FEDERACION DE TRABAJADORES DE HACIENDA con nombre reservado

Santiago, seis de enero de dos mil doce.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que a fojas 112 don nombre reservado, en su calidad de Presidente y en representación de la Federación Trabajadores de Hacienda, facultado en conformidad a Los Estatutos de la propia asociación para la representación de sus asociados, como también por lo dispuesto en la Ley N°19.296 sobre Asociaciones de Funcionarios de la Administración del Estado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, Región Metropolitana, interpone recurso de protección en contra de don nombre reservado, en su calidad de Ministro de Hacienda y de don nombre reservado, en su calidad de Subsecretario del Ministerio de Hacienda, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, quienes, según se sostiene en el libelo recursivo, desde el ejercicio de su cargo, han amenazado la Garantía Constitucional de la integridad física y psíquica de los recurrentes, consagrada en el inciso primero del articulo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, y vulnerando las Garantías de Igualdad ante la ley, protección a la vida privada y a la honra, y a la libertad de reunión, consagradas en los numerales 3, 4 y 13 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, respectivamente.

Fundamentando el recurso, espeta que el día 4 de agosto pasado, el Directorio de la Federación de Trabajadores de Hacienda (FTH) tomó conocimiento de la intención por parte del Ministro de Hacienda de instalar un nuevo sistema de control de acceso en el Edificio ubicado en Teatinos 120, en la ciudad y comuna de Santiago, Región Metropolitana, en el que se desempeñan alrededor de 1.500 funcionarios. Inmediatamente, se requirió de una reunión a don nombre reservado, Subsecretario de Hacienda, que asumía dicha cartera ese mismo día. Por desconocer el detalle, la autoridad dispuso el desarrollo de una reunión al día siguiente con las personas encargadas de la implementación del proyecto. A dicha reunión asistieron los Jefes de Gabinete de los Sres. Ministro y Subsecretario, así como la Jefa Administrativa y el Jefe de Seguridad de la Subsecretaría de Hacienda, quienes explicaron el proyecto, indicando que el objetivo de su implementación era fundamentalmente velar por la seguridad de los funcionarios del Ministerio.

Al respecto, señala que expresaron en dicha oportunidad a los expositores que, en materia de seguridad, ni los Comités Paritarios ni las Asociaciones de Funcionarios habían sido consultados respecto de los problemas de seguridad que pudieran producirse con la reducción de los ingresos al edificio que contempla el proyecto, y que en ningún caso estas organizaciones fueron informadas o consultadas sobre una materia tan particular, la cual, además, tiene nefastas repercusiones desde el punto de vista de la seguridad y dignidad de los trabajadores públicos. Agrega, que los expositores además señalaron que aun cuando pudiera no existir acuerdo entre los funcionarios, sería facultad del Ministro “prevenir” que eventos que pusieran en riesgo la seguridad de los funcionarios pudieran ocurrir, y que para eso el Ministro se mostraba interesado en hacer uso de sus facultades para desarrollar dicha labor preventiva. En relación con dicho punto, asevera que si bien la máxima autoridad que se desempeña en el edificio de Teatinos 120 es efectivamente el Sr. Ministro de Hacienda, él carecería de facultades para restringir el acceso a un inmueble cuyo uso público se encuentra entregado además a distintos entes públicos, como los son el Ministerio de Minería, la Subsecretaria de Hacienda, la Dirección de Presupuestos y el Servicio de Impuestos Internos. Asimismo, expusieron que cada repartición cuenta en la actualidad con los controles de acceso necesarios en cada piso del inmueble, los que consisten en guardias, sensores, cámaras, controles biométricos, mamparas con cierre automático, etc., y que, por ende, consideraban no solo innecesario sino perjudicial un control adicional en el acceso general.

Por otra parte, agrega que los expositores manifestaron que en cada acceso (calle Teatinos y calle Gotuzzo) se ubicarán cuatro torniquetes biométricos, los que demorarán quince segundos por persona en su funcionamiento en condiciones habituales y que no debieran significar una mayor demora en el acceso del personal en las horas de llegada.

