nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veintidós de septiembre de dos mil veintiséis.

A los folios 11 y 13: téngase presente.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra en representación de nombre reservado, ciudadano ecuatoriano, y deduce recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y de la Superintendencia de Pensiones, por estimar ilegal y arbitrario el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales formulada por su representado en calidad de técnico extranjero, al amparo de la Ley N°18.156, actuación que vulneraría las garantías consagradas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Expone que su representado prestó servicios en Chile para el Hospital de Linares y que, con fecha 20 de abril de 2026, presentó ante AFP Modelo, a través del portal web institucional, una solicitud de devolución de fondos previsionales acogida a la franquicia de la Ley N°18.156, acompañando su título profesional apostillado, certificado de relación laboral emitido por el Hospital de Linares y certificado de afiliación emitido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, debidamente legalizado.

Afirma que la recurrida rechazó la solicitud -notificándole por correo electrónico con fecha 29 de abril de 2026- sobre la base de una interpretación formalista y restrictiva de la normativa previsional, exigiendo requisitos que, a su juicio, no están expresamente previstos en la ley. Sostiene que tal proceder importa una discriminación arbitraria respecto de otros solicitantes que se encontrarían en igual situación, y una privación ilegal de su derecho de propiedad sobre los fondos previsionales acumulados en su cuenta de capitalización individual, por lo que solicita se declare ilegal y arbitrario el acto impugnado, se tenga por válida la documentación acompañada y se ordene un nuevo pronunciamiento sobre su solicitud dentro de plazo razonable, con la consiguiente devolución de los fondos.

Segundo: Que evacúa informe la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y solicita el rechazo del recurso deducido, con expresa condena en costas.

Argumenta que su representada no ha incurrido en acto ilegal ni arbitrario, desde que la decisión impugnada se ajusta a la normativa legal vigente, al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a las instrucciones obligatorias impartidas por la Superintendencia de Pensiones, órgano regulador del sistema.

Explica que la solicitud fue denegada por no cumplirse los requisitos copulativos previstos en el artículo 1° de la Ley N°18.156. Señala, en particular, que el certificado de afiliación emitido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social acompañado por el recurrente data del mes de abril de 2026, en circunstancias que el actor prestó servicios para el Hospital de Linares entre los años 2009 y 2025, de manera que dicho documento no permite acreditar que haya contado con cobertura previsional en el extranjero, de forma continua y efectiva, durante el período de prestación de servicios en Chile respecto del cual se solicita la devolución.

Añade que tampoco consta que el recurrente haya manifestado, en su contrato de trabajo o en un anexo del mismo, la voluntad de mantener su afiliación al régimen de seguridad social ecuatoriano, exigencia contemplada en la letra b) del artículo 1° de la Ley N°18.156, haciendo presente que el recurrente ni siquiera acompañó copia de dicho contrato.

Finalmente, señala que la recurrida se encuentra obligada a acatar las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, expresadas, entre otros, en los Oficios N°21.341 de 2023 y N°3.141 de 2024, que exigen acreditar cobertura previsional extranjera continua y efectiva durante toda la prestación de servicios en Chile, de manera que apartarse de dicho estándar le acarrearía responsabilidad administrativa, descartando así cualquier atisbo de arbitrariedad.

Tercero: Que evacúa informe la Superintendencia de Pensiones, mediante Oficio Ordinario N°10990, y solicita, en lo principal, que se declare improcedente el recurso a su respecto, por exceder la materia debatida el ámbito propio de la acción cautelar de protección; y, en subsidio, su rechazo, con costas.

Hace presente que el recurrente no registra ante ese organismo reclamo ni presentación alguna relativa a los hechos que motivan el recurso, ni el libelo individualiza acto u omisión concreto que le sea imputable. Sostiene, además, que la controversia planteada -relativa al cumplimiento o no de los requisitos legales para acceder a la devolución de fondos previsionales- importa la declaración de un derecho no indubitado, materia propia de un procedimiento de lato conocimiento y ajena a la naturaleza cautelar y de urgencia del recurso de protección. En subsidio, niega haber incurrido en ilegalidad o arbitrariedad y hace notar, además, que al haber prestado servicios para un establecimiento de salud de carácter público, no es posible descartar que el vínculo del recurrente se haya regido por un estatuto especial de derecho público y no por el Código del Trabajo, hipótesis en la cual no resultaría aplicable el régimen de excepción de la Ley N°18.156, cuestión que tampoco fue aclarada por el recurrente.

Cuarto: Que la acción constitucional de protección prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye un arbitrio cautelar destinado a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, cuando, por causa de actos u omisiones ilegales o arbitrarios, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguna de las garantías expresamente amparadas por dicha disposición.

De ello se sigue que su procedencia exige la existencia de un derecho preexistente e indubitado y de una actuación u omisión imputable al recurrido que revista alguno de aquellos caracteres.

