Protección contra Liceo nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, veintiséis de septiembre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparecen doña nombre reservado, en representación y en su calidad de madre de la adolescente nombre reservado, quien interpone en su favor recurso de protección en contra del Liceo nombre reservado, del Ministerio de Educación y de la Superintendencia de Educación, por el acto que estima arbitrario e ilegal, consistente en haber cancelado la matrícula y expulsado a su hija del establecimiento escolar, lo que a su juicio vulnera garantías establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita que se restablezca el imperio del derecho, ordenando al recurrido a dejar sin efecto la medida disciplinaria adoptada, reintegrando a su hija al establecimiento educacional.

Sostiene la recurrente que su hija, es alumna de cuarto año medio del referido colegio, y fue objeto de un proceso disciplinario de expulsión, dado que sin pensar tiro un extintor en el patio del establecimiento educacional.

Añade que su hija tiene buen comportamiento y buenas calificaciones, y al estar en cuarto medio le es imposible acceder a otro colegio, por lo que solicita se le reincorpore y pueda así terminar su educación media.

Segundo: Que, evacuando informe don nombre reservado, en representación del establecimiento recurrido, solicita el rechazo del recurso en todas sus partes por no configurarse los presupuestos constitucionales exigidos en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Expone, en síntesis, que la estudiante nombre reservado el 20 de junio de 2025, transgredió las normas del establecimiento educativo, lo que se materializó en la acción de percutar un extintor en el patio de este, considerado para situaciones de riesgo, lo que realizó a modo de manifestación en favor de otra alumna.

Indica que se citó a su apoderada, y se notificó que el hecho ocurrido es una falta grave en atención a lo señalado en el reglamento interno escolar, por lo que se procedió a iniciar la medida excepcional de expulsión, informando el plazo para interponer apelación en contra de dicha resolución, lo que se hizo.

Añade que el 11 de junio del año en curso se efectúo consulta al consejo de profesores, en el que se presentaron todos los antecedentes y se resolvió la medida de expulsión, dicha medida fue notificada a la apoderada e informada a la Superintendencia de Educación.

Finalmente señala que no existe acto ilegal o arbitrario dado que la decisión se fundó en un debido proceso y de conformidad al reglamento de convivencia escolar, el que es conocido por la comunidad educativa.

Tercero: Que informa al tenor del recurso, don nombre reservado

nombre reservado, abogado de la División Jurídica del Ministerio de Educación.

Primeramente, señala que todos los establecimientos educacionales que cuentan con reconocimiento oficial del Estado deben tener un reglamento interno, el cual incluya las normas sobre relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad educativa y garantizar un justo procedimiento y respetar los derechos garantizados por la Constitución Política de la República.

Respecto del fondo, señala que no es posible pronunciarse en relación con la medida de expulsión indicada en el recurso, dado que los procesos de expulsión o cancelación de matrícula deber ser revisados y calificados por la Superintendencia de Educación, puesto que dicho organismo es el encargado de fiscalizar su la normativa aplicada al caso, ha sido aplicada correctamente.

Sin perjuicio de ello, en cuanto a la revinculación y aseguramiento de la trayectoria escolar de la estudiante, el Departamento Provincial de Educación, señaló la oferta educativa existente, debiendo a la apoderada concurrir a matricular a su hija a cualquiera de los establecimientos educacionales que cuentan con vacante.

Cuarto: Que comparecen doña nombre reservado y don nombre reservado, abogados de la Superintendencia de Educación, solicitando el rechazo del recurso.

Oponen falta de legitimación pasiva, dado que ninguna de las actuaciones planteadas en el recurso, ha sido cometida por dicho servicio en el ejercicio de sus funciones, no habiendo la recurrente indicado alguna participación de la Superintendencia. Los hechos cuestionados corresponden a decisiones adoptadas por el establecimiento educacional, sin intervención de la Superintendencia. El acto impugnado emana del colegio y no de un acto administrativo dictado por este servicio.

Por otra parte, indican que el organismo carece de atribuciones para revocar medidas disciplinarias o gestionar matrículas, pues dichas facultades competen al Ministerio de Educación, conforme al DFL N°2 de 2009 y la Ley N°20.845 de Inclusión Escolar. La labor de la Superintendencia se restringe a fiscalizar la legalidad formal del procedimiento seguido por los establecimientos Sin perjuicio señalan que el establecimiento educacional notificó a la Dirección Regional la expulsión aplicada, iniciándose la revisión en la forma, limitada a constatar el cumplimiento de las garantías legales del procedimiento. En caso de detectarse irregularidades, la Superintendencia podría instruir un procedimiento sancionatorio contra el sostenedor, pero nunca ordenar la reincorporación del alumno, se constató que la apoderada de la alumna afectada efectuó consulta presencial ante la Unidad Regional Metropolitana de Denuncias, lo que motivó la revisión administrativa correspondiente. Sin embargo, ello no genera facultades para revertir la decisión del establecimiento.

