Protección contra Superintendencia de Seguridad Social y la Comisión de Medicina Preventiva e Inva

C.A. de Santiago.

Santiago, veinticinco de septiembre de dos mil veinticuatro.

Proveyendo al escrito folio 22: téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que doña nombre reservado interpone acción constitucional de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana, argumentando que dichas entidades habrían vulnerado las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N° 1 y 24 de la Constitución Política de la República, al dejar sin efecto el pago de subsidios derivados de las licencias médicas N° 97009160-2 y 98399990-5.

La licencia N° 97009160-2 corresponde al descanso prenatal, extendida por 31 días de reposo desde el 29 de diciembre de 2023 hasta el 28 de enero de 2024, mientras que la licencia N° 98399990-5 corresponde al descanso postnatal, extendida por 84 días de reposo desde el 29 de enero de 2024 hasta el 21 de abril de 2024.

La actora solicita que se ordene a las recurridas el pago de los beneficios derivados de las mencionadas licencias médicas, alegando que el rechazo de estos subsidios afecta su derecho a la vida e integridad física y psíquica, así como su derecho de propiedad sobre las prestaciones de seguridad social que le corresponderían, aseverando que cumple con los requisitos establecidos en el inciso primero del artículo 4° del D.F.L N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral.

SEGUNDO: Que, al informar, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana, representada por don nombre reservado, señala que, en cumplimiento de lo ordenado por la Superintendencia de Seguridad Social en resolución exenta N° R-01-UJU-59805-2024 de fecha 11 de abril de 2024, que dispuso el pago de los beneficios derivados de las licencias médicas en estudio, se procedió a revisar la situación de la recurrente, estableciéndose que la señora nombre reservado es socia de la entidad que aparece como empleadora, esto eso, Guajardo, Pinto y nombre reservado Limitada, la cual está constituida por 3 socios con porcentajes de participación igualitarios, teniendo todos en forma indistinta el uso de la razón social, agregando que la sociedad no registra movimientos suficientes para justificar el ingreso declarado de $800.000 mensuales, ya que la empresa factura por ventas solamente $2.000.000 al mes.

Dado lo anterior, la Comisión estimó que la recurrente no tiene la calidad de trabajadora dependiente, sino que independiente, invocando la Circular N° 3425, de 12 de junio de 2019, de la Superintendencia de Seguridad Social, que instruye a las entidades pagadoras de subsidio que, para el otorgamiento de dicho beneficio, deberán exigir a los trabajadores independientes que acrediten que desempeñan efectivamente una actividad que les genera ingresos.

Agrega que, respecto del trabajador independiente voluntario, esto es, el que tiene derecho a licencia médica por ejercer una actividad que le genera ingresos que fuere distinta del artículo 42 N°2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, se debe acreditar que ejerce una actividad que genera ingresos, para cuyo efecto debe exigirse que presente antecedentes tales como iniciación de actividades, patentes, la efectividad de sus ingresos y otros medios de prueba que acrediten fehacientemente la actividad que le genera ingresos y el monto de éstos.

Concluye que, al no haber acreditado por la protegida el ejercicio efectivo de una actividad que genere ingresos como trabajadora independiente, se procedió a dejar sin efecto la resolución que ordenaba el pago de los subsidios, autorizando las licencias médicas, pero sin derecho a dicho beneficio económico.

Termina aseverando que basó su decisión en que la finalidad del subsidio por incapacidad laboral es reemplazar la remuneración del trabajador dependiente o la renta de actividad en la situación del trabajador independiente, mientras se encuentra afectado de incapacidad laboral, y que conforme a ello, los que coticen voluntariamente, sin tener la calidad de trabajadores independientes, no tienen derecho al beneficio del subsidio por incapacidad laboral.

TERCERO: Que, por su parte, la Superintendencia de Seguridad Social, representada por doña nombre reservado, informa que inicialmente, mediante Resolución Exenta N° R-01-UJU-59805-2024, de 11 de abril de 2024, había instruido a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana que efectuara el pago de los beneficios derivados de las licencias médicas de descanso maternal prenatal y postnatal materia de los antecedentes, salvo que advirtiese algún impedimento legal. Esta decisión se basó preliminarmente en que la actora cumplía con los requisitos establecidos en el inciso primero del artículo 4° del D.F.L N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, teniendo afiliación de al menos seis meses al sistema previsional y registrando 153 días cotizados dentro de los 180 días anteriores al inicio de la licencia médica prenatal.

Posteriormente, con fecha 16 de mayo de 2024, la mencionada Comisión solicitó la reconsideración de dicha resolución, aportando los antecedentes mencionados en el acápite que precede sobre la calidad de socia de la señora nombre reservado en la empresa que figuraba como su empleadora. Agrega que, en virtud de esta nueva información, la Superintendencia de Seguridad Social, mediante Resolución Exenta N° R-01-S-79776-2024 de fecha 22 de mayo de 2024, acogió la solicitud de reconsideración, dejando sin efecto la resolución anterior que había instruido el pago de los subsidios.

Sustentó dicha decisión en que la protegida no habría acreditado su condición de trabajadora independiente ni proporcionó los medios para demostrar que ejerce una actividad que genera ingresos, conforme a lo exigido por la Circular N° 3425, de 12 de junio de 2019, añadiendo que la sociedad por la que figura contratada, de la que es socia mayoritaria, no registra movimientos suficientes para justificar el ingreso declarado.

