Protección contra Liceo nombre reservado - Corporación Educacional de Providencia

C.A. de Santiago Santiago, quince de septiembre de dos mil veinticinco.

Visto:

Primero: Que comparece nombre reservado, en representación de su hijo nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra del Liceo nombre reservado - Corporación Educacional de Providencia, por haber expulsado al menor bajo el protocolo de aula segura, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que se utilizó un “relato tipo” con errores graves, no se realizó una investigación real, existió abuso de autoridad y manejo de pruebas falsas, y se utilizó el referido protocolo fuera de su normativa, vulnerando con ello los derechos fundamentales a la integridad física y psíquica de la persona (artículo 19 N° 1), la igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2), el derecho a ser juzgado por los tribunales que dispone la ley y que estén establecidos antes de la ejecución del hecho (artículo 19 N° 3, inciso quinto), y el derecho a la protección de la vida privada y a la honra de la persona y su familia, así como la protección de sus datos personales (artículo 19 N° 4), que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita que se deje sin efecto la expulsión y se le reintegre al establecimiento.

Señala que el 26 de mayo de 2025, su hijo fue acusado de participar en disturbios en el Liceo nombre reservado. A raíz de estos hechos, el 29 del mismo mes fue citado a las dependencias de la Corporación Educacional de Providencia, donde la rectora subrogante, nombre reservado, y el inspector general del Liceo, nombre reservado, le notificaron que su hijo era acusado de participar en disturbios y que se había activado un proceso de expulsión en su contra bajo el Protocolo de Aula Segura.

Sostiene que la acusación es completamente falsa y arbitraria, y que el relato utilizado es genérico, ya que solo se cambió el nombre y el curso, siendo el mismo utilizado en varias notificaciones. En esa misma reunión, se leyó un relato que identificaba a su hijo como uno de los encapuchados.

Explica que el día de los hechos su hijo le envió un video en tiempo real que lo ubicaba junto a un grupo de estudiantes, sin participar en enfrentamientos con Carabineros y sin llevar vestimentas de overol ni capuchas. Además, señala que su hijo y compañeros se vieron obligados a salir de clases y se expusieron de manera involuntaria al carro lanza agua y a gases lacrimógenos.

Posteriormente, se reunió con el inspector, quien le confirmó que su hijo se encontraba junto a él al momento en que abrieron las puertas para que salieran los encapuchados y los estudiantes.

El 13 de junio fue citado nuevamente al Liceo, donde se le notificó la expulsión de su hijo, momento en que se percató que habían cambiado el relato original de la acusación, por lo que se rehusó a firmar el documento.

Finalmente, indica que la acusación no es un error administrativo sino una grave vulneración de derechos, un encubrimiento bajo procedimientos legales usados con fines políticos.

Solicita que se acoja el recurso, se deje sin efecto la expulsión y se le reintegre al establecimiento. Además, pide que se remueva de sus funciones a nombre reservado, nombre reservado e nombre reservado, se les inhabilite para ejercer cargos públicos o directivos y que se ordene la apertura de un sumario administrativo e investigaciones por parte del Ministerio de Educación.

Segundo: Que informó la recurrida Corporación de Desarrollo Social de Providencia, sostenedora del Liceo nombre reservado, en los siguientes términos.

Indica que el Liceo nombre reservado es un establecimiento educacional que cuenta con 2.475 alumnos de diversas comunas de la Región Metropolitana, y que es de público conocimiento el incremento en los índices de violencia en los llamados "liceos emblemáticos". Sostiene que, en estos casos, los actos de violencia son realizados por grupos reducidos de estudiantes que ocultan sus identidades, se cubren los rostros, cambian de vestimenta y, en ocasiones, son ayudados por otros estudiantes que actúan como cómplices. Esta situación, asegura, genera miedo e incertidumbre en la comunidad, lo que ha llevado a que el establecimiento adopte medidas para garantizar la seguridad de sus miembros. Por tal motivo, la dirección del establecimiento robusteció el Reglamento Interno, en especial el capítulo que regula las faltas y sanciones, normativa que fue aprobada por el Consejo Escolar, órgano en el que se encuentran representados todos los estamentos.

