Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, catorce de julio de dos mil veinticinco.

Proveyendo el escrito folio 49: a lo principal y primer otrosí, téngase presente.Al segundo otrosí, a sus antecedentes.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO. Que, comparece nombre reservado, ciudadano estadounidense, deduciendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sosteniendo que proporciona toda la documentación que tiene disponible para su revisión y que el recurrido decidió archivar su solicitud. Hace presente que los antecedentes que entrega han demorado varios meses en ser recibidos y obtenerse en Chile.

Reclama que en ningún momento se le informó por el servicio recurrido que estaba solicitando una visa equivocada, agregando que presentado y cumplido con todos los antecedentes y requisitos para que se acoja su solicitud.

Por lo mismo, solicita que sea acogida su solicitud y se de curso a la residencia que requiere.

SEGUNDO. Que, comparece la abogada Stephanie Pinto González, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, informando del recurso de protección, solicitando su rechazo por no cumplir con los presupuestos constitucionales para su interposición.

Sostiene que el recurrente registra ingreso al país, por paso habilitado, el 25 de febrero de 2012. Luego, el 6 de febrero de 2018, mediante solicitud NUM000, el extranjero formalizó su solicitud de ingreso, por medio del procedimiento de refugiado. El 6 de febrero de 2018, por medio de Resolución Exenta NUM001, de 6 de febrero de 2018, se otorga al recurrente, la visa de residencia temporaria, por el término de 8 meses, hasta el 6 de octubre del mismo año.

El día 18 de junio de 2018, el extranjero fue citado a entrevista de elegibilidad, mediante carta certificada, despachada por el Departamento de Extranjería y Migraciones, con fecha 30 de mayo de 2018, destacando que, dicha entrevista, es un trámite esencial dentro el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado.

Dicha citación contenía el apercibimiento de que, en el evento de no asistir, y no dar motivo de la inasistencia, su solicitud sería declarada abandonada y se archivaría el procedimiento.

Indica que, llegada la fecha, el extranjero citado no se presentó ante la autoridad migratoria y, al término de los siete días respectivos, tampoco se dio razón de su inasistencia, por lo que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento de la Ley de Refugio, se dicta resolución exenta NUM002, de fecha 13 de agosto de 2018, que declara el abandono del procedimiento y ordena su archivo.

Asimismo, en atención a dicho abandono, se declaró la caducidad de la visa temporaria, vigente hasta el 5 de octubre de 2018.

Manifiesta que, el recurrente remite una carta a la autoridad, con fecha 29 de mayo de 2019, en la que solicita el desarchivo del procedimiento y se diera curso progresivo, lo que, a pesar de encontrarse abandonada y archiva, se ordenó desarchivar y continuar la tramitación, por medio de resolución exenta NUM003, de 31 de mayo de 2019. Se vuelve a citar al solicitante a entrevista personal para el día 9 de agosto de 2019. En esa entrevista sí comparece, dictándose Resolución Exenta NUM004, en la que se vuelve a conceder residencia temporaria, vigente hasta el 9 de mayo de 2020.

El 21 de agosto de 2019 se ingresa la solicitud del extranjero a informe de elegibilidad, desarrollado por la Secretaría Técnica, la que remite su informe con su recomendación. Destaca que el recurrente fue acusado, en el año 1994, de abuso sexual a menores con uso de fuerza, vulneración al bienestar de menores y hurto en el Estado de New Jersey. Que, si bien fue absuelto del cargo de abuso sexual, fue hallado culpable de vulneración de menores, por lo que pasó un año y nueve meses en prisión. Además, se registró anualmente durante 10 años, ante la Policía del Estado. Al año siguiente se mudo de Estado y sus antecedentes fueron publicados en un registro de “sex offenders”, por lo que se bloqueó su acceso a la seguridad social y se extendió la obligación de registro anual ante la policía por 25 años.

Añade el informe que, diez meses después viaja a Chile, debido a los problemas que tenía para insertarse social y laboralmente en nombre reservado. Al intentar renovar su pasaporte ante su embajada en Chile, recibió carta de denegación, debido a que mantenía una causa pendiente con la justicia de su país. Asimismo, se enteró que registraba una condena de 30 años, por haber violado la Ley nombre reservado en el Estado de Louisiana.

Hace presente que, el recurrente manifestó cuestionamientos sobre el fundamento legal que tuvieron los tribunales del Estado de Luisiana para la calificación jurídica de su caso, pero de los antecedentes disponibles, sostiene que no parece haber faltas al debido proceso o vulneración a su derecho a defensa, por lo que, la disconformidad con el fallo judicial, no es competencia de la autoridad migratoria ni de la comisión técnica.