Por tales motivos, sostiene que su actuación se ajustó a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras, citando el artículo 3º de la Ley N° 16.395, que la designa como autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, y el artículo 38 letra d) de la misma ley, que le otorga la facultad de emitir instrucciones para el mejor otorgamiento de los beneficios a los imponentes. Asimismo, invoca el artículo 27 de la Ley Nº 16.395 que somete al Servicio Nacional de Salud al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario.

A su vez, la autoridad recurrida niega haber vulnerado las garantías constitucionales invocadas, argumentando que no existe un derecho de propiedad sobre eventuales subsidios sin que medie una licencia médica debidamente autorizada, y que su actuación responde al mandato legal al observarse un impedimento legal para el pago de los subsidios de acuerdo con los requisitos establecidos en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Finalmente, cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones de Rancagua en que se ha rechazado recursos de protección en casos similares, arguyendo que el sólo examen formal de los documentos no resulta suficiente para estimar concurrente el vínculo de subordinación y dependencia que se requiere como presupuesto para autorizar el pago del subsidio de maternidad de las licencias médicas.

CUARTO: Que, en lo que atañe al asunto que es materia de este arbitrio, aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que, respecto a la defensa relativa a la improcedencia del recurso de protección por guardar relación con materias de seguridad social, será desestimado, dado que basta considerar que el hecho denunciado, de ser efectivo, puede conculcar otras garantías como la de los numerales 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, lo que obliga a su revisión en los términos en que el recurso ha sido intentado.

SEXTO: Que, en cuanto al fondo, corresponde determinar si la decisión de la recurrida SUSESO de confirmar el rechazo de las licencias médicas de la recurrente, previamente resuelto por la COMPIM, constituye un acto arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos de la parte actora.

SÉPTIMO: Que el otorgamiento de licencia médica está regulado por el Decreto Fuerza de Ley N°3 de 1981 del Ministerio de Salud, que “fija Normas para el Otorgamiento de Prestaciones y Beneficios de Salud, por Instituciones de Salud Previsional”; por el Decreto Supremo N°3 del mismo Ministerio que “aprueba Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud”. En este último, se define licencia médica como: “el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en la proporción que corresponda.”

Asimismo, en su artículo 11 y siguientes, se regula su tramitación, y el artículo 21, indica que: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas”. Describiendo que se puede “disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica”, presupuestos para acceder al pago del subsidio temporal.

OCTAVO: Que, en relación con el fondo del asunto, acorde a los antecedentes que se tuvieron a la vista en las instancias en que el órgano técnico se pronunció sobre el derecho a descanso por enfermedad, consta que la protegida no acreditó, dada su calidad de trabajadora independiente, la obtención de ingresos, incumpliendo con ello lo previsto en la Circular N° 3425, de 12 de junio de 2019, de la Superintendencia de Seguridad Social, que instruye a las entidades pagadoras de subsidio que, para el otorgamiento de dicho beneficio, deberán exigir a los trabajadores independientes que acrediten que desempeñan efectivamente una actividad que les genera ingresos.

Lo anteriormente explicitado evidencia el incumplimiento de los requisitos para la emisión de licencias médicas de patologías mentales exigidos en el Decreto Supremo N° 7 de 2013, pues según se dijo, los informes médicos aportados por el recurrente omiten consignar antecedentes relevantes para justificar el reposo por el diagnóstico de la patología que lo aquejaba, requeridos por la normativa vigente.

NOVENO: Que, en este sentido, debe apuntarse que la licencia médica da cuenta de un impedimento amparado por la ley, en virtud del cual el trabajador se encuentra excusado de trabajar mientras dure el reposo, terminado el cual debe reintegrarse a sus labores. Sin embargo, en el caso de autos la autoridad técnica en la materia, de conformidad a lo que disponen los artículos 16 y 21 del Decreto Supremo N° 3, de 1984 del Ministerio de Salud y los artículos 3° y 4° del Decreto Supremo N° 7 de 2013, determinó que las licencias reclamadas, sobre la base de los antecedentes tenidos a la vista, junto a los informes de su médico tratante, no permiten establecer incapacidad temporal más allá del periodo de reposo previamente autorizado por falta de elementos que las justifiquen.

En consecuencia, de los antecedentes aportados a estos autos es posible tener por establecido que las decisiones objetadas se ajustan al Reglamento Sobre Guías Clínicas Referenciales, relativas a los Exámenes, Informes y Antecedentes que deberán respaldar la Emisión de Licencias Médicas, según el tipo de patología y duración de reposo laboral, motivo por el cual procede descartar la arbitrariedad en las conductas cuestionadas, lo que permite concluir, asimismo, que las recurridas, en cuanto organismos técnicos en la materia, actuaron en el marco de sus atribuciones legales y con estricto apego a los criterios médicos de orden general, previamente definidos.

DÉCIMO: Que de lo que se viene razonando, ha quedado de manifiesto que el acto impugnado se emitió por la recurrida en virtud de sus atribuciones y dentro de sus competencias legales, además, aparece apoyado en motivaciones suficientes que resultan idóneas, como asimismo dotadas de justificación y legitimidad, por lo que la acción de protección no podrá prosperar.

Por las consideraciones anotadas y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y lo preceptuado en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso interpuesto por doña nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°Protección-14.361-2024.-