Protección contra Policía de Investigaciones de Chile

C.A. de Santiago Santiago, veinticuatro de diciembre de dos mil veinticinco.

Proveyendo a los escritos folios 37 y 38: téngase presente.

Proveyendo al escrito folio 39: a sus antecedentes.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, con fecha 16 de junio de 2025, comparece el abogado Jorge Manuel Palma Acuña, en representación de doña nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), representada por su Director General don Eduardo Alejandro Cerna Lozano, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución Exenta N°NUM000 de fecha 9 de mayo de 2025, notificada el 16 de mayo de 2025, mediante la cual se declara su invalidez de tercera clase y se dispone su retiro de la institución, vulnerando de esta forma las garantías consagradas en el artículo 19 N°1, 2 y 4 de la Constitución Política de la República.

Menciona como antecedentes de su recurso que los hechos se originan el 21 de octubre de 2019, cuando en el ejercicio de sus funciones como estudiante de cuarto año de la Escuela de Investigaciones, concurrió a un procedimiento por saqueos en la comuna de Pudahuel. En dicho contexto, fue atropellada por un vehículo y posteriormente herida por un proyectil balístico disparado por un compañero institucional, lo que le provocó un traumatismo raquimedular a nivel T11-T12, dejándola en estado de paraplejía y dependencia total. Señala que, desde entonces, ha estado bajo tratamiento médico y rehabilitación asumiendo la institución los costos respectivos.

Precisa que la resolución impugnada interrumpe su proceso de rehabilitación y se desliga de la responsabilidad institucional por lesiones sufridas en acto de servicio. Sostiene que la decisión administrativa se funda en informes médicos de dudosa procedencia de facultativos que nunca la evaluaron físicamente y que se han mantenido en reserva, afectando su derecho a defensa. Asimismo, expone que el sumario administrativo iniciado hace cinco años aún no cuenta con un pronunciamiento definitivo de la Contraloría General de la República. Argumenta que la PDI pretende separarla de la institución sin otorgarle los beneficios correspondientes a su condición de víctima en acto de servicio, como el ascenso extraordinario o las condiciones de retiro que le permitan una vida digna y la continuidad de sus terapias costosas.

Cita, para respaldar su acción, las normas contenidas en los artículos 5, 19 y 20 de la Constitución Política de la República; el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección; la Ley N°21.058 sobre ascensos extraordinarios; el D.F.L. N°1 de 1980 (Estatuto del Personal de la PDI); y la Ley N°19.880 sobre procedimientos administrativos.

Pide en definitiva, acoger el recurso y ordenar al recurrido dejar sin efecto la Resolución Exenta N°NUM000 de fecha 9 de mayo de 2025, permitiendo que la recurrente mantenga su calidad de funcionaria activa para asegurar su tratamiento de salud y rehabilitación, o que su retiro se disponga conforme a los beneficios máximos establecidos en la ley, con expresa condena en costas.

Segundo: Que, con fecha 5 de agosto de 2025, comparece la abogada doña María Inés Wise Díaz de la Vega, en representación de don Eduardo Alejandro Cerna Lozano, Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, quien evacúa el informe respectivo, solicitando el rechazo del recurso.

Expone como antecedentes que la recurrente ingresó a la institución en 2016 y sufrió lesiones gravísimas el 21 de octubre de 2019 tras ser embestida por un vehículo en un procedimiento policial por saqueos. Indica que se instruyó el sumario administrativo correspondiente, el cual determinó que los hechos constituyeron un acto de servicio y que la funcionaria no tiene responsabilidad administrativa. Señala que la Comisión Médica Institucional, mediante Informe Técnico N°NUM001 de 2023, concluyó que la Inspectora nombre reservado no se encuentra apta para el servicio por secuelas irreversibles de paraplejía, correspondiéndole el beneficio de Invalidez de Tercera Clase.

Argumenta que su actuar no ha sido arbitrario o ilegal puesto que la resolución impugnada se basa en las conclusiones técnicas de un órgano colegiado competente, como es la comisión médica, cuya función exclusiva es informar sobre la capacidad física del personal. Niega que exista un abandono o interrupción del tratamiento, precisando que al hacerse efectivo el retiro por invalidez, la previsión y cobertura de salud de la afectada se traspasan a la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA), manteniendo sus beneficios de pensión y salud.

Estima que su actuar se ha ajustado a derecho, ya que la Resolución Exenta N°NUM000 se dictó en ejercicio de las facultades legales que el Estatuto del Personal otorga al Director General, cumpliendo con el deber de fundar los actos administrativos que afectan derechos, conforme a los artículos 11, 16 y 41 de la Ley N°19.880. Sostiene que la acción de protección no es una instancia para discutir méritos técnicos médicos o procesos disciplinarios ya concluidos bajo la normativa sectorial.