Respecto a los hechos que motivan el recurso, explica que el 26 de mayo de 2025, a las 09:25 horas, en pleno recreo, comenzaron disturbios en el establecimiento. Señala que estudiantes encapuchados y con overoles prendieron bengalas, se dirigieron hacia la puerta principal, amenazaron a funcionarios con matarlos y golpearlos, y rociaron con bencina distintos lugares de la dirección. Los encapuchados y overoles salieron del lugar y realizaron barricadas, y al ver que llegaba Carabineros con carros lanza agua y lacrimógenas, volvieron a ingresar al Liceo, destruyeron la puerta de la unidad de enfermería y se sacaron la vestimenta que los cubría.

Afirma que con base en el relato de una funcionaria que los vio salir, se identificó al estudiante como uno de los encapuchados. En ese contexto, el 29 de mayo de 2025, se le informó al apoderado del estudiante que se había activado el Protocolo de Expulsión por Aula Segura y se le notificó sobre la posible expulsión por las faltas gravísimas sancionadas en el Reglamento Interno. El 2 de junio el apoderado del estudiante presentó una carta de descargos, y el 3 de junio, éste entregó su versión de los hechos, negando su participación. Al día siguiente se tomó declaración al inspector nombre reservado, quien negó la versión del estudiante de que se encontraba con él durante los hechos. A raíz de esto, el 12 de junio se notificó al estudiante y a su apoderado la medida disciplinaria de expulsión. Agrega que el apoderado se negó a firmar la resolución de expulsión, pero sí el acta de la reunión.

En cuanto a la defensa, manifiesta que su actuar no ha sido arbitrario ni ilegal, sino que se ha ajustado al debido proceso y a los antecedentes entregados por testigos funcionarios del establecimiento, existiendo además una prueba audiovisual que descarta lo señalado por el recurrente y que sitúa al estudiante a la salida de la enfermería. Sostiene que el estudiante fue sometido al procedimiento contemplado en el Protocolo de Expulsión por un hecho tipificado como una infracción gravísima en el Reglamento Interno, y que se le comunicaron los hechos, se escucharon sus descargos, se le dio la posibilidad de presentar pruebas y testigos, y de apelar a la medida.

Respecto a que se utilizó un "relato tipo", afirma que es falso, ya que los hechos imputados se encuentran acreditados, y la recopilación de antecedentes se realizó caso a caso.

En cuanto a que no se realizó una "investigación real", indica que se trató de una recopilación de antecedentes realizada por un establecimiento educacional con un limitado rango de acción, y se escuchó la versión del estudiante, la que no fue ratificada por el supuesto testigo, el inspector nombre reservado.

A la afirmación de que la actuación de la dirección es arbitraria y está dirigida a "cubrir la carrera política de los directivos", responde que esta alegación es falsa y no tiene sustento alguno.

Sobre la acusación de que el Protocolo de Aula Segura se utilizó fuera de la normativa, insiste en que el informe acredita el respeto a cada una de las etapas del protocolo y el debido proceso.

Respecto a la alegación de "abuso de autoridad y falso manejo de pruebas", sostiene que es falsa, ya que existe la declaración de un testigo que vio al alumno y un testimonio que es concordante con las imágenes de ese día.

Finalmente, en cuanto a que el relato de la acusación se modificó, aclara que solo se corrigió un error menor de tipeo, hecho que no puede justificar el recurso de protección.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que el recurso está motivado por la expulsión del alumno recurrente del establecimiento educacional recurrido, procurando mediante su interposición que se la deje sin efecto y se le reintegre al establecimiento.

Además, pide que se remueva de sus funciones a nombre reservado, nombre reservado e nombre reservado. También exige que se les inhabilite para ejercer cargos públicos o directivos y que se ordene la apertura de un sumario administrativo e investigaciones por parte del Ministerio de Educación.

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, especialmente lo informado y documentación acompañada por la parte recurrida, se extrae que en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 letra d) del DFL N° 1 sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales, se dispone la expulsión como medida disciplinaria en el ámbito educativo.

