Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, treinta y uno de agosto de dos mil veintiséis.

Proveyendo el escrito folio 18: téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, nacional de Colombia y solicitante de reconocimiento de la condición de refugiado, y deduce recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la dictación del Oficio Ordinario N° NUM000, de 24 de abril de 2026, mediante el cual la autoridad recurrida rechazó su solicitud de desarchivo del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado y mantuvo el archivo dispuesto por Resolución Exenta N° NUM001, de veintiuno de octubre de dos mil veinticinco, fundado en una inasistencia a una entrevista de elegibilidad cuya citación afirma no haberle sido legalmente notificada, vulnerando de esta forma las garantías consagradas en el artículo 19 N° 1, N° 2 y N° 3 de la Constitución Política de la República.

Menciona como antecedentes de su recurso que abandonó Colombia en el año dos mil quince a consecuencia de amenazas que afectaron a su núcleo familiar, y que en Chile formalizó su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado informando como correo electrónico el [DIRECCION000] y como domicilio el ubicado en domicilio reservado, datos que mantuvo durante todo el proceso. Expone que el diecisiete de octubre de dos mil veintitrés se dio curso a su solicitud, otorgándosele una visa de residencia temporaria por ocho meses a él y a su grupo familiar, la que renovó regularmente, y que todas las comunicaciones con la recurrida se efectuaron por el correo electrónico informado.

Señala que la recurrida afirma haber emitido el Oficio Ordinario N° NUM002, de cinco de febrero de dos mil veinticinco, citándolo a entrevista de elegibilidad para el primero de abril de dos mil veinticinco, comunicación remitida por carta certificada que sostiene no haber recibido; que en octubre de dos mil veinticinco recibió la Resolución Exenta N° NUM001, que ordenó el archivo de su solicitud, siendo esa la primera noticia que tuvo de la entrevista; que en el acta de notificación de dicha resolución se consigna un correo electrónico distinto al suyo — [DIRECCION002]— que no reconoce; y que la propia Resolución Exenta N° NUM001 afirma que la citación fue notificada al último correo electrónico proporcionado por el solicitante, lo que luego sería desmentido por la misma autoridad.

Agrega que el veinticinco de febrero de dos mil veintiséis solicitó el desarchivo, el que fue rechazado por Oficio Ordinario N° NUM000, de veinticuatro de abril de dos mil veintiséis, en el que la recurrida sostuvo que la citación había sido notificada por carta certificada recibida en el domicilio y que no se efectuó intento de notificación por correo electrónico, sin acompañar antecedente que acreditara la efectividad de dicha notificación.

Sostiene que existe contradicción entre la Resolución Exenta N° NUM001 — que afirmó una notificación electrónica— y el Oficio Ordinario N° NUM000 —que afirmó una notificación por carta certificada—; que la regla general del artículo 46 de la Ley N° 19.880 es la notificación por medios electrónicos, medio por el cual la autoridad se había comunicado con él durante todo el procedimiento, generándose una legítima confianza que la recurrida vulneró; que la citación a la entrevista constituye un trámite esencial cuya notificación defectuosa lo dejó en la indefensión; y que mantiene arraigo en el país al tener el cuidado personal exclusivo de su hija de once años de edad.

Pide, en definitiva, que se acoja el recurso, se deje sin efecto el Oficio Ordinario N° NUM000 y se ordene a la recurrida el desarchivo de su expediente administrativo y la fijación de nueva fecha para la entrevista de elegibilidad prevista en el artículo 30 de la Ley N° 20.430, adoptando las demás medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que comparece el Servicio Nacional de Migraciones y evacúa el informe respectivo, solicitando el rechazo de la acción en todas sus partes.

Expone como antecedentes que el recurrente registra ingreso al país el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés por paso fronterizo no habilitado, y que el diecisiete de octubre de dos mil veintitrés manifestó su intención de acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, en cuyo curso se le otorgaron sucesivas prórrogas de visas temporarias de refugio por períodos de ocho meses. Señala que mediante Oficio Ordinario N° NUM002, de cinco de febrero de dos mil veinticinco, se le citó a entrevista de elegibilidad a realizarse el primero de abril de dos mil veinticinco, documento remitido por carta certificada al último domicilio registrado por el propio recurrente, esto es, DIRECCION001, comuna de Independencia, bajo apercibimiento de tenerse por declarado el abandono del procedimiento en caso de inasistencia injustificada. Añade que consta en la información de Correos de Chile que la carta fue recibida en la oficina correspondiente el dieciocho de febrero de dos mil veinticinco y despachada ese mismo día al domicilio, sin que el recurrente concurriera a la entrevista ni realizara gestión posterior, por lo que, verificado el abandono, se dispuso el archivo mediante Resolución Exenta N° NUM001.

Argumenta que su actuar no ha sido ilegal ni arbitrario, puesto que la declaración de abandono y el archivo constituyen consecuencias expresamente previstas para la inactividad del solicitante, conforme al artículo 33 de la Ley N° 20.430 y a los artículos 40 y 52 del Decreto N° 837 de 2010, siendo la entrevista un elemento esencial del procedimiento. Sostiene que la notificación se practicó válidamente por carta certificada dirigida al domicilio informado por el propio solicitante, en conformidad con el artículo 46 de la Ley N° 19.880, aplicable supletoriamente en virtud del artículo 25 de la Ley N° 20.430, y que, atendida la aplicación gradual de la Ley N° 21.180 sobre Transformación Digital del Estado, a la época de la citación no existía obligación legal de notificar exclusivamente por medios electrónicos. Agrega que ha caducado el permiso de residencia temporaria del recurrente y que no se ha dictado sanción migratoria alguna en su contra.

