nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

C.A. de Santiago Santiago, cinco de octubre de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Ernesto Manríquez, abogado, interponiendo acción constitucional de protección en favor de nombre reservado, ciudadana venezolana, en contra de A.F.P. Uno S.A. y de la Superintendencia de Pensiones, por haber negado la devolución de los fondos previsionales a que tendría derecho en su calidad de profesional extranjero, conforme a la Ley N° 18.156, actuación que considera ilegal y arbitraria, atendido a que rechazó su solicitud de exención de cotizaciones mediante exigencias documentales y de fondo que estima improcedentes, vulnerando con ello el derecho de propiedad que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en su artículo 19 N° 24, por lo que solicita dejar sin efecto el acto impugnado y ordenar la restitución de los fondos.

Expone que la recurrente solicitó la exención de cotización de la Ley N° 18.156 y la devolución de los fondos cotizados el 13 de abril del año en curso, acompañando su título profesional apostillado, su contrato de trabajo con un anexo que declara su afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y un certificado de este instituto.

Explica que dicho certificado consigna 936 semanas cotizadas, primera afiliación el 5 de octubre de 2000 y estatus de asegurada cesante desde el 1 de agosto de 2019. Añade que el certificado carece de firma electrónica avanzada, pero es verificable en el portal web del IVSS mediante un código; que obtuvo una constancia de la Sección Consular de Venezuela en Bogotá, de 18 de febrero de 2026, legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y que el Consulado de Chile en Colombia se negó a legalizarla.

Señala que A.F.P. Uno S.A. rechazó la solicitud el 23 de abril de este año, porque el certificado acreditaría cotizaciones y no coberturas, no estaría legalizado en Chile y no sería clara la fecha del título.

Indica que reclamó ante la Superintendencia, entidad que, mediante Oficio N° 9220 de 8 de mayo de 2026, confirmó el rechazo por cuatro razones: la legalización incompleta de la constancia consular, la falta de mención de un mandato del IVSS al consulado, no se especifica la cobertura de todos los riesgos del artículo 1° de la ley y, finalmente, la insuficiente legibilidad de los documentos que acreditan la profesión.

Sostiene que el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones no puede excluir otros medios de prueba, lo que exigiría norma legal, con infracción del debido proceso y del artículo 10 de la Ley N° 19.880.

Alega que el mandato exigido es jurídicamente imposible, toda vez que los consulados carecen de personalidad jurídica para ello.

Argumenta que la Superintendencia parte de un hecho falso, ya que las actuaciones del Consulado de Venezuela en Santiago, invocadas en el Oficio N° 12.954, de 17 de julio de 2025, son autorizaciones de declaraciones juradas y constataciones de hechos, no representaciones del IVSS; que la cobertura de enfermedad, invalidez, vejez y muerte se acredita con los textos legales venezolanos acompañados y las semanas cotizadas, sin que se requiera identidad textual con la ley chilena; y que el título es legible y fue otorgado el 30 de junio de 2000.

Enfatiza que lo obrado importa una derogación de facto de los artículos 1 y 7 de la Ley N° 18.156 respecto de los ciudadanos venezolanos, lo que impide a la recurrente acceder a sus fondos y vulnera su derecho de propiedad sobre ellos, garantizado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución, por lo que solicita que se ordene a la Administradora de Fondos de Pensiones recurrida devolver a la recurrente, dentro de 3° día, los fondos previsionales cotizados comprendidos en el supuesto de la Ley N° 18.156.

Segundo: Que evacúa informe la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., solicitando el rechazo de la presente acción constitucional en todas sus partes, con costas.

Alega, en primer término, que la acción de protección es de carácter cautelar y requiere un derecho indubitado, y que en la especie la controversia versa sobre la suficiencia de los antecedentes para acreditar los requisitos de los artículos 1 y 7 de la Ley N°18.156, materia probatoria e interpretativa ajena a este procedimiento, y que nunca ha negado la titularidad de los fondos.

Expone que el 13 de abril de 2026 la recurrente inició su solicitud de devolución como técnico extranjero, respecto del empleador Universidad Central de Chile, acompañando contrato de trabajo, anexo, título de Profesor de Educación Física, su apostilla, Constancia Electrónica de Cotizaciones y constancia consular; que, tras un requerimiento de reparación, la solicitud fue rechazada el 23 de abril de 2026, porque el certificado acreditaba cotizaciones y no las coberturas exigidas, carecía de legalización por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y no era clara la fecha del título.

Explica que, en la especie, rige el principio de territorialidad, con las excepciones de los convenios bilaterales y de la Ley N° 18.156, que exige calidad de técnico, afiliación previa a un régimen extranjero que otorgue prestaciones, a lo menos, por enfermedad, invalidez, vejez y muerte, acreditada mediante certificación legalizada de la institución respectiva, y voluntad expresada en el contrato de mantener dicha afiliación.

Sostiene que el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil exige legalizar los instrumentos públicos extranjeros, conforme también al Oficio Reservado N° 2966 de 3 de agosto de 2023, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y al Oficio Ordinario N° 12.954 de 17 de julio de 2025, de la Superintendencia de Pensiones, que niega valor a certificaciones venezolanas sin firma, apostilla o legalización; que la ausencia de representación diplomática venezolana no la habilita para prescindir de una exigencia legal, y que su propuesta de validar certificados por el portal del IVSS fue rechazada por la Superintendencia el 24 de enero de 2025; que no creó requisitos nuevos, sino que aplicó normativa obligatoria, y que la devolución del artículo 7 es excepcional y condicionada; que la copia digital del título era ilegible, circunstancia corroborada por la Superintendencia, motivo todos por los que solicita que se rechace en todas sus partes el recurso, con expresa condenación en costas.

