Protección contra Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, cinco de septiembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Primero: Que comparece don nombre reservado

nombre reservado, abogado, en beneficio de doña nombre reservado, cédula de identidad N° NUM000 (Venezuela), de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones, representada legalmente por su jefe don nombre reservado, por haber negado la debida tramitación de la solicitud de refugio de la recurrente, con sus respectivos antecedentes y el envío de los mismos a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado.

Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que vulnera el procedimiento establecido en el artículo 26 y siguientes de la Ley N°20.430 que establece disposiciones sobre protección de refugiados, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita que se concluya el procedimiento de reconocimiento de refugio y se ordene la concesión de la correspondiente visa temporaria.

Expone que la actora es una ciudadana venezolana que se vio forzada a escapar de su país de origen e ingresar por pasos inhabilitados a Chile, debido a que su libertad y seguridad han sido amenazadas por la violencia generalizada, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos y otras circunstancias que han perturbado gravemente el orden público en Venezuela. Las razones que motivaron su salida del país caribeño dicen relación con la grave situación de extrema descomposición social, económica e institucional que se vive desde hace años en Venezuela, incluyendo la falla casi absoluta en la cadena de distribución de alimentos y servicios básicos como electricidad, agua y gas, una crítica situación de los servicios de salud y seguridad pública, y el aumento de la delincuencia, incluyendo la presencia de bandas criminales conocidas como los "Colectivos" y los "Tupamaros".

Señala que, la represión ejercida por las fuerzas de orden y seguridad venezolanas, que en vez de proteger a los ciudadanos se transformaron en una amenaza a su integridad física y psicológica debido a su adhesión al Gobierno chavista, que no tolera disidencia alguna. En tal contexto, habiendo perdido las esperanzas de vivir en paz y con dignidad en Venezuela, la recurrente salió de su país con fecha 06 de junio de 2019, haciendo ingreso a Chile con fecha 03 de septiembre de 2021.

Indica que, una vez en territorio nacional, la recurrente concurrió con fecha 20 de mayo de 2025 a las dependencias de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones para dar inicio al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. No obstante, hasta la fecha de interposición del recurso, la representada no ha vuelto a ser contactada por la autoridad migratoria recurrida y tampoco le ha sido otorgada la visación de residente temporario prescrita en el artículo 32, inciso 1°, de la Ley N°20.430.

Sostiene que el derecho a buscar y recibir asilo es un derecho humano fundamental que no puede limitarse de forma arbitraria. Invoca la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece en su artículo 14 que toda persona tiene derecho a buscar asilo y disfrutar de él en caso de persecución. Asimismo, cita el artículo 5° de la Constitución Política de la República, que establece la obligación del Estado de respetar los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y de promover tales derechos, ya sea que estén garantizados por la Constitución o en tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile.

Invoca también el artículo 4° de la Ley N°20.430, que establece el principio de No Devolución, el cual se aplica desde el momento en que se manifieste la intención de formalizar una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado ante la autoridad competente. Cita además la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas de 1951, particularmente sus artículos 32 y 33, que prohíben la expulsión y devolución de refugiados. Adicionalmente, hace referencia a la Resolución Exenta N°21.726 de fecha 11 de mayo de 2023, que establece un manual de procedimiento administrativo del Departamento de Refugio y Reasentamiento del Servicio Nacional de Migraciones.

Argumenta que se cumplen los requisitos del artículo 20 de la Constitución Política, esto es: una acción u omisión arbitraria o ilegal, que haya causado privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de garantías constitucionales, y la existencia de una relación de causalidad entre ambos elementos. Sostiene que el proceder de la autoridad migratoria importa una discriminación en relación con el trato dispensado a otros extranjeros, vulnerando así la garantía de igualdad ante la ley.

Alega que, se ha vulnerado la garantía constitucional de igualdad ante la ley establecida en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, toda vez que el proceder de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones importa una discriminación en relación con el trato dispensado a otros extranjeros, al no haber sido contactada la recurrente por la autoridad migratoria ni habérsele otorgado la visación de residente temporario prescrita en la ley, pese a haber manifestado su intención de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado.

Solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se resuelva que la autoridad migratoria y administrativa ha actuado de manera arbitraria e ilegal vulnerando derechos fundamentales de la recurrente, resolviendo que se concluya el procedimiento cuyo inicio ha sido solicitado dándole curso, y se ordene la concesión de la correspondiente visa temporaria de refugio prescrita en el artículo 32, inciso 1°, de la Ley N°20.430, mientras se espera la evaluación por parte de la comisión calificada correspondiente.

Segundo: Que evacuando el informe requerido en autos, compareció don nombre reservado, abogado del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la presente acción constitucional en todas sus partes, por no configurarse los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal y que atente contra alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Señala que la actora es extranjera nacional de Venezuela, no registra ingreso al país por un paso habilitado, por lo que es presumible que haya hecho ingreso al territorio nacional por un paso no habilitado para tales efectos. Con fecha 22 de mayo de 2025, la recurrente concurrió a las dependencias de la Dirección Regional del Servicio Nacional de Migraciones y manifestó su voluntad de solicitar acogerse al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. En esa misma fecha, la autoridad citó a la recurrente a la entrevista de admisibilidad establecida en el artículo 28 bis de la Ley N°20.430, para el día 31 de julio de 2025, a las 08:30 horas, a realizarse en las dependencias del Departamento de Refugio y Protección Internacional del Servicio Nacional de Migraciones. A la fecha del informe, la entrevista de admisibilidad de la extranjera se encuentra pendiente de realizarse y, con ello, continuar con el procedimiento. Finalmente, hace presente que la autoridad migratoria no ha dictado sanción migratoria alguna en contra de la parte recurrente.

Explica en primer lugar los cambios legislativos operados en la materia, indicando que con fecha 20 de febrero de 2024 se publicó y entró en vigencia la Ley N°21.655, que modificó la Ley N°20.430 para establecer una etapa inicial del procedimiento de determinación de la condición de refugiado. Esta normativa realizó importantes modificaciones a la tramitación del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado y estableció nuevos requisitos para la admisibilidad y formalización de una solicitud de refugio, especialmente con la modificación de los artículos 2, 3, 6, 26 y 32, junto con la incorporación de los artículos 28 bis y 28 ter.

Indica que, en relación al procedimiento administrativo vigente, se encuentra regulado principalmente por la Ley N°20.430, la Ley N°21.665 que la modificó, el Decreto N°837 que fija su Reglamento, y algunas normas de la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería. Detalla que la presentación de una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado se encuentra especialmente regulada en el artículo 26 de la Ley N°20.430, conforme al cual toda persona se encuentra habilitada para solicitar en Chile el reconocimiento de la condición de refugiado, con independencia de su condición migratoria, siempre que se encuentre en territorio nacional.

Afirma que, no obstante, lo anterior, para que un extranjero sea considerado como solicitante de refugio, su solicitud debe haber sido declarada admisible y formalizada con arreglo a los artículos 2, 6, 26 y 28 de la Ley N°20.430, y a los artículos 8, 35 y 37 de su Reglamento. Los requisitos para la formalización comprenden: que el solicitante haya manifestado su intención de solicitar refugio ante autoridad competente y dentro del plazo legal; que se hayan cumplido los requisitos establecidos para solicitantes que hayan ingresado por paso no habilitado o que ostentan condición migratoria irregular; que la solicitud contenga las menciones mínimas exigidas; y que del análisis de la solicitud, ésta sea declarada admisible por tener suficientes fundamentos.

Señala que, todo extranjero que ingrese al territorio nacional con el objeto de solicitar refugio debe informar a la autoridad contralora de frontera sobre su intención, siendo trasladado posteriormente a la dependencia más cercana de la Policía de Investigaciones. Luego, el solicitante deberá manifestar su voluntad de solicitar refugio en cualquier oficina del Servicio Nacional de Migraciones en el plazo fatal de siete días contados desde su ingreso al país. Excepcionalmente, se podrá dar curso a la solicitud fuera de aquel plazo cuando existan antecedentes suficientes que den cuenta de un cambio en las circunstancias del solicitante.

