UNIVERSIDAD DE LA SERENA con DIRECCIÓN NACIONAL DEL TRABAJO

Santiago, diecisiete de mayo de dos mil veintidós.

Vistos y considerando:

Primero: Que con fecha 13 de mayo de 2021 comparecen los abogados Enza Alvarado Parra, Francisco Zuñiga Urbina y Felipe Peroti Díaz, en representación convencional de la Universidad de La Serena, quienes interponen recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., representada legalmente por su gerente general nombre reservado, de Servicios Equifax Chile Limitada, representada legalmente por su gerente general nombre reservado, y de la Dirección del Trabajo, representada legalmente por doña nombre reservado, en su calidad de directora del trabajo, por el acto que estiman ilegal y arbitrario consistente en la comunicación y publicación de una supuesta morosidad relacionada con el pago de obligaciones previsionales, información suministrada por parte de AFP Cuprum a la Dirección del Trabajo, entidad encargada de recopilar, confeccionar y editar el “Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional”, lo que se tradujo en la inclusión en el Boletín Laboral N° 189 de un supuesto incumplimiento previsional, lo que aseguran vulnera las garantías que la Constitución Política de la República le asegura a su representada en los números 4 y 21 de su artículo 19.

Fundan el recurso expresando que la institución recurrente, durante el mes de abril de 2021, participó en el concurso “Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social Regionales, Provinciales y Comunales”, año 2021, del Ministerio Secretaria General de Gobierno, cuyas Bases Administrativas y Técnicas fueron aprobadas mediante Resolución Exenta N°272/1426, de 31 de diciembre de 2020, con fin de obtener recursos públicos para la realización del proyecto en medio de comunicación por la Radio Universitaria de la Universidad de La Serena, titulado “Concientízate, Cada Gota Cuenta”. Con fecha 23 de abril de 2021, en el marco del señalado concurso, según consta en el acta de admisibilidad del “Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social Regionales, Provinciales y Comunales” de la Región de Coquimbo, se informó de aquellos proyectos presentados que requerían subsanación, entre los cuales se encontraba el proyecto radial de su representada.

Para continuar con el proceso de postulación y obtener la subsanación, la Universidad, con fecha 26 de abril de 2021 solicitó el informe empresarial 360° de Equifax, a fin de verificar la información sobre el motivo del supuesto incumplimiento de obligaciones previsionales que fundarían la inclusión en el Boletín Laboral. En dicho reporte, bajo el acápite “Detalle de Protestos y Morosidades Impagas, Incluyendo Boletín Laboral”, se detalla que existiría una deuda por 29 imposiciones no declaradas a la institución AFP Cuprum por un monto de $ 8.072.832, publicada en el Boletín N° 189, página 73.891, de 13 de abril de 2021. Ante la imposibilidad de cumplir con la subsanación y solicitud de reconsideración en el periodo de cinco días hábiles establecido en el punto 3.4 de las Bases del concurso —que se extendía entre el martes 27 de abril al lunes 3 de mayo—, el proyecto “Concientízate, Cada Gota Cuenta” fue declarado inadmisible, tal como consta en el documento FUE Admisibilidad emitido el 4 de mayo de 2021.

En cuanto al origen de la deuda previsional, exponen que, al tiempo del recurso, se tramitaba el procedimiento de cumplimiento forzado de sentencia laboral ante el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, bajo e RIT-C-93- 2020, correspondiente al fallo de 20 de septiembre de 2018 que acogió la demanda de la ex docente señora nombre reservado por despido injustificado, nulidad del despido y cobro de prestaciones laborales adeudadas ante el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, en contra de su representada y que se tramitó bajo el RIT O-136-2018. Refiere haber pagado todas las deudas asociadas a dicha causa, mientras que, el día 30 de noviembre de 2020, el tribunal despachó el oficio N°14019/2020 a la AFP Cuprum, solicitándole remitir “el estado de pago de las cotizaciones de doña nombre reservado, RUT N°RUT reservado, del periodo correspondiente a 24 días de noviembre y 29 días de diciembre de 2017”. Atendido que la institución previsional no entregó la información requerida, el tribunal remitió un segundo oficio, el N°15.223/2020, enviado el 31 de diciembre de 2020. En consideración a la falta de respuesta, el tribunal despachó un tercer oficio a AFP Cuprum, N°1856/2021, el cual tuvo por objeto pedir cuenta del oficio anterior, el cual fue enviado el día 16 de marzo de 2021.

