nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

C.A. de Santiago Santiago, dieciséis de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 25 de mayo de 2026, comparece nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por haber dictado la Resolución Exenta N°2600100293908 de 19 de mayo de 2026, que rechaza la solicitud de permiso de residencia temporal presentada y dispone su abandono del país actuación que estima ilegal y arbitraria, atendido a que dicha decisión desconocería el arraigo social, laboral, familiar y educacional que ha desarrollado durante su permanencia en Chile, vulnerando con ello la garantía consagrada en el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República, referida a la libertad para desarrollar cualquier actividad económica, por lo que solicita se deje sin efecto la referida resolución y se revoque la orden de abandono del país.

Señala que ingresó al territorio nacional de forma regular el 11 de abril de 2019, obteniendo una visa que actualmente se encuentra vencida, por lo que hace aproximadamente dos años, solicitó la renovación de su residencia acompañando antecedentes de arraigo que estima suficientes.

Expone que durante los siete años de permanencia en Chile ha observado una conducta intachable ante la sociedad, encontrándose actualmente cursando estudios en el área de enfermería y trabajando de manera regular, cotizando en el sistema de salud, con contrato de trabajo vigente e inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos.

Manifiesta, además, que su núcleo familiar se encuentra en las mismas condiciones de arraigo y ha crecido en el territorio nacional, y sostiene no poseer antecedentes penales.

Alega que la resolución recurrida fundó el rechazo de su solicitud en que no habría adjuntado el comprobante de pago de la sanción por días de residencia vencida, conforme al artículo 119, ni el correspondiente a la sanción por desarrollar actividades remuneradas sin autorización, conforme al artículo 109, ambos de la Ley N° 21.325.

Indica que, no obstante haber sido notificada electrónicamente el 5 de septiembre de 2024 para acompañar dichos antecedentes dentro de plazo, y posteriormente el 22 de julio de 2025 para desvirtuar los fundamentos del rechazo dentro de 10 días hábiles, la autoridad igualmente resolvió negativamente su solicitud, disponiendo su expulsión del país.

Argumenta que la actuación denunciada vulnera la garantía del artículo 19 N° 21 de la Carta Fundamental, referida a la libertad para desarrollar cualquier actividad económica, por cuanto la orden de abandono del país le impediría continuar ejerciendo su actividad laboral remunerada y sus estudios técnicos, pese a haber acreditado, según postula, un arraigo social, familiar, laboral y educacional consolidado en el país.

Solicita que se acoja el presente recurso se revoque la orden de abandono del país y se deje sin efecto la Resolución Exenta N° 2600100293908, disponiendo las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar su permanencia regular en el territorio nacional.

Segundo: Que, evacuando el traslado conferido, comparecen el Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la acción constitucional en todas sus partes, por no existir de parte de esa autoridad acto u omisión ilegal o arbitraria que haya vulnerado garantía constitucional alguna de la recurrente.

Expone que la recurrente registra su primer ingreso al territorio nacional el 11 de abril de 2019 y que tras un período de residencia irregular se acogió al proceso de regularización extraordinaria del año 2021, obteniendo un permiso de residencia temporal con vigencia hasta el 15 de noviembre de 2022.

Añade que, encontrándose nuevamente en situación migratoria irregular, la recurrente presentó una nueva solicitud de residencia temporal el 26 de junio de 2024, la que fue observada por comunicación electrónica de 5 de septiembre de 2024, requiriéndosele acompañar contrato de trabajo vigente y el comprobante de pago de la multa asociada a su residencia vencida por más de 180 días.

Indica que, no habiendo subsanado íntegramente dichas observaciones, se le notificó el previo rechazo con fecha 22 de julio de 2025, otorgándosele un plazo de 10 días para presentar descargos, sin que la recurrente acompañara el comprobante de pago de las multas exigidas por los artículos 119 y 109 de la Ley N° 21.325.

Argumenta, respecto de la competencia, que conforme al artículo 157 N° 5 de la Ley N° 21.325 y al artículo 42 del Decreto Supremo N° 296, es dicho Servicio el órgano facultado para resolver el otorgamiento, prórroga y rechazo de los permisos de residencia, por lo que la resolución impugnada fue dictada por autoridad competente.

Alega que conforme al artículo 37 inciso final y a los artículos 107, 109 y 119 de la Ley N° 21.325, quien postula a un permiso de residencia con uno anterior vencido debe pagar previamente las multas correspondientes, requisito que la recurrente no cumplió, configurándose la causal de rechazo del artículo 88 N° 1 de la misma ley.

