nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, fundado en que ésta habría efectuado descuentos en sus remuneraciones para el pago de un crédito social cuyo cobro había sido previamente judicializado, actuación que estima ilegal y arbitraria y vulneratoria de la garantía prevista en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el 6 de abril de 2018 contrató con la recurrida un préstamo de consumo, documentado mediante pagaré N°033CON100734146, por un capital de $5.047.466, el que fue reprogramado el 23 de agosto de 2018 en 58 cuotas mensuales y sucesivas de $157.895. Señala que en dicha operación se pactó una cláusula de aceleración para el evento de mora o simple retardo, así como la facultad de descontar las cuotas correspondientes desde sus remuneraciones. Añade que, debido a sus condiciones económicas, incurrió en mora, adeudando la suma de $5.617.412.

Refiere que, a consecuencia de dicho incumplimiento, la Caja decidió ejercer el cobro judicial de la obligación, iniciando en su contra el juicio ejecutivo Rol C-1022-2019, seguido ante el Segundo Juzgado Civil de Talcahuano, caratulado “Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes con nombre reservado”, procedimiento que señala se encuentra actualmente en tramitación. No obstante ello, sostiene que desde enero de 2026 la recurrida comenzó nuevamente a efectuar descuentos por planilla y que, al recibir su remuneración correspondiente a abril de 2026, constató un descuento de $274.776, oportunidad en que afirma haber tomado conocimiento de la actuación recurrida, sin que previamente se le hubiera comunicado o notificado la decisión de reanudar aquella modalidad de cobro.

Sostiene que dicho proceder configura un doble cobro, pues la recurrida, después de optar por exigir judicialmente la totalidad de la obligación mediante el ejercicio de la cláusula de aceleración, no podría simultáneamente continuar percibiendo el crédito mediante descuentos de sus remuneraciones. Alega que, al judicializar la deuda, la Caja habría optado por aquella vía de cobro, por lo que no podría posteriormente retomar unilateralmente el mecanismo contemplado en el artículo 22 de la Ley N°18.833.

Agrega que los descuentos fueron efectuados sin información previa y que tal actuación afecta directamente su patrimonio, vulnerando su derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República. Invoca, además, los artículos 21 y 22 de la Ley N°18.833, normativa de la Superintendencia de Seguridad Social y el artículo 58 del Código del Trabajo, así como jurisprudencia que estima aplicable a situaciones análogas.

Por lo anterior, solicita que se acoja el recurso y se ordene a la recurrida cesar todo descuento o retención en sus remuneraciones asociado al crédito social; restituir las sumas ya descontadas y aquellas que pudieren descontarse durante la tramitación de esta acción; y pagar las costas de la causa.

SEGUNDO: Que informa Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, solicitando el rechazo del recurso. Expone que el 6 de abril de 2018 otorgó al recurrente el crédito social N°033CON100734146, por un capital inicial de $5.047.466, con una tasa de interés mensual de 2,10%, pactado inicialmente en 60 cuotas de $157.895. Señala que las cuotas correspondientes a mayo y junio de 2018 fueron pagadas; que la de julio de ese año fue diferida al término del crédito; y que las correspondientes a agosto y septiembre de 2018 fueron pagadas entre el 14 de abril y el 14 de mayo de 2026, permaneciendo en mora, según afirma, 56 cuotas correspondientes al período comprendido entre octubre de 2018 y mayo de 2023.

Explica que los descuentos por crédito social encuentran fundamento en el artículo 22 de la Ley N°18.833, conforme al cual lo adeudado por un trabajador afiliado debe ser deducido de su remuneración por la entidad empleadora, retenido y remesado a la respectiva Caja de Compensación. Sostiene, asimismo, que la obligación del recurrente no se encuentra extinguida ni existe una declaración judicial de prescripción, precisando que ésta, de acuerdo con los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, debe ser alegada y declarada judicialmente y no opera de pleno derecho. Añade que el recurso de protección no constituye la vía idónea para obtener una declaración de prescripción de la deuda.

Sin perjuicio de lo anterior, manifiesta que, sin reconocer la extinción de la obligación ni los fundamentos jurídicos del recurso, dispuso el cese definitivo de los descuentos por planilla y la restitución de las sumas recibidas desde que éstos fueron reanudados. Explica que las planillas de descuento se generan el día 25 del mes anterior, razón por la cual podría recibirse alguna suma durante el período necesario para materializar el cese, la que igualmente sería restituida al recurrente.

Sobre esa base, sostiene que la presente acción habría perdido oportunidad, desde que la pretensión cautelar perseguida por el actor habría sido satisfecha voluntariamente mediante la decisión de poner término a los descuentos y devolver las cantidades percibidas, invocando jurisprudencia que estima aplicable en tal sentido. En consecuencia, solicita el rechazo del recurso de protección, con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en el- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que la controversia de autos se circunscribe a determinar la legalidad y razonabilidad de los descuentos efectuados en las remuneraciones del recurrente por concepto del crédito social otorgado por la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, individualizado bajo el N°033CON100734146.

Sobre el particular, no existe controversia en cuanto a que dicho crédito fue otorgado el 6 de abril de 2018, por un capital de $5.047.466, y que con posterioridad fue reprogramado. Asimismo, consta que, ante el incumplimiento del deudor, la recurrida inició su cobranza judicial mediante demanda ejecutiva presentada el 26 de marzo de 2019, correspondiente a la causa Rol C-1022-2019, seguida ante el Segundo Juzgado Civil de Talcahuano, haciendo valer el pagaré suscrito por el recurrente y la cláusula de aceleración convenida, mediante la cual exigió el pago del saldo de la obligación, ascendente entonces a $5.617.412, más intereses y costas.