Explican que AFP Cuprum solo informó a los oficios con fecha 6 de mayo de 2021. Sin embargo, los antecedentes informados no coinciden con aquellos solicitados de forma clara y reiterada por el tribunal. Cabe precisar que este informe de AFP Cuprum sólo fue conocido el día 11 de mayo de 2021, cuando este fue proveído por el tribunal, y se ordenó agregarlos a los autos de cobranza laboral.

Por tanto, en la causa de cobranza laboral, no obstante AFP Cuprum haber sido insistentemente oficiada por el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena para informar la deuda actualizada de cotizaciones previsionales, a la fecha de esta presentación no existe claridad ni exactitud precisa del supuesto monto adeudado, ni menos aún una cantidad o valor determinado que permita cuantificar el supuesto incumplimiento previsional.

En cuanto a la fecha de interposición del recurso, refieren que tomó conocimiento del hecho denunciado el día 26 de abril de 2019, oportunidad en la cual su representada obtuvo el denominado “Informe Empresarial 360°” emitido por EQUIFAX, documento en el que consta la incorporación de la ULS en el denominado “Boletín Laboral” o “Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional” N° 189, del 13 de abril de 2021 como consecuencia de la comunicación enviada por AFP Cuprum a la Dirección del Trabajo, entidad encargada de elaborar y publicar el citado Boletín, de una supuesta deuda previsional. Sin perjuicio de lo anterior, precisan que el hecho agraviante tiene efectos de carácter permanentes o continuos. Ello, pues, la honra y el buen nombre del plantel de educación superior se verá menoscabado mientras se mantengan las publicaciones denunciadas, lo que, a su vez la priva de su derecho a realizar actividades económicas libremente.

Finalmente, piden acoger el recurso declarando que al publicar la supuesta deuda previsional en que la Universidad de La Serena aparece como morosa, ha actuado en forma arbitraria e ilegal, perturbando y amenazando las garantías constitucionales previstas en los Nº 4 y 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, ordenándole a la recurrida se abstenga de continuar publicando la obligación previsional adeudada a la trabajadora, a pagarse en su cuenta de ahorro previsional en la AFP Cuprum, por un monto de $ 8.082.832, con expresa condena en costas.

Segundo: Que, comparece la abogada Loreto González Moreno, evacuando informe en representación de la recurrida Dirección del Trabajo, quien solicita el rechazo del recurso, pues el proceder del Servicio se ha enmarcado, en todo momento, dentro de la esfera de sus atribuciones y facultades legales, no infringiendo disposición legal alguna.

Inicia su exposición haciendo referencia a la facultad de la Dirección del Trabajo para difundir datos en el Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional. En concordancia con lo establecido en el artículo 43 del D.F.L. N° 2, de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, es la Dirección del Trabajo la encargada de la confección, difusión o comunicación de la información contenida en el Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional. La recopilación y administración de estos datos se efectúa para fines de fiscalización del cumplimiento efectivo de las leyes laborales y previsionales, actividad propia de este Servicio. Además de la norma precedentemente citada, existen numerosas disposiciones legales que autorizan a este Servicio a recopilar, difundir y administrar datos que versan sobre el cumplimiento de obligaciones laborales, previsionales y de salud, tales como: a) El artículo 19 del D.L. Nº 3.500, que dispuso la fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo del cumplimiento de las obligaciones que tienen los empleadores sobre la retención y pago de las cotizaciones previsionales a las Administradoras de Fondos de Pensiones, cuyo incumplimiento se traduce en sanciones administrativas que el Servicio está facultado a aplicar;

b) El artículo 30 de la Ley Nº 18.933, que dispone la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones que tienen los empleadores sobre la retención y pago de las cotizaciones para salud a las Instituciones de Salud Previsional, estando facultado el Servicio para aplicar sanciones administrativas por su incumplimiento; c) El artículo 20 de la Ley N° 19.628, que establece que los organismos públicos pueden efectuar tratamiento de datos personales respecto de materias de su competencia, sin requerir el consentimiento de su titular; d) El artículo 505 del Código del Trabajo, que determina que la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral corresponderá a la Dirección del Trabajo, y dentro del ejercicio de esta obligación legal, lícito resulta sostener que aquélla esté facultada para llevar un registro de los infractores a las normas legales cuya fiscalización le compete. A mayor abundamiento, el Título X del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, cuerpo único que sistematiza la normativa dictada por la ex Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones y su sucesora legal, la Superintendencia de Pensiones.