La referida sanción se encuentra regulada bajo dos hipótesis, la primera por incumplimientos graves reiterados al reglamento interno y la segunda vinculada al procedimiento por Aula Segura, por acciones de alumnos que afectan gravemente la convivencia escolar. Por ello se ha de tener presente el Dictamen N° 52 del año 2020 de la Superintendencia de Educación, por medio del cual se puede establecer que son las propias comunidades educativas que pueden en atención a su autonomía, incorporar a sus Reglamentos Internos de Convivencia Escolar los tipos infraccionales y disponer las sanciones aplicables frente a las conductas de los estudiantes.

Además, se consagra al efecto un organismo que garantiza el legítimo ejercicio de la autonomía y libertad de enseñanza, esto es, el Consejo Escolar, el cual se encuentra representado por todos los estamentos, esto es, el sostenedor, funcionarios, apoderados y alumnos.

Sexto: Que esta Corte observa que en el referido reglamento se encuentra consagrada la medida de expulsión bajo un determinado protocolo dictado al efecto.

Se estableció durante el curso de un proceso de indagación, la identidad de los participantes en los hechos que originan el procedimiento sancionatorio, y en especial del recurrente, quien fue identificado por testigos.

Esta Corte, además, observó que se aplicó de manera estricta cada uno de las etapas del Protocolo de Expulsión y/o Cancelación de Matrícula, esto es, entre otros, la citación a los padres y/o apoderados junto al estudiante a quienes se les indica en forma verbal y por escrito bajo firma los hechos respecto de los cuales se encuentra involucrado y en qué calidad, solicitando que acompañe o señale sus medios de prueba, como así también se les otorga un plazo para efectuar sus descargos –lo que ocurrió durante este proceso-, después de lo cual se debe emitir un informe de investigación, lo cual en el caso sub-lite refiere a la declaración de testigos de los hechos, todo lo cual ha de concluir con una medida disciplinaria de expulsión o cancelación de la matrícula, decisión que debe cumplir con determinados requisitos y que adopta la Directora del establecimiento.

Se constata además que el recurrente no utilizó su derecho a apelar la resolución que decretó la expulsión del establecimiento educacional.

Séptimo: Que, de esta forma, se observa y constata que la sanción impuesta por el establecimiento educacional, es la consecuencia de un procedimiento estatuido y reglado de manera previa y anterior a los hechos objeto de la investigación, el cual se condice con la legislación vigente en materia educacional y en particular con la normativa sobre convivencia escolar.

Todo lo cual permite concluir que la recurrida no incurrió en un actuar ilegal o arbitrario, sino que se sometió a un procedimiento establecido conforme a la ley, y la decisión fue el fruto o la consecuencia de la investigación sobre los hechos que dieron origen al procedimiento en cuestión, por lo que, la presente acción constitucional no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción interpuesta en favor de nombre reservado, en contra del establecimiento Liceo nombre reservado - Corporación Educacional de Providencia.

Acordada con el voto en contra del ministro Rodríguez Moreno, quien fue de opinión de acoger el recurso de protección para el solo efecto de reintegrar al estudiante al establecimiento educacional, teniendo en consideración lo siguiente: 1°.- Que de conformidad con los antecedentes que rolan en estos autos, la conducta que se le imputó al estudiante, en virtud de la cual fue expulsado del establecimiento educacional, radicó en ser identificado como uno de los encapuchados con overol, que participó en actos de violencia, vandálicos y/o constitutivos de delito producidos el 26 de mayo de 2025. 2°.- Que, por otra parte, se sostuvo que su identificación se sustentó en relatos que señalan que lo visualizaron “ingresando a la unidad de enfermería, quitándose el overol y capuchas, para luego salir por el primer piso hacia la salida de Miguel Claro”. 3°.- Que la única declaración inculpatoria que se contiene en la investigación que efectuó el establecimiento educacional, es la de una funcionaria que no fue identificada por haber solicitado reserva, que en términos literales señaló “Con fecha 28 de mayo se toma relato de funcionaria, quien da su testimonio de los hechos ocurridos en el Liceo el 26 de mayo, cuando salen del baño de hombres, encapuchados, los cuales portaban molotov y bidones de bencina. La funcionaria refiere que se encontraba en el sector de la cancha, pero al momento que los encapuchados ingresan a cambiarse ropa a la unidad de enfermería, se acerca a dicho sector, viendo al estudiante nombre reservado salir de dicho lugar, corriendo por el pasillo hacia la salida de Miguel Claro”. 4°.- Que, del tenor del testimonio referido, a juicio de este disidente, no se puede concluir que el estudiante expulsado participó en los violentos hechos del 26 de mayo de 2025, por cuanto la funcionaria sólo declaró que lo vio salir de ese lugar y correr por el pasillo, más no que fue uno de los encapuchados que ingresaron al baño. Por otra parte, en la misma declaración se señala que salieron encapuchados portando molotov y bidones de bencina, lo que es contradictorio con la misma cuando afirma que entraron para cambiarse de ropa. 5°.- Que, en otro orden de consideraciones, la recurrida acompañó a estos antecedentes, en cumplimiento de la medida para mejor resolver decretada, un set de fotografías que según sus dichos “identifican al estudiante saliendo de la enfermería y dirigiéndose a la salida del establecimiento ubicada en calle Miguel Claro”, agregando que “con el objetivo de resguardar la identidad de nuestros funcionarios y que si se analiza el ángulo desde donde fueron tomadas las imágenes se podría deducir la identidad de quien identificó al estudiante”.

