nombre reservado con AFP MODELO

C.A. de Santiago Santiago, veinte de enero de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, actuando en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, e interpone recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y la Superintendencia de Pensiones, por haber rechazado su solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero, acto notificado el veintidós de mayo de dos mil veinticinco. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que las recurridas realizaron una interpretación formalista de la normativa, desatendiendo la finalidad del legislador, e incorporaron requisitos no expresamente establecidos en la Ley N°18.156, a pesar de que la recurrente ha dado cumplimiento íntegro a los requisitos legales. Con ello, la recurrente considera vulnerados los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 N°2, N°24 y N°26 de la Constitución Política de la República, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas.

Expone que solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. la devolución de sus fondos previsionales, amparándose en la Ley N°18.156, que establece la exención de cotizaciones previsionales para técnicos extranjeros bajo ciertas condiciones. Dicha solicitud fue rechazada mediante correo electrónico de fecha veintidós de mayo de dos mil veinticinco, señalándose como motivos: en primer lugar, que la documentación presentada para acreditar su afiliación a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile (Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y declaración jurada) no cumple con los requisitos de la normativa vigente. En particular, la constancia electrónica no sería un certificado de afiliación, no señalaría las prestaciones cubiertas, no estaría firmada por quien la emite ni apostillada o legalizada. La AFP Modelo invoca el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y el Oficio N°3141 de la Superintendencia de Pensiones de veinte de febrero de dos mil veinticuatro, que exige acreditar en forma específica las coberturas de vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad, debidamente legalizado o apostillado. En segundo lugar, se le indicó que los anexos de contrato de trabajo, suscritos con empleadores en Chile, contenían manifestaciones de voluntad contradictorias, primando la obligación de cotizar en Chile, citando el Oficio N°12088 de la Superintendencia de Pensiones de tres de julio de dos mil veinticuatro, el cual establece que la voluntad de mantener afiliación a un régimen extranjero debe ser inequívoca. Concluyó que no se manifestó voluntad clara e inequívoca de mantener afiliación previsional fuera de Chile.

Así las cosas, fundamenta su acción en que ha dado cumplimiento íntegro a los requisitos establecidos en la Ley N°18.156, que en sus artículos 1° y 7° solo exige que el trabajador técnico extranjero se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que manifieste su voluntad de mantener dicha afiliación en el contrato de trabajo respectivo o sus anexos. Asevera que las recurridas incurren en una interpretación formalista de la normativa, al incorporar requisitos no expresamente establecidos en la ley, como la exigencia de legalización o apostilla, siendo que la constancia electrónica de afiliación puede ser verificada en el sitio web del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales mediante un código alfanumérico. Destaca que, además, acompañó un certificado de afiliación legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

En este sentido, agrega que actualmente no existen relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, lo que constituye un obstáculo insuperable para la obtención de documentos apostillados, situación que ha sido reconocida por la Excma. Corte Suprema en otras materias, como la migratoria. Argumenta que la recurrida yerra al desconocer la validez de la constancia electrónica verificable y al exigir formalidades adicionales no contempladas en la ley, lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 18 del Código Civil y el principio de que a lo imposible nadie está obligado, según el artículo 45 del mismo cuerpo legal.

Por otro lado, indica que otras Administradoras de Fondos de Pensiones han aceptado constancias electrónicas verificables, lo que evidencia un trato desigual hacia la recurrente. Sostiene que la normativa especial solo exige la manifestación de voluntad del técnico profesional extranjero de mantenerse afiliado a la seguridad social de su país de origen sin mayores formalidades, lo que la recurrida desconoce.