Agrega que, para el debido cumplimiento de esta labor, la Dirección del Trabajo entregó la elaboración, administración, difusión y distribución del Boletín de infractores a la Legislación Laboral y Previsional a la empresa Equifax, a través de contrato de fecha 15 de noviembre de 2010, aprobado por Resolución Exenta N° 1566, de fecha 24 de diciembre de 2010.

Así las cosas, se procedió a la publicación en dicho Boletín de una deuda previsional de Universidad de La Serena por concepto de imposiciones no declaradas informada por AFP Cuprum, la cual según la recurrente ascendería a la suma de $ 8.072.832.-, no obstante, de acuerdo a los registros del Servicio, en la actualidad esta deuda es de un monto de $ 443.212.

Destaca que las deudas que se publican en el Boletín son de responsabilidad de cada una de las entidades acreedoras informantes, esto es, Administradoras de Fondos de Pensiones, Instituciones de Salud Previsional, Instituto de Previsión Social, Administradora de Fondos de Cesantía, Fondo Nacional de Salud, Cajas de Compensación de Asignación Familiar, Mutuales de Seguridad y la propia Dirección del Trabajo.

En el caso de la Dirección del Trabajo, esta responsabilidad recae únicamente sobre sus propios datos o registros, consistentes en deudas por el no pago de multas administrativas que cursa en razón de su labor fiscalizadora, lo que no ocurre en el caso de autos, ya que la deuda materia de la presente acción de protección ha sido informada por AFP Cuprum, al tratarse del no pago de cotizaciones previsionales.

En ese orden de consideraciones, señala que la circunstancia de que la deuda previsional de la recurrente haya sido difundida en el Boletín no se debe a una acción u omisión ilegal o arbitraria que pueda reprochársele al Servicio, siendo la Administradora de Fondos de Pensiones, en uso de sus propias atribuciones legales, quien la incluyó en las nóminas de empleadores morosos que se remiten a la Dirección del Trabajo, la cual si bien es receptora de dicha información, no tiene injerencia en su contenido ni posee la facultad para calificarla o cuestionarla.

Luego, expresa que la publicación de la deuda previsional de la recurrente no infringe las disposiciones de la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada y Datos de Carácter Personal. Según se desprende del tenor del presente recurso, el único reproche al actuar de la Dirección del Trabajo dice relación con una supuesta infracción a los artículos 4 y 17 de la Ley N° 19.628, toda vez que el resto de las alegaciones se encuentran dirigidas específicamente en contra del proceder de AFP Cuprum.

En efecto, la recurrente refiere que se ha publicado el supuesto incumplimiento de una obligación previsional que se contiene en un instrumento que no es de aquellos que enumera el artículo 17 de la ley N° 19.628 y que, según el artículo 4° de la referida ley, la publicación de cualquier otra morosidad proveniente de un título distinto, como es el caso de las deudas previsionales, requiere de autorización del titular, que en este caso no fue otorgada. Pues bien, en virtud de los artículos 43 del D.F.L. N° 2, de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 19 del D.L. N° 3.500 y 505 del Código del Trabajo, la Dirección del Trabajo se encuentra facultada para realizar el tratamiento de datos que implica la publicación de las deudas laborales y previsionales en el Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional, situándose esta labor dentro de sus funciones, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la ley N° 19.628, no se necesita autorización del titular, en este caso, de los deudores.

