Protección contra Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de octubre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece Franco Aldo Brunetti Arredondo, abogado, en representación de don nombre reservado e interpuso recurso de protección en contra de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones, por estimar arbitraria e ilegal la omisión de tramitar su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, así como la falta de otorgamiento de la visa de residencia temporaria.

Expone que el recurrente se vio forzado a abandonar Venezuela por las graves condiciones sociales, económicas y de seguridad imperantes, por lo que ingresó a Chile el 3 de septiembre de 2021, y el 22 de mayo de 2025 recibió un oficio de la autoridad migratoria que daba inicio al procedimiento de refugio. No obstante, desde entonces no ha recibido comunicación ni se le ha otorgado la visa temporaria correspondiente, pese a haber formalizado su intención de solicitar refugio.

Sostiene que esta inacción administrativa vulnera su derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, configurando un trato discriminatorio respecto de otros solicitantes en igual situación.

Invoca el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país en caso de persecución. Asimismo, citan el artículo 5° de la Constitución Política de la República, que establece la obligación del Estado de respetar los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y de respetar y promover tales derechos, ya sea que estén garantizados por la propia Constitución o en tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile.

Hace especial mención al artículo 4° de la Ley N° 20.430, que establece el principio de No Devolución, el cual se aplicará desde el momento en que se manifieste, de forma oral o escrita, ante la autoridad contralora de frontera o el Departamento de Extranjería y Migración (actual Servicio Nacional de Migraciones) o gobernaciones provinciales, la intención de formalizar una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado.

A su vez, señala que los artículos 32 y 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas, del 28 de julio de 1951, que prohíben la expulsión de refugiados que se hallen legalmente en el territorio de los Estados contratantes y la devolución de refugiados a las fronteras de territorios donde su vida o libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o de sus opiniones políticas.

Concluye que la omisión del Servicio Nacional de Migraciones constituye una acción ilegal y arbitraria, en tanto carece de justificación racional y contraviene el ordenamiento jurídico vigente, Solicita que se acoja el recurso de protección, declarando que la autoridad recurrida ha actuado de manera arbitraria e ilegal, y que se ordene concluir y dar curso al procedimiento de refugio, disponiendo además la concesión de la visa temporaria prevista en el artículo 32, inciso primero, de la Ley N° 20.430, mientras se resuelve su solicitud ante la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado.

SEGUNDO: Que, evacuando informe el Servicio Nacional de Migraciones, solicita el rechazo en todas sus partes de la acción constitucional, sosteniendo que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Relata que el recurrente no registra ingreso al país por paso habilitado, presumiéndose ingreso clandestino, lo que consta en la Parte Policial NUM000 de 27 de octubre de 2021 de la Policía de Investigaciones de Chile. Indica que recién el 22 de mayo de 2025 el extranjero manifestó su intención de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, compareciendo en dependencias del Servicio Nacional de Migraciones. Con esa misma fecha fue citado a la entrevista de admisibilidad prevista en el artículo 28 bis de la Ley N° 20.430, fijándose su realización para el 31 de julio de 2025.

Sostiene que, por tanto, el procedimiento administrativo se encuentra iniciado, pero pendiente de cumplimiento de la primera etapa esencial —la entrevista de admisibilidad—, y que no se ha dictado sanción migratoria alguna en contra del recurrente.

Explica que el marco normativo aplicable corresponde a la Ley N° 20.430, modificada por la Ley N° 21.655 de 20 de febrero de 2024, que introdujo nuevas etapas, requisitos de admisibilidad y formalización, así como los artículos 28 bis y 28 ter. Detalla que, conforme a dichas normas, solo una vez declarada admisible y formalizada la solicitud se adquiere la calidad de solicitante de refugio.

Agrega que el artículo 6° de la Ley N° 20.430 y los artículos 8° y 35° de su Reglamento permiten que personas en situación migratoria irregular o con ingreso clandestino soliciten refugio sin sanciones, siempre que se presenten dentro del plazo legal y aleguen causa justificada.

Indica que el solicitante debe permanecer a disposición del Servicio Nacional de Migraciones hasta que se dicte resolución que acoja o rechace la solicitud del artículo 26 de la Ley N° 20.430, lo que impide cualquier medida de expulsión o sanción mientras se tramite el proceso.

Señala, además, que no existe omisión ni vulneración de derechos fundamentales, pues la entrevista fue fijada en conformidad con la alta demanda actual de solicitudes. Precisa que, a enero de 2025, el Servicio ha recibido 11.948 solicitudes de refugio, de las cuales 6.199 corresponden a la Región Metropolitana, y que se realizan entre 108 y 140 entrevistas semanales, cada una de entre 30 y 50 minutos, según la complejidad del caso.

Concluye que no se advierte acto arbitrario ni ilegal, pues el procedimiento se ha desarrollado dentro del marco legal y en igualdad de condiciones con otros solicitantes, solicitando en consecuencia que el recurso sea rechazado en todas sus partes, sin costas.

TERCERO: Que, mediante escrito ingresado en el folio 12, el Servicio Nacional de Migraciones complementa informe, dando cuenta que mediante la Resolución Exenta NUM001, de fecha 20 de agosto de 2025, se tuvo por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado realizada por el extranjero, indicando que la presente acción de protección ha perdido oportunidad y eficacia, al ya haberse pronunciado respecto de la solicitud del recurrente.

CUARTO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

QUINTO: Que en el caso en concreto se acusa de ilegal o arbitraria la omisión de tramitar su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, así como la falta de otorgamiento de la visa de residencia temporaria, respecto de su solicitud ingresada el 22 de mayo de 2025.

SEXTO: Que, conforme a lo informado por el Servicio, la autoridad emitió pronunciamiento respecto de la solicitud del recurrente, acompañando la Resolución Exenta NUM001 de 20 de agosto de 2025, mediante la cual se le tuvo por desistido de dicho trámite por los siguientes fundamentos: a) Exceder el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el SERMIG, según lo establecido en el art. 26 de la ley 20.430. b) Mantener ingreso al país por paso no habilitado, y no presentar los antecedentes que permitan acreditar cumplimiento de los plazos establecidos en el art. 8 y 35 del Decreto Supremo 837, Reglamento de la Ley 20.430; según lo establecido en el numeral 5 del artículo 26 de la ley 20.430 de 2010.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, resulta que no existe actualmente ninguna medida cautelar que pueda adoptarse por esta Corte, motivo por el cual la acción ha perdido oportunidad.

Por tales consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de protección, se resuelve, que se rechaza el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado, en contra de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-14229-2025.