Protección contra Excelentísima Corte Suprema

C.A. de Santiago Santiago, seis de octubre de dos mil veintiséis.

Vistos:

Comparece la abogada Carola Andrea Rivero Canales, en favor de nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Excelentísima Corte Suprema, por haber dictado la resolución de 20 de abril de 2026, en Antecedentes Administrativo ROL TI-484-2016, en virtud de la cual rechazó la reposición intentada por la recurrente y en consecuencia negó lugar a recibir su juramento como abogada.

Narra que la actora ingresó a la Escuela de Derecho de la Universidad de La República en el año 1999, donde cursó cátedras hasta el año 2002. Luego de esto no pudo continuar con sus estudios, ya que tuvo que hacerse cargo de su hijo mayor nacido el 3 de julio del año 2000.

Expresa que con mucho esfuerzo en el año 2010 retomó sus estudios, previa convalidación de ramos, ingresando a la Universidad Bolivariana, egresando de la Carrera de Derecho el 8 de enero de 2013.

Menciona que a esa fecha tenía 2 hijos, viéndose atrapada en un círculo de violencia intrafamiliar, sufriendo durante más de 10 años situaciones de maltratos psicológicos, físicos y económicos, incurriendo su ex pareja y padre de su hijo menor, en hechos delictivos en los cuales se vio involucrada la actora, como dan cuenta las causas Rit N°[cuenta reservada] RUC N°1.400.837.053-3 del Tribunal de Garantía de Osorno y Rit N°15.134-2009 RUC N°910.027.948-4 del 4° Juzgado de Garantía de Santiago, cumpliendo en ambas causas las penas asignadas, respecto de las cuales se sometió al proceso que otorga los beneficios del Decreto Ley N°409 del Ministerio de Justicia.

Indica que a principio del año 2016, procedió a abrir expediente en Oficina de Títulos de la Corte Suprema, y con fecha 11 de julio de 2016, se rechazó dicha petición atendida las condenas a dos penas impuestas por sentencia firme.

Menciona que con fecha 14 de septiembre de 2023, la actora presentó nuevamente un recurso de reconsideración, el cual le fue denegado, al igual que el 29 de diciembre de 2025, el que devino en la dictación de la resolución que hoy se impugna, al no acompañas antecedentes nuevos que permitan revisar lo resuelto primitivamente, acordado con el voto en contra de la presidenta señora nombre reservado, del ministro señor Valderrama y de la ministra señora Melo quienes estuvieron por dar lugar a la solicitud de juramento.

Expresa que no se registra ninguna condena, ya que de acuerdo a la Resolución Exenta N°000120 del 25 de abril de 2023 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se concedió a la recurrente el Beneficio previsto en el Decreto N°409 siendo eliminado todo antecedente penal Añade que la actora participa activamente en una agrupación sin fines de lucro que trabaja en la prevención del consumo problemático de alcohol y drogas en la ciudad de Osorno y que a pesar de ser ella el único sustento de su hogar, trabajando de manera independiente, por lo que sus jornadas de trabajo son sin tope de horario, En cuanto al derecho, señala que la actuación es ilegal y arbitraria, pues lesiona gravemente los derechos fundamentales de la recurrente y que deben ser respetados por todos los Órganos del Estado incluyendo y con especial responsabilidad al máximo Tribunal del País, al ignorar los efectos concretos que el Decreto Ley N°409, vulnerando con ello las garantías constitucionales del derecho a la integridad física y psíquica, de igualdad ante la ley, de igual protección de la Ley en el ejercicio de los derechos, a no ser juzgada por comisiones especiales, al respeto y protección de la vida privada y a la honra de las personas, a la libertad de trabajo y al derecho a la libre elección y contratación, a realizar cualquier actividad económica, a la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y su Organismos en materia económica y a su derecho de propiedad.

Pide, en definitiva, se acoja la presente acción de protección y se deje sin efecto la Resolución de fecha 20 de abril de 2026, dictada por el Pleno de la Excma. Corte Suprema, procediendo a acoger la petición de reconsideración, con costas.

Evacuando informe la Excelentísima Corte Suprema en el siguiente tenor. Previa exposición de los hechos, señala que la potestad de otorgar el título de abogado en nuestro país quedó radicada por ley en la Corte Suprema, tal como se reconoce en el inciso sexto del artículo 54 del DFL N°1 de 2005 en concordancia con el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, el cual requiere antecedentes de buena conducta, siendo esta una potestad discrecional establecida por ley.

En cuanto a la exigencia de buena conducta, señala que ha sido la constatación de dos anotaciones en su extracto de filiación las que dan cuenta de condenas por tres delitos, una falta de lesiones leves, el delito de celebración de contrato simulado y el de falsificación o uso malicioso de documentos públicos, las que han llevado a denegar la solicitud de juramento al no cumplir con el requisito de buena conducta, a saber, aquella impuesta por el Juzgado de Garantía de Osorno, en causa RIT N°4.668-2014 (RUC N°1.400.837.053-3), por sentencia de fecha 15 de octubre de 2014, en la cual se condenó a doña nombre reservado a la pena de multa de una unidad tributaria mensual, en su calidad de autora de la falta contemplada en el artículo 494 N°5 del Código Penal y la impuesta por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, en causa RIT N°15.134-2009 (RUC N°910.027.948-4), por sentencia de fecha 20 de octubre de 2015, como autora del delito de celebración de contrato simulado y autora del delito de falsificación o uso malicioso de documentos públicos, por los cuales se le impusieron las penas de 21 días de prisión en su grado medio, 41 días de prisión en su grado máximo, multas y la accesoria legal de suspensión de cargos y oficios públicos por el término de 62 días.

