nombre reservado con DIRECCION DEL TRABAJO

C.A. de Santiago Santiago, tres de octubre de dos mil veintitrés.

A los folios 12: a todo, téngase presente.

Al folio 13: a sus antecedentes.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que comparece doña Makarena García Dinamarca, abogada, en favor de doña nombre reservado, administrativa, interponiendo acción constitucional de protección en contra de la Dirección del Trabajo, representada por su Director Nacional don Pablo Zenteno Muñoz, o quien la represente, por la vulneración de las garantías fundamentales reconocidas en el artículo 19 N° 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República, en razón de haber dictado la Resolución N° 10, de 30 de julio de 2021, tomada de razón el 2 de agosto de 2023 y notificada el día 8 de igual mes y año, que le aplicó la medida disciplinaria de destitución, con el fin de que esta Corte restablezca el imperio del derecho y ordene dejar sin efecto el acto administrativo referido.

Indica que la actora ingresó a prestar funciones en la recurrida, en calidad de contrata, asimilada al escalafón administrativo, el 4 de octubre de 2004, fecha a contar de la cual las contratas se han renovado en forma continua, cumpliendo funciones de fiscalizadora, habiendo cumplido 19 años de carrera funcionaria, y sido calificada entre los años 2017 a 2022 en Lista 1.

Señala que por Resolución Exenta N° 28, de 21 de noviembre de 2018, de la Directora Regional del Trabajo Región Metropolitana Oriente, se instruyó investigación sumaria en la Inspección del Trabajo Santiago Sur, para determinar las circunstancias en que se habrían producido atrasos injustificados de la recurrente en la Inspección Comunal Santiago Sur, entre diciembre de 2014 y junio de 2018.

Luego, por Resolución Exenta N° 4, de 4 de febrero de 2019, se declaró cerrado el período indagatorio y, por Oficio N° 01/2019, de igual fecha, notificado el 13 de febrero de ese año, se le formularon 3 cargos, consistentes en que: 1) entre febrero de 2015 a diciembre de 2018 incurrió en atrasos reiterados al ingreso de su jornada laboral; 2) en igual período, no haber efectuado marcaje de entrada (35) y salida (11); y 3) entre marzo de 2015 y septiembre de 2017, se contabilizaron 3 días sin asistencia a sus labores, por ausencia de marcaje de entrada y salida. Refiere que en todas las formulaciones de cargos se indican como infringidos los artículos 61 letras a), b), c), d) y f) en relación a los artículos 65 y 72 inciso final del Estatuto Administrativo.

Da cuenta de haber evacuado sus descargos, adjuntando documentación que da cuenta del cumplimiento de su jornada laboral.

Luego, con fecha 25 de febrero de 2019, la investigadora evacuó su informe proponiendo como sanción aplicarle la medida disciplinaria de destitución y, a los otros ocho funcionarios investigados se propuso aplicarles multas de diversos rangos en su remuneración mensual, la medida de censura, y la destitución en otros dos casos.

Posteriormente, por Resolución Exenta N° 38, de 11 de septiembre de 2019, del Director del Trabajo, se aprobó la investigación sumaria y se aplicó la medida de destitución a la actora, notificándola personalmente el 16 de octubre de 2019.

Interpuso recurso de reposición en su contra, el que fue resuelto por Resolución Exenta N° 9 de 18 de febrero de 2021, notificada el 11 de marzo de ese año, acogiéndolo parcialmente respecto al cargo tercero, atendido que el 26 de junio de 2017 se celebró la festividad de “San Pedro y San Pablo”, rediciendo los días de ausencia de 3 a 2, y mantuvo la medida disciplinaria de destitución, luego de dejar sin efecto en la parte considerativa lo relativo al mes de febrero de 2015 del cargo segundo, por estar prescrito.

Luego se dictó la Resolución N° 10 de 30 de julio de 2021 de la Directora del Trabajo, objeto de estos autos, que aprobó la tramitación de la investigación sumaria y aplica medidas disciplinarias a funcionarios que indica, disponiendo en lo pertinente que las conductas anotadas constituyen infracción al artículo 61 letras a), b), c), d) y f) en relación a los artículos 65 y 72 inciso final del Estatuto Administrativo, lo dispuesto en la Resolución Exenta N° 620 de 2000 del Director del Trabajo y la Circular N° 103 de 2011 del Jefe del Departamento de Recursos Humanos.