Sobre el particular, señala que quince segundos por mil quinientos funcionarios, en el caso de que al llegar al edificio se distribuyan equilibradamente en cada uno de los cuatro torniquetes dobles, significa una demora superior a cuarenta y cinco minutos, en condiciones normales y estadísticamente poco probables, situación que podría eventualmente complicar a los funcionarios que, luego de dicha demora, deberán llegar a sus respectivos pisos a realizar el control de asistencia que cada Institución ha instalado a estos efectos, con el correspondiente deterioro de sus calificaciones e impacto en sus remuneraciones y estabilidad laboral.

Asimismo, dice que expresaron su preocupación porque los cuatro torniquetes dobles podrían reducir físicamente las rutas de evacuación en caso de una emergencia, toda vez que a simple vista, uno puede entender que es imposible evacuar en las mismas condiciones y a la misma cantidad de personal en el escenario actual (seis mamparas dobles con puertas batientes de dos metros cada una) que en el escenario con proyecto (dos mamparas dobles originales y ocho torniquetes que permiten el paso de una persona solamente cada vez). Ello si en caso de emergencia no presentan algún problema de funcionamiento de contingencia que imposibilite su uso, lo que tampoco fue previsto por las autoridades recurridas, ya que no se han realizado simulacros de ninguna especie de emergencia en ese escenario.

Por otra parte, cree el recurrente ver en este proyecto, en primer lugar, la intención de impedir el acceso al edificio a dirigentes de organizaciones sociales que por décadas y en forma ocasional se han reunido en el lobby del edificio; luego, cuestiona el costo del nuevo sistema, el cual supera los cuatrocientos quince millones de pesos. Finalmente y a pesar de haberse comprometidos los expositores a un re estudio de la medida, no han recibido una respuesta, por lo que utilizan esta vía judicial ante la inminente vulneración de las garantías constitucionales de sus representados, por medio de actos claramente arbitrarios e ilegales con los que la autoridad ha pretendido desarrollar esta iniciativa de control policial en un bien de uso público del Estado.

Seguidamente, analiza el derecho, espetando que con la medida adoptada por el Ministerio de Hacienda se va a limitar significativamente el desplazamiento al interior del edificio, y pondrá en riesgo la integridad de los funcionarios ante eventuales situaciones de emergencia, lo que implica una amenaza a la garantía de integridad física y psíquica consagrada en el artículo 19 N° 1 inciso primero de nuestra Constitución Política de la República, y una vulneración a las garantías de igualdad ante la ley, el respeto y protección a la vida privada y honra de las personas, y la libertad de reunión, consagradas en el artículo 19 N° 2, N° 4 y N° 13 respectivamente, de la misma carta fundamental.

El planteamiento anterior, se funda en que la medida que pretende adoptar la Subsecretaría de Hacienda no ha considerado la opinión de los Comités Paritarios de Higiene y Salud, los cuales de acuerdo al artículo 66 de la Ley N° 16.744 y lo dispuesto en el D.S. N° 54 de 1969 del Ministerio del Trabajo son los encargados de instruir sobre la utilización de equipos de protección personal, vigilar el cumplimiento de las medidas de prevención, investigar causas de accidentes y pronunciarse sobre ello, adoptar medidas para prevenir riesgos profesionales, entre otras funciones. De este modo, la opinión de dichos Comités resulta ser un requisito esencial para decidir medidas de esta naturaleza, y el no hacerlo implica un atropello a las garantías de los mismos trabajadores, toda vez que dichos Comités se han instaurado justamente para velar por la seguridad de estos.

Por otra parte, las autoridades de la Subsecretaría de Hacienda no tienen la prerrogativa de adoptar medidas tendientes a incrementar el control de acceso a un Edificio en el que no solo funcionan oficinas de su dependencia, ni mucho menos pueden limitar y restringir el desplazamiento al interior del mismo, toda vez que incluso por razones de servicio, muchos funcionarios deben constantemente ir de un piso a otro. De lo expuesto, resulta evidente que a los funcionarios en cuyo favor se recurre se les ha vulnerado la garantía de la igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2, en especial consideración a que la medida adoptada no ha contado con la aprobación de los cuatro Comités Paritarios de Higiene y Seguridad que funcionan en el mencionado edificio, siendo ello indispensable para dar curso a estas medidas, toda vez que, como ya se mencionó previamente, dichos comités tienen como función esencial el velar por la seguridad de los funcionarios y trabajadores.