Esgrime que dichos antecedentes no pueden ser obviados durante el proceso de evaluación que realiza la Oficina de Títulos de la Corte Suprema con cada expediente que se abre, especialmente cuando se trata de tres condenas por diversos delitos que revelan una reiteración de conductas reprochables penalmente, considerando que la naturaleza de los delitos da cuenta que el comportamiento de la requirente ha comprometido la fe pública y la confianza en el obrar de las personas, valor que es la base angular de la profesión de abogado, quien debe asumir la representación de intereses de terceros en virtud de un encargo de confianza.

Explica que el rol que desempeña el abogado en la sociedad es de una función pública particularmente trascendente para la sociedad, como es la puesta en marcha y finalidad de los procesos judiciales y del sistema de justicia.

Arguye que su actuación no es ilegal pues ha sido dictada por el órgano competente, dentro de sus facultades privativas y dando previo cumplimiento a los trámites y requisitos establecidos en la ley, especialmente, en los artículos 523 y 526 del Código Orgánico de Tribunales, por orden expresa de lo que establece el artículo 521 del mismo cuerpo legal.

Sostiene que tampoco es arbitraria, ya que la actora confunde el concepto de discrecionalidad con el de arbitrariedad, precisando que la normativa permite la eliminación de antecedentes para efectos administrativos y legales generales, siendo el requisito de “buena conducta” el que constituye un estándar ético autónomo y superior para el ejercicio de la abogacía, siendo insuficientes su labor comunitaria y certificados de rehabilitación para desvirtuar la naturaleza de los delitos y la gravedad de las condenas previas, por lo que no se vulneran las garantías constitucionales invocadas.

Pide, en definitiva, rechazar la presente acción de protección, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, del examen de la acción de protección deducida, según se adelantó, aparece que la parte recurrente ataca lo que considera una actuación arbitraria e ilegal de la recurrida, lo que habría ocurrido con ocasión de la decisión comunicada desde la Excma. Corte Suprema, con motivo de la resolución del Pleno del máximo tribunal de la República, pronunciada con fecha 20 de abril de 2026 y notificada con fecha 21 de abril de 2026, en los Antecedentes Administrativos ROL TI-484-2016, suscrita por los Ministros que detalla, en virtud de la cual rechazaron la reposición intentada y, en consecuencia, negaron lugar a recibir su juramento como abogada, configurando así un actuar ilegal y arbitrario que la priva del ejercicio de los derechos fundamentales previstos en el artículo 19 Nºs 1, 2, 3 inciso primero y quinto, 4, 16, 21, 22 y 24, de la Carta Fundamental, en relación con el artículo 5º inciso 2º de la Carta Fundamental, solicitando que se le permita recibir el Juramento de Abogado, atendido el cumplimiento de los requisitos legales para ello.

Segundo: Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar:

a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;

b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Tercero: Que, el artículo 1º del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección, establece que dicha acción cautelar se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

Cuarto: Que, en ese mismo orden de ideas, revisado este proceso, es posible advertir que el acto que se le reprocha a las recurridas ya había sido resuelto y con mucha antelación a la fecha que cita la recurrente respecto del acto cometido (20 de abril de 2026).

En efecto, con fecha 14 de septiembre de 2023, la actora dedujo un recurso de reconsideración respecto de la negativa, de fecha 11 de julio de 2016, generada en el Pleno de la E. Corte Suprema que negó lugar a solicitud de juramento por no cumplir con el requisito de buena conducta del artículo 523 N° 4 del Código Orgánico de Tribunales por la existencia de dos condenas en el extracto de filiación y antecedentes de la recurrente, adjuntando como nuevo elemento copia de la Res. Ex. 000120 de 25 de abril de 2023 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que le otorgó el beneficio de eliminación de antecedentes penales del DL 409 de 1932, lo que produjo como consecuencia que el Comité de Personas en Sesión de 16 de noviembre de 2023, informara preliminarmente de forma favorable el recurso interpuesto, pero en definitiva el Pleno del máximo tribunal reunido el 15 de enero de 2024, rechazó la reconsideración, desestimando el efecto del antecedente adjuntado (Certificado de Eliminación de Antecedentes del DL 409) mismo que se acompaña nuevamente en este ingreso, quedando así a esa fecha zanjada la situación planteada.

Es más, aparece otra reconsideración, opuesta el 26 de mayo de 2024, el que fue declarado inadmisible por resolución de 29 de mayo de 2024 y, luego, una tercera, de fecha 29 de diciembre de 2025, declarada improcedente el 13 de febrero de 2026.