Agrega la resolución que parte de los hechos reprobados corresponden a los meses de febrero a junio del año 2015, por lo que la acción disciplinaria por las infracciones cometidas en dichos períodos en los cargos primero y segundo están extinguidas por prescripción, sin perjuicio de lo cual, se mantiene la sanción de destitución, dada la entidad de las otras infracciones cometidas, que no permiten modificar la medida establecida por la Resolución Exenta N° 38 de 2019; y dispone que del resultado de las diligencias practicadas en la investigación ha quedado suficientemente acreditado que a la actora le asiste responsabilidad administrativa en los hechos investigados, imponiendo diversas sanciones a otros ocho funcionarios, aplicándole solo a una persona aparte de la actora la sanción de destitución.

Como fundamentos de arbitrariedad e ilegalidad indica, en primer término, que se produjo el decaimiento del acto administrativo sancionador. El marco es una investigación sumaria regulada en el artículo 126 del Estatuto Administrativo, reiterando las fechas de su tramitacioón, y razona que desde la instrucción de la investigación sumaria hasta la notificación de la sanción, acto terminal, transcurrieron 4 años, 9 meses y 16 días.

Argumenta que si bien los plazos no son fatales, no puede significar la infracción a los principios de eficiencia, eficacia y celeridad, debiendo todo procedimiento administrativo ser resuelto en un plazo razonable, único escenario en que puede estimarse que un proceso cumple con las garantías de ser racional y justo, citando jurisprudencia al efecto.

Esgrime que la potestad invalidatoria de la Administración tiene un límite temporal de dos años, de conformidad con el artículo 53 de la Ley N° 19.880 y, si se encuentra imposibilitada de invalidar una sanción transcurrido ese plazo, también ha de estarlo para ejercer la potestad que implica la imposición del castigo.

En ese contexto, estima que la demora injustificada de la recurrida para resolver es del todo ilegal, por haber sobrepasado el término de dos años citado, vulnerando el derecho de igualdad ante la ley, dejándola en una posición desmejorada en relación a otros funcionarios que han podido obtener una decisión final en un plazo razonable, demora que no sólo afecta a la decisión recurrida, sino que a todo el procedimiento investigativo, que se torna ineficaz por haber excedido el término de vigencia razonable.

Alega la prescripción de la acción disciplinaria, de acuerdo al artículo 157 letra d) de la Ley N° 18.834, en relación al artículo 158 de la misma ley, que ocurre a los 4 años contados desde el día en que el funcionario incurrió en la acción u omisión que le da origen.

El artículo 159 del mismo cuerpo legal, por su parte, dispone que la prescripción se suspende desde que se formulen cargos y, agrega en el inciso segundo, que si el proceso se paraliza por más de dos años o transcurren dos calificaciones funcionarias, sin que haya sido sancionado, continua corriendo el plazo de la prescripción como si no se hubiese interrumpido.

Afirma que el plazo de prescripción comenzó a correr el 28 de diciembre de 2018, día en que habría ocurrido la última de las conductas sancionadas, y se suspendió el 13 de febrero de 2019 con la notificación de la formulación de cargos. Luego, transcurridas dos calificaciones, la primera en noviembre de 2019 y la segunda el mismo mes del año 2020, el plazo continuó su computo como si no se hubiese interrumpido, que en términos semejantes al artículo 96 del Código Penal, debe entenderse referido a que no se ha suspendido. Por tanto, a la fecha en que quedó afinado el sumario administrativo y se aplicó la sanción, transcurrieron 4 años, 7 meses y 8 días, por lo que la responsabilidad administrativa está prescrita.

Se refiere, enseguida a la proporcionalidad de la sanción, reiterando los antecedentes y destacando que la resolución de la Dirección del Trabajo hace diferencias al imponer una sanción de menor intensidad a 7 funcionarios, objeto del mismo sumario, habiéndole formulado los mismos cargos a tres funcionarios por los mismos hechos, sancionados con suspensión del empleo con goce de 50% de sus remuneraciones el primero, igual sanción a otra funcionaria con un 70% de sus remuneraciones, y el tercero, con multa del 15% de su remuneración mensual; sin que se explique o entienda la razón por las que se estimó hacer diferencias en cuanto a la sanción impuesta, tornándose arbitraria, sin elementos de juicio o complementarios que justifiquen el trato desigual.