Quinto: Que, en lo que respecta a la Superintendencia de Pensiones, cabe tener presente que el recurrente no individualiza en su libelo acto u omisión propio de dicho organismo, ni consta en autos que se le haya formulado ante él gestión, reclamo o solicitud alguna vinculada a los hechos que motivan esta acción. En estas condiciones, no existiendo una actuación u omisión concreta que le sea atribuible, el recurso no puede prosperar a su respecto, por faltar el presupuesto básico de la acción cautelar de protección, cual es la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario imputable al recurrido.

Sexto: Que, en lo que concierne a la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., la controversia sometida al conocimiento de esta Corte radica en determinar si el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales formulada por nombre reservado al amparo de la Ley N°18.156 constituye un acto ilegal o arbitrario y, en caso afirmativo, si con ello se han conculcado las garantías de igualdad ante la ley y de propiedad invocadas por el recurrente.

Séptimo: Que conviene tener presente que la Ley N°18.156 establece un régimen excepcional de exención previsional para técnicos extranjeros. En lo que interesa, su artículo 7° en relación con su artículo 1° prescribe que los trabajadores extranjeros que registraren cotizaciones en una AFP podrán solicitar la devolución de las mismas, siempre que cumplan con las siguientes condiciones copulativas: a) que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, de cualquier naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Octavo: Que, atendido el carácter excepcional de la franquicia invocada, las normas que la establecen deben interpretarse y aplicarse en forma estricta. En esa línea, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones -órgano al que corresponde la supervigilancia y fiscalización del sistema y cuyas instrucciones son obligatorias para las Administradoras, conforme al artículo 94 del Decreto Ley N°3.500- han exigido que la cobertura previsional extranjera sea acreditada de manera efectiva, específica y continua durante todo el período en que el técnico extranjero prestó servicios en Chile y respecto del cual solicita la devolución de cotizaciones.

Noveno: Que del mérito de los antecedentes acompañados aparece que el certificado de afiliación emitido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social data del mes de abril de 2026, en circunstancias que el período de prestación de servicios del recurrente en el Hospital de Linares se extendió, según lo expuesto por la propia recurrida sin ser controvertido con antecedente objetivo alguno, entre los años 2009 y 2025. De lo anterior se sigue que el documento acompañado no permite acreditar que el recurrente haya contado con cobertura previsional extranjera, efectiva y continua, durante el período por el cual solicita la devolución de sus fondos, sino, a lo sumo, una afiliación coetánea a la fecha de presentación de la solicitud.

Décimo: Que a lo anterior se suma que el recurrente no acompañó su contrato de trabajo ni antecedente alguno que permita constatar la manifestación de voluntad de mantener la afiliación al régimen de seguridad social ecuatoriano, exigencia contemplada en la letra b) del artículo 1° de la Ley N°18.156, ni aclaró la naturaleza jurídica del vínculo que lo unió con el Hospital de Linares, organismo público respecto del cual no consta si el recurrente se desempeñó bajo un estatuto especial de derecho público o bajo el Código del Trabajo, circunstancia relevante para la procedencia misma del régimen de excepción invocado.

Undécimo: Que el arbitrio en análisis es una acción constitucional destinada a dar protección respecto de derechos indubitados y no discutidos, calidad que no reviste el que aquí se invoca, puesto que, la sola existencia de un certificado que dé cuenta, de manera genérica, de una afiliación vigente a la fecha de su emisión no basta para satisfacer las exigencias legales, si de los antecedentes acompañados no es posible constatar la cobertura previsional efectiva durante el período de prestación de servicios en Chile ni la manifestación de voluntad exigida en el contrato de trabajo respectivo.

Duodécimo: Que, en este contexto, la Administradora recurrida se limitó a aplicar la normativa vigente y las instrucciones obligatorias impartidas por la Superintendencia de Pensiones, particularmente aquellas contenidas en los Oficios Ordinarios N°21.341 de 2023 y N°3.141 de 2024, que exigen acreditar una cobertura previsional extranjera continua y efectiva respecto de las contingencias legalmente previstas durante la permanencia del trabajador en Chile. Así, el rechazo de la solicitud no aparece como una decisión caprichosa, inmotivada o carente de fundamento, sino como una determinación adoptada a partir de los antecedentes acompañados y del marco normativo aplicable. En consecuencia, no se advierte ilegalidad ni arbitrariedad en el proceder de AFP Modelo S.A.

Decimotercero: Que descartada la existencia de un acto ilegal o arbitrario atribuible a la Administradora recurrida, y no existiendo acto u omisión imputable a la Superintendencia de Pensiones, no se vislumbra afectación alguna a las garantías de igualdad ante la ley y de propiedad invocadas por el recurrente.

Por consiguiente, al no configurarse los presupuestos de procedencia de la acción constitucional de protección respecto de ninguno de los recurridos, el recurso intentado en estos autos no podrá prosperar, debiendo ser desestimado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso deducido por el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra en representación de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y de la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

N° Protección-14350-2026.