En consecuencia, de la relación precedente aparece de manifiesto que el presente recurso de protección deducido recién el 21 de mayo de 2026, claramente se encuentra fuera del plazo de 30 días aplicable al caso, de todo lo cual fluye con toda evidencia que la presente acción cautelar se dedujo extemporáneamente, por lo que esa primera alegación esgrimida por la recurrida será acogida.

Quinto: Que, sin perjuicio de lo decidido precedentemente y, entrando de todas maneras al fondo del asunto, cabe advertir que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal esto es, contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Sexto: Que, frente a las argumentaciones expresadas en los motivos que preceden y de la información entregada por las partes, aparece de manera evidente que el presente asunto excede -con creces- los límites para los cuales está establecida la presente acción cautelar.

En efecto, en esencia lo que se cuestiona aquí es una decisión valorativa que la ley le entrega exclusivamente a la máxima autoridad judicial de la República, la que dicho sea de paso forma parte necesaria del devenir para lograr culminar la carrera de Derecho con el otorgamiento del título respectivo, la que es conocida y asumida por todo futuro aspirante a esa profesión.

Séptimo: Que, como ya se tupo oportunidad de señalar, el recurso de protección de garantías constitucionales tiene por objeto proteger el legítimo ejercicio de derechos que estén indubitados, y no de aquellos que se encuentren en discusión o que constituyan una mera expectativa. Esto es, no se trata de un juicio declarativo de derechos, como parece entenderlo la recurrente de autos.

Octavo: Que, en la especie, la situación jurídica y de hecho presentadas por la recurrente no corresponde a esta sede establecer una suerte de declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la norma o normas aplicadas, lo que la parte interesada tampoco ha intentado conforme aparece de los antecedentes.

De lo anterior fluye de manifiesto que no se está en presencia de derechos preexistentes ni indubitados a su respecto, que se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria precisa y determinada, atribuible a quien se presenta como recurrida -todo lo contrario- de lo cual se genera como consecuencia necesaria, que el presente recurso de protección no esté en estado de prosperar.

Noveno: Que, a mayor abundamiento, aunque el procedimiento sumarísimo de protección no establezca un período probatorio en contradictorio, ello no significa que el juez pueda decidir sin la existencia de pruebas que evidencien los argumentos presentados por las partes.

En efecto, en el procedimiento de las acciones constitucionales de protección, la prueba debe otorgar la certeza y la exigibilidad del derecho que se pretende ver tutelado. Frente a esto, no sería imposible suponer que, cuando se interpone el recurso de protección, estamos hablando de un derecho indiscutible que se ve amenazado o afectado su ejercicio por una arbitrariedad que por la naturaleza de lo examinado corresponde a otra sede dirimir.

Décimo: Que, dentro del contexto material que se viene reseñando, como ya se anticipó, no resulta factible adoptar alguna medida de cautela a favor del recurrente, pues la situación descrita, sin duda, queda al margen de este arbitrio jurisdiccional, al no justificarse que exista un derecho indubitado que a su vez sea constitutivo de una garantía constitucional, de aquellas que protege el artículo 20 de la Constitución Política de la República y que haya sido vulnerada mediante la privación, perturbación o amenaza causada por una omisión arbitraria o ilegal, lo que en el caso propuesto no se ha demostrado que así hubiera acontecido.

Undécimo: Que, por otro lado, debe consignarse que el abogado de la parte recurrida, en estrados presenciales, hizo alusión a un nuevo antecedente, señalando que la recurrida habría sido contratada en la I. Municipalidad de Independencia el 15 de diciembre de 2023, por D.A. 5051/20231 (que acompaña a esta carpeta electrónica), en calidad de abogada, título del que carece, para desarrollar la labor de “Abogada Proyecto Alcantarillado, Comuna de Independencia” aludiendo a un eventual ilícito, situación que pondría en conocimiento de la parte que representa, lo que torna más compleja la situación de la recurrente de autos respecto del requisito de buena conducta a que alude la norma del 523 N° 3 del Código Orgánico de Tribunales.

Duodécimo: Que, finalmente, a modo conclusivo no se avizora un proceder arbitrario o ilegal de parte de la Corte Suprema de Justicia, Tribunal recurrido, pues ésta, al emitir el pronunciamiento que se reprocha, ha obrado dentro del ámbito de sus atribuciones, que le entrega precisamente el artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales. Tampoco es arbitrario, desde que es precisamente fundado del modo como ha quedado previamente expuesto, y se indica en el informe respectivo, lo cual podrá ser cuestionado por quien recurre, quien obviamente no comparte el fundamento tenido en cuenta, pero la circunstancia de que existan otras posibles interpretaciones del referido artículo 523, en particular de sus números 3º y 4º no muta automáticamente en arbitrario el proceder que se ha pretendido cuestionar por la presente vía cautelar.

Y de conformidad, también, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y 1º, 3º y 7º del Auto Acordado que regla la materia, se declara:

Que, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra de la Excma. Corte Suprema de Justicia de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese si no se apelare.

Redactó el ministro señor Alejandro Rivera, quien no firma por encontrarse ausente.

Protección N°14.174-2026.