TERCERO: Que comparece, además, la Subsecretaría del Interior y evacúa informe, señalando que los hechos alegados se enmarcan en la etapa de tramitación de la solicitud ante el Servicio Nacional de Migraciones, previa a la intervención que a aquella corresponde, por lo que no le cabe pronunciamiento sobre la acción, no habiendo participado del procedimiento ni de la resolución impugnada.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción cautelar de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que dicha norma enumera, frente a los actos u omisiones arbitrarios o ilegales que importen su privación, perturbación o amenaza, mediante la adopción de las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

QUINTO: Que corresponde determinar por esta vía si la dictación del Oficio Ordinario N° NUM000 y el mantenimiento del archivo dispuesto por Resolución Exenta N° NUM001 constituyen un acto ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace las garantías de los numerales 1, 2 y 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

SEXTO: Que resulta útil precisar, como cuestión previa, que la entrevista individual de elegibilidad constituye, conforme al artículo 30 de la Ley N° 20.430 y al artículo 40 de su reglamento, un elemento esencial del procedimiento de determinación de la condición de refugiado, en cuanto es la instancia en que el solicitante expone los antecedentes que fundan su pretensión de protección internacional. De ello se sigue que la citación a dicha diligencia reviste especial trascendencia, pues sin conocimiento efectivo de la misma el solicitante queda, en los hechos, impedido de comparecer y de ser oído, de modo que su notificación no puede examinarse como una formalidad secundaria, sino con el estándar de diligencia reforzada que impone un procedimiento llamado a incidir en la vida, integridad y estatuto migratorio de quien pide protección.

SÉPTIMO: Que, conforme al mérito de los antecedentes, aparece que durante toda la tramitación del procedimiento el Servicio Nacional de Migraciones se comunicó con el recurrente a través del correo electrónico por éste informado, sin que conste dificultad alguna en la recepción de tales comunicaciones. La circunstancia de haberse recurrido, precisamente para la notificación del trámite más relevante del procedimiento, a un medio distinto —la carta certificada— y de haberse descansado en él de manera exclusiva, importó apartarse del canal regular de comunicación que la propia autoridad había establecido con el administrado.

OCTAVO: Que a lo anterior se suma que la efectividad de la notificación de la citación no resulta acreditada de manera fehaciente en autos.

En efecto, la propia recurrida ha incurrido en contradicción sobre el medio empleado, pues mientras la Resolución Exenta N° NUM001 afirma que la citación fue notificada al último correo electrónico proporcionado por el solicitante, el Oficio Ordinario N° NUM000 sostiene que aquella se practicó por carta certificada, reconociendo expresamente que no se efectuó intento de notificación por correo electrónico. A ello se agrega que en el acta de notificación de la referida resolución se consignó una dirección de correo electrónico ajena al recurrente, no reconocida por éste. Esta incoherencia de la autoridad acerca de la forma en que habría emplazado al solicitante a una diligencia esencial, unida a la ausencia de constancia de conocimiento efectivo por parte de aquél, impide tener por debidamente notificada la citación, sin que la sola información de despacho postal baste para suplir tal exigencia, tratándose de un procedimiento en que la consecuencia asociada a la inasistencia —el archivo de la solicitud y la caducidad de la residencia— reviste particular gravedad.

NOVENO: Que, en las condiciones anotadas, la decisión de mantener el archivo del procedimiento contenida en el Oficio Ordinario N° NUM000 carece de fundamento razonable, desde que asienta el abandono en una inasistencia derivada de un emplazamiento defectuoso, cuya efectividad no ha sido acreditada, lo que priva al acto de la debida justificación y lo torna arbitrario.

Tal actuación afecta la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, en cuanto sitúa al recurrente en una posición de desmedro frente al procedimiento destinado a resolver su solicitud, privándolo del acceso efectivo a una diligencia esencial.

DÉCIMO: Que, en consecuencia, concurriendo un acto arbitrario que amenaza y perturba las garantías constitucionales invocadas, la presente acción será acogida, disponiéndose las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, en los términos que se dirá.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones y, en consecuencia, se deja sin efecto el Oficio Ordinario N° NUM000, de veinticuatro de abril de dos mil veintiséis, y la Resolución Exenta N° NUM001, de veintiuno de octubre de dos mil veinticinco, debiendo el Servicio Nacional de Migraciones disponer el desarchivo del expediente de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado del recurrente, en el plazo de 30 días, desde que esta sentencia quede ejecutoriada, fijando nueva fecha para la realización de la entrevista de elegibilidad prevista en el artículo 30 de la Ley N° 20.430, notificando dicha citación por medios que aseguren su conocimiento efectivo.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

N° Protección-14225-2026.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Fernando Carreño Ortega, conformada por el ministro señor José Pablo Rodríguez Moreno y el abogado integrante señor Sebastián Perelló Enrich.