Asimismo, cita jurisprudencia de diversas Cortes de Apelaciones (San Miguel, Antofagasta, Rancagua, Santiago y La Serena), que en casos análogos han acogido la excepción de falta de legitimación pasiva respecto de esta Superintendencia.

Solicitan, se acoja la excepción de falta de legitimación pasiva deducida, por no ser autora del acto impugnado, en subsidio, y para el caso de rechazarse dicha excepción, se rechace el recurso de protección en todas sus partes, por carecer este servicio de competencia para otorgar lo solicitado.

Quinto: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho.

A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

Sexto: Que, concordante con lo anterior, lo que se pretende con la interposición de un recurso de protección, es provocar la intervención jurisdiccional de la Corte de Apelaciones respectiva, en resguardo de la observancia de los derechos constitucionales conculcados.

Séptimo: Que, en cuanto a la alegación de haberse incurrido en acto arbitrario e ilegal por parte de la Superintendencia de Educación debe señalarse que los actos imputados son ejecutados, en todos sus estadios, por el Liceo nombre reservado. De este modo, los actos que pueden ser situados en la esfera de control de la mencionada Superintendencia no se corresponden con la imputación alegada por la recurrente. Basta sola esta constatación, para considerar que la acción de protección impetrada no puede prosperar respecto de la Superintendencia de Educación.

En efecto, para resolver la excepción de falta de legitimación pasiva de la Superintendencia de Educación, corresponde considerar que la capacidad procesal para ser sujeto pasivo de la acción constitucional de protección en razón de haber cometido un acto u omisión ilegal o arbitrario no es pertinente en el caso de esta recurrida, en atención a que la conducta que se dice vulneratoria de derechos no le es atribuible. Por consiguiente, procede acoger la referida excepción, conforme se dirá en lo resolutivo.

Octavo: Que, consta en el Reglamento de Convivencia Escolar acompañado por el Liceo recurrido, en lo pertinente, lo siguiente: “INTRODUCCIÓN:

La Convivencia Escolar es la capacidad que tienen las personas de vivir con otras en un marco de respeto mutuo y de solidaridad recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la Comunidad Educativa. Tiene un enfoque formativo, en tanto se trata de un aprendizaje enmarcado en los Objetivos Fundamentales Transversales, y es una responsabilidad compartida por toda la Comunidad Educativa”.

En el Capítulo I: “SOBRE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA”; el ARTÍCULO 1, que se refiere a los derechos y deberes de los y las estudiantes, previene que “El incumplimiento injustificado de cualquiera de estas obligaciones constituye una infracción grave al presente Reglamento de Convivencia Escolar, al Proyecto Educativo Institucional y al Contrato de Prestación de Servicio Educacional”. Continua, en lo que interesa, el Artículo 6: “Sobre estrategias de prevención y protocolos de actuación frente a situaciones de maltrato o acoso escolar o violencia entre miembros de la comunidad educativa”. Y, el artículo 6.2 que se refiere a “Sobre protocolos de actuación frente a situaciones de maltrato o acoso escolar o violencia entre miembros de la comunidad educativa”, se define el acoso escolar, en los términos del artículo 15 B de la Ley Nº20.536, y el protocolo a seguir en el caso de ocurrir alguna de las coductas descritas.

Noveno: Que, de acuerdo al Reglamento, se advierte que el Liceo nombre reservado, siguió estrictamente el protocolo previsto, que culminó con la expulsión de la recurrente, por cuanto se constató que la alumna transgredió las normas del establecimiento educativo, lo que se materializó en la acción de percutar un extintor en el patio de éste, considerado para situaciones de riesgo, todo lo cual lleva a concluir que el establecimiento educacional no ha incurrido en ningún acto arbitrario o ilegal, que pueda ser reprochable jurídicamente.

Décimo: Que, a mayor abundamiento, se notificó a la Dirección Regional la expulsión aplicada, iniciándose la revisión en la forma, limitada a constatar el cumplimiento de las garantías legales del procedimiento.

Undécimo: Que, finalmente se tiene presente lo informado por la parte recurrida Liceo [nombre reservado, en el sentido de encontrase la hija de la recurrente matriculada en el establecimiento educacional Liceo nombre reservado.

Duodécimo: Que, en las condiciones anotadas, la pretensión de la parte recurrente no puede prosperar y debe ser desestimada, resultando innecesario entrar al análisis de las garantías constitucionales que se dicen vulneradas.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción deducida por nombre reservado, en contra de Liceo nombre reservado, del Ministerio de Educación y de la Superintendencia de Educación.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra María Paula Merino Verdugo. N°Protección-14.195-2025.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por los Ministros señor Hernán Alejandro Crisosto Greisse, señora María Paula Merino Verdugo y la Abogada Integrante señora Bárbara Vidaurre Miller, quien no firma, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

En Santiago, veintiséis de septiembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.