Protección contra dicho acto

C.A. de Santiago Santiago, uno de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos:

Primero: Que comparece el abogado Francisco Ricardo Martínez Briones, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, secretaria, soltera y en favor suyo y de su hijo nombre reservado, 10 años de edad, interponiendo recurso de protección al tenor del artículo 20 de la Constitución Política de la República, contra el Servicio Nacional de Migraciones y de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, por la dictación de la Resolución Exenta N°NUM000 de 30 de abril de 2026, que rechazó el recurso de reposición y mantuvo el desistimiento de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada.

Relata que trabajó en la Alcaldía de San Francisco, estado Zulia, como ayudante de asistente contable y que su vida cambió drásticamente cuando su pareja y padre de mi hijo, quien era policía, salió de Venezuela debido a las condiciones de inseguridad. Explica que su ausencia la dejó en una posición de extrema vulnerabilidad, siendo víctima de acoso y abuso por parte de su jefe inmediato. Tras negarse a sus pretensiones, fue amenazada con ser denunciada como "traidora a la patria", un acto común en el régimen venezolano para intimidar a quienes no se someten a su control. Tales amenazas aumentaron al punto de que armados motorizados llegaron hasta su hogar, generando un temor inmenso por su vida y la de su familia. Ese mismo día, su madre, en medio de la desesperación, le instó a huir con su hijo para protegerse. Salió de su país el 18 de julio de 2023.

Expone que ingresó el 2 de agosto de 2023 por la localidad de Chacayuta, por paso no habilitado, por vía terrestre, recorriendo Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, para finalmente arraigar su proyecto de vida en Chile. Así, se ha establecido junto a su hijo, quien se encuentra en etapa de escolaridad básica y conforma su núcleo familiar. En su calidad de madre y cabeza de familia, la falta de reconocimiento de una calidad migratoria oficial le genera una situación de incertidumbre que perturba el pleno uso y goce de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto respecto de ella como de su hijo, cuya estabilidad, integración y desarrollo dependen de la protección que solicita del Estado de Chile.

Expone que concurrió ante el Servicio Nacional de Migraciones a presentar su solicitud de ingreso al procedimiento de determinación de la condición de refugiada, pero mediante Resolución Exenta N°NUM001 de 28 de noviembre de 2024, se le comunicó que no cumplía con los requisitos formales mínimos de la Ley N°20.430 y su Reglamento, otorgándosele un plazo de quince días hábiles para subsanarlos, bajo apercibimiento de tenerla por desistida conforme al artículo 28 bis de esa ley y artículo 31 de la ley N°19.880. Ya que, si bien los presentó dentro de plazo, la autoridad estimó que no subsanaban el requisito formal faltante, pero sin indicarle cuáles serían esos documentos omitidos. Presentó reposición ante el Departamento de Refugio y Protección Internacional, al amparo del artículo 139 de la Ley N°19.880, solicitando la revisión de su caso y la aplicación de protección complementaria, e invocando haber sido asesorada por el ACNUR, pero dicho recurso fue rechazado por la Resolución Exenta N°NUM000 el 30 de abril de 2026, que mantuvo firme el desistimiento.

Afirma que el acto recurrido carece de fundamentación, por cuanto no se le dijo cuáles serían los datos o documentos faltantes que habrían justificado el desistimiento, impidiéndole el ejercicio de su defensa. Invoca los principios interpretativos del Capítulo IV de la Ley N°20.430, en particular el de interpretación conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos (artículo 10), el de trato más favorable (artículo 11) y el de no menoscabo (artículo 12), sosteniendo que en ningún caso debió operar el desistimiento o abandono de la solicitud de refugio.

Añade que la propia norma supletoria deja sin efecto lo resuelto, al invocar el artículo 32, inciso 4° de la Ley N°19.880, sobre medidas provisionales. Asimismo, dice que la respuesta del Servicio fue tardía, en contravención del plazo de seis meses del artículo 27 de la Ley N°19.880, aplicable supletoriamente conforme al artículo 25 de la Ley N°20.430 y a los artículos 30 y 31 del Decreto Supremo N°837 de 2010, sin que concurra caso fortuito o fuerza mayor en los términos del artículo 45 del Código Civil.