En efecto, tampoco existen antecedentes que avalen la necesidad de reforzar el control de acceso al edificio de Teatinos 120, ni mucho menos pueden existir antecedentes relativos a la seguridad de los trabajadores que respalden la decisión de controlar los desplazamientos de los funcionarios al interior del mismo recinto. Sostiene el recurrente que las personas son iguales ante la ley y deben recibir un mismo trato y protección de parte de las autoridades, lo cual claramente no se verifica en este caso, ya que no existe fundamentación alguna para restringir la libertad de desplazamiento de los funcionarios que operan en el edificio en las condiciones ya analizadas, en circunstancias que tratándose de otras reparticiones públicas no se han adoptado medidas de similares características, pues definitivamente, estas no se justifican. De igual modo, a su juicio, se ha restringido el gasto presupuestario en materias que benefician directamente la situación económica de los funcionarios, como ocurre por ejemplo con las horas extraordinarias, muchas de las cuales han sido suprimidas por la autoridad y otras tantas han sido reducidas, bajo el argumento de reducir el gasto fiscal, y por contrapartida, se adoptan medidas que implican un impacto considerable para el presupuesto público, en circunstancias que dicho gasto no tiene por objeto la adopción de medidas destinadas a mejorar la gestión institucional, sino más bien, se destinan recursos a una medida arbitraria, cuyo ánimo apunta a limitar la libertad de los funcionarios y no a mejorar sus condiciones de trabajo. Señala además que la garantía constitucional de la integridad física y psíquica consagrada en el artículo 19 N° 1 se encuentra, asimismo, amenazada por esa esta medida, ya que no existe un plan de contingencia ante este nuevo escenario, que por otro lado, se ha dejado fuera a los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, con lo cual se les ha privado la posibilidad de pronunciarse a fin de velar por la seguridad de todos los trabajadores del edificio. Al respecto, conviene tener en consideración lo dispuesto en al Decreto N° 594 del año 1999 del Ministerio de Salud, el cual aprueba el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los lugares de trabajo, cuyo artículo 37 señala que “deberá suprimirse en los lugares de trabajo cualquier factor de peligro que pueda afectar la salud o integridad física de los trabajadores”, agregando el inciso segundo que “todos los locales o lugares de trabajo deberán contar con vías de evacuación horizontales y/o verticales que, además de cumplir con las exigencias de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, dispongan en salidas en número, capacidad y ubicación y con la identificación apropiada para permitir la segura, rápida y expedita salida de todos sus ocupantes hacia zonas de seguridad”. Con la implementación de la medida en comento, no se da seguridad a los funcionarios de que una eventual evacuación se produzca en la forma rápida y expedita que una situación de emergencia exige.

Del mismo modo, el recurrente sostiene que la medida que se pretende implementar provocará un agravio a la honra y dignidad de los funcionarios, garantía consagrada en el artículo 19 N° 4 de nuestra Constitución, en relación al artículo 1 de la misma Carta Fundamental. Ello pues los funcionarios serán injustificadamente sometidos a reiterados controles en cada ingreso al edificio, así como también en los desplazamientos al interior del mismo, lo cual más que una medida de seguridad, es evidencia del ánimo represor con que las autoridades pretenden controlar el cumplimiento de las labores por parte de los funcionarios, medidas que se alejan por completo de lo que debe entenderse como control efectivo y razonable del cumplimiento de la jornada laboral. Para ello ya existe a la fecha un eficiente sistema de control de jornada, en que cada funcionario registra su ingreso y salida de su jornada laboral, sumando a ello la supervisión permanente que ejercen las Jefaturas Directas respecto a sus subalternos. Este nuevo sistema de control de acceso traerá consigo la entrega de parte del Servicio a una Empresa Privada de Seguridad de datos personales de los funcionarios, incluyendo nombre completo, cédula de identidad y huella dactilar, con el único objetivo de registrar detalladamente los desplazamientos de los funcionarios, no existiendo claridad de los alcances y consecuencias que generará la implementación y manipulación de dicha información. Se debe tener presente, que las disposiciones Constitucionales señaladas sirven de inspiración a la legislación laboral que rige en nuestro Ordenamiento Jurídico, en el cual la existencia de un ambiente laboral digno es pilar fundamental para permitir el pleno respeto de los derechos fundamentales de trabajadores en la relación laboral.

