizaciones.

Reconoce que, con fecha 18 de junio de 2025, se rechazó la solicitud por no haberse adjuntado el documento que acredita la afiliación a un sistema de seguridad social en el país de origen y, además, por encontrarse ilegibles los contratos y anexos de trabajo. Sostiene que con fecha 24 de junio de 2025 tomaron conocimiento de la presente acción constitucional.

En cuanto al derecho, se refiere al principio de territorialidad que rige en Chile, en materia laboral y previsional, siendo una excepción la exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros establecida en la Ley N°18.156, invocándose lo dispuesto en sus artículos 1 y 7, y en el Libro II Título XI, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Señala que el oficio Reservado N°2966, de fecha 3 de agosto 2023, la División de Servicios Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores informó a la Superintendencia de Pensiones que ante el aumento de las consultas recibidas por su Departamento de Validación y Análisis de Documentos Internacionales, por parte de las distintas Administradoras de Fondos de Pensiones, acerca de la autenticidad de los documentos apostillados y la cadena de legalización de antecedentes presentados por los trabajadores extranjeros para obtener la devolución de sus fondos previsionales, de conformidad con el artículo 7° de la ley N°18.156, es pertinente, tener presente las siguientes consideraciones:

“e) En cuanto a la legalización de documentos que establece el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, sobre documentos chilenos a tener efectos en el extranjero o documentos extranjeros para tener efectos en Chile, señala que como medida de seguridad el timbre de legalización tricolor en uso desde el 2 de febrero de 2015 por el Ministerio de Relaciones Exteriores, incluye a la izquierda un círculo con el escudo nacional, en el cual se usa tinta invisible y que puede ser observado con luz ultravioleta, apreciable solo en el documento original.

f) La cadena de legalización puede provenir del Consulado chileno en el país emisor del documento o en el Consulado extranjero acreditado en Chile. En ambos casos, su legalización termina en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Por tanto, la autenticidad del timbre se puede cotejar exclusivamente en su original con el timbre ya mencionado”.

Expone que conforme al artículo 1° de la Ley N° 18.156, el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, la circular N°553 de la Superintendencia de Pensiones, el Libro II Título XI del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, y el Oficio Reservado N° 2966, de fecha 3 de agosto 2023, emitido por la División de Servicios Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, los trabajadores extranjeros efectivamente pueden estar exentos de la obligación de cotizar en Chile, siempre que cumplan con ciertos requisitos legales, entre ellos que se encuentren actualmente afiliados a un régimen previsional o seguridad social fuera de Chile que les otorgue prestaciones en materias de enfermedad, invalidez, vejez o muerte, esto con el fin de que el trabajador siga estando protegido bajo un esquema previsional adecuado y no se queda desamparado y, que el documento que acredite tal calidad, se encuentre debidamente legalizado y apostillado.

Sostiene que la Administradora en ningún caso ha obstaculizado el ejercicio de derechos por parte de la recurrente, ni ha efectuado una interpretación antojadiza, restrictiva y/o formalista del marco normativo aplicable, y que, por el contrario, ha actuado conforme a las disposiciones legales vigentes, en particular a lo establecido en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, la ley 18.156, el Oficio Reservado N°2966, de fecha 3 de agosto 2023, emitido por la División de Servicios Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, del cual se hace referencia en el Oficio Reservado N°25057, de fecha 29 de diciembre de 2023, emitido por la Superintendencia de Pensiones, que establecen los requisitos que deben cumplir los instrumentos públicos otorgados en el extranjero para ser válidamente reconocidos en Chile y el y el Oficio Ordinario N°12954 de fecha 17 de julio de 2025, emitido por la Superintendencia de Pensiones, que se refiere precisamente a la situación que se reclama en estos autos.

Respecto a la primera solicitud, de fecha 12 de septiembre de 2023, la recurrente indica haber acompañado, entre otros documentos, una Constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), legalizada el 2 de octubre de 2023 por la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela con sede en Santiago. Al respecto, señala que dicho certificado fue emitido con más de un año de antigüedad al momento de la revisión, lo que no satisface el requisito establecido en el artículo 1 letra a) de la Ley N°18.156, que exige que el trabajador “se encuentre afiliado” a un régimen previsional extranjero al momento de presentar la solicitud, y que el uso del tiempo verbal presente implica una condición de afiliación vigente y actual, no meramente histórica. Plantea que un documento desactualizado cuya validez no puede comprobarse al momento de su evaluación no permite dar por cumplido este requisito legal.

