nombre reservado con AFP MODELO

C.A. de Santiago Santiago, veintiséis de septiembre de dos mil veinticinco.

Al folio 13, téngase presente.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece doña Linda Nataly Quintero Mogollón, abogada, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, en favor y representación de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, soltero, empleado, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, de profesión economista, domiciliado en domicilio reservado, Región Metropolitana e interpone recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones MODELO S.A., R.U.T Nº RUT reservado, persona jurídica de derecho privado, representada por su gerente general, don nombre reservado, o quien haga sus veces.

Señala que la recurrida, mediante un acto notificado el veintiocho de mayo de dos mil veinticinco, rechazó la solicitud de retiro de fondos para extranjero, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo la finalidad del legislador y agregando requisitos no estipulados en la ley, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas.

Expone que don nombre reservado solicitó el diecisiete de mayo de dos mil veinticinco, ante la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican. Dicha solicitud fue identificada con el N°2620053. Posteriormente, el veintiocho de mayo de dos mil veinticinco, el recurrente fue notificado mediante correo electrónico del rechazo de su solicitud de retiro de fondos de pensión. La recurrida fundamentó su rechazo en que "La Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y/o una declaración jurada ante notario efectuada por el mismo trabajador, no cumplen con los requisitos de la normativa vigente, ya que, no son un certificado de afiliación, no señalan las prestaciones por las cuales usted se encuentra cubierto y, además, no está firmado por quien lo emite ni se encuentra apostilla o legalizado, según corresponda…”.

Argumenta que la Ley N°18.156, en sus artículos 1° y 7°, establece que las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos del cumplimiento de las leyes de previsión chilenas, siempre que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener dicha afiliación, permitiendo a los trabajadores extranjeros que registren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones solicitar la devolución de los fondos previsionales depositados, siempre que cumplan con los requisitos del artículo 1° de esta ley.

Añade que el recurrente cumple con los requisitos señalados en la Ley N°18.156, habiendo acompañado contratos de trabajo con cláusula de exención, título profesional apostillado y verificable, cédula de identidad vigente para extranjeros con residencia definitiva, y una constancia electrónica del seguro social de su país de origen, Venezuela. Sostiene que la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo la finalidad del legislador, que es permitirle disponer de sus ahorros previsionales. En relación con la exigencia de apostilla o legalización, la parte recurrente señala que es un hecho de público conocimiento la suspensión indefinida de todos los trámites diplomáticos y consulares venezolanos en Chile, lo que imposibilita realizar dichas formalidades, constituyendo un caso fortuito o fuerza mayor conforme al artículo 45 del Código Civil, y que "a lo imposible nadie está obligado". Destaca que la constancia electrónica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) es verificable a través del enlace http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/, con solo digitar su cédula de identidad venezolana N° RUT reservado, y que esta constancia detalla que la ley del Seguro Social de su país rige las contingencias de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía.

Por consiguiente, la recurrente destaca que otras Cortes de Apelaciones y la Excelentísima Corte Suprema han resuelto situaciones similares acogiendo recursos de protección frente a interpretaciones excesivamente formalistas. La conducta ilegal y arbitraria por parte de la recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad privada, consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República, al exigir requisitos no establecidos y realizar una interpretación restrictiva de la norma en perjuicio del administrado, dándole un trato desigual con respecto a otros solicitantes en iguales circunstancias.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a seguir con la tramitación de su solicitud y, dentro de un plazo razonable, efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente o el que se estime conforme al mérito de autos; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, comparece don Rodrigo Montero Atria, abogado, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., quien evacuó informe y solicitó el rechazo en todas sus partes de la presente acción de protección, con expresa condenación en costas.

Fundamenta su petición en primer lugar, en que la acción cautelar no constituye la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, y que no se estaría en presencia de un derecho indubitado. En segundo lugar, argumenta la ausencia de actos ilegales y/o arbitrarios por su parte. Reconoce que su representada rechazó las solicitudes N° 24011 y N° 24013 de devolución de fondos de don nombre reservado en su calidad de técnico extranjero, de conformidad con la Ley N°18.156. Explica que dicha norma permite a los técnicos extranjeros que trabajan en Chile retirar sus cotizaciones previsionales siempre y cuando cumplan con todos los requisitos establecidos en la Ley N°18.156, norma de carácter excepcionalísimo. ProVida rechazó la solicitud del recurrente, por cuanto la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no cumple con los requisitos de la normativa vigente, al no ser un certificado de afiliación, no señalar las prestaciones por las que el trabajador se encuentra cubierto, no estar firmado por quien lo emite y no encontrarse apostillada o legalizada, según corresponda.

