nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN Y ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES
- Fecha
- 3 de septiembre de 2024
- Sala
- Séptima
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 14183-2024, sentencia de 3 de septiembre de 2024
Resumen
Se rechaza por pérdida de oportunidad el recurso de protección contra la Caja de Compensación Los Andes, al haber cesado esta los descuentos y restituido las sumas, por lo que falta el presupuesto de actualidad del acto.
Texto íntegro
C.A. de Santiago Santiago, tres de septiembre de dos mil veinticuatro.
A los escritos de folios 15 y 16: a todo, téngase presente.
VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:
PRIMERO: Que, comparece don nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por el acto que califica como ilegal y arbitrario consistente en el descuento de $550.191 de su remuneración del mes de mayo de 2024 por concepto de "Descuento Crédito Personal caja", vulnerando su derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.
Expone que con fecha 11 de abril de 2015 suscribió un pagaré con la Caja de Compensación recurrida por la suma de $5.673.820, obligándose a su pago en 60 cuotas a partir del 31 de diciembre de 2015, con vencimiento el 30 de noviembre de 2020. Dicho pagaré estipulaba que el simple retardo en el pago de una cuota o la terminación del contrato de trabajo del deudor permitiría a la acreedora exigir el total de la deuda, considerándose de plazo vencido.
Agrega que por dificultades económicas no pudo cumplir con las cuotas pactadas, por lo que la Caja inició el cobro judicial del saldo adeudado en causa rol C-282-2017 del 3° Juzgado de Letras de La Serena. Dicho procedimiento terminó por sentencia de fecha 8 de marzo de 2024 que acogió la excepción de prescripción interpuesta por su parte, constando el certificado de ejecutoria respectivo del 6 de mayo de 2024.
Agrega que comenzó a trabajar en la empresa Berliam SpA, logrando estabilidad financiera, pero al recibir su liquidación de sueldo de mayo de 2024 constató un descuento de $550.191 por "Descuento Crédito Personal caja", del cual no fue informado de forma alguna por la Caja, siendo una decisión unilateral de ésta. Indica, además, que dicho descuento corresponde a un dinero ya cobrado en el procedimiento judicial antes referido y terminado por prescripción.
Sostiene que el descuento realizado por la Caja recurrida a sus remuneraciones es un acto arbitrario e ilegal que provoca una privación y perturbación en su derecho de propiedad sobre las mismas, jamás siendo informado de dicha decisión unilateral de efectuar descuentos, entendiendo que ya se había judicializado el cobro del pagaré. Argumenta que la recurrida actuó de manera injustificada y arbitraria, reviviendo por medio del descuento una deuda cuya acción de cobro está prescrita. Si bien el artículo 22 de la Ley Nº 18.833 autoriza el descuento por planilla, es un beneficio previsto para un cobro oportuno, de modo que al haber demandado ejecutivamente la Caja manifestó su intención de requerir el pago por la vía judicial. Por tanto, al efectuar ahora el descuento, abusaría de las facultades legales al tratarse de una facultad excepcional.
Cita disposiciones constitucionales, convencionales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos que consagran el derecho de propiedad y prohíben la privación arbitraria del mismo. Al respecto, arguye que la Caja vulneró su derecho de propiedad sobre su remuneración como trabajador al descontar dineros impidiéndole gozar de ella en su integridad, siendo ilegal al cobrar sin fundamento legal, configurándose la privación inconstitucional de uno de los atributos esenciales del dominio sin que medie ley que lo autorice.
Invoca fallos de la Corte Suprema que acogieron recursos de protección en casos similares, estableciendo que una vez que la Caja opta por la vía judicial para el cobro, queda inhabilitada para efectuar descuentos por planilla, siendo arbitrario retomar esta vía cuando la acción está prescrita, abusando de sus facultades legales y afectando el derecho de propiedad del trabajador sobre sus remuneraciones.
En virtud de lo expuesto, solicita acoger su recurso y, en definitiva que se ordene a la recurrida, lo siguiente: 1) Cesar todo tipo de retención o descuento en su remuneración; 2) Restituir el descuento efectuado de $550.191 y los que se efectúen durante la tramitación del recurso; y 3) Condenar en costas a la recurrida.