Por estas razones, solicita que se acoja el recurso de protección y, en su mérito, se ordene reconocer como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y, dentro de un plazo razonable, efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por la recurrente o las providencias que esta Corte estime necesarias para establecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, informando sobre el recurso de protección, la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. expuso que la recurrente, doña nombre reservado, con cédula de identidad N° RUT reservado, presentó el 20 de mayo de 2025 una solicitud de devolución de sus fondos previsionales, amparándose en la exención establecida en la Ley N°18.156 para trabajadores técnicos extranjeros, respecto de las cotizaciones enteradas por el empleador Liderman S.P.A., con RUT RUT reservado, solicitud a la que se le asignó el número 24019. Los documentos acompañados en dicha solicitud consistieron en: el Título Profesional de la recurrente; una Constancia Electrónica de Cotizaciones de fecha 11 de abril de 2025; otra Constancia Electrónica de Cotizaciones de fecha 15 de mayo de 2025; una Declaración jurada realizada ante notario público de fecha 17 de abril de 2025; el Contrato de Trabajo de fecha 13 de octubre de 2021 suscrito con el empleador Liderman S.P.A.; y un Anexo de contrato de fecha 12 de mayo de 2025 también suscrito con el empleador Liderman S.P.A.

En ese orden de cosas, explica que tras analizar los antecedentes presentados en relación con la Ley N°18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y la jurisprudencia administrativa de esta última, comunicó el rechazo de la solicitud mediante Memorándum N° 12873. Los motivos del rechazo fueron que la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no cumple con los requisitos de la normativa vigente, al no ser un certificado de afiliación, no señalar las prestaciones por las cuales la recurrente se encuentra cubierta de forma específica (solo genérica), no estar firmado por quien lo emite ni encontrarse apostillado o legalizado. Asimismo, la declaración jurada de fecha 17 de abril de 2025 tampoco cumplió con los requisitos, al no ser un certificado emitido por la entidad de seguridad social fuera de Chile ni por la Embajada o Consulado correspondiente.

Añade que se basó en lo instruido por la Superintendencia de Pensiones en Oficio N°3141 de 20 de febrero de 2024, que exige al trabajador aportar un documento que acredite en forma específica haber contado durante la prestación de servicios en Chile con protección para los riesgos de vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad, incluyendo si la cobertura de salud comprende prestaciones pecuniarias y médicas, y que dicha acreditación debe ser mediante un documento expedido por la autoridad previsional competente, consignando que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos durante todo el tiempo de prestación de servicios en Chile, requiriendo una constancia de afiliación o un certificado emitido por la Institución de Seguridad Social extranjera, debidamente legalizado o apostillado.

En relación con la documentación laboral, se solicitó acompañar el formato original y físico de la documentación suscrita con el empleador Liderman S.P.A., ya que no fue posible acreditar la veracidad y autenticidad de los documentos y su contenido, y se indicó que el anexo de contrato de trabajo de fecha 12 de mayo de 2025, que contiene firma electrónica avanzada, debía acompañarse firmado en original o en un formato electrónico que permitiera verificar las firmas, ya que las firmas electrónicas pierden validez al ser impresas o modificadas.

Afirma que no ha obstaculizado el proceso ni realizado una interpretación arbitraria de la norma, sino que ha seguido rigurosamente lo instruido por la Superintendencia de Pensiones y el espíritu de la normativa, que exige el cumplimiento de todos los requisitos para la devolución de fondos. Concluyó que la recurrente no acreditó su afiliación a un sistema previsional o de seguridad social extranjero ni su manifestación de voluntad durante la relación laboral para acogerse al régimen excepcional de la Ley N°18.156. Fundando en derecho su actuar, la recurrida invocó la Ley N° 18.156, específicamente sus artículos 7° y 1°, señalando que esta ley es un régimen de excepción que establece requisitos copulativos para la exención de cotizaciones y la devolución de fondos previsionales, los cuales deben interpretarse restrictivamente. Citó el Compendio del Sistema de Pensiones, Libro II, Título XI, que exige la acreditación de la afiliación mediante certificación debidamente legalizada de la institución de seguridad social correspondiente, y que la Superintendencia de Pensiones, de manera excepcional, ha señalado que se puede cumplir con un certificado emitido por la embajada o consulado respectivo. Hizo referencia al artículo 94 del D.L. 3.500, que otorga a la Superintendencia de Pensiones facultades para fiscalizar y fijar la interpretación de la legislación, con carácter obligatorio para las Administradoras. Mencionó el Oficio N° 21.480 de 20 de septiembre de 2017 de la Superintendencia de Pensiones, que requiere un documento debidamente legalizado o apostillado que acredite las coberturas exigidas por el artículo 1° de la Ley N° 18.156. Asimismo, citó los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, que regulan la legalización y apostilla de instrumentos públicos otorgados fuera de Chile para su validez en el país.

