Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

Santiago, cinco de junio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado Franco Aldo Brunetti Arredondo, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, e interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la Resolución Exenta N°NUM000, de 17 de diciembre de 2025, por medio de la cual se tiene por desistido al recurrente de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, presentada el 30 de enero de 2024 lo que vulneraría los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 N°s2 y 3, inciso séptimo, de la Constitución Política de la República, referido a la igualdad ante la ley y el debido proceso.

Señala que el recurrente, tras abandonar su país de origen, arriba a Chile el 20 de julio de 2021. Agrega que el 30 de enero de 2024 el recurrente concurrió a la Oficina de la Dirección Regional de Santiago del Servicio Nacional de Migraciones, donde se le facilitó el formulario correspondiente, procedió a su llenado y entrega, y se recibió su declaración sobre los hechos materia de la solicitud. No obstante, con fecha 17 de diciembre de 2025, recibió la Resolución Exenta impugnada, que tuvo por desistida su solicitud, fundándose en que habría presentado documentación que no permite tener por subsanados los requisitos formales faltantes para darle curso a su solicitud.

Arguye que el acto recurrido es ilegal por cuanto vulnera el artículo 52 del Decreto N°837, que exige que el desistimiento sea individual, expreso y voluntario, sin que tal manifestación haya ocurrido en la especie. Aduce, asimismo, infracción al principio de proporcionalidad de los actos administrativos y al principio de irretroactividad de la ley y las sanciones, consagrado en el artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República. Agrega el incumplimiento de los artículos 32 de la Ley N°20.430 y 42 del Decreto N°837, que ordenan la extensión inmediata de la visación de residente temporario, así como la vulneración de la garantía de igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, ya que el actuar del Servicio recurrido importa una discriminación en relación con el trato entregado a otros extranjeros.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto la Resolución Exenta N°NUM000, de 17 de diciembre de 2025; se ordene al Servicio Nacional de Migraciones continuar con la correcta tramitación de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado del recurrente, y se disponga la concesión de la correspondiente visa temporaria de refugio prescrita en el artículo 32, inciso primero, de la Ley N°20.430.

Segundo: Que informa el Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo íntegro del recurso, por los argumentos que expone.

Señala que el recurrente, don nombre reservado, nacional de Venezuela, no registra fecha de ingreso al territorio nacional, de lo cual se desprende necesariamente su ingreso clandestino al país. Añade que mediante Parte Policial N°NUM001 de 8 de noviembre de 2021 de la Policía de Investigaciones de Chile, denunció al extranjero por ingreso al país por paso no habilitado. En su recurso el recurrente manifiesta expresamente haber ingresado al país con fecha 20 de julio de 2021.

Precisa que, el 13 de noviembre de 2025, el recurrente manifestó ante este Servicio su intención de acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, ante lo cual, mediante oficio ordinario de 13 de noviembre de 2025, el Servicio lo citó a las dependencias del Departamento de Refugio y Protección Internacional de dicha autoridad, para el día 27 de noviembre de 2025, a las 10:30 horas, con la finalidad de dar inicio a su solicitud de ingreso al procedimiento de Reconocimiento de la condición de refugiado.

Agrega que, según sus registros el actor se presentó en la fecha y hora indicadas, instancia en la que entregó la información contemplada en los artículos 26 y 28 de la Ley 20.430, además de la información contemplada en el artículo 37 del Decreto Supremo 837, Reglamento de la ley 20.430 que Establece Disposiciones sobre Protección de Refugiados.

Señala que, se resolvió la solicitud, mediante Resolución Exenta N°NUM002, de 27 de noviembre de 2025, del Servicio Nacional de Migraciones, remitida al correo electrónico aportado por el señor nombre reservado al momento de presentar su solicitud, y se le informó que no era posible dar inicio al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, al no haber cumplido con los requisitos formales establecidos en la Ley 20.430 y su Reglamento, relativos a: a. Haber mantenido período de residencia o tránsito en un país diferente al territorio en que su vida o libertad está amenazada, sin entregar razones atendibles para no haber solicitado la protección de tal estado según lo establecido en el numeral 3 del artículo 26 de la ley 20.430 de 2010 y el artículo 2 del mismo cuerpo legal. b. Exceder el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el SERMIG, según lo establecido en el art. 26 de la ley 20.430. c. Mantener ingreso al país por paso no habilitado, y no presentar los antecedentes que permitan acreditar cumplimiento de los plazos establecidos en el art. 8 y 35 del Decreto Supremo 837, Reglamento de la Ley 20.430; según lo establecido en el numeral 5 del artículo 26 de la ley 20.430 de 2010.

Puntualiza que en el mismo acto se le otorgó al recurrente un plazo de 15 días para acompañar antecedentes que permitiesen subsanar las faltas que le fueron indicadas, bajo apercibimiento de tener por desistida su solicitud, en atención a lo señalado en el artículo 28 bis. de la ley 20.430 y el artículo 31 de la ley N°19.880.

Conforme lo anterior, el extranjero remitió documentación a modo de subsanación, específicamente una carta explicativa, documento de identidad de su país de origen y copia de recepción de declaración voluntaria de ingreso clandestino.