Solicita, en definitiva, que se desestime el recurso de protección en todas sus partes, con expresa condena en costas a la parte recurrente.

Tercero: Que, con fecha 26 de noviembre de 2025, comparece la abogada Carolina Beatriz Requena Duschner, en representación de la Contraloría General de la República, quien evacúa el informe respectivo, solicitando el rechazo del recurso.

Expone como antecedentes que la recurrente, doña nombre reservado, dedujo diversas reclamaciones ante dicho Órgano de Control, las cuales fueron atendidas mediante la Resolución Exenta N°NUM003, de 2025. Precisa que en dicho pronunciamiento administrativo la Entidad Fiscalizadora se abstuvo de conocer la impugnación contra la Resolución Exenta N°NUM000, de 2025, de la Policía de Investigaciones de Chile, por encontrarse el asunto sometido al conocimiento de los tribunales de justicia. Asimismo, menciona que se ordenó a la institución policial ponderar un procedimiento disciplinario por la demora en la tramitación del sumario administrativo de la afectada, aunque aclara que una eventual sanción a los inculpados no tendría incidencia en la situación funcionaria o previsional de la interesada.

Refiere que la determinación de la invalidez y la capacidad para continuar en el servicio es una facultad que compete exclusivamente al Director General de la Policía de Investigaciones, previo informe de la Comisión Médica, según lo dispuesto en los artículos 73 y 74 del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 1980.

Indica que la jurisprudencia administrativa impide al Órgano de Control revisar los datos clínicos que sirven de base a las decisiones de dicho cuerpo colegiado. Adicionalmente, señala que la invalidez de tercera clase otorgada representa la situación más favorable en términos económicos para el personal imposibilitado de seguir en servicio.

Explica que, en su actual condición, la asistencia médica y beneficios de salud corresponden a la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA), de acuerdo con la normativa del Reglamento de Medicina Curativa. Finalmente, sostiene que la concesión de un ascenso extraordinario conforme a la ley N°21.058 constituye una potestad exclusiva y privativa de la autoridad institucional, quien debe ponderar los antecedentes de excepcional abnegación para ejercerla.

Solicita, en definitiva, que se proceda al rechazo del recurso de protección interpuesto por la señora nombre reservado.

Cuarto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Quinto: Que, el acto que se tacha de ilegal y arbitrario está constituido por la Resolución Exenta N°NUM000 de 9 de mayo de 2025, de la Dirección General de la Policía de Investigaciones de Chile, mediante la cual se procede a declarar la invalidez de tercera clase de la recurrente, interrumpiendo su tratamiento y rehabilitación médica.

Sexto: Que de los antecedentes allegados por las partes se desprenden los siguientes hechos: a) La recurrente, producto del accidente ocurrido en actos de servicio el día 21 de octubre de 2019, sufrió fractura T11 y T12 por Arma de Fuego, Trauma Raquimedular, Lesión Medular Asia B, Fractura Expuesta de 5ta Costilla Izquierda y 10ma Costilla Derecha, Hemoneumotórax Izquierdo, Neumotórax Derecho, Estallido Renal Derecho, Hematoma Suprarrenal Derecho, Laceración Hepática" b) La Comisión Médica de la Policía de Investigaciones por medio del Informe Técnico (R) N°NUM001 de 23 de noviembre de 2023, determinó que la recurrente no ha quedado apta para continuar al servicio de la Institución y que, producto de las lesiones sufridas y ponderadas las secuelas funcionales que en él se indican, le corresponde impetrar el beneficio previsional de invalidez de tercera clase. c) Mediante Resolución Exenta N°NUM004 de 17 de abril de 2025, de la Dirección General de la Policía de Investigaciones, se aprobó la tramitación del sumario administrativo, se rechazó el recurso de apelación presentado por la actora, y se declaró que ésta fue víctima del delito de homicidio frustrado, por lo que el hecho materia del sumario, debe ser considerado como acto de servicio, entre otras cosas. d) La Resolución Exenta N°NUM000 de 9 de mayo de 2025, de la Dirección General de la Policía de Investigaciones de Chile, declaró que a nombre reservado, le corresponde a el beneficio de invalidez de tercera clase, conforme lo establecido mediante Resolución Exenta N°NUM004 de 17 de abril de 2025 y a lo concluido en el Informe Técnico (R) N°NUM001 de 23 de noviembre de 2023.

Séptimo: Que, en cuanto a la normativa aplicable en la especie, el artículo 72 del DFL 1 de 1980, Estatuto del Personal de Policía de Investigaciones de Chile, dispone: “la circunstancia de que la muerte o las lesiones sufridas por un funcionario, sean causadas en accidente ocurrido en acto determinado del servicio, será establecida mediante sumario administrativo, dispuesto por la autoridad competente”.