Manifiesta que, a raíz de todo lo expuesto, se llegó a la conclusión de que la vida del solicitante no está en peligro en caso de regresar a su país, no siendo posible dar por configurado el umbral de persecución en los términos exigidos por la ley. Asimismo, no se acreditó que el solicitante haya huido de su país debido a que su vida, seguridad o libertad se hubiesen visto amenazadas por la violencia, violación masiva de los derechos humanos ni otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público en su país.

Así las cosas, la comisión recomienda el rechazo de la solicitud del extranjero, toda vez que no se logró acreditar la existencia de un temor fundado de persecución. Por lo mismo, por Resolución Exenta NUM005, de 21 de agosto de 2020, se rechaza la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado del amparado. No interponiéndose recurso administrativo en contra de esta resolución.

Posteriormente, el 5 de abril de 2024, encontrándose en condición migratoria irregular, solicita el beneficio de residencia definitiva, indicándole que debe pagar el derecho asociado y que su solicitud no se encuentra en condiciones de avanzar, ya que no se presentó imagen escaneada de hoja de identificación de pasaporte, no se presentó certificado de antecedentes del país de origen debidamente legalizado o apostillado y no se presentó declaración jurada de expensas.

Luego, expone que, analizados los antecedentes, se ordena el archivo de la solicitud, toda vez que el recurrente no cuenta con una residencia que lo habilite para otra a la residencia definitiva.

Finalmente, no se ha decretado medida de abandono, de expulsión o alguna sanción de cualquier naturaleza en contra del recurrente.

Por lo anterior, solicita el rechazo de la acción constitucional intentada, por no configurarse los presupuestos para su interposición.

TERCERO. Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

CUARTO. Que, el acto que se califica como ilegal y arbitrario lo constituye el hecho de haber dictado el Servicio Nacional de Migraciones la Resolución Exenta NUM006, de 30 de diciembre de 2024, que ordena el archivo de la solicitud de residencia definitiva solicitad por el recurrente.

Dicha resolución se indica que, el recurrente nombre reservado, nacional de nombre reservado, solicitó residencia definitiva, pero que no cuenta con residencia que lo habilite a optar por el beneficio solicitado de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 42, 43 y 47 del Reglamente de la Ley sobre Protección de Refugiados. Por lo anterior, resuelve que se archive la solicitud ingresada por el recurrente.

QUINTO: Que, es claro que, conforme los antecedentes aportados por el Servicio recurrido y por el recurrente en sus múltiples presentaciones, que es efectivo que no se ha cumplido con lo requerido en los artículo 42 y 43 del Decreto N°837, que aprueba Reglamento de la ley 20.430, sobre protección a refugiados.

Lo anterior se fundamenta, principalmente en el hecho de haberse desechado la condición de refugiado, como relata la recurrida, y luego, la presentación efectuada por el recurrente no se adecua a las normas respectivas, debiendo hacerlo conforme el procedimiento establecido para la condición que actualmente tiene en el país.

SEXTO: Que, en este sentido, la decisión del Servicio Nacional de Migraciones, con el mérito de los antecedentes aportados, aparece como ajustada a derecho, ya que el procedimiento consideró las instancias reglamentarias pertinentes para que se subsanaran los vicios del beneficio migratorio pretendido, no corregidos por la protegida, por lo que el rechazo de la residencia definitiva mediante Resolución Exenta no adolece de vicios de ilegalidad o arbitrariedad. Refuerza lo anterior que la resolución impugnada por este arbitrio no establece la medida de expulsión o alguna actuación similar, que afecte, vulnere a amenace algún derecho del recurrente, manteniendo vigente las facultades legales para proceder y solicitar su regularización conforme a derecho.

SÉPTIMO: Que, conforme a lo razonado precedentemente, la acción de protección deducida no podrá prosperar, al ajustarse a derecho la Resolución Exenta NUM006, de 30 de diciembre de 2024, por la que se archiva la solicitud de residencia definitiva de la recurrente, al haber sido resuelto el requerimiento por autoridad competente, dentro de sus competencias, y con apego a la Ley 21.325 y su reglamento.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción deducida por nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-1425-2025.

Pronunciada por la Tercera Sala, integrada por el Ministro señor Mario Rojas González, el Ministro (S) señor Carlos Escobar Salazar y el Abogado Integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, catorce de julio de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.