Invoca la normativa de la Ley N°21.325, en cuanto a la interpretación conforme a la Constitución y a los tratados internacionales (artículo 11) y al principio pro homine (artículo 12), así como la protección complementaria de su artículo 10. Sostiene que le asiste el derecho al reconocimiento de la condición de refugiada al tenor del artículo 2° N°2 de la Ley N°20.430, por haber huido de un país cuya situación de violencia generalizada y violación masiva de derechos humanos amenazó su vida, seguridad y libertad. Invoca, además, las reglas especiales de interpretación del artículo 4° de la Ley N°21.675, que resguardan el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; la Resolución 2/18 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre migración forzada de personas venezolanas, que exhorta a los Estados a garantizar el reconocimiento de la condición de refugiado mediante procedimientos justos y eficientes y a expandir los canales regulares de migración, incluida la protección complementaria; los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena, sobre observancia de los tratados; y el principio de no devolución del artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

Finalmente expresa que el acto impugnado perturba diversas garantías constitucionales, a saber, la protección de la familia como núcleo fundamental de la sociedad (artículo 1°, incisos segundo a quinto), el límite a la soberanía en el respeto a los derechos esenciales (artículo 5°, inciso segundo), la sujeción de los órganos del Estado a la Constitución (artículo 6°), el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica (artículo 19 N°1), la igualdad ante la ley (artículo 19 N°2), la igual protección de la ley y el debido proceso (artículo 19 N°3, incisos primero y sexto), la protección de la salud (artículo 19 N°9), el derecho a la educación (artículo 19 N°10) y la libertad de trabajo (artículo 19 N°16). Agrega que el agravio trasciende a su hijo, cuyo interés superior debe primar conforme a la Declaración de los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos del Niño (Decreto N°830) y el artículo 7 de la Ley N°21.430, e invoca los artículos 5, 6, 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Decreto N°326).

Pide que se tenga por interpuesto el recurso de protección por la perturbación de las garantías constitucionales invocadas a fin de obtener el reconocimiento de la condición de refugiada de su representada o, en subsidio, el otorgamiento de la protección complementaria del artículo 10 de la Ley N°21.325.

Segundo: Que, evacuando su informe, la Subsecretaría del Interior, solicita el rechazo de la acción señalando que habiendo identificado deficiencias formales en la presentación de la extranjera, mediante Resolución Exenta N°NUM001 de 28 de noviembre de 2024, se le otorgó un plazo de quince días hábiles para subsanar los requisitos formales mínimos de la Ley N°20.430 y su reglamento, lo que no se verificó por lo que se la tuvo por desistida de la solicitud, conforme a los artículos 28 bis de la Ley N°20.430 y 31 de la Ley N°19.880. además, las resoluciones fueron dictadas por el organismo competente, dentro de la esfera de sus atribuciones.

En cuanto a la normativa aplicable, el caso se rige por la Ley N°20.430 y su reglamento, Decreto Supremo N°837 de 2010, sobre protección de refugiados. Y según el artículo 19 de dicha ley, el otorgamiento, rechazo, cesación, cancelación o revocación de la condición de refugiado corresponde al Ministerio del Interior, mediante resolución del Subsecretario del Interior exenta del trámite de toma de razón, teniendo en consideración los antecedentes y recomendaciones de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado creada por el artículo 20.

Destaca que el artículo 24 dispone que el Subsecretario contará con una Secretaría Técnica, función que ejerce en los hechos el Departamento de Refugio y Protección Internacional del Servicio, encargado de elaborar los informes técnicos que permiten resolver las solicitudes. Así, la entrevista individual es etapa obligatoria y esencial, que puede extenderse al grupo familiar, conforme al artículo 30, así como la recopilación de información del país de origen conforme al artículo 31. El artículo 26 dice que toda solicitud debe presentarse personalmente en oficinas del Servicio, en virtud del principio de confidencialidad del artículo 7 y el artículo 28 bis regula expresamente el procedimiento de declaración de desistimiento, otorgando un plazo de quince días hábiles para subsanar, en concordancia con el artículo 146 de la Ley N°21.325.

