nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, catorce de octubre de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente Primero: Que comparece nombre reservado, trabajador dependiente, por sí, interponiendo recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, representada legalmente por don nombre reservado, por haber instruido y aplicado descuentos sobre sus remuneraciones mensuales por concepto de un crédito social.

Expone que contrajo una obligación emanada de un crédito social, documentada en el pagaré N° 145CON100226042, cuyas cuotas presentaban fechas de vencimiento comprendidas entre el 31 de octubre de 2019 y el 31 de diciembre de 2023. Indica que, no obstante la prolongada morosidad, la acreedora permaneció inactiva y no entabló cobro compulsivo en sede jurisdiccional. Añade que, con el fin de clarificar su estado crediticio, promovió demanda ordinaria de prescripción extintiva ante el 12° Juzgado Civil de Santiago, autos Rol C-19158-2024, procedimiento que culminó con sentencia definitiva de 22 de octubre de 2025 que acogió la demanda y declaró prescrita la acción cambiaria emanada de dicho título, encontrándose dicha resolución firme y ejecutoriada desde el 5 de febrero de 2026.

Empero, asevera que a contar del mes de febrero de 2026, la recurrida comenzó intempestivamente a instruir a su empleador, Comercial Amazonas SpA, la realización de descuentos por planilla en sus remuneraciones bajo la glosa 'Descuento Crédito Personal CCAF', devengando deducciones sucesivas de $50.755 en febrero, $50.755 en marzo y $50.755 en abril de 2026, las cuales totalizan $152.265, todo ello sin notificación ni comunicación previa, menoscabando su liquidez remuneracional sin que exista juicio ejecutivo, mandamiento de embargo ni resolución judicial que legitime dicha afectación coactiva.

En cuanto a los fundamentos de derecho, sostiene que la entidad recurrida incurre en una evidente extralimitación de las facultades conferidas por el artículo 22 de la Ley N° 18.833, toda vez que desnaturaliza una prerrogativa concebida para el pago oportuno de las cuotas ordinarias, erigiéndola en una vía autónoma, indebida e indefinida de ejecución forzada de créditos largamente impagos, mutando un mecanismo de recaudación en una forma de autotutela proscrita por el ordenamiento jurídico. Invoca, asimismo, los artículos 7° y 58 del Código del Trabajo, destacando que el régimen laboral protege la intangibilidad de la remuneración frente a detrimentos extrajudiciales que carecen de habilitación normativa. Refuerza su argumentación en jurisprudencia de la Corte Suprema, citando en particular los pronunciamientos recaídos en los autos Rol N° 23.528-2018, Rol N° 125.593-2020, Rol N° 64.995-2023 y Rol N° 17.708-2023, decisiones que han calificado de antojadizo y caprichoso el actuar de las Cajas de Compensación que pretenden revivir de forma unilateral y a destiempo facultades legales de descuento cuando han dejado transcurrir dilatados períodos de inactividad procesal o cuando soslayan los medios jurisdiccionales idóneos de cobranza.

Sustenta el actor que el comportamiento atribuido a la recurrida conculca en forma directa sus garantías fundamentales: primeramente, vulnera la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, tutelada en el numeral 3° del artículo 19 de la Carta Fundamental, toda vez que se le sitúa en una posición desventajosa e injustificada respecto de la generalidad de los deudores civiles, sustituyendo el debido proceso y la discusión jurisdiccional por deducciones compulsivas de facto; en segundo término, atenta contra la libertad de trabajo y su debida protección, consagrada en el numeral 16° del mismo precepto, al privarlo indebidamente de la justa y pacífica percepción de los emolumentos alcanzados mediante la prestación legítima de sus servicios dependientes; y, finalmente, transgrede el derecho de propiedad previsto en el numeral 24° del reseñado artículo constitucional, al cercenar de forma inconsulta e ilegítima las remuneraciones devengadas que han ingresado irrevocablemente a su patrimonio personal, despojándolo de una fracción sustancial de sus ingresos sin contar con título ejecutivo subsistente ni pronunciamiento judicial válido que ampare dicho actuar.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes cesar inmediatamente todo descuento por planilla efectuado sobre las remuneraciones del recurrente que no se encuentre expresamente autorizado por resolución judicial dictada en procedimiento legalmente tramitado; se ordene el reintegro y devolución íntegra de todas las sumas descontadas de sus remuneraciones bajo la glosa 'Descuento Crédito Personal CCAF', con sus respectivos reajustes e intereses corrientes calculados desde la fecha de cada descuento y hasta su pago efectivo, incluyendo aquellas sumas que eventualmente se continúen descontando durante la sustanciación de la presente acción; que la recurrida se abstenga, directamente o por intermedio de terceros, en especial a través de Comercial Amazonas SpA o de cualquier actual o futuro empleador del actor, de instruir, solicitar o efectuar descuentos sobre sus remuneraciones por concepto de los créditos materia de autos mientras no exista resolución judicial expresa que así lo autorice; y que se condene en costas a la recurrida.

Segundo: Que, evacuando informe, la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes solicita el rechazo de la acción de protección deducida.

En cuanto a las circunstancias de hecho que fundan su defensa, refiere que con fecha 2 de septiembre de 2016 su representada concedió al recurrente don nombre reservado el crédito social código N° 145CON100226042, respecto del cual, ante la morosidad devengada, se suscribió con fecha 17 de diciembre de 2018 una reprogramación de la obligación ascendente a la suma de $1.429.568, con una tasa de interés del 2,2%, pagadera en 60 cuotas de $50.921 cada una, cuyo primer vencimiento acaeció el 31 de enero de 2019. Agrega que las cuotas N° 1 a la N° 10, correspondientes al período de enero a octubre de 2019, fueron pagadas entre el 10 de febrero de 2019 y el 25 de mayo de 2026, encontrándose a la fecha la aludida operación crediticia en cobranza judicial, manteniéndose impagas las cuotas N° 11 a la N° 60, vencidas entre noviembre de 2019 y diciembre de 2023.