SEGUNDO: Que, evacuando el informe solicitado en la presente acción constitucional, comparece doña Inés Riquelme Arao, abogada, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, solicitando su rechazo, por falta de oportunidad, sosteniendo que su representada no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno y que, sin perjuicio de ello, ha dispuesto voluntariamente el cese definitivo de los descuentos efectuados a las remuneraciones del actor y la restitución de las sumas descontadas.
Expone que con fecha 4 de noviembre de 2015 se otorgó al recurrente la operación de crédito código N° 0050314977K, por un capital inicial de $5.673.820, a una tasa de interés mensual de 1,89%, pagadero en 60 cuotas mensuales de $177.837, con primer vencimiento el 31 de diciembre de 2015. Agrega que a la fecha dicha operación se encuentra en cobranza judicial, manteniendo en estado moroso las cuotas de diciembre de 2015 a noviembre de 2020.
Esgrime que no existe actuación ilegal o arbitraria de su parte, por cuanto los descuentos para el pago de las cuotas de crédito social son informados al empleador del deudor conforme al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, el cual dispone que lo adeudado por este concepto debe ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales.
Sostiene que se encuentra efectuando el cobro de una deuda cuya acción no ha sido declarada prescrita, pues conforme a los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, la prescripción debe ser alegada y declarada judicialmente, no operando de pleno derecho. Por ende, mientras no exista pronunciamiento judicial del tribunal competente, la obligación existe y es plenamente exigible, no siendo la acción de protección la vía idónea para alegar la prescripción.
Explica que el mecanismo de descuento por planilla es un mecanismo especial de pago inherente al régimen de crédito social de las Cajas de Compensación, que disminuye el riesgo y permite un menor costo del crédito. Enfatiza que su obligatoriedad no depende de la voluntad de las Cajas, sino que es establecida de forma perentoria por la ley. Añade que dicha obligatoriedad recae sobre el empleador, entendiéndose que el trabajador paga el crédito al momento de aplicarse el descuento, extinguiéndose a su respecto la deuda aunque no haya sido remesada por el empleador a la Caja. Precisa que el trabajador no puede oponerse al descuento por planilla, al ser un mecanismo propio de este tipo especial de créditos sociales. Concluye que es técnica y fácticamente imposible sostener que el funcionamiento del descuento por planilla constituya una gestión de cobro de la Caja, al no obedecer ni depender de su voluntad sino tratarse de una obligación legal y reglamentaria.
No obstante lo anterior, informa que sin reconocer extinción de la deuda ni los hechos y fundamentos esgrimidos por el recurrente, su representada ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado al actor, así como la restitución de las sumas recibidas a partir de la reanudación de los cobros desde marzo de 2023, incluyendo toda suma que sea recibida en el intertanto mientras se hace efectiva dicha medida. En tales circunstancias, solicita el rechazo del recurso por haber perdido oportunidad, al haber accedido voluntariamente al cese de los descuentos y restitución solicitados. Invoca fallos de Cortes de Apelaciones y de la Excma. Corte Suprema que han rechazado recursos de protección interpuestos contra su representada en casos similares, por falta de oportunidad, al haber la Caja dispuesto voluntariamente el cese de los descuentos y la restitución de las sumas descontadas.
En virtud de lo expuesto, solicita rechazar, por falta de oportunidad, la acción de protección incoada, en mérito de los argumentos ya planteados.
TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.
CUARTO: Que, en la especie, la conducta reprochada a la entidad recurrida, a saber, Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, está constituida por el descuento de dineros de las remuneraciones del recurrente del mes de junio del año en curso, por concepto de un crédito social contraído en el año 2015.
QUINTO: Que, conforme a lo informado por la Caja de Compensación recurrida, esta dispuso voluntariamente el cese definitivo de los descuentos y la restitución de las sumas descontadas respecto de don nombre reservado.
SEXTO: Que lo anterior fue corroborado por la abogada del recurrente, doña Yoselyn Espinoza Riquelme quien, en estrados, señaló que a la fecha no se están realizando descuentos en la remuneración del recurrente por parte de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.
SÉPTIMO: Que, en consecuencia, la presente acción constitucional deberá ser rechazada por faltar, actualmente, uno de los presupuestos necesarios para su procedencia, entendiéndose que ha perdido oportunidad, tornándose innecesario emitir pronunciamiento sobre el fondo de las alegaciones de las partes.
Por tales consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de protección, se resuelve, que se rechaza, sin costas, por pérdida de oportunidad, el recurso de protección interpuesto en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.
Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.
N°Protección-14183-2024.