Finalmente, y tal como se señaló en la exposición de los hechos, el recurrente alega que esta medida refleja la intención de la autoridad del Servicio de restringir la posibilidad de que sus representados se reúnan en las dependencias del edificio con sus pares de otras Asociaciones de Funcionarios, coartando de este modo la libertad de reunión consagrada en el artículo 19 N° 13 de la Constitución Política, considerando además que esta clase de reuniones siempre se dan en un contexto pacifico.

Con el mérito de los antecedentes y fundamentos de hecho y de derecho expuestos solicita se acoja el recurso y se ordene a los recurridos dejar sin efecto la implementación de un nuevo control de acceso y desplazamiento en el edificio de Teatinos 120, debiendo revaluarse la necesidad de dicha medida, convocando para su estudio a los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, a fin de que estos, conforme a las prerrogativas que la Ley les confiere, manifiesten sus conclusiones ante las autoridades.

2°) Que a fojas 142 nombre reservado, Ministro de nombre reservado, Subsecretario del Ministerio de Hacienda, evacuan el informe respectivo, reseñando cuestiones de hecho referentes a hurtos, robos y “tomas” ocurridas en edificios públicos que conllevan a poner en peligro la vida e integridad física de las personas que se ven envueltas en dichos acontecimientos, amén de los destrozos y pérdidas de bienes fiscales, de modo que quienes ejercen funciones de dirección y administración están obligadas a emplear la debida diligencia, tomando las correspondientes medidas de resguardo. En abono de lo anterior, citan la Ley N° 18.834, estatuto de personal de los funcionarios públicos, que obliga a las autoridades y jefaturas, entre otros deberes, a ejercer un control jerárquico permanente de los órganos y de la actuación del personal de su dependencia, respecto de la racionalización y resguardo de recursos utilizados en el ejercicio de la función pública como también velar por el cumplimiento del deber de los funcionarios de no atentar contra los bienes de la institución, cometer actos que produzcan la destrucción de materiales, instrumentos o productos de trabajo o disminuyan su valor o causen deterioro. De igual modo, refieren la ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, la cual, en su artículo 3°, preceptúa entre sus postulados, que la Administración Pública está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común atendiendo las necesidades públicas de forma continua y permanente y que uno de los principios primordiales que debe observar es el de la responsabilidad. A su vez, el artículo 4° determina una responsabilidad para el Estado por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones. Por su parte, el inciso primero del artículo 5°, del citado cuerpo legal, manifiesta que las autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública. También, dice que la Ley N° 18.575, en su artículo 53, del Título III, De la Probidad Administrativa, preceptúa que el interés general exige el empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y control, para concretar dentro del orden jurídico, una gestión eficiente y eficaz.

Por otra parte, aseveran que están plenamente conscientes de que el sistema de control de acceso que se proyecta implementar, debe ser compatible con el respeto a la honra y dignidad de las personas, despersonalizada y preventiva, de manera de resguardar debidamente la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N ° 4, de la Constitución Política, que asegura dicha garantía. Siguiendo con su informe, espetan que en lo que concierne al edificio del Ministerio de Hacienda, es la Subsecretaría de Hacienda, la que tiene a su cargo la administración del Edificio de Teatinos 120 de la comuna y ciudad de Santiago, el cual ha carecido de un sistema tecnológico de acceso preventivo de seguridad, que permita un ingreso de los funcionarios al edificio, de manera ordenada, sistemática y eficiente, respetuoso y digno en su control, ya que actualmente sólo se realiza, mediante una constatación visual y rápida de credenciales funcionarias, por parte del personal de vigilancia del edificio, conllevando frecuentes discusiones y reclamos en casos que se ha solicitado a los funcionarios la exhibición de la credencial, por cuanto muchos de ellos estiman molesto y agraviante exhibirla o portarla.