Agrega que, si bien se adjuntó la apostilla correspondiente, no se acompañó el título profesional que acredita la calidad de técnico extranjero, el cual resulta exigible para estos efectos conforme al artículo 1 de la Ley N°18.156 y al Título XI del Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

Manifiesta que el rechazo de la primera solicitud no respondió a una interpretación restrictiva o arbitraria, sino que fue consecuencia directa de la falta de acreditación de la afiliación vigente al sistema previsional extranjero y de la omisión del documento que acredita la condición técnica del solicitante.

Respecto a la segunda solicitud, refiere que la documentación presentada por la recurrente consistió en una Constancia de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), señalando que dicho documento no constituye un Certificado de Afiliación válido, en los términos exigidos por el Título XI del Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, que exige acreditar la afiliación vigente a un régimen previsional extranjero que otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, pues da cuenta únicamente de semanas o periodos cotizados, pero no acredita afiliación vigente ni cobertura efectiva, requisitos sustantivos que debe cumplir el solicitante para proceder al retiro, ni tampoco fue acompañado de la debida legalización conforme al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, dado que carece de certificación consular o apostilla que garantice su autenticidad y validez jurídica en el territorio nacional.

En cuanto al mérito de las declaraciones juradas que han sido presentadas por los afiliados venezolanos, sostiene que aun cuando aquellas hayan sido certificadas ante un notario público chileno y cuenten con su respectiva apostilla, tampoco resultan útiles para estos efectos, por cuanto no constituyen medios idóneos.

Respecto a la alegación de la recurrente sobre la posibilidad de verificar la constancia mediante un enlace web oficial, precisa que dicha modalidad no se encuentra prevista ni contemplada en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, ni en la normativa de la Superintendencia de Pensiones como medio válido de legalización o acreditación documental, y que la consulta electrónica a través de portales web, por más oficial que sea, no sustituye la legalización formal de los documentos, la cual garantiza la autenticidad, integridad y validez jurídica en el ámbito nacional, por lo que la simple remisión a un sitio web para confirmar la existencia de la constancia no confiere validez legal al documento ni elimina la necesidad de cumplir con los requisitos de legalización establecidos por ley, citando el pronunciamiento de la Superintendencia de Pensiones, en el Oficio Ordinario N°12954 de fecha 17 de julio de 2025.

Destaca que los contratos de trabajo acompañados no se encontraban legibles, lo que imposibilitó efectuar las validaciones necesarias respecto de la existencia y características de la relación laboral invocada, información fundamental para evaluar la procedencia del retiro solicitado.

Afirma que el rechazo de la segunda solicitud se fundamenta en el estricto cumplimiento de la normativa vigente, y no en criterios arbitrarios o restrictivos, toda vez que la constancia presentada fue un documento erróneo en cuanto a su naturaleza, pues no acreditaba la afiliación efectiva ni la cobertura previsional exigida, y carecía de la legalización requerida para que pueda producir efectos legales en Chile, conforme al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y a la interpretación oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Asegura que, por lo tanto, la actuación de esta Administradora en relación con ambas solicitudes se ha ceñido estrictamente a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. Respecto a la primera solicitud, el rechazo se fundamentó en la falta de acreditación de una afiliación vigente al sistema previsional extranjero y en la omisión de documentos habilitantes indispensables, mientras que, en la segunda, el rechazo se basó en la presentación de un documento erróneo y carente de la legalización exigida por el ordenamiento jurídico chileno, además de la imposibilidad de validar la relación laboral debido a la ilegibilidad de los contratos adjuntos. En ningún caso la actuación de esta Administradora constituyó una interpretación antojadiza de la normativa, ni vulneró derechos ni garantías de la recurrente, sino que respondió a la aplicación rigurosa del marco legal que regula el procedimiento de devolución de fondos previsionales, velando por la seguridad jurídica y la legalidad del sistema. En consecuencia, no resulta procedente sostener que haya existido arbitrariedad o ilegalidad en las decisiones adoptadas.