Indica que el artículo 6 de la Ley N°20.430 y los artículos 8° y 35° de su Reglamento establecen que aquellos extranjeros que ingresen de manera clandestina o cuya residencia sea irregular pueden formalizar su solicitud sin perjuicio de la infracción cometida, presentándose ante la Policía de Investigaciones dentro del término de 10 días contados desde la infracción migratoria.

Refiere que, toda solicitud debe contener información y documentación mínima según lo establecido en el artículo 37 del Reglamento, y de no cumplir con las menciones y documentos exigidos, se notificará al solicitante otorgándole un plazo de 15 días hábiles para subsanar su solicitud.

Sostiene que sin perjuicio de que la solicitud del extranjero aún no ha sido declarada admisible, el artículo 26 de la Ley N°20.430 establece que el extranjero que presentare la solicitud deberá mantenerse a disposición de la autoridad migratoria hasta que se dicte la resolución que le reconozca la condición de refugiado, o hasta que se rechace dicha solicitud. La Ley 20.430 establece que sus disposiciones deben siempre ser interpretadas de la manera que resulte más favorable para el extranjero, buscando el trato más favorable posible.

Hace presente que, hasta el día 13 de enero de 2025, el Servicio Nacional de Migraciones ha recibido un total de 11.948 solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, concentrándose en la Región Metropolitana la cantidad de 6.199 solicitudes. Actualmente, respecto a la gran cantidad de solicitudes que se están tramitando en la Región Metropolitana, no existe disponibilidad para agendar nuevas entrevistas hasta el día 31 de julio de 2025, teniendo en consideración que se están realizando en promedio entre 108 y 140 entrevistas semanales, no resultando posible haber otorgado al extranjero recurrente una fecha anterior sin vulnerar directamente el derecho fundamental de igualdad ante la ley. El tiempo promedio de cada entrevista podría variar entre los 30 y 50 minutos, considerando la complejidad de los hechos y otros antecedentes que afecten la claridad de la información.

La recurrida concluye que no se vislumbran antecedentes objetivos que reflejen un actuar negligente o una conducta omisiva que infrinja las disposiciones de la Ley N°20.430 y su Reglamento, ni tampoco se distingue un acto u omisión ilegal o arbitrario por el cual se haya privado, vulnerado o amenazado el derecho fundamental que se pretende cautelar.

Por estas razones, la autoridad recurrida solicita tener por evacuado el informe requerido en autos y el rechazo de la presente acción constitucional en todas sus partes, por no existir en la especie acto u omisión arbitrario o ilegal de la autoridad que pueda considerarse que amenace, perturbe o prive el ejercicio legítimo de alguna de las garantías protegidas por la acción constitucional de protección, no siendo procedente que sea condenada en costas.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio del derecho de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese atributo.

De lo que resulta, como requisito indispensable de esta acción, la existencia de uno o varios actos u omisiones ilegales, esto es, contrarios a la ley, o arbitrarios, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

Cuarto: Que la actuación que se tacha de ilegal y arbitraria corresponde la negativa de la autoridad migratoria de otorgar la debida tramitación a la solicitud de refugio presentada por la recurrente, omitiéndose de ese modo el envío de los antecedentes a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado.

Quinto: Que, sin embargo, conforme consta de los antecedentes, particularmente del informe evacuado por SERNAMIG, resulta que la autoridad recurrida dio curso a la solicitud de que se trata, al citar a la peticionaria a la entrevista de admisibilidad establecida en el artículo 28 bis de la Ley N°20.430 para el día 31 de julio de 2025, siendo este acto trámite dentro de dicho proceso.

Sexto: Que, en esas condiciones, al haberse dado curso a la petición aludida, en los términos referidos precedentemente, significa que actualmente no existe medida que pueda adoptarse por esta Corte en el contexto de una acción de índole cautelar, lo que determina que la misma no pueda prosperar.

Por estas consideraciones y lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se declara que se rechaza, sin costas, el recurso deducido por nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-14270-2025.