La recurrida hace presente que, por instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, debe observar todas y cada una de las formalidades legales antes de aprobar una solicitud de devolución de fondos en calidad de técnico extranjero. Cita el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones (Libro II, Título XI) y los Oficios Ordinarios N°3141 de 20 de febrero de 2024, N°23208 de 15 de diciembre de 2023, N°21.480 de 20 de septiembre de 2017 y N°4277 de 13 de marzo de 2025 de la Superintendencia de Pensiones, que exigen que el documento acreditante de la afiliación y coberturas esté debidamente legalizado o apostillado. Asimismo, se refiere al marco jurídico que sustenta su actuar, específicamente el Decreto Ley N°3.500 de 1980, que impide a las AFP ofrecer u otorgar prestaciones distintas a las expresamente reconocidas en la ley, y a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil sobre la validez de documentos públicos extranjeros. Finalmente, la recurrida argumenta la improcedencia de la acción de protección, ya que su comportamiento no ha sido ni ilegal ni arbitrario, sino un estricto cumplimiento de sus obligaciones legales.

Por tanto, en mérito de lo expuesto y lo dispuesto en las normas ya citadas, la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. solicita rechazar en todas sus partes el presente recurso de protección interpuesto en su contra por parte del recurrente, todo con expresa condenación en costas TERCERO: Que en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

CUARTO: Que, ahora bien, lo que se impugna a través de esta acción constitucional es la decisión de la recurrida, A.F.P. Modelo, que rechazó las solicitudes de retiro y/o devolución de fondos de pensión, realizada por la recurrente, por no haber acompañado a su solicitud el documento:“ Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S)” con la debida legalización o apostilla exigida por la normativa legal;

QUINTO: Que sobre el debate en particular, es menester relevar que según dispone el artículo 7 de la Ley 18.156: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Por su parte, el numeral 2. del Libro II, Título IX del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, de la Superintendencia de Seguridad Social, establece: “Podrán solicitar la devolución de sus fondos previsionales los trabajadores extranjeros que detenten la calidad de profesionales o técnicos y que registren cotizaciones en una Administradora, siempre que cumplan los requisitos establecidos en las letras b) y c) del número 1 anterior.

Para estos efectos, las Administradoras deberán atenerse a lo siguiente:

a) Los afiliados que deseen ejercer el derecho que les confiere la ley N° 18.156, deberán suscribir en la correspondiente Administradora un formulario "Solicitud de devolución de fondos previsionales Ley N° 18.156". Dicho formulario se confeccionará en original y copia, de acuerdo a las instrucciones que se adjuntan en el Anexo del presente Título. El original quedará en poder de la Administradora y la copia se entregará al afiliado….

b) Para la suscripción del formulario precedentemente señalado, la Administradora deberá exigir al afiliado la presentación de la documentación pertinente indicada en el número 1 anterior, que acredite que el afiliado cumple con los requisitos exigidos en la Ley N° 18.156 para acceder al beneficio.

La documentación pertinente deberá presentarse debidamente legalizada, en caso contrario no podrá la Administradora dar curso a la "Solicitud de devolución de fondos previsionales ley N° 18.156”.

A su turno, resulta indispensable mencionar que según prevé el inciso primero del artículo 345 del Código de Procedimiento Civil establece: “Los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deberán presentarse debidamente legalizados, y se entenderá que lo están cuando en ellos conste el carácter público y la verdad de las firmas de las personas que los han autorizado, atestiguadas ambas circunstancias por los funcionarios que, según las leyes o la práctica de cada país, deban acreditarlas”;

SEXTO: Que, así las cosas, no se observa ninguna ilegalidad ni arbitrariedad en la decisión que por esta vía se impugna, ya que la exigencia formal requerida por la institución recurrida se ajusta estrictamente a la normativa legal, por lo que, en estas circunstancias, procede desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza la acción constitucional deducida en la petición principal de la presentación de fecha dieciséis de junio del año en curso, en favor de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., sin costas.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-14161-2025.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por los Ministros señor Hernán Alejandro Crisosto Greisse, señora Maritza Elena Villadangos Frankovich y señora María Paula Merino Verdugo.

En Santiago, veintiséis de septiembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.