Luego, afirman que el sistema actual de aplicación para el ingreso de funcionarios al edificio del Ministerio de Hacienda, no tiene todas las fortalezas que se requieren, de modo que este Ministerio decidió llevar adelante un proceso de implementación de un sistema de control de acceso al edificio, preventivo de seguridad, contándose al efecto con la asesoría del Ingeniero de Ejecución Electrónica, don nombre reservado, llamando a Licitación Pública para la "Provisión e Instalación del Sistema de Control de Acceso", que se adjudicó a la empresa Dhemasx Ingenieros Limitada. Luego, explica en forma detallada, el funcionamiento del tantas veces referido sistema de ingreso en los dos accesos principales, uno por domicilio reservado y otro por la calle posterior, correspondiente al Paseo Lorenzo Gotuzzo, sin número, el cual está acreditado por la Asociación Chilena de Segundad.

De esta manera, a su parecer, se ha diseñado la implementación de un dispositivo de control de acceso al Edificio del Ministerio de Hacienda, preventivo de seguridad, que, en síntesis, permite un ingreso ordenado, auto controlado, esto es, operado por los propios funcionarios, rápido, de mayor eficiencia que el sistema "artesanal" actual, que de ninguna manera está orientado a restringir el acceso y solo busca salvaguardar la integridad física de los funcionarios y la integridad material de los bienes públicos, por lo que jamás con ello se podría vulnerar las garantías constitucionales que los recurrentes estiman conculcadas; además, dice que los argumentos de los recurrentes se basan en supuestos especulativos e incluso temerarios al atribuirles a las autoridades recurridas ilícitas intenciones sin una mayor razonabilidad o antecedente objetivo. En efecto, la amenaza que amerita protección constitucional debe cumplir determinadas características: Primero, debe tratarse de una conducta que haga temer un daño inminente, es decir, que sea real y cierto, no presunto. Segundo, que sea actual, no eventual. Tercero, que sea preciso, no vago. Cuarto, que sea concreto. Por último, que la amenaza sea manifiesta, lo que no se cumple en la especie, pues las acciones que se imputan a las autoridades recurridas, frente a la intención de establecer un sistema de control de acceso, preventivo de seguridad, no constituyen una amenaza de un daño real y cierto, sino que los actores presumen su ocurrencia, sin que conozcan los detalles del sistema que objetan ni de las funcionalidades del mismo, precisamente, para evitar todo perjuicio; en dicho sentido, la amenaza tampoco es actual, ni siquiera es previsible que el sistema de acceso pudiese generar un perjuicio, es decir, que la amenaza de daño, es bastante vaga, los recurrentes no señalan de qué manera el sistema podría afectar a sus representados, no se señala en términos ciertos cuál podría ser el daño; por ende, y por las mismas razones, el daño no es concreto.

