Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, cuatro de febrero de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente Primero: Que comparece Franco Aldo Brunetti Arredondo, abogado, en favor nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la negativa a la debida tramitación de la solicitud de refugio de la recurrente y el envío de los mismos a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado.

Señala que doña nombre reservado es una ciudadana venezolana que se vio forzada a escapar de su país de origen e ingresar por pasos inhabilitados a Chile, debido a que su libertad y seguridad han sido amenazadas por la violencia generalizada, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos y otras circunstancias que han perturbado gravemente el orden público en Venezuela. En este contexto, la recurrente salió de Venezuela con rumbo a Chile con fecha 06 de junio de 2019, ingresando al país con fecha 03 de septiembre de 2021. Una vez en territorio nacional, recibió con fecha 26 de mayo de 2025 un oficio ordinario de parte de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones, que dio inicio al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado.

Sin embargo, no ha vuelto a ser contactada por la autoridad migratoria recurrida y tampoco le ha sido aún otorgada la visación de residente temporario, prescrita en el artículo 32, inciso 1°, de la Ley N° 20.430 Argumenta el recurso que el derecho a buscar y recibir asilo es un derecho humano fundamental, cuyo ejercicio no puede limitarse de forma arbitraria, conforme al artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 5° de la Constitución Política de la República, que impone al Estado la obligación de respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, garantizados por la constitución o por tratados internacionales ratificados por Chile. Indica que el artículo 4° de la Ley N° 20.430 establece el principio de No Devolución, aplicable desde el momento en que se manifiesta la intención de formalizar una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. Cita también la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas de 28 de julio de 1951, en sus artículos 32 y 33, que prohíben la expulsión o devolución de refugiados, salvo por razones de seguridad nacional u orden público, o si su vida o libertad peligran.

Sostiene que recientes fallos de la Corte Suprema han llevado a que la autoridad recurrida dictara a la Resolución Exenta N° NUM000 de 11 de mayo de 2023, que establece un manual de procedimiento administrativo para la atención de solicitantes de refugio, y que la calificación de casos fortuitos o fuerza mayor que impidan la concurrencia a dependencias policiales es competencia de la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, y no de los funcionarios de las Direcciones Regionales del Servicio Nacional de Migraciones.

Afirma que la omisión del Servicio ha causado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, al considerar una discriminación en relación con el trato dispensado a otros extranjeros, existiendo una relación de causalidad entre la omisión ilegal y arbitraria y la vulneración de derechos fundamentales de la recurrente.

Finaliza solicitando se acoja el recurso y, en su mérito, se ordene al Servicio Nacional de Migraciones la conclusión del procedimiento administrativo de reconocimiento de la condición de refugiado de la recurrente, dándole curso, y se conceda la correspondiente visa temporaria de refugio, prescrita bajo el artículo 32, inciso 1°, de la Ley N° 20.430.

Segundo: Que, el Servicio Nacional de Migraciones, al evacuar su informe. Expone que doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, no registra ingreso al país por un paso habilitado, de lo que se presume su ingreso por paso no habilitado para tales efectos. Agrega que, según Parte Policial NUM001 de fecha 22 de octubre de 2021 de la Policía de Investigaciones de Chile, se da cuenta de la denuncia grave por ingreso clandestino.

Indica que la recurrente concurrió a las dependencias de la Dirección Nacional del Servicio Nacional de Migraciones, ubicadas en calle San Antonio N°580, comuna de Santiago, recién con fecha 22 de mayo de 2025, y manifestó su voluntad de solicitar acogerse al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. Con esa misma fecha, el Servicio citó a la recurrente a la entrevista de admisibilidad establecida en el artículo 28 bis de la Ley N° 20.430, para el día 31 de julio de 2025, la cual se realizó, oportunidad en la cual se completó el formulario de primera atención para obtener los antecedentes de la solicitud de la extranjera.

Menciona que, mediante la Resolución Exenta N° NUM002 del 31 de julio de 2025, el Servicio Nacional de Migraciones comunicó a la recurrente que no se cumplían los requisitos formales, por un lado, haber presentado la solicitud en el plazo de 7 días desde el ingreso al territorio nacional (artículo 26 de la Ley N° 20430) y, por otro, no presentar los antecedentes que permitan acreditar cumplimiento de los plazos establecidos en los artículos 8 y 35 del Decreto Supremo 837, según lo establecido en el numeral 5 del artículo 26 ya citado. Otorgando, el Servicio, 15 días hábiles a la recurrente para subsanar la situación.

Expresa que, a través de la Resolución Exenta N° NUM003 del 20 de agosto de 2025, el Servicio Nacional de Migraciones tuvo por desistida la solicitud de refugio debido al incumplimiento de los requisitos formales. En consecuencia, afirma la autoridad que la solicitud de refugio se encuentra finalizada, por lo cual alega que no resulta oportuno dar continuidad a la acción de protección.

Añade que la extranjera presentó ante esta Corte de Apelaciones recurso de protección Rol N° 20644 con fecha 16 de septiembre de 2025, con el objetivo de dejar sin efecto la Resolución Exenta N° NUM003, acción que, al 10 de noviembre pasado, se encentraba en tramitación.

Tercero: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho este señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aun inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

Cuarto: Que, la omisión que se califica de ilegal y arbitrario lo constituye la negativa, por parte del Servicio Nacional de Migraciones, a la debida tramitación de la solicitud de refugio de la recurrente y el envío de los mismos a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado.

Quinto: Que conforme con lo anteriormente expuesto y razonado, y el mérito de los antecedentes, aparece que el recurso no puede prosperar, habiendo perdido oportunidad, dado que lo que motiva el recurso es, como se indicó en el motivo anterior, la negativa, por parte del Servicio Nacional de Migraciones, a la debida tramitación de la solicitud de refugio de la recurrente y el envío de los mismos a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, circunstancia respecto del cual la recurrida ha manifestado en su informe que, mediante Resolución Exenta N° NUM003, del 20 de agosto de 2025, se tuvo por desistida la solicitud de refugio realizada por la recurrente debido al incumplimiento de los requisitos formales. A lo anterior resulta necesario agregar que la recurrente interpuso ante esta Corte recurso de protección (Rol N° Pro 20644-2025) en contra de la Resolución exenta mencionada, acción constitucional que fue rechazada el 29 de diciembre de 2025. Por lo anteriormente expuesto, esta Corte no puede adoptar medida alguna para el restablecimiento del imperio del derecho, como se ha pretendido en el presente arbitrio cautelar, toda vez que el hecho fundante que motivo su interposición ha desaparecido, por lo que el presente arbitrio deberá ser desestimado.

Sexto: Que, habiendo perdido oportunidad el presente recurso, procede su rechazo.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción deducida en favor de nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-14265-2025.