Protección contra Servicio Nacional de Migraciones y del Ministerio de Relaciones Exteriores

C.A. de Santiago Santiago, dieciséis de septiembre de dos mil veintiséis. Al escrito de folio 17: estese al mérito de autos.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece Tomás Guillermo Matheson Mujica, abogado, en favor de nombre reservado y de su hijo menor de edad nombre reservado, ambos de nacionalidad haitiana, y deduce recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones y del Ministerio de Relaciones Exteriores, por la omisión arbitraria e ilegal en que habría incurrido al no resolver oportunamente la petición de residencia temporal del menor, lo que vulneraría el derecho que la Constitución Política de la República le reconoce y protege en el número 2 del artículo 19.

Alega que la parte recurrente formuló su petición ante la autoridad administrativa el día 07 de mayo de 2025, sin embargo, el Servicio Nacional de Migraciones no ha dado respuesta a su solicitud, reseñando las consecuencias que dicha circunstancia le acarrea.

Pide se ordene a la recurrida que se tramite la solicitud, emitiendo el respectivo estampado electrónico o documento que le permita ingresar al país en caso de cumplir los requisitos, con costas.

Segundo: Que, el Servicio Nacional de Migraciones, informando el recurso, solicita su rechazo y expone que la solicitud de residencia temporal del recurrente ingresó el 07 de mayo de 2025, subcategoría por reunificación familiar menor de edad y actualmente se encuentra en etapa de “Espera Gabinete”. Sostiene que el plazo de 6 meses establecido en el artículo 27 de la ley Nro. 19.880 no es fatal y puede extenderse por caso fortuito o fuerza mayor, como ocurre con el aumento exponencial de solicitudes migratorias.

En virtud de lo expuesto, solicita tener por evacuado el informe y rechazar el recurso de protección por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria que prive, perturbe o amenace garantías constitucionales y, en todo caso, rechazar la condena en costas del Servicio.

Tercero: Que informó la Dirección General de Asuntos Consulares, Inmigración y de Chilenos en el Exterior (DIGECONSU), solicitando el rechazo del recurso y señala que las solicitudes, procedimiento y otorgamiento de permisos de residencia temporal, se efectúan, tramitan y son resueltos por el Servicio Nacional de Migraciones.

Cuarto: Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho, y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Quinto: Que, en lo que interesa, el Nro. 5 del artículo 157 de la ley Nro. 21.325 dispone que corresponderá al Servicio Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, “[r]esolver el otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de los permisos de residencia y permanencia y determinar la vigencia de los mismos, sin perjuicio de las facultades que correspondan a la autoridad migratoria en el exterior.”

Sexto: Que, en este entendido, debe precisarse que de conformidad a lo estatuido en la ley Nro. 19.880, rige el actuar de la Administración el principio de celeridad (consagrado en el artículo 7°), que impone a la autoridad la obligación de impulsar de oficio todos sus trámites, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8° de la misma ley, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental del artículo 9°, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por otro lado, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad, señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

Dentro de este escenario normativo descrito, también es relevante destacar que el artículo 27 de la aludida ley dispone que “salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final”, de cuyo tenor es posible sostener que, atendida la data de la petición de residencia temporal de la parte recurrente, existe una clara vulneración de la normativa precitada, pues a la fecha no existe pronunciamiento de la autoridad respectiva debidamente fundada, con antecedentes concretos y precisos, comunicada a la parte recurrente o a sus apoderados, lo que trae aparejado el desconocimiento del resultado de su petición.

Séptimo: Que, asimismo, no se puede soslayar, amén de los parámetros y exigencias de prontitud y oportunidad aplicables al caso, el conocido volumen que han alcanzado las peticiones en materias de migración. Sin embargo, tampoco es posible desconocer que en este caso se han superado con largueza los plazos razonables, dando lugar a la incertidumbre reclamada, toda vez que la solicitud fue ingresada con fecha 07 de mayo de 2025, y al tiempo de evacuarse el informe por la autoridad recurrida, tal petición se encontraba aún pendiente.

Séptimo: Que en esas condiciones, la omisión evidenciada lesiona el derecho a la igualdad de trato que favorece a la parte recurrente de conformidad con el artículo 19 Nro. 2 de la Carta Fundamental, dado que no existe razón atendible que justifique que no se proceda a su respecto del modo que regula la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido, sólo en cuanto el Servicio Nacional de Migraciones deberá pronunciarse fundadamente sobre la solicitud de residencia temporal, dentro del plazo de 60 días contados desde que esta sentencia se encuentre firme y ejecutoriada.

Acordado con el voto en contra del abogado integrante señor Luna, quien estuvo por rechazar la acción constitucional intentada en autos, teniendo presente para ello los siguientes fundamentos: 1. - Que, de la revisión de los antecedentes, surge que la solicitud deducida por la parte recurrente se encuentra en actual tramitación ante la Autoridad Administrativa, en la que por cierto se deben recabar los antecedentes necesarios para adoptar un pronunciamiento fundado, siendo por ende razonable el plazo por el que se ha extendido tal proceso.

Por lo demás, es menester tener en vista la circunstancia de mantener la parte recurrente residencia regular en el país, no vislumbrándose en consecuencia, la existencia de acto u omisión alguna atribuible a la parte recurrida que tenga la aptitud de afectar las garantías fundamentales que la parte recurrente denuncia como conculcadas en su arbitrio, argumentos que conducen necesariamente al rechazo de la acción constitucional en estudio. 2. - Que, adicionalmente, este disidente no desconoce que la Ley N° 19.880, en su artículo 7º dispone que la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión y que por otro lado, el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8º, determina la necesidad de término del procedimiento mediante un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, solo que en este caso, el asunto propuesto -en los términos planteados- excede el ámbito de aplicación del presente arbitrio por no ser esta la vía idónea para agilizar pronunciamientos administrativos, cuando no se ha demostrado afectación de derechos, ni perjuicio al estatus migratorio de la parte recurrente, quien puede ingresar y salir del país libremente, razón por la que, en su parecer, el recurso debe ser desestimado.

Regístrese y comuníquese.

N°Protección-14315-2026.