Dicho procedimiento ejecutivo no se encuentra terminado, pues el ejecutado opuso excepción de prescripción, la causa fue recibida a prueba y, luego de haber permanecido archivada, fue desarchivada durante el año 2026, prosiguiendo su tramitación.

QUINTO: Que el artículo 22 de la Ley N°18.833 dispone que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado deberá ser deducido de su remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, sujetándose a las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales.

Sin embargo, de los antecedentes aparece que, respecto del crédito social N°033CON100734146, la recurrida optó por perseguir judicialmente el pago de la obligación, haciendo exigible anticipadamente su saldo insoluto mediante el ejercicio de la acción ejecutiva antes referida, fundada precisamente en la cláusula de aceleración contenida en el pagaré.

En tales circunstancias, no resulta jurídicamente procedente que, manteniéndose vigente aquella cobranza judicial y sin aparecer que sus efectos hubieren cesado, la recurrida pretenda simultáneamente obtener el pago de la misma obligación mediante el mecanismo de descuento por planilla previsto en el citado artículo 22 para el servicio periódico de las cuotas del crédito social.

SEXTO: Que no altera lo anterior la circunstancia de que la obligación haya sido objeto de reprogramación, pues tal antecedente no permite establecer que la Caja haya dejado sin efecto la aceleración ejercida al presentar la demanda ejecutiva, que se haya desistido de dicha acción ni que el procedimiento haya terminado por alguna otra causa.

Por el contrario, los antecedentes de la causa Rol C-1022-2019 dan cuenta de que la ejecución permanece vigente y que, después de haber sido archivada, fue desarchivada durante marzo de 2026, continuando posteriormente su tramitación, sin que conste resolución judicial que haya puesto término a dicho procedimiento.

De esta forma, mientras subsista la cobranza ejecutiva mediante la cual la propia acreedora hizo exigible el saldo de la obligación, no resulta procedente que ésta retome paralelamente el mecanismo de descuento por planilla correspondiente al pago periódico de las cuotas de aquel mismo crédito.

SÉPTIMO: Que, además, consta de la liquidación de remuneraciones correspondiente al mes de abril de 2026 que al recurrente se le practicó un descuento de $274.776, bajo el concepto “Préstamo C.C.A.F.”.

A su turno, aun cuando al evacuar su informe la recurrida sostuvo haber dispuesto el cese definitivo de los descuentos y la restitución de las sumas percibidas desde su reanudación, lo cierto es que posteriormente el actor acompañó su liquidación de remuneraciones correspondiente a junio de 2026, en la cual nuevamente aparece un descuento de $274.776 por el mismo concepto.

Tal circunstancia evidencia que, al menos con posterioridad al informe evacuado en estos autos, la afectación denunciada continuó materializándose, antecedente que incluso determinó que esta Corte concediera la orden de no innovar solicitada por el recurrente.

OCTAVO: Que, conforme a lo razonado, la actuación impugnada resulta ilegal, desde que la recurrida utilizó el mecanismo de descuento por planilla respecto de una obligación cuyo saldo había decidido previamente hacer exigible y perseguir judicialmente, manteniéndose vigente dicha ejecución y sin acreditarse que la acción ejercida, ni los efectos derivados de la aceleración de la deuda, hubieren quedado sin efecto.

De esta forma, al afectar las remuneraciones del recurrente mediante una vía de cobro paralela a aquella que la propia acreedora había escogido y que continúa pendiente, la recurrida perturbó el derecho de propiedad que el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República asegura al actor sobre sus remuneraciones, por lo que corresponde adoptar las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

NOVENO: Que la circunstancia alegada por la recurrida en orden a que la deuda no se encuentra prescrita y que, conforme a los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, la prescripción debe ser alegada y judicialmente declarada, no obsta a lo concluido.

En efecto, la controversia de estos autos no exige determinar si la obligación se encuentra prescrita ni efectuar declaración alguna a ese respecto, materia que, por lo demás, ha sido planteada por el recurrente como excepción en el juicio ejecutivo pendiente. Lo que corresponde resolver en esta sede cautelar es una cuestión diversa, esto es, si resulta jurídicamente admisible que la acreedora, después de haber ejercido la cláusula de aceleración y perseguido judicialmente el saldo de la obligación, mantenga aquella ejecución y, simultáneamente, reanude el cobro del mismo crédito mediante descuentos periódicos de las remuneraciones del deudor.

Por consiguiente, las alegaciones relativas a la falta de declaración judicial de prescripción no justifican la actuación recurrida ni desvirtúan la ilegalidad antes establecida.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes y, en consecuencia, se dispone:

I. Que la recurrida deberá abstenerse de solicitar o efectuar, por sí o a través de terceros, descuentos en las remuneraciones del recurrente por concepto del crédito social N° 033CON100734146, mientras subsista la cobranza judicial seguida en causa Rol C-1022-2019 del Segundo Juzgado Civil de Talcahuano, o no se acredite que han cesado los efectos derivados de la exigibilidad anticipada de dicha obligación.

II. Que la recurrida deberá restituir al recurrente las sumas descontadas de sus remuneraciones por concepto del referido crédito social desde la reanudación de tales descuentos, incluidas aquellas percibidas durante la tramitación de esta acción, dentro del plazo de diez días hábiles contado desde que la presente sentencia quede ejecutoriada, debiendo acreditar oportunamente su cumplimiento ante esta Corte.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-14.421-2026.