Finalmente, tras el análisis de los antecedentes, mediante Resolución Exenta N°NUM000, de 17 diciembre de 2025 del Servicio Nacional de Migraciones, se determinó decretar el desistimiento de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado presentada por el recurrente, conjuntamente con la reserva de los recursos judiciales y administrativos que fueran procedentes en contra de dicho acto administrativo. Aclara que no se ha dictado sanción migratoria contra el extranjero, ya sea medida de abandono o expulsión del país.

Sostiene que su actuación se ajustó íntegramente al marco normativo aplicable, integrado por la Ley N°20.430 —modificada por la Ley N°21.655, vigente desde el 20 de febrero de 2024—, su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N°837, y la Ley N°21.325. Señala que la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado fue rechazada por incumplimiento de requisitos formales y de oportunidad: el recurrente ingresó clandestinamente al país en julio de 2021, excedió el plazo fatal de 7 días hábiles para presentarse ante el Servicio, omitió comparecer ante la autoridad contralora de fronteras dentro de los 10 días exigidos por los artículos 6° de la Ley N°20.430 y 8° y 35° de su Reglamento, y no aportó antecedentes suficientes para subsanar tales deficiencias dentro del plazo de 15 días concedido al efecto.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la leyó arbitrario - producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que para que el presente recurso prospere, es menester que se establezca de manera indubitada, la existencia de un derecho agredido, por una conducta ilegal o arbitraria por parte del recurrido, que provoquen la afectación de alguna de las garantías constitucionales tuteladas por esta vía cautelar de urgencia.

Quinto: Que, en tal contexto, se recurre en contra de una decisión administrativa, adoptada por un órgano estatal, por lo que el control que puede efectuarse a través del presente arbitrio exige revisar que dicha actuación se ajuste a derecho, en términos que emane de autoridad competente, facultada para ello, en un caso previsto por la normativa pertinente y con sujeción a ella; y, además, que esté provista de fundamento o que los motivos que se aduzcan tengan un carácter razonable.

Sexto: Que la Ley N°20.430, que establece disposiciones sobre la protección de refugiados, modificada sustancialmente por la Ley N°21.655, consagra un procedimiento administrativo reglado para el reconocimiento de dicha condición. En este marco, el artículo 26 de la Ley N°20.430 impone a todo extranjero que ingrese al territorio nacional con la intención de solicitar refugio la obligación de presentar su solicitud ante el Servicio Nacional de Migraciones en un plazo fatal de siete días hábiles desde su ingreso. Tratándose de ingresos por pasos no habilitados, el artículo 35 del Decreto Supremo N°837, Reglamento de la Ley de Refugio, en relación con su artículo 8°, exige adicionalmente que el solicitante se presente ante la autoridad dentro de los 10 días siguientes a la infracción, acreditando la respectiva autodenuncia y alegando una razón justificada para su ingreso irregular.

Séptimo: Que, en la especie, la Resolución Exenta N°NUM000, de 17 de diciembre de 2025, no constituye un acto ilegal ni arbitrario, sino el ejercicio legítimo de las facultades que el artículo 28 bis de la Ley N°20.430 otorga al Servicio Nacional de Migraciones. Dicha norma faculta expresamente a la autoridad para evaluar el cumplimiento de los requisitos formales de la solicitud y, en caso de detectar omisiones -como el incumplimiento del plazo contemplado en la ley para presentar la solicitud ante la autoridad migratoria-, notificar al interesado para que subsane los defectos en un plazo de quince días hábiles. El referido precepto legal establece una ficción legal de desistimiento ante la falta de subsanación oportuna, disponiendo que “…en caso de no cumplir con la subsanación dentro de plazo, su solicitud se tendrá por desistida”.

Octavo: Que, asimismo, se observa que el Servicio Nacional de Migraciones actuó con estricto apego al principio de legalidad y al debido proceso administrativo, toda vez que, previo a dictar el acto terminal, otorgó a la recurrente la oportunidad de enmendar las falencias mediante la Resolución Exenta N°NUM002, de 27 de noviembre de 2025. Al no haber acompañado el extranjero los antecedentes requeridos - específicamente la acreditación de haber presentado la solicitud en el plazo de siete días hábiles, contado desde el ingreso al territorio nacional, según el artículo 26 de la Ley N°20.430-, la autoridad se encontraba obligada a declarar el desistimiento, no existiendo margen de discrecionalidad que permita calificar su actuar como caprichoso o arbitrario.

Noveno: Que, por consiguiente, no se advierte ilegalidad en el acto impugnado, por cuanto ha sido dictado por la autoridad competente, dentro de sus atribuciones y con estricto apego a las normas de la Ley N°20.430, su Reglamento y la Ley N°19.880 de bases de los procedimientos administrativos.

Tampoco se aprecia arbitrariedad, toda vez que la resolución se encuentra debidamente fundada en el incumplimiento objetivo de cargas procesales que la ley impone a los solicitantes de refugio.

Al no existir un acto ilegal o arbitrario que afecte las garantías constitucionales invocadas, la presente acción cautelar debe ser desestimada.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Protección N°1429-2026.