Sobre la improcedencia de la acción de protección, invoca lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política la República, y aduce que el recurso de protección materia de estos autos no cumple con ninguno de sus requisitos de procedencia.

Sostiene que el comportamiento adoptado por su representada no ha sido ni ilegal ni arbitrario en lo que respecta a la situación que afecta a la recurrente de autos, ni mucho menos ha carecido de razonabilidad, refiriéndose a las normas previamente abordadas en el informe, e invocando jurisprudencia sobre la materia.

Refiere que, al no existir un acto u omisión ilegal o arbitraria, la recurrente no ha sufrido ningún agravio por la conducta ejecutada por parte de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., y destaca que su parte no ha privado, perturbado ni amenazado ninguna de las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile.

Concluye solicitando rechazar en todas sus partes el recurso de protección interpuesto en contra de AFP UNO S.A. por parte de la recurrente de autos doña nombre reservado, con costas.

TERCERO: Que conforme es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

CUARTO: Que el acto que se estima ilegal y arbitrario por parte de la recurrente es que la A.F.P. UNO se ha negado a la devolución de los fondos allí cotizados, no obstante reunir -a su juicio- todos los requisitos establecidos por la Ley N°18.156.

QUINTO: Que siendo la materia respecto a la procedencia de la Ley N°18.156, corresponde traer a colación las normas aplicables al caso. Al efecto, el artículo 1° de la Ley N°18.156 dispone que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

A su turno, el artículo 7° de la misma ley señala: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que se den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

SEXTO: Que la revisión del documento aparejado por la recurrente, denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones” permite constatar que efectivamente el mismo no satisface las exigencias de los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, esto es, no ha sido debidamente legalizado ni se encuentra apostillado, en términos que no es posible asignarle un carácter fehaciente;

SEPTIMO: Que, acorde a lo expuesto, necesariamente se debe concluir que las exigencias que fundan la negativa de la A.F.P. UNO S.A., encuentran sustento en la ley y en los criterios entregados por la Superintendencia de Pensiones, a cuya fiscalización se encuentra sujeta la recurrida, lo que descarta que su actuación se haya apartado de la legalidad vigente o que constituya una discriminación arbitraria.

Por el contrario, su decisión se ajusta al procedimiento fijado en la Ley N°18.156, para atender solicitudes de la naturaleza efectuada por la recurrente, motivo bastante para desestimar el recurso de protección que se examina, al no existir actuación alguna que deba ser corregida por este medio.

OCTAVO: Que, a mayor abundamiento, la presente vía no resulta idónea para la discusión planteada en el recurso, no sólo por existir los procedimientos específicos correspondientes, a los que debe sujetarse la recurrente; sino también porque lo relevante, en definitiva, es que la recurrente carece de un derecho indubitado que pueda ampararse a través del ejercicio de esta acción de protección, la que busca la tutela inmediata y objetiva frente a vulneraciones ostensibles de los derechos establecidos en el artículo 20 de la Carta Fundamental, los que no deben merecer duda alguna en cuanto a su existencia y ejercicio por el afectado.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A.

Se previene que el Ministro (S) Sr. Valderrama Martínez, concurre al rechazo del recurso de protección interpuesto, teniendo únicamente en consideración para ello los siguientes fundamentos:

1. - Que la naturaleza cautelar y de urgencia de la acción constitucional de protección, hace indispensable que el recurrente invoque la afectación de un derecho preexistente e indubitado.

2. - Que, de la revisión de los antecedentes surge que la materia sometida al conocimiento de este Tribunal dice relación con una cuestión que excede por mucho de la naturaleza cautelar y de la urgencia de la que se ha dotado a la acción de protección, debiendo tal pretensión ser sometida al conocimiento del tribunal por ley llamado para ello, en el marco de un procedimiento que otorgue a las partes las garantías procesales correspondientes, no siendo la acción en comento la vía idónea para tal efecto.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-14365-2025.