Hace presente que la resolución cuestionada indica que la funcionaria no tiene irreprochable conducta anterior y se consideró como agravante haber sido sancionada por Resolución Exenta N° 176 de 25 de junio de 2013, por hechos ocurridos en abril y julio de 2008 y abril de 2009, habiendo transcurrido entre la sanción anterior y la nueva 10 años y 8 meses.

Cita dictámenes de los años 2005, 2011 y 2013 de la Contraloría General de la República, que han expresado que los principios del derecho penal son aplicables, con matices, al derecho administrativo sancionador. En ese marco, nuestro ordenamiento jurídico reconoce el derecho a eliminar antecedentes penales, dependiente si son una falta o delito en 3, 5 y 10 años y, así, no es razonable que se considere que no tiene irreprochable conducta anterior y se tenga como agravante de responsabilidad el haber sido sancionada administrativamente hace 10 años.

Como garantías constitucionales vulneradas cita, en primer lugar, el derecho de igualdad ante la ley, del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, que prohíbe a la Administración hacer discriminaciones que deriven en la afectación de los derechos subjetivos de los administrados, lo que no ocurre en el acto administrativo que da lugar a esta acción, por cuanto la autoridad vulneró flagrantemente esta directriz, al aplicar una sanción estando prescrita la acción disciplinaria, la tardanza excesiva en el actuar de la Administración y la infracción al principio de proporcionalidad.

En segundo lugar, cita el derecho de igualdad ante la ley “de la aplicación del derecho al debido proceso”, por obligaciones internacionales adquiridas por el Estado, recogido en el artículo 8.1, 8.2 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en relación al artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, permite reclamar la justiciabilidad de la garantía del debido proceso y cuya afectación significa una transgresión a esa garantía. En el caso, al no haberse resuelto en un plazo razonable, no puede estimarse que el proceso cumple con las garantías de ser racional y justo.

En tercer lugar, cita el derecho de propiedad, del artículo 19 N° 24 del texto Constitucional, en relación a la estabilidad en el empleo, consagrada en el artículo 46 de la Ley N° 18.575 y en el artículo 89 del Estatuto Administrativo, como parte del orden público económico, porque forma parte del patrimonio personal, social y pecuniario del sujeto. Igualmente, está consagrado en el artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En la especie, considera, se ha dispuesto una destitución maquillada de un supuesto actuar dotado de formalidad, pero que en los hechos es flagrantemente ilegal, carente de lógica y arbitrario, privando con ello de la carrera funcionaria, la estabilidad en el empleo y las respectivas remuneraciones.

Solicita que se acoja la acción, adoptando todas las medidas que se estime concurrentes para el restablecimiento del imperio del derecho y las garantías fundamentales vulneradas, especialmente disponiendo que se deje sin efecto la sanción de destitución aplicada por la Resolución N° 10 de 30 de julio de 2021, disponiendo su absolución o una sanción administrativa proporcional; que se ordene la reincorporación de la funcionaria y se efectúe el pago de las remuneraciones no percibidas desde que se le aplicó la destitución hasta su efectiva reincorporación, con costas.

Segundo: Que informando la recurrida solicita el rechazo de la acción en todas sus partes.

Cita los antecedentes del proceso administrativo y del recurso, y afirma que conforme a la le y en ejercicio de sus facultades legales, la Dirección del Trabajo dispuso una sanción disciplinaria, siendo evidente que no hay ilegalidad ni arbitrariedad.

Se refiere a la Resolución N° 9 de 18 de febrero de 2021, que identifica como la recurrida, por la que se acogió parcialmente un recurso de reposición y aplicó la medida disciplinaria, que en sus fundamentos, en la parte considerativa, en su punto 2.1, indica que la actora entre febrero de 2015 a diciembre de 2018, incurrió en reiterados atrasos al ingreso de su jornada laboral, sin que conste justificación adecuada de los antecedentes del proceso o su propia declaración, detectándose un total de 40 meses con atrasos que superan los 59 minutos establecidos como límite tolerable.

Por su parte, de un análisis de sistema de marcaje de asistencia entre febrero de 2015 a diciembre de 2018, se constató que no efectuó reiterados marcajes de entrada (35) y salida (11) de su jornada laboral, situación que impide al Servicio tener constancias del efectivo cumplimiento de aquella, estando obligada a hacerlo, salvo situaciones de excepción que no se han constatado.

Igualmente, se constataron un total de 3 días sin asistencia a sus labores.