Tercero: Que evacúa su informe la Superintendencia de Pensiones, mediante Oficio Ordinario N° 10.623, suscrito por don nombre reservado, Jefe del Departamento Judicial, solicitando que se declare improcedente el recurso y, en subsidio, que se rechace, con costas.

Alega, en primer término, que la materia excede el ámbito del recurso de protección, acción cautelar que exige derechos indubitados y preexistentes, y no la declaración de un derecho, por lo que atendido que existe controversia sobre los certificados presentados, resulta indispensable un procedimiento de lato conocimiento.

Expone que la recurrente reclamó el 16 de abril de 2026 contra la AFP Uno, y que mediante Oficio N° 9220 de 8 de mayo de 2026 se le informó que la AFP, por carta de 28 de abril de 2026, fundó el rechazo en que la constancia consular de 18 de febrero de 2026 no acredita las coberturas del artículo 1° letra a) de la Ley N° 18.156, carece de apostilla o legalización completa y no hay legibilidad suficiente en los documentos que acreditan la calidad de profesional. Indica que la constancia consular no consigna el mandato del consulado venezolano y que la Constancia Electrónica de Cotizaciones no precisa la cobertura, razones por las que aprobó lo obrado por la AFP.

Explica que la Ley N°18.156 es un régimen de excepción, de interpretación restrictiva, que exige requisitos copulativos, entre ellos la afiliación a un régimen extranjero y la manifestación inequívoca, en el contrato, de mantenerla. Sostiene que la constancia carece de firma autorizada y de legalización o apostilla, sin que el código de verificación electrónica supla tales exigencias, conforme al Título XI del Libro II del Compendio de Normas y al Oficio Ordinario N° 12.954, de 17 de julio de 2025.

Argumenta que la ausencia de relaciones diplomáticas no configura imposibilidad absoluta y que el contrato, suscrito el 4 de marzo de 2024, y su anexo, de 1 de mayo de 2025, revelan una voluntad contradictoria o extemporánea, conforme a los Dictámenes N° 27.587 de 2015 y N° 23.170 de 2016.

Concluye que no cumplir los requisitos no implica perder los fondos, sino la improcedencia del beneficio excepcional, por lo que al haber actuado dentro de sus competencias legales, sin ilegalidad, arbitrariedad ni imputación alguna que prive, perturbe o amenace garantías constitucionales, debe declararse la improcedencia del recurso o, en subsidio, se le rechace, con condena en costas a la recurrente.

Cuarto: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, para resolver el asunto sometido al conocimiento de esta Corte, cabe tener presente que la Ley Nº18.156 establece una normativa de carácter excepcional que autoriza la devolución de los fondos acumulados a los técnicos extranjeros, siempre que den estricto cumplimiento a una serie de requisitos copulativos. Entre ellos, el artículo 1 de dicho cuerpo legal exige que el trabajador acredite encontrarse afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Sexto: Que, del análisis de los antecedentes allegados a la causa y tal como lo exponen las recurridas en sus informes, la actora pretende acreditar la exigencia legal reseñada en el motivo precedente mediante una constancia electrónica de cotizaciones emanada del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Sin embargo, dicho instrumento carece de mérito probatorio suficiente en Chile para estos fines, toda vez que no se encuentra debidamente legalizado ni apostillado por la autoridad competente, inobservando así lo dispuesto en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y las directrices imperativas impartidas por la Superintendencia de Pensiones, sin que la circunstancia de haberse obtenido una constancia de la Sección Consular de Venezuela en Bogotá tenga la virtud de suplir la exigencia de legalización o apostilla respecto de los instrumentos públicos otorgados en el extranjero.

Séptimo: Que, a mayor abundamiento, el documento acompañado se limita a realizar una mención genérica de las contingencias cubiertas por la legislación extranjera, sin certificar de forma específica e inequívoca que la actora cuenta efectivamente con la protección previsional para todos los riesgos exigidos por la ley chilena durante todo el tiempo en que ha prestado servicios en el territorio nacional, omitiendo precisar, además, si la cobertura por enfermedad comprende prestaciones médicas y pecuniarias.

Octavo: Que, por lo demás, la decisión atacada se funda, además, en la insuficiente legibilidad del certificado de título en que la recurrente cifra sus pretensiones, aserto que el mero examen del documento en comento demuestra; y en que la expresión de voluntad contenida en el anexo de contrato de trabajo resulta contradictoria con la manifestada en la suscripción del instrumento al que accede, estado de cosas que impone privilegiar la primera manifestación de voluntad por las razones que detallan, las que no han sido atacadas en el libelo, lo que impone concluir que la interesada no es titular de derechos indubitados susceptibles de tutelarse por la presente vía cautelar.

Noveno: Que, al amparo de lo expresado, resulta forzoso concluir que, al denegar la restitución de los fondos pretendidos, las recurridas no han incurrido en un acto ilegal ni arbitrario, sino que se han ceñido al cumplimiento de la normativa que rige la materia, en particular el Decreto Ley Nº3.500 y a las instrucciones del órgano regulador, al constatar que la solicitante no acreditó los presupuestos de procedencia de la Ley Nº18.156.

En este contexto, cabe por lo demás agregar que la situación diplomática o consular del país de origen invocada por la actora no exime a la administradora de su deber legal de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para liberar fondos que, por regla general, poseen un destino previsional único y exclusivo, motivo por el cual no se advierte vulneración a la igualdad ante la ley ni al derecho de propiedad, debiendo la presente acción cautelar ser desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se decide que se rechaza , sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra de la Aseguradora de Fondos de Pensiones Uno S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-14305-2026.