Luego, argumenta respecto de las alegaciones del recurrente en relación a las autoridades recurridas, en especial al Ministro de Hacienda en relación a las facultades para implementar el nuevo sistema en el edificio de Teatinos 120. Enseguida, refuta los dichos de la contraria respecto de las dificultades y demora para el acceso del referido edificio, siendo irreal y muy poco probable que las consecuencias que señalan ocurran. En primer lugar, la cantidad total de funcionarios públicos que desarrollan sus labores en el Edificio de Hacienda son aproximadamente 800, después del traslado que hicieron del inmueble el Ministerio de Economía, el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, el Servicio Nacional del Consumidor, el Comité de Inversiones Extranjeras y el Ministerio de Energía, entre otros. Es posible considerar una población flotante, adicional, entre ellos funcionarios a honorarios, pero que no hace subir mucho el número antes referido, además, de que los distintos funcionarios que desempeñan sus labores en el Edificio de Teatinos N° 120 no ingresan a la misma hora. Existen, además horarios de ingreso y salida escalonados, todo lo cual difícilmente hace prever un atochamiento en los accesos al edificio. Asimismo, replica referente a las eventuales dificultades sobre la evacuación de personas del edificio, aseverando que el proyecto se ha implementado con suficientes medidas de seguridad para enfrentar justamente casos de evacuación, a saber: a) Informe Ejecutivo elaborado por la Asociación Chilena de Seguridad, establece que la instalación del sistema de control de acceso en el acceso principal del Edificio del Ministerio de Hacienda, no deteriora la actual capacidad de las vías de evacuación existentes; b) Además, agrega que el sistema de control de acceso a implementar, corresponde a un modelo con lámina acrílica de cierre para evitar que sean saltados. Tienen la capacidad de retraer estas láminas y dejar un espacio del orden de 0,54 metros para permitir el paso de personas. Al retraerse las láminas no se generan visualmente obstrucciones físicas para el paso por él, lo que permite minimizar detenciones o demoras de las personas durante la evacuación. c) Incluso, adiciona señalando, que "el ancho de paso que permite el sistema de control de acceso es superior al definido como mínimo en el código NFPA 101 "Life Safety Code", que corresponde a 0,42 m."; d) Las bases de licitación además, exigen como una de las características mínimas de los equipos, que estos cuenten con un sistema anti-pánico, es decir en caso de emergencia o cuando se desconecte la alimentación eléctrica el acceso para las personas quedará libre, en el caso de las puertas de policarbonato que corresponden al proyecto adjudicado, éstas se abrirán o retraerán automáticamente al cortase el suministro eléctrico. La propuesta adjudicada contempla dicho requerimiento, lo que corrobora el informe de la ACHS; e) El informe del organismo técnico antes mencionado también señala que “las acciones de liberación de paso en el sistema de control de acceso deben ser realizadas a través de medios de accionamiento manual claramente identificados para la operación del personal asignado al hall de acceso. Esta condición fue verificada durante la visita realizada, existiendo una botonera en recepción y otra en un pilar de la puerta central. Acto continuo, en lo que atañe a la no consideración de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad como a las Asociaciones de Funcionarios, señalando, en síntesis, que el diseño del buen funcionamiento del nuevo sistema que se proyecta implementar, tanto para el ingreso de personas al Edifico, como para la evacuación de las mismas se ha ratificado por lo manifestado por la Asociación Chilena de Seguridad, por lo que los cuestionamientos de los recurrentes procede que sean desestimados. Por otra parte, nada descarta la implementación de ejercicios de evacuación y planes de capacitación que los recurridos sopesarán adoptar, como asimismo considerar los estudios y recomendaciones de los Comités Partidarios y organizaciones de funcionarios que realicen en el ejercicio de sus potestades. Por otra parte, asevera que para llevar a cabo la evaluación de la Asociación Chilena de Seguridad, ACHS, se invitó a los Comités Paritarios a participar, cuyos representantes asistieron, según da cuenta acta de 6 de septiembre de 2011.

Seguidamente, referente a la alegación que sería una medida antisindical, asegura que ello constituye una apreciación subjetiva y especulativa de los recurrentes que de ninguna manera se condice con la realidad, no existiendo acción u omisión alguna de los recurridos que afecte o amenace la libertad de reunión en los términos que consagra la Constitución Política. Asimismo, el gasto del proyecto no contradice las políticas de austeridad y racionalidad, de acuerdo a los descargos que relaciona. Luego, refuta lo referente a la no existencia de antecedentes que avalen la necesidad de control de acceso.

Acto continuo, en lo que atañe a que el proyecto afecta la honra y dignidad de los funcionarios, dice que los dictámenes de Contraloría General de la República que acompaña ilustran claramente la constitucionalidad y legalidad del actuar de las autoridades recurridas en la implementación del sistema de control de acceso preventivo de seguridad, destacando sus principales conceptos, que transcribe en sus partes pertinentes. Sobre el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas, reitera que el proyecto se ha implementado con suficientes medidas de seguridad para enfrentar justamente casos de evacuación, que consignan en informe de la Asociación Chilena de Seguridad destacando que el sistema a implementar no deteriora la actual capacidad de las vías de evacuación existentes.