Sostiene, en cuanto a la competencia para informar, que el procedimiento de determinación de la condición de refugiado es un procedimiento complejo, cuya tramitación se inicia ante el Servicio Nacional de Migraciones, a quien corresponde recibir las solicitudes, evaluar el cumplimiento de los requisitos formales y realizar las entrevistas de elegibilidad.

Expone que los hechos alegados se enmarcan en la etapa previa a la intervención del Ministerio del Interior, cartera que solo debe pronunciarse sobre el otorgamiento o rechazo de la condición conforme al artículo 19, por lo que no le corresponde pronunciarse respecto de la acción, al no haber participado del procedimiento ni de la resolución impugnada.

Agrega que, conforme al artículo 28 bis, si la solicitud cumple los requisitos formales de los artículos 26 y 28 de la ley y 37 del reglamento y no es manifiestamente infundada, el procedimiento continúa y se otorga visa de residente temporal, pero que en la especie la Secretaría Técnica estimó que las peticiones no cumplían los requisitos formales mínimos. Concluye que el procedimiento se desarrolló conforme a la Ley N°20.430 y su reglamento, que la resolución impugnada fue pronunciada por autoridad competente en uso de sus facultades, y que no procede cuestionar su mérito por vía judicial.

Tercero: Que, por el Servicio Nacional de Migraciones, se solicita también el rechazo de la acción en todas sus partes, por no configurarse los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, al no existir acto u omisión que pueda calificarse de arbitrario o ilegal.

Expone que el 29 de agosto de 2024 la recurrente solicitó acogerse al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiada, asignándosele el ID N°NUM002. El 26 de diciembre de 2024 el Servicio dispuso el desistimiento de la solicitud, al no haberse subsanado oportunamente la falta de requisitos formales dentro del plazo otorgado. El 3 de enero de 2025 la recurrente interpuso, a través del Portal de Trámites Digitales, recurso de reposición en contra de dicho acto, el que fue rechazado mediante Resolución Exenta N°NUM000 de 30 de abril de 2026, notificada a la extranjera mediante correo electrónico dirigido a la casilla proporcionada por ella al momento de presentar su solicitud.

Sostiene, en cuanto al derecho, que la acción carece de oportunidad y eficacia, por cuanto el Servicio ya se pronunció respecto del recurso administrativo, rechazando las pretensiones en él contenidas conforme a los fundamentos de la referida resolución. En consecuencia, no existe actualmente acto u omisión arbitrario o ilegal que atente contra alguna de las garantías del artículo 20 de la Constitución Política de la República, en especial porque la autoridad migratoria ya se pronunció sobre la reposición, y que la acción carece de toda oportunidad y eficacia. Expone que ha actuado con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, por lo que no existe perturbación alguna de los derechos de la recurrente.

Cuarto: Que la Constitución Política de la República en su artículo 20 establece: “[e]l que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Procederá, también, el recurso de protección en el caso del Nº8º del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada.”

Quinto: Que de acuerdo con lo anterior esta acción constituye jurídicamente una de carácter cautelar y de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes o indubitados que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la protección del afectado/a ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio, sin que pueda serle restringida dicha facultad.

Sexto: Que si bien de acuerdo a la normativa vigente relativa al estatus de refugiado los antecedentes no fueron acompañados por la recurrente también lo es que la especial calidad en que se encuentra, sola a cargo de su hijo implica una situación de vulnerabilidad que debe ser tenida en cuenta a fin de permitirle efectuar las diligencias necesarias para la regularización de su situación migratoria.

Por estas consideraciones, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado y su hijo nombre reservado, solo en cuanto se ordena al Servicio Nacional de Migración revisar los antecedentes particulares de ambos y decidir su situación migratoria pero en base al sistema ordinario de cobertura legal, señalándole claramente los documentos que debe presentar y el plazo razonable que se le otorga para ello, no inferior a 60 días.

Regístrese y comuníquese.

N°Protección-14356-2026.