Reproduce lo referido a la prescripción en relación a los hechos acontecidos en febrero de 2015 y, cita e motivo 9.7, en que se deja constancia que si bien la Contraloría General permite que la autoridad imponga una sanción diversa a la destitución para los funcionarios que incurren en ausencias o atrasos reiterados, sin causa justificada, cuando existen situaciones que eximen o atenúan la responsabilidad, de acuerdo a los antecedentes tenidos a la vista, la actora no acompañó alguno que permita desacreditar los cargos formulados y, por lo demás, por Resolución de 25 de junio de 2013 fue sancionada previamente con la suspensión del empleo con el goce del 50% de sus remuneraciones, por conductas equivalentes a las cuestionadas ahora, siendo una situación sostenida en el tiempo, sin que haya adecuado su conducta.

Así, observa, el fundamento de la resolución dice relación con hechos acreditados mediante un sumario administrativo, en que la actora ejerció su defensa sin poder desvirtuar la ocurrencia de los hechos denunciados, de manera que la decisión de sancionarla con la medida de destitución se tomó ante infracciones claras, objetivas y graves, que comprometen gravemente el cumplimiento del principio de probidad administrativa, haciéndose obligatoria la imposición de la sanción para la jefatura y configurándose como medida de buena administración para que el Servicio pueda atender las necesidades públicas de manera regular, continua y permanente, estando fundada en términos de razonabilidad, pudiendo de su simple lectura observar que no merece objeciones, habiéndose dictado en uso de las facultades discrecionales de la autoridad, atendido el mérito, la conveniencia y oportunidad del caso.

Sobre los argumentos de la acción, los descarta, negando que la acción disciplinaria esté prescrita. Estima necesario aclarar los conceptos “período calificatorio” y “proceso evaluatorio”. El primero se refiere al período que transcurre entre el 1 de septiembre y el 31 de agosto del año siguiente, como 12 meses de desempeño que se evalúan en cada proceso y, el proceso evaluatorio implica la calificación, que debe terminar a más tardar el 30 de noviembre de cada año y, de conformidad con el artículo 52 de la Ley N° 18.834, las calificaciones ejecutoriadas rigen a contar del 1 de enero de cada año y rigen por 12 meses.

En ese sentido, la Contraloría General ha establecido que entre la formulación de cargos y el 31 de diciembre del año en que se realizó, transcurre la primera calificación a la que se refiere el artículo 159 del Estatuto Administrativo, y la segunda, a la misma data del año siguiente, continuando el cómputo de la acción disciplinaria el día que le sigue, esto es, el 1 de enero de la anualidad respectiva, siendo el 31 de diciembre la fecha que tiene que considerarse para computar la suspensión de la prescripción.

Da cuenta que con fecha 4 de febrero de 2019 se formularon los cargos, notificados personalmente el 13 de ese mes y año, suspendiéndose así por medio de esa notificación la prescripción.

Sobre los plazos, en el caso, sostiene que el expediente sumarial fue tomado de razón por la Contraloría el 2 de agosto de 2023, que constituyó en último trámite del proceso disciplinario y dejó firme la medida impuesta, medida que le fue notificada y aplicada los días 8 y 9 de agosto de 2023, transcurriendo sólo 7 días, lapso menor al plazo de 4 años exigido en el artículo 158 inciso primero del artículo 158 del Estatuto Administrativo.

Agrega que la alegación de prescripción fue realizada en sede administrativa, repitiéndola ahora, petición que fue resuelta en forma fundada y legal en la resolución impugnada en estos autos, por lo que procede su rechazo.

Luego, alega que procede el rechazo de la acción por no concurrir la teoría del decaimiento del acto administrativo, citando jurisprudencia administrativa. Observa que la doctrina judicial y administrativa establece que los plazos para la Administración no son fatales, pues la única sanción contemplada para ello por el legislador es la responsabilidad administrativa.

Cita abundante jurisprudencia y precisa que el presupuesto de la sanción es la vulneración del principio de probidad administrativa, no derogado, como tampoco la normativa sobre la jornada de trabajo, habiéndosele imputado cargos que importan el incumplimiento de diversa normativa legal e interna vigente a la época de los hechos investigados.

Niega haber incurrido en ilegalidad alguna, habiendo respetado sin excepción la normativa administrativa y los pronunciamientos de la Contraloría General de la República, así como los principios y mandatos de la Constitución Política y las leyes, tratándose de una actuación legítima que no adolece de vicios de ilegalidad o arbitrariedad.

