nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, ocho de octubre de dos mil veinticinco.

Al folio 15: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que, comparece doña Linda Nataly Quintero Mogollon, abogada, en representación de doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por haber notificado, con fecha 13 de junio de 2025, la paralización de su solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjeros. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que la recurrida realiza una interpretación formalista de la ley, añadiendo requisitos no contemplados en ella y desconociendo una situación de fuerza mayor, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y de propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita se ordene a la recurrida proseguir con la tramitación de su solicitud y efectuar la devolución de los fondos solicitados.

Expone como fundamento de su acción que la recurrente, de nacionalidad venezolana, Ingeniero en Computación y con residencia definitiva en Chile, solicitó el 20 de mayo de 2025 a AFP Provida S.A. la devolución de sus fondos previsionales, al amparo de la Ley N°18.156, que exime de la obligación de cotizar a técnicos extranjeros. Para ello, acompañó los documentos requeridos, a saber, sus contratos de trabajo con la cláusula de exención previsional, su título profesional apostillado, su cédula de identidad y una constancia de afiliación al sistema de seguridad social de Venezuela.

No obstante, con fecha 13 de junio de 2025, la recurrida le comunica que su solicitud se encuentra en estado "Detenido", argumentando que la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) no es suficiente para acreditar la cobertura, citando un oficio de la Superintendencia de Pensiones que exige un documento que consigne de forma específica la protección efectiva por todos los riesgos que refiere la ley.

La recurrente arguye que la negativa de la AFP es ilegal y arbitraria, puesto que ha cumplido con todos los requisitos que establece la Ley N°18.156. En efecto, la constancia del IVSS que acompaña indica expresamente que la ley que rige dicha institución protege las contingencias de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez y muerte, cumpliendo así con el supuesto legal. Adicionalmente, la autenticidad y vigencia de dicho documento son plenamente verificables a través del portal web oficial del IVSS, mediante el ingreso de su número de cédula de identidad venezolana, lo que demuestra su afiliación efectiva.

Suma a lo anterior la existencia de una situación de fuerza mayor, consistente en un hecho público y notorio como es la suspensión indefinida de todos los trámites en la Embajada de Venezuela en Chile y la suspensión de la atención al público en el Consulado de Chile en Caracas. Dicha circunstancia, calificada como un imprevisto imposible de resistir según el artículo 45 del Código Civil, hace inexigible la presentación de un documento apostillado o legalizado, por lo que la recurrida, al persistir en tal requisito, incurre en una conducta que contraviene la ley.

En cuanto al derecho, el recurso se sustenta en los artículos 1 y 7 de la Ley N°18.156, que establecen los requisitos para la exención de cotizaciones y la devolución de fondos, los cuales, a juicio de la recurrente, se encuentran íntegramente cumplidos. Cita, además, diversas sentencias de Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema que han sostenido que una interpretación excesivamente literal y formalista de la norma resulta improcedente y que los documentos electrónicos verificables son prueba suficiente para acreditar los requisitos legales .

De esta forma, la conducta de la recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley, garantizado en el artículo 19 N°2 de la Constitución, al establecer diferencias arbitrarias e imponer a la recurrente una exigencia adicional no contemplada en la ley, dándole un trato desigual respecto de otros solicitantes en idénticas circunstancias. Asimismo, conculca su derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, sobre los fondos previsionales depositados en su cuenta de capitalización individual, al impedirle, mediante un acto sin sustento jurídico, disponer de ellos en la forma que la ley especial autoriza.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. que reconozca como válida la documentación acompañada, proceda a seguir con la tramitación de la solicitud de retiro de fondos y, en un plazo razonable, efectúe la devolución de los mismos, adoptando todas las demás medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, informó don Daniel Santoni, abogado, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., solicitando el rechazo en todas sus partes de la presente acción de protección, con expresa condenación en costas, en base a los argumentos de hecho y de derecho que expone.

En primer lugar, alega la improcedencia de la acción cautelar, al no constituir la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento y de carácter contradictorio. Sostiene que el recurso de protección es un procedimiento de emergencia destinado a amparar derechos indubitados, y que en la especie existe un derecho controvertido, toda vez que su representada afirma que su actuar se ajusta a la ley y a la normativa de la Superintendencia de Pensiones, mientras que la recurrente lo califica de ilegal y arbitrario.

En subsidio, argumenta la ausencia de un acto ilegal o arbitrario por parte de su representada. Reconoce haber rechazado la solicitud de devolución de fondos de la recurrente, fundada en que la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encontraba vencida conforme a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones. Explica que la jurisprudencia administrativa del órgano fiscalizador ha establecido que las certificaciones electrónicas que no se encuentren debidamente legalizadas o apostilladas, y que no señalen de forma específica las coberturas otorgadas, no son suficientes para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido por la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156. Cita como respaldo una sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, confirmada por la Corte Suprema, que resolvió que un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales de legalización o apostilla de los instrumentos públicos extranjeros.