Luego, el artículo 73 en su inciso primero prescribe: “corresponderá exclusivamente a la Comisión Médica de Investigaciones, el examen del personal de la Institución, a fin de informar acerca de su capacidad física para continuar en el servicio, o la clase de invalidez que los imposibilitare para continuar en él”

Por su parte, el artículo 75 letra c) de la misma norma, señala:

Artículo 75°.- La invalidez proveniente de un accidente en acto determinado del servicio, se clasificará como sigue: c) Invalidez de 3a. Clase, es aquella que impide, en forma definitiva, total e irreversible al individuo, valerse por sí mismo, tales como la paraplejía, hemiplejía, ceguera absoluta, estados dedemencíales post - traumáticos, etc.

Asimismo, el artículo 122 del mismo cuerpo legal, establece: “los funcionarios que dejen de pertenecer a la Institución por retiro o fallecimiento, gozarán de pensión de retiro o causarán pensión de montepío, según corresponda, en conformidad a lo dispuesto en las normas aplicables a Carabineros de Chile, según lo señalado en el artículo anterior, con las modalidades establecidas en este párrafo y demás especiales contenidas en el presente Estatuto.

A su vez, el artículo 65 de la Ley N°18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros, prescribe: “El personal que se inutilizare como consecuencia de un accidente en un acto del servicio tendrá derecho a una pensión de invalidez, la que podrá ser de primera, de segunda o de tercera clase.

En ese sentido, el artículo 80 de la misma norma, prevé: “la asistencia médica, dental, hospitalaria, curativa, ambulatoria y de rehabilitación del personal en servicio activo, en retiro y de los beneficiarios de montepío del personal afecto al régimen previsional de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, como asimismo la de las personas que sean causantes de asignación familiar en conformidad a la ley, aun cuando no perciban dicho beneficio económico, será de cargo de dicha Dirección en la forma que fija su ley orgánica y con las limitaciones que determinen sus disponibilidades presupuestarias.”

Finalmente, el artículo 82 del referido cuerpo legal, contempla: “los hospitales institucionales, incluido en esta denominación el de la Dirección de Previsión de Carabineros, estarán destinados a prestar asistencia médica de todo orden, preferentemente al personal en servicio activo, en retiro, beneficiarios de montepío y a sus familiares”

Octavo: Que, en lo relativo al reproche de legalidad que se hace al acto impugnado, las normas citadas en el considerando precedente evidencian que la Comisión Médica de Investigaciones, tiene la exclusiva competencia para determinar la invalidez de una funcionaria, y de qué clase.

Asimismo, se advierte de los antecedentes acompañados que la recurrida se encuentra facultada legalmente para adoptar la decisión impugnada, la que además se sustenta, en la resolución que declaró que la recurrente fue víctima de un delito en un acto de servicio, y en el informe de la Comisión Médica a quien corresponde exclusivamente pronunciarse sobre si la afección del recurrente le imposibilita para continuar en la institución.

Por otro lado, respecto a las alegaciones sobre la forma y lugar en que debe continuarse con el tratamiento de rehabilitación de la actora, lo cierto es que no se advierte alguna ilegalidad en el actuar de la recurrida, por cuanto la normativa institucional establece que la prestación de los servicios médicos es cargo de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile.

Noveno: Que en lo tocante a la arbitrariedad que se atribuye a la Resolución objetada, la misma también debe ser descartada, pues como se dijo, ésta se dicta apoyándose en la evaluación de la Comisión Médica, organismo competente para evaluar todos los antecedentes clínicos de la recurrente, ponderando también el tiempo del tratamiento y las secuelas de las lesiones producidas.

De ese modo, hay un pronunciamiento derivado de antecedentes ciertos, valorados en base a criterios técnicos por profesionales que poseen los conocimientos especializados para ello y, además, de manera fundada, sin que pueda pretenderse lograr una nueva evaluación o valoración de esos antecedentes por parte de esta Corte por la vía de la presente acción constitucional, que se restringe a hechos indubitados, al corresponder este procedimiento a uno sumarísimo que carece de etapa de prueba.

Décimo: Que, en lo relativo a la aplicación de la Ley N°21.058, en cuanto a la solicitud de ascenso extraordinario, consta en el expediente que la Dirección General de la PDI propuso a la recurrente para ser beneficiaria de esta promoción al Ministerio de Seguridad Pública, mediante Resolución N°NUM002 de 6 de octubre de 2025, lo que así ya fue resuelto.

Undécimo: Que, de ese modo, no constatándose un acción u omisión ilegal o ilegal de parte de la recurrida, no resulta necesario analizar la afectación de las garantías constitucionales denunciada en la acción de protección, la que por ende, será desestimada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra de la Policía de Investigaciones de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-14170-2025.