En lo relativo al derecho, sostiene la inexistencia de una actuación arbitraria o ilegal. Arguye que las instrucciones de retención de las cuotas de crédito social cursadas a la entidad empleadora encuentran expreso sustento en el mecanismo compulsivo prescrito por el artículo 22 de la Ley N° 18.833, que imperativamente establece que lo adeudado por tales prestaciones debe ser deducido de la remuneración, retenido y remesado por el empleador afiliado, sujetándose a las normas de cobro de las cotizaciones previsionales. Asimismo, afirma que se trata del cobro de una obligación cuya acción no ha sido judicialmente declarada prescrita, toda vez que, a la luz de los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, la prescripción extintiva de derechos y acciones no opera de pleno derecho, sino que requiere ser formalmente alegada y declarada por los tribunales de justicia competentes en un juicio declarativo de lato conocimiento, no siendo la acción constitucional de protección una vía idónea para discutir ni declarar tales materias. De consiguiente, enfatiza que el recurrente no es titular de un derecho indubitado que obste a la exigibilidad del crédito, descartando así cualquier conculcación o amenaza a sus garantías constitucionales.

Sin perjuicio de lo anterior y de señalar expresamente que no reconoce la extinción de la deuda ni la veracidad de los hechos y argumentos esgrimidos en el libelo pretensor, informa que Caja Los Andes dispuso el cese definitivo de los descuentos aplicados sobre las remuneraciones del recurrente con motivo del aludido crédito social, así como también dispondrá la restitución íntegra de aquellas sumas efectivamente percibidas desde la reanudación de los cobros, precisando al efecto que las planillas de descuento se generan los días 25 del mes anterior, de modo que cualquier monto que pudiere ser remesado en el intertanto será correlativamente devuelto.

En razón de lo antedicho, concluye que la presente acción cautelar ha perdido oportunidad procesal, habida cuenta de que su representada allanó voluntariamente las pretensiones del recurso al ordenar la suspensión de las retenciones y la devolución de lo descontado, cesando con ello la necesidad de adoptar medidas cautelares de urgencia al amparo del artículo 20 de la Carta Fundamental.

Tercero: Que, por resolución del 30 de septiembre de 2026, esta Corte confirió traslado a la parte recurrente para que informe si los descuentos cesaron efectivamente y si ha recibido la devolución de lo descontado, traslado que se tuvo por evacuado en rebeldía mediante resolución dictada el 7 de octubre pasado.

Cuarto: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye un mecanismo cautelar de urgencia destinado a restablecer el imperio del derecho y brindar tutela inmediata ante actos u omisiones ilegales o arbitrarios que priven, perturben o amenacen de manera directa e indubitada el legítimo ejercicio de las garantías explícitamente protegidas.

Quinto: Que, del examen de los antecedentes aportados, se tiene por acreditado que, el 22 de octubre de 2025, se dictó por el 12° Juzgado Civil de Santiago en los autos caratulados “nombre reservado / nombre reservado”, Rol N° C-19158-2024, resolución que se encuentra firme y ejecutoriada, mediante la cual se declaró judicialmente la prescripción de la acción cambiaria emanada del pagaré N° 145CON100226042, título en que la recurrida pretende fundar el cobro objeto de autos.

Sexto: Que, sobre la materia, cabe enfatizar que la prórroga o mecanismo de descuento por planilla contemplado en el artículo 22 de la Ley N° 18.833 presupone de manera indispensable la existencia de una obligación civil o cambiaria vigente, exigible y no extinguida. Por consiguiente, habiendo sido la deuda declarada prescrita por sentencia firme y ejecutoriada, la obligación ha perdido toda exigibilidad.

Séptimo: Que, en tales condiciones, la conducta de la recurrida al reactivar unilateralmente los descuentos por planilla sobre la remuneración del recurrente por una deuda judicialmente declarada prescrita constituye un acto abiertamente ilegal y arbitrario. Dicho actuar vulnera el derecho de propiedad que el actor ostenta sobre sus remuneraciones, protegido por el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Octavo: Que la circunstancia de haber informado la entidad recurrida a folio 13 que dispuso el cese voluntario de los descuentos y la restitución de los valores retribuidos no impide que la acción constitucional de autos ser acogida. Por el contrario, habiéndose constatado la infracción constitucional derivada de cobrar por planilla una deuda declarada prescrita, se vuelve imperativo acoger la acción cautelar a fin de restablecer el imperio del derecho.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge la acción constitucional de protección interpuesta en favor de don nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, y en consecuencia se ordena:

I. Que la recurrida CCAF Los Andes deberá cesar en forma inmediata y definitiva toda instrucción o ejecución de descuentos por planilla sobre las remuneraciones del recurrente por concepto del crédito social objeto de autos.

II. Que la recurrida deberá restituir íntegramente al recurrente todas las sumas que hayan sido descontadas de sus remuneraciones a partir del mes de febrero de 2026 y hasta la fecha de su efectivo cese, dentro del plazo fatal de diez días hábiles contado desde que la presente sentencia quede ejecutoriada.

III. Que la CCAF Los Andes deberá acreditar oportunamente el cumplimiento de lo resuelto en los numerales precedentes ante esta Ilustrísima Corte.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-14344-2026.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por el Ministro señora Jenny Book Reyes, el Ministro (S) señor Christian Carvajal Silva y el Abogado Integrante señor Manuel Domingo Antonio Luna Abarza.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, catorce de octubre de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.