En cuanto al fondo, la recurrida fundamenta su actuar en el marco normativo que rige el sistema de pensiones. Indica que el Decreto Ley N° 3.500 establece que los fondos de capitalización individual obligatoria tienen como objeto exclusivo el financiamiento de las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, prohibiendo expresamente a las Administradoras otorgar prestaciones distintas a las establecidas en la ley. En este contexto, la Ley N°18.156 constituye una norma de carácter excepcionalísima que, como tal, debe ser interpretada de forma restrictiva. Dicha ley exige para la devolución de fondos el cumplimiento copulativo de tres requisitos: a) detentar la calidad de técnico; b) encontrarse afiliado a un régimen previsional fuera de Chile que otorgue, a lo menos, prestaciones en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, lo que debe acreditarse mediante certificación de la institución correspondiente, debidamente legalizada; y c) que en el contrato de trabajo se manifieste la voluntad de mantener dicha afiliación . Al no haber cumplido la recurrente con la acreditación de la cobertura previsional mediante un documento debidamente legalizado o apostillado, su representada se vio en la obligación de rechazar la solicitud para no infringir la normativa vigente.

En definitiva, la recurrida solicita se rechace en todas sus partes el recurso de protección interpuesto, con expresa condenación en costas.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar de urgencia, destinada a restablecer el imperio del derecho ante actos u omisiones arbitrarias o ilegales que priven, perturben o amenacen el legítimo ejercicio de alguna de las garantías constitucionales allí enunciadas. Para su procedencia, se requiere la concurrencia copulativa de un acto u omisión ilegal o arbitrario, la afectación de una garantía constitucional protegida y el cumplimiento de las formalidades procesales establecidas tanto en la Constitución como en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, y demás normativa aplicable.

CUARTO: Que, la Ley N° 18.156 establece una excepción al principio general de obligatoriedad de cotizaciones previsionales en Chile para técnicos extranjeros, permitiendo, bajo ciertas condiciones, el retiro de fondos previsionales ya depositados. Esta ley, por su carácter excepcional, debe ser interpretada de forma restrictiva, y su aplicación está supeditada al cumplimiento estricto de los requisitos que ella misma contempla en su artículo 1°, en concordancia con el artículo 7°.

Al respecto, el artículo 1° de la Ley N° 18.156 exige, entre otras condiciones, que el trabajador extranjero se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte (letra a)). La acreditación de este requisito, según la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, debe hacerse mediante "certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte". A contar del 30 de agosto de 2016, dicha certificación debe venir apostillada si el país de origen es parte del Convenio de la Apostilla, como lo es Venezuela, conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

QUINTO: Que, en el presente caso, la recurrente acompañó una "Constancia Electrónica de Cotizaciones" del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), cuya autenticidad sería verificable en línea. Sin embargo, la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. rechazó la solicitud, fundándose en que el documento no se ajustaba a los requisitos formales y de contenido exigidos por la normativa y por la Superintendencia de Pensiones, específicamente el Oficio Ordinario N° 12954 de 17 de julio de 2025, acompañado a fojas 71. Este oficio, que reitera pronunciamientos anteriores del organismo fiscalizador, es claro al señalar que las certificaciones electrónicas que no hayan sido legalizadas o apostilladas, y que no consignen de forma específica la protección por todos los riesgos a que se refiere la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, no resultan suficientes para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero.

SEXTO: Que, la alegación de la recurrente respecto a la imposibilidad de apostillar o legalizar documentos debido a la situación diplomática con Venezuela, invocando el caso fortuito o fuerza mayor del artículo 45 del Código Civil, si bien es una circunstancia que puede generar dificultades prácticas, no exime a las Administradoras de Fondos de Pensiones del cumplimiento de las exigencias legales y reglamentarias que rigen su actuar. Los documentos emitidos en el extranjero, para tener pleno valor probatorio en Chile, deben ajustarse a lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, y al Convenio de la Apostilla. El sistema de verificación en línea, si bien puede dar cuenta de la existencia de un documento y de cierta información, no sustituye la exigencia formal de la apostilla o legalización para su plena validez probatoria en el territorio nacional, conforme a las instrucciones específicas impartidas por el órgano fiscalizador del sistema previsional chileno. En consecuencia, y conforme al análisis de los antecedentes aportados, esta Corte concluye que no se cumplen los requisitos legales y formales establecidos en la Ley N° 18.156 y la normativa complementaria para la procedencia de la solicitud de retiro de fondos, específicamente en cuanto a la forma de acreditación de la afiliación previsional en el extranjero y la especificidad de las coberturas.

SÉPTIMO: Que, por lo expuesto, la negativa de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. a acceder a la solicitud de retiro de fondos previsionales de la recurrente se ajusta a la normativa legal vigente y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones. Al no haberse acreditado el cumplimiento de todos los requisitos legales y formales establecidos en la Ley N° 18.156, el actuar de la recurrida no puede ser calificado de ilegal ni de arbitrario. Por consiguiente, al no configurarse el presupuesto de un acto u omisión ilegal o arbitraria, no se produce la vulneración de las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, a saber, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de garantías constitucionales, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra de la Administradora De Fondos De Pensiones Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-14222-2025.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro (S) señor Enrique Durán Branchi, conformada por el Ministro (I) señor Pablo Toledo González y la Abogada Integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.