Indica que por ley le corresponde al Director del Trabajo la dirección y supervigilancia del Servicio, y entre otros, la remoción del personal con sujeción a las disposiciones administrativas pertinentes. En el caso, se ha cumplido la tramitación en forma legal del procedimiento disciplinario reglado por la Ley N° 18.834. De esa forma, la resolución impugnada fue dictada dentro de sus competencias legales y en el ejercicio de una facultad administrativa.

Agrega que en el caso la recurrente fue sancionada luego de haberse tramitado un sumario administrativo en que se determinó la existencia de los hechos, los responsables y su participación, y la concurrencia de infracciones que hacen incurrir en responsabilidad administrativa. La actora fue objeto de formulación de cargos muy específicos con indicación expresa de la normativa infraccionada, respecto de los cuales se defendió presentando descargos que no desvirtuaron los hechos constatados, ni la normativa correctamente aplicada a su caso; luego, la fiscal emitió un informe en que sugiere la aplicación de la medida de destitución, que fue aplicada por la superioridad del Servicio, dados los antecedentes, decisión que fue objeto de un recurso de reposición por la actora, el que fue acogido parcialmente, pero manteniendo la sanción por no lograr variar lo resuelto.

Así, el proceso disciplinario se tramitó en forma ajustada a derecho, cumpliendo los trámites pertinentes, oyendo a la inculpada y permitiendo su defensa.

En relación a la falta de proporcionalidad en relación a los otros funcionarios sancionados, se remite a los argumentos expuestos en el considerando 9.3 de la Resolución Exenta N° 9, que acogió parcialmente el recurso de reposición. Sin perjuicio de eso, señala que la medida aplicada guarda relación y se ajusta a los hechos imputados, en los que la inculpada actuó incumpliendo los deberes estatutarios que debe respetar, siendo necesario precisar que las conductas transgredidas no se enmarcan en el incumplimiento de una sola obligación funcionaria, sino que de todas las ya citadas.

Niega igualmente que la resolución sea arbitraria, por las razones señaladas y atendido que el acto es el resultado de las facultades reconocidas que le pertenecen al Director del Trabajo en materia de administración y dirección.

Rechaza igualmente que la resolución impugnada amenace o perturbe a la recurrente en el legítimo ejercicio de sus garantías constitucionales, cuestionado que en estricto rigor la actora no indica de qué manera el acto reclamado implica una vulneración de las garantías esgrimidas, careciendo de fundamentos.

Sobre la igualdad ante la ley, no se describe en forma alguna por qué se le habría dado un trato discriminatorio, siendo labor suya indicar en que forma entiende se ha producido. Lo cierto, afirma, es que se le ha otorgado el mismo trato que a cualquier persona que infringe la ley y el ordenamiento que rige a un servicio público, además de ser insostenible plantear un régimen de impunidad ante infracciones manifiestas a los deberes funcionarios. En el caso, no advierte discriminación ni arbitrariedad en la resolución, que es fundada, ni se le ha negado la oportunidad de instar o proseguir en resguardo de sus derechos por la vía administrativa, habiendo estado siempre en condiciones de ejercer todas las acciones y derechos que le otorga la ley.

Respecto al debido proceso, asevera que la actora fue objeto de la medida disciplinaria de destitución en virtud de sus facultades legales utilizadas en forma criteriosa y fundada, por lo que no se explica de qué modo podría vulnerar esta garantía, pareciéndole llamativo pensar que los servidores públicos puedan cometer infracciones funcionarias sin esperar que se aplique la responsabilidad administrativa a su respecto.

Sobre el derecho de propiedad niega ser efectivo que se haya vulnerado sus remuneraciones, puesto que no ostenta tal derecho sobre la función o cargo público, siendo imposible entender que las personas que desarrollan funciones públicas tengas un derecho de propiedad sobre éstas, propias del Estado, sobre las que mal podría entenderse que existen derechos patrimoniales como el dominio. La función pública proviene de una relación jurídica de naturaleza estatutaria y el cargo a través del que se desempeñan participa de tal carácter, es una clase de representación del Estado que no es posible incluir en el campo del derecho privado, en el que el derecho de propiedad se inserta y respecto al cual se establece esta garantía fundamental.