De la revisión de esas iconografías nada se puede concluir ya que sólo aparece un grupo de estudiantes -algunos con los capuchones puestos- en un recinto del establecimiento educacional, sin que pueda identificarse que se trata de la salida de la enfermería.

En el mismo sentido, se sugiere por la recurrida que tales fotografías habrían sido tomadas por la funcionaria que identificó al estudiante, sin que exista ningún antecedente que pueda corroborar tal aserto, teniendo en consideración que en la declaración aquella nada dijo en relación con que habría tomado tales imágenes. 6°.- Que, según la revisión de los antecedentes acompañados, se desprende que el establecimiento de los hechos también se fundó en que el inspector del colegio no habría corroborado la versión del estudiante en orden a que habría estado con él en el momento de los acontecimientos.

Sin embargo, si se analiza su declaración no se puede obtener, necesariamente, tal conclusión, Señaló que “posterior a que se van los encapuchados, me acerco hacia el sector del portón azul por Avenida Nueva Providencia y ahí veo al estudiante nombre reservado y nombre reservado sentados. Me saludan y siguen ahí sentados. Antes de los disturbios no los veo”.

Por su parte, el estudiante expulsado indicó en su testimonio que “cuando escucho los balazos estaba en camino, bajé y me quedé en el sector de secretaría con Don nombre reservado (inspector), luego dieron el aviso de que abrieron el portón, cuando abrieron me quedé con don nombre reservado”.

De esta manera, ambos testimonios coinciden en que el momento al que se refieren es después de ocurridos los hechos, cuando se van los encapuchados -en las palabras del inspector- y cuando escucha los balazos - según los dichos del estudiante- Atendido lo anterior, lo concluido en el sumario no se desprende, necesariamente, de las declaraciones antes referidas. 7°.- Que este ministro no pone en duda que una conducta como la imputada al protegido -participación violenta en manifestaciones ocurridas el 26 de mayo de 2025- puede ser calificada de conformidad con lo dispuesto en los reglamentos como una que justifica la aplicación de la sanción más severa que se establece, sin embargo, ello no habilita para que se establezcan los hechos sobre la base de antecedentes que no llevan a la conclusión que se alcanzó, teniendo como único elemento inculpatorio la declaración de alguien que no fue identificado, y, además, que de ella no se desprende necesariamente que el estudiante fue uno de los que ingresó al baño -o enfermería según se señala en otros antecedentes- encapuchado y portando molotov y bidones de bencina. 8°.- Que atendido lo relacionado se concluye por este ministro que la sanción y conducta que se denuncia constituye una determinación arbitraria, puesto que no se ciñó a las garantías de la debida defensa en la constatación del hecho imputado al alumno en cuyo favor se recurre, esto es, se dañó el debido proceso tanto en lo relativo a la dictación de la determinación final como en el procedimiento llevado a cabo.

Redacción del ministro Rodríguez Moreno.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-14312-2025.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor José Pablo Rodríguez Moreno e integrada por el ministro señor Tomás Gray Gariazzo y por el abogado integrante señor Manuel Luna Abarza.