De esta forma, el obrar de la Dirección del Trabajo se ha efectuado en función del cumplimiento de sus objetivos institucionales y facultades fiscalizadoras y sin infringir disposiciones legales, por lo que forzoso es concluir que no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno. Sobre la supuesta vulneración al respeto y protección a la honra de la persona, en cuanto la recurrente alega que la afectación a su honra o prestigio comercial se produce dado que la morosidad ha sido declarada por la institución previsional y publicada en el Boletín con prescindencia de la autorización correspondiente, por un concepto que se encuentra sometido actualmente al conocimiento de los tribunales de justicia para efectos de determinar o regular la cuantía de lo que se adeuda a una extrabajador, argumenta que cualquier tipo de vulneración a esta garantía, por parte de la Dirección del Trabajo, en los términos descritos por la recurrente, al tratarse de una materia de su competencia, no requiere del consentimiento del deudor para efectuar la publicación de deudas previsionales.

Sobre la eventual afectación al derecho a desarrollar cualquiera actividad económica, en caso alguno podría ser atribuida a una actuación u omisión de la Dirección del Trabajo, toda vez que la existencia de la deuda previsional informada es una controversia que atañe únicamente a la recurrente y a la Administradora de Fondos de Pensiones, la cual será la encargada de eliminar a la actora de las nóminas de empleadores morosos, si así correspondiera. Teniendo además presente que existen numerosas disposiciones legales que facultan a la Dirección del Trabajo para publicar las deudas laborales y previsionales en el Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional.

Finalmente, solicita el rechazo del recurso, con costas.

Tercero: Que, comparece el abogado Juan Enrique Nazar Muñiz, evacuando sendo informe por su representada Servicios Equifax Chile Limitada, quien hace presente que la base de datos donde la entidad comunica la morosidad de la recurrente es el denominado “Boletín Laboral y Previsional”, el que Equifax procesa y transmite en línea con información sobre multas y cotizaciones adeudadas a entidades previsionales, por encargo de la Dirección del Trabajo, bajo responsabilidad de esta última. Equifax no toma decisión alguna sobre la existencia o exigibilidad de las deudas y tal como señala el contrato sobre el Boletín Laboral y Previsional que acompaña, sólo puede eliminar morosidades por requerimiento de la entidad previsional informante.

Añade que, tomó conocimiento de estos hechos con la interposición del recurso, y efectuó la revisión del informe Boletín Laboral y Previsional del recurrente, percatándose que no existe una deuda por $8.072.832.- informada por AFP Cuprum, sino que una por un monto inferior de $ 443.212, lo que coincide con lo informado por la Dirección del Trabajo en estos autos. En consecuencia, actualmente no existe una deuda por el monto señalado, sino que una de monto inferior, la que Equifax debe mantener vigente para dar cumplimiento de sus obligaciones contractuales con la Dirección del Trabajo.

Argumenta que en el presente caso no concurre acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de Equifax, dado que ha cumplido con toda obligación legal y contractual aplicable. En tal sentido, expresa que Equifax no es el responsable de la base de datos BOLAB, cuya información es procesada y transmitida por Equifax en línea, con información sobre multas y cotizaciones adeudadas a entidades previsionales, por encargo de la Dirección del Trabajo. En consecuencia, el responsable de los datos materia del presente recurso, es la Dirección del Trabajo, y no Equifax. Respecto a esta situación, cita jurisprudencia que estima pertinente.

Alega que, en la especie, es inaplicable la Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, pues el recurrente ha sostenido que las publicaciones efectuadas por Equifax constituirían un actuar ilegal, dado que se vulnerarían los preceptos de dicha ley. Sin embargo, la errónea aplicación del derecho que pretende la recurrente implicaría: 1) Resolver contra texto expreso de la Ley, dado que en el artículo segundo de la Ley 19.628, literal f), define Datos de Carácter Personal como “los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables” y su literal ñ) define como Titular de los Datos a “la persona natural a la que se refieren los datos de carácter personal.”; 2) Ir en contra de la doctrina nacional. Se ha rechazado la idea de que las personas jurídicas sean sujeto de protección de este derecho. “La razón de ello estaría dada por la idea básica, núcleo o fundamento del derecho a la privacidad, que según alguna doctrina radicaría en la dignidad, la autonomía, la “seclusión” o tranquilidad. La privacidad sería un derecho personalísimo basado en el patrimonio moral del sujeto y su dignidad, conceptos aplicables solamente al ser humano y a la personalidad humana”. (Privacidad, nombre reservado, ediciones Universidad Diego Portales 2014); 3) Ir en contravención a la intención del legislador que durante la tramitación de la Ley N°19.628, concibe este cuerpo legal para personas naturales y no jurídicas; 4) sería contrario a la jurisprudencia dominante a este respecto, citando al efecto sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, en causa rol N° 31-2020.