Finalmente, arguye que la recurrente no tiene un derecho indubitado y yerra al utilizar esta acción, que no es la vía idónea para impugnar resoluciones administrativas, que pueden reclamarse por sus propios mecanismos, tanto a través de los recursos que contempla la Ley N° 19.880, como la posibilidad de reclamar ante la Contraloría Genera. En ese sentido y sobre la inexistencia de un derecho indubitado, se refiere especialmente a la improcedencia de la propiedad sobre una función pública o cargo y su remuneración.

Tercero: Que, para que pueda brindarse protección constitucional, es necesario que se haya incurrido en un acto u omisión arbitraria o ilegal que amenace, prive o perturbe alguna de las garantías constitucionales que el Constituyente señala en el artículo 20 de la Carta Política.

Cuarto: Que, así se trata de una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que se puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar:

a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;

b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho;

c) y que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Quinto: Que el acto que motiva la presente acción constitucional dice relación con una investigación sumaria sustanciada en contra de la recurrente conforme al artículo 126 del Estatuto Administrativo que culmina con su destitución, en circunstancias que, según esgrime, se produjo el decaimiento del acto administrativo, prescripción de la acción disciplinaria y falta de proporcionalidad de la sanción.

Sexto: Que conviene, para resolver tener presente los siguientes antecedentes fácticos:

a) Por Resolución Exenta N° 28 de 21 de noviembre de 2018 la Directora Regional del Trabajo de la Región Metropolitana Oriente ordenó instruir una investigación sumaria por atrasos injustificados en que habría incurrido la funcionaria recurrente entre los meses de diciembre 2014 y junio de 2018.

b) Por Resolución Exenta N° 38, de 11 de septiembre de 2019, se aprobó la tramitación y se aplicó a la recurrente la medida de destitución lo que fue notificado el 16 de octubre de 2019.

c) El 18 de octubre la recurrente dedujo reposición, el que fue resuelto por Resolución Exenta N° 09 de 18 de febrero de 2021, acogiéndose parcialmente el recurso declarándose prescrito los períodos anteriores al año 2015, manteniéndose la medida de destitución.

d) Finalmente se dicta la Resolución N° 10 de 30 de julio de 2021 de la Directora del Trabajo que aprueba la investigación sumaria y aplica la medida de destitución.

e) El 2 de agosto de 2023 la Contraloría General de la República toma razón de la medida.

Séptimo: Que la pretensión buscada por la recurrente no es posible satisfacer por la vía de la acción constitucional elegida.

En efecto, como se sabe, se trata éste de un procedimiento especialísimo destinado a restaurar el imperio del derecho de aquellos preexistentes e indubitados más no a declarar la existencia de éstos. Por ello no puede éste tildarse de un procedimiento contencioso administrativo por el que pueda revisarse una decisión tal como si se tratara de un recurso de doble instancia.

Dentro de este escenario declaraciones como de prescripción o decaimiento por su contenido son netamente declarativas y por ende, exceden el límite de la cautela constitucional.

En igual sentido, la revisión de proporcionalidad también es ajena a este procedimiento pues implica un examen de mérito en orden a revisar si la sanción aplicada a la recurrente resulta atendible a los antecedentes imputados y probados, sin que a priori, esta Corte pueda adquirir convicción sobre una supuesta ilegalidad o arbitrariedad de la medida impuesta, primero porque el artículo 119 letra a) del Estatuto Administrativo contempla dicha medida precisamente para la situación que se imputó a la recurrente y, enseguida porque para aplicarla se tuvo en cuenta que con anterioridad la recurrente ya había sido objeto de otro sumario administrativo en el año 2013 por similares hechos en los que se le aplicó la medida de suspensión de funciones y rebaja de remuneraciones, de tal suerte que se ajusta a lo razonable la sanción aplicada en este nuevo sumario.

Octavo: Que si bien, esta Corte advierte una tardanza por parte de la Contraloría General de la República en el acto de toma de razón, lo cierto es que la recurrente no imputó a dicha entidad de control algún acto arbitrario o ilegal por lo que aquello queda fuera de este pronunciamiento.

Noveno: Que así ha de descartarse la concurrencia de los presupuestos necesarios para que pueda prosperar el recurso impetrado, siendo inoficioso analizar la eventual vulneración de garantías constitucionales.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el auto acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas la acción de protección deducida en favor de doña nombre reservado en contra de la Dirección del Trabajo.

Regístrese y en su oportunidad, archívese.

N°Protección-14278-2023.