En lo que atañe al respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y familia asevera que el recurrente no indica ni menciona los actos que generan la infracción de los derechos a la protección de la vida privada y a la honra, negando que su parte haya lesionado o amenazado el derecho a la privacidad o a la honra.

En relación al derecho a reunirse pacíficamente, sin permiso premio y sin armas consagrado en numeral 13° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al restringir la posibilidad de que los representantes de los funcionarios ante la administración del Estado se reúnan en dependencias del edificio con sus pares de otras asociaciones, luego de definir los conceptos pertinentes, dice que la recurrente no da cuenta de ninguna solicitud que haya sido rechazada. Por otra parte y en el evento de una hipotética negativa de las autoridades para facilitar el inmueble fiscal del Ministerio de Hacienda, a fin de que las organizaciones recurrentes u otras organizaciones sociales, se reúnan en sus dependencias, dice que ello no constituye una vulneración al derecho constitucional de reunión si no una limitación del lugar donde pueda desarrollarse la reunión.

En consecuencia y en consideración a lo compulsado asevera que el sistema de control de acceso al Edificio del Ministerio de Hacienda, preventivo de seguridad que se impugna por conculcar supuestamente las garantías constitucionales establecidas en la Constitución Política de la República de Chile, no amenaza ni vulnera en modo alguno las garantías constitucionales que dicen los recurrentes ser transgredidas y no tiene el carácter de ilegal ni de arbitrarios, por lo que solicita el rechazo del recurso en toda y cada una de sus partes.

3°) Que, establecida la controversia, en primer término, cabe precisar que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Así, son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

4°) Que, la acción u omisión será ilegal cuando ésta sea contraria al ordenamiento jurídico y, se entiende, que la acción u omisión será arbitraria cuando ésta sea no razonada o fruto del mero capricho.

5°) Que, en concepto de esta Corte, no se avizora indicio alguno de ilegalidad en el actuar de la Administración, por cuanto su decisión se ha ceñido a los parámetros legales que establece la Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo, en relación a las obligaciones que recaen sobre las jefaturas de los servicios y también se ha ajustado a las disposiciones de la Ley de Bases de la Administración del Estado. Que tampoco es atendible que se hayan vulnerado las normas de la Ley N° 16.744 que exponen los recurrentes, sino que, por el contrario, lo que ha hecho la autoridad es aumentar las medidas de seguridad, no siendo efectivo en la especie que estas medidas deban obligatoriamente ser aprobadas en forma previa por un comité paritario, debido que en el caso sub-lite nos encontramos frente a una controversia sucedida en un órgano público y referida a un caso en que dicha disposición no es aplicable.

6°) Que, seguidamente, de los antecedentes que se han aparejado en el proceso, queda de manifiesto que la actuación administrativa que se impugna se encuentra efectivamente revestida de fundamentos que la hacen razonable, lo que descarta de plano una acción arbitraria, ya que ella se basa en consideraciones de seguridad y de eficiencia, no bastando, ni siendo relevante para declarar su arbitrariedad el hecho que los recurrentes están en desacuerdo con las medidas adoptadas.

7°) Que, por consiguiente, acreditada la inexistencia del comportamiento antijurídico invocado que ha dado fundamento a este recurso, se conduce necesariamente a su desestimación, puesto que la autoridad administrativa no ha obrado en forma ilegal ni arbitraria, por lo que no ha habido vulneración de derechos constitucionales ya que su actuación obedece a una facultad exclusiva y excluyente de la autoridad administrativa, regida por criterios técnicos de eficiencia y seguridad enmarcados dentro del ámbito de la discrecionalidad administrativa del Estado, no siendo posible a la judicatura modificar lo resuelto, toda vez que no ha habido ni ilegalidad ni arbitrariedad en su actuar.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que se rechaza la acción constitucional de fojas 112, sin costas.

Redacción del Ministro señor Valderrama.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° 14.246-2.011.

Pronunciada por la Sexta Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, conformada por el ministro señor Manuel Valderrama Rebolledo, por la ministra (s) señora Gloria María Solís Romero y el abogado integrante señor Enrique Pérez Levetzow.