Finalmente, solicita el rechazo del recurso, con costas, pues no existe un acto u omisión arbitrario o ilegal imputable a Equifax que importe una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales de la recurrente y en consecuencia, no existe ninguna providencia que esta Corte deba impetrar en orden a restablecer el imperio del derecho.

Cuarto: Que, comparece el abogado Omar Cortes Santander, quien evacúa el correspondiente informe en representación de la recurrida AFP Cuprum S.A, quien, en primer término, considera necesario aclarar que el Boletín de infractores de la legislación laboral y previsional es un registro elaborado y administrado por la respectiva Dirección del Trabajo, y no así por la AFP, por lo que malamente puede incluir o eliminar determinada información de tal registro, ya que aquello es de cargo y responsabilidad de la Dirección del Trabajo.

En consecuencia, los hechos que acusa la recurrente no son de su responsabilidad, por lo que no existe un actuar ni arbitrario ni ilegal imputable a su parte en la publicación que efectúa una tercera persona. Aún más, bajo tal entendido, resulta que AFP Cuprum S.A. no es la legitimada pasiva de la acción cautelar frente a la vulneración de derechos constitucionales reclamada por la recurrente, toda vez que la empresa estima que tal vulneración es con ocasión de la publicación de su empresa en el Boletín de infractores de deuda previsional es elaborado y administrado por otra entidad distinta. Añade que la Dirección del Trabajo, es quien publica el Boletín de Infractores de Deuda Previsional, a través de los respectivos certificados de antecedentes laborales y previsionales que extiende.

Lo anterior se funda en las competencias conferidas por el DFL N° 2 de 1967, entre ellas, la contemplada en su artículo 43, como por lo estatuido por la Ley N° 20.123 (subcontratación); y las facultades fiscalizadoras contempladas en el artículo 19 del D.L. 3.500 de 1980 que establece que le corresponderá velar por el cumplimiento de las obligaciones de cotizar en la AFP por parte de los empleadores; en el artículo 30 de la Ley 18.933, del mismo tenor anterior pero respecto de las cotizaciones para la salud; en el artículo 10 incisos 3, 4 y 5 de la Ley 19.728, del mismo tenor anterior respecto de las cotizaciones para el Seguro de Cesantía; y el artículo 505 del Código del Trabajo, que establece que el cumplimiento de las obligaciones laborales y su interpretación le corresponde a la Dirección del Trabajo.

Conforme a tal normativa y dentro de sus facultades, la Dirección del Trabajo establece el Boletín de infractores de la legislación laboral y previsional, cuyo contenido es de carácter público, ya que no tiene el carácter de secreta o reservada, y que por lo demás, tiene un valioso efecto disuasivo frente a la morosidad que pudieran registrar los empleadores, lo que va en franco beneficio de los trabajadores a quienes no se le han pagado y/o enterado sus cotizaciones previsionales.

En cuanto a los antecedentes que publica acerca de los empleadores morosos en las cotizaciones previsionales, señala que la Dirección del Trabajo la recopila y procesa, principalmente a través de la información suministrada por las entidades previsionales, quienes en cumplimiento de las exigencias formuladas por la Superintendencia de Pensiones, deben remitir periódicamente las nóminas de los empleadores morosos en el pago de las cotizaciones previsionales. A mayor abundamiento, la obligación que tiene mi representada para enviar la nómina de empleadores morosos, se encuentra regulada en el Compendio de Normas Previsionales de la Superintendencia de Pensiones, Libro II, Título X, Letra A “Información de empleadores morosos para efectos del Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional”.

De este modo, la información que utiliza la Dirección del Trabajo para publicar el registro o Boletín de infractores de la legislación laboral y previsional, se nutre en gran medida con la información que proporciona las Administradoras de Fondos de Pensiones. Sin embargo, la decisión de publicar aquello en el Boletín de infractores de la legislación laboral y previsional es de exclusivo resorte de la Dirección del Trabajo, siendo de su exclusiva responsabilidad, sin perjuicio de que la información que publica proviene mayoritariamente de lo informado por las respectivas entidades previsionales.