Afirma que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 91 inciso segundo, al notificarse previamente a la recurrente las razones del rechazo y otorgársele plazo para desvirtuarlas, y que la resolución final se ajustó al artículo 40 de la Ley N° 19.880.

Explica que la orden de abandono constituye una consecuencia imperativa y de cumplimiento voluntario derivada del artículo 91 N° 4 de la Ley N° 21.325, diversa de una orden de expulsión, que es de carácter compulsivo, precisando que no se ha dispuesto la expulsión de la recurrente.

Concluye que todas sus actuaciones se ajustaron a la normativa migratoria vigente, sin que exista vulneración a las garantías del artículo 19 de la Constitución.

Solicita se tenga por evacuado el informe y se rechace la acción constitucional de protección en todas sus partes.

Tercero: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, el acto que se califica de ilegal y arbitrario lo constituye el hecho de haber dictado el Servicio Nacional de Migraciones, la Resolución Exenta N°2600100293908 de 19 de mayo de 2026, que rechazó la solicitud de residencia temporal de la recurrente y dispuso su abandono del país, por no remitir documentación vinculada con el pago de sanción por residir en el país con permiso de residencia vencido conforme el artículo 119 de la Ley N°21.325, así como tampoco la documentación que acredite la multa por desarrollar actividades remuneradas sin autorización, como lo prescribe el artículo 109 del mismo cuerpo legal, correspondiendo a esta magistratura determinar si dicha actuación se ajusta o no a derecho.

Quinto: Que, en tal sentido, resulta inconcuso el hecho de que la recurrente inició el 26 de junio de 2024, una solicitud de residencia temporal por medio de página web, y que la misma se rechazó el 19 de mayo de 2026, por no remitir el comprobante de pago de las sanciones requeridos por la autoridad, de conformidad con los artículos 109 y 119 de la Ley 21.325.

A mayor abundamiento, y no obstante aparece a esta Corte como razonable que los solicitantes de residencia, como en el caso de marras, no son expertos en la regulación migratoria, consta de la simple lectura de la Comunicación Electrónica N°82467383 de 22 de julio de 2025, que el requerimiento del pago de sanción se exigió de conformidad con los artículos 109 y 119 de la Ley N° 21.325, no siendo estas canceladas por la recurrente.

Sexto: Que, en este sentido, la decisión del Servicio Nacional de Migraciones, con el mérito de los antecedentes aportados, aparece como ajustada a derecho, ya que el procedimiento consideró las instancias reglamentarias pertinentes para que se subsanaran los vicios del beneficio migratorio pretendido, no siendo corregidos por la protegida, por lo que el rechazo de la residencia temporal mediante Resolución Exenta no adolece de vicios de ilegalidad o arbitrariedad.

Refuerza lo anterior que la resolución impugnada fue precedida por la Comunicación Electrónica N°64300411 de 5 de septiembre de 2024 que le pidió pagar la multa conforme 119 de la Ley de Migración, y luego por la Notificación de Previo Rechazo de Folio N°82467383 de 22 de julio de 2025, que no solo enfatizó en el defecto de la solicitud, sino que mencionó expresamente que la solicitud de beneficio migratorio sería rechazada de no darse cumplimiento a lo ordenado.

En adición a lo anterior, debe hacerse presente que la Resolución Exenta recurrida, fue dictada casi un año después de la mencionada notificación de previo rechazo, realizando la recurrente las acciones idóneas para subsanar los vicios de su petición solo a instancias del rechazo del beneficio migratorio impetrado, a pesar de haber sido debidamente informada del modo en que correspondía pagar la sanción por residencia irregular, pero sin que corrigiera el defecto oportunamente.

A lo anterior debe sumarse que, de conformidad con el artículo 91 N°4 de la Ley 21.325, resulta imperativa para la autoridad migratoria la disposición de abandono del territorio nacional al ser rechazada la solicitud de residencia, siendo una consecuencia necesaria ante un rechazo de un permiso basado en causas legales y existiendo mérito para aquello;

Séptimo: Que, conforme a lo razonado precedentemente, la acción de protección deducida no podrá prosperar, al ajustarse a derecho tanto la Resolución Exenta impugnada, al haber sido resuelto el requerimiento por autoridad competente, dentro de sus competencias, y con apego a la Ley N° 21.325 y su reglamento.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se decide que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-14304-2026.