Recalcó que el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, Título XI, N° 2, letra b), establece que la documentación pertinente deberá presentarse debidamente legalizada. En cuanto a la manifestación de voluntad, se refirió al Compendio de Normas, Título XI, letra c), que exige que en el contrato de trabajo se exprese la voluntad de mantener la afiliación extranjera. Hizo valer el Oficio N°12.088 de 03 de julio de 2024 de la Superintendencia de Pensiones, que indica que si existen manifestaciones de voluntad contradictorias en el contrato (mantener afiliación extranjera y autorizar descuentos previsionales en Chile), debe primar la obligación de cotizar en Chile, no procediendo la devolución.

Destacó que las Administradoras de Fondos de Pensiones son sociedades anónimas fiscalizadas por la Superintendencia de Pensiones, debiendo cumplir estrictamente con sus instrucciones. Concluyó que, al actuar conforme a la ley y las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, no se ha incurrido en ningún acto u omisión arbitrario o ilegal que vulnere los derechos fundamentales de la recurrente.

TERCERO: Que, sin perjuicio de lo anterior, igualmente evacuó en autos informe la Superintendencia de Pensiones en términos concordantes con lo sostenido por la Administradora de Fondos, solicitando el rechazo del presente recurso, por una parte, al exceder la materia el ámbito de aplicación de la acción de protección, y por otro por no existir ilegalidad ni arbitrariedad en la negativa de la AFP, ya que ha dado cumplimiento estricto a la normativa aplicable, sin que haya además alegación en contra de la Superintendencia al respecto.

CUARTO: Que en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

QUINTO: Que, ahora bien, lo que se impugna a través de esta acción constitucional es la decisión de la recurrida, A.F.P. Modelo, que rechazó las solicitudes de retiro y/o devolución de fondos de pensión, realizada por la recurrente, por no haber acreditado su afiliación a un sistema previsional o de seguridad social extranjero y dado que no se pudo acreditar su manifestación de voluntad durante la relación laboral para acogerse al régimen excepcional contemplado en la Ley 18.156.

SEXTO: Que sobre el debate en particular, es menester relevar que según dispone el artículo 7 de la Ley 18.156: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Por su parte, el artículo 1 de dicho cuerpo legal prevé: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones.

a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

A su turno el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, de la Superintendencia de Seguridad Social, en su Libro II, Título XI. Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, la devolución de fondos previsionales exige: “b).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Asimismo, la Superintendencia de Pensiones ha señalado que excepcionalmente se puede cumplir este requisito, con un certificado emitido por la embajada o consulado respectivo, que, actuando en la representación legal de la institución de seguridad social, señale que cuenta con las coberturas”.

Finalmente, resulta indispensable mencionar que según estatuye el inciso primero del artículo 345 del Código de Procedimiento Civil establece: “Los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deberán presentarse debidamente legalizados, y se entenderá que lo están cuando en ellos conste el carácter público y la verdad de las firmas de las personas que los han autorizado, atestiguadas ambas circunstancias por los funcionarios que, según las leyes o la práctica de cada país, deban acreditarlas”;

SÉPTIMO: Que, así las cosas, no se observa ninguna ilegalidad ni arbitrariedad en la decisión que por esta vía se impugna, ya que las exigencias, formal y sustantiva, requeridas por la institución recurrida se ajustan estrictamente a la normativa legal, por lo que en estas circunstancias procede desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza la acción constitucional deducida en la petición principal de la presentación de fecha 18 de junio de 2025, en favor de doña nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y la Superintendencia de Pensiones, sin costas.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-14329-2025.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por la Ministro señora Maritza Elena Villadangos Frankovich, el Ministro (S) señor Freddy Antonio Cubillos Jofré y la Abogado Integrante señora Bárbara Vidaurre Miller.

En Santiago, veinte de enero de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.