Añade que la Ley N° 19.628 “Sobre Protección de la Vida Privada”, no beneficia a ninguna persona jurídica, condición que precisamente reviste el recurrente. En efecto, la contraria omite mencionar que el tratamiento de datos de carácter personal en registros o bancos de datos (objeto de la ley) amén de la Ley en alusión, sólo beneficia a la persona natural. Complementa lo anterior, la historia fidedigna de la ley en cuestión, en cuya virtud se aprecia que el cuerpo normativo se encuentra orientado a la protección de datos personales, entendiendo la noción personal como perteneciente o relativo a la persona natural. Criterio que por lo demás se encuentra refrendado por la jurisprudencia de los tribunales, así por ejemplo, en tal sentido la Excma. Corte Suprema, en Rol N° 11.627-2014, 4832-2010, la Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta Rol N° 1235-2014, entre otras.

Seguidamente, explica el origen de la deuda previsional a que hace referencia el actor, y refiere que lo informado en el Boletín Comercial es correcto, puesto que la sociedad recurrente sí adeuda los montos que allí se consigna, respecto de los meses y montos que allí se señalan. Con todo, el hecho que aparezca publicado en dicho Boletín, corresponde a una atribución de la Dirección del trabajo quien administra precisamente dicho registro, y no así a la AFP. Con todo, enfatiza que lo que pretende el recurrente en definitiva es omitir las deudas previsionales que mantiene a fin de que éstas jamás sean pagadas, afectando con ello el interés de la ex trabajadora a quien no se le ha pagado sus respectivas cotizaciones antes las entidades previsionales y de seguridad social, y con ello, no ha convalidado su despido.

Quinto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en la misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto arbitrario e ilegal que impida, amague a perturbe ese ejercicio.

Así, constituyen presupuestos de esta acción cautelar, los siguientes: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que producto de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sexto: Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

Séptimo: Que, del relato de los hechos que se vuelcan en el recurso, es claro que el quid del asunto consiste en que la recurrente pretende como arbitraria e ilegal la publicación que indica en su libelo, referida a una morosidad en el pago de obligaciones previsionales, lo que hace ver que significó la inclusión de su representada en el Boletín Laboral N° 189 como responsable de tal incumplimiento previsional, arbitrariedad e ilegalidad que es refutada por las recurridas por las razones que cada una esgrime en sus respectivos informes.

Octavo: Que, la propia recurrente señala que el fondo de la mentada discusión se encuentra ya radicada y en actual tramitación ante el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, en procedimiento de cumplimiento forzado de sentencia laboral del señalado tribunal, bajo e RIT-C-93-2020, fallo de fecha 20 de septiembre de 2018 que acogió la demanda de la ex docente señora nombre reservado por despido injustificado, nulidad del despido y cobro de prestaciones laborales adeudadas, en contra de su representada y que se tramitó bajo el RIT O-136-2018.

Dicho procedimiento judicial ha sido llevado de forma correcta, con la debida y oportuna bilateralidad de la audiencia, lo que la recurrente no cuestiona, por lo que huelga señalar que el ejercicio por parte de ésta de sus derechos en tiempo y forma resulta evidente de la revisión de los correspondientes antecedentes.

Noveno: Que, de lo señalado sólo cabe concluir que no es esta la vía idónea para dilucidar la materia sub lite por cuanto las condiciones de procedencia se encuentran claramente controvertidas, excediendo, entonces, los objetivos de cautela de derechos indubitados que tiene este mecanismo de protección constitucional, motivos que llevan a desestimar la acción incoada.

Décimo: Que, la documentación acompañada por la recurrente en nada hacen variar lo señalado.

Undécimo: Que, por lo antes expuesto, se concluye que el recurso de protección, no puede prosperar y será rechazado.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia de 24 de junio de 1992 sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción constitucional interpuesta por Enza Alvarado Parra, nombre reservado y Felipe Peroti Díaz, en representación convencional de la Universidad de La Serena, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., Servicios Equifax Chile Limitada y la Dirección del Trabajo.

Regístrese y notifíquese Redacción del Abogado Integrante señor Jorge Benítez Urrutia N° Protección 14.169-2021