nombre reservado con AFP MODELO

C.A. de Santiago Santiago, tres de octubre de dos mil veinticinco.

A los folios 11 y 12: a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, e interpone acción de protección en favor de don nombre reservado y en contra de AFP Modelo S.A. por el acto que tilda de arbitrario e ilegal, consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos para extranjeros, de acuerdo con la Ley N°18.156, que a su juicio vulnera las garantías establecidas en los N°s. 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Al efecto, señala que el recurrente solicitó en el mes de mayo de 2025 la devolución de fondos previsionales, petición denegada mediante correo electrónico de 27 de mayo de 2025, en atención a que los antecedentes acompañados no cumplían con los requisitos de la normativa vigente, ya que la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no es un certificado de afiliación, no señala las prestaciones por las cuales se encuentra cubierto y, además, no está firmado por quien lo emite ni se encuentra apostillado o legalizado, según corresponda; y la declaración jurada de 13 de mayo de 2025, no es un certificado emitido por la entidad de seguridad social fuera de Chile y tampoco es un documento emitido por la Embajada o Consulado correspondiente.

Afirma que dio íntegro cumplimiento a las exigencias legales establecidas para el retiro de sus fondos, acorde con los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156. Lo anterior, por cuanto la misma comunicación de rechazo admite implícitamente que el recurrente está afiliado, el certificado de afiliación acompañado puede ser verificado y validado en el sitio de Internet: http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/verificarConstancia.ivss, según da cuenta el propio certificado y el código alfanumérico que contiene y es expedido por la autoridad venezolana competente, en cumplimiento de sus facultades legales.

Observa que la recurrida tiene distintos medios a su disposición para verificar la autenticidad de la constancia, no obstante ello, ha obstaculizado el proceso de solicitud de retiro de fondo del recurrente, sobre la base de una restrictiva y formalista interpretación de la norma, en perjuicio del administrado, sin considerar que el objetivo de la misma es que los extranjeros puedan disponer de su propiedad, en este caso, de sus fondos de previsión.

Plantea que lo anterior torna en arbitraria e ilegal la respuesta de la recurrida al afirmar que el certificado de afiliación electrónico no es válido, sin siquiera verificar el mismo, más aún, sin esgrimir los razonamientos de hecho y fundamentos de derecho para descartarlo, agregando además un requisito que la ley no estipula.

Pide, en definitiva, que se reconozca como valida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho, y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente o el que esta Corte estime conforme al mérito de autos; y, en general, se adopten las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, informando el presente recurso, comparece el abogado Rodrigo Montero Atria, en representación de AFP Modelo S.A., quien solicita su rechazo.

Expone sobre el particular que el día 23 de mayo de 2025 el recurrente solicitó la devolución de sus fondos previsionales, amparándose en la exención establecida en la Ley N° 18.156, para trabajadores técnicos extranjeros, en relación con las cotizaciones previsionales enteradas por el empleador Comercial Fashions Park S.A., por el periodo comprendido entre junio de 2022 y mayo de 2025, acompañando su título profesional, declaración jurada ante notario, constancia electrónica de cotizaciones y anexo suscrito con su empleador.

Añade que, tras el análisis de los antecedentes, mediante Memorándums N°12890, de 27 de mayo de 2025, rechazó la solicitud del recurrente debido a que acompañó a su solicitud el documento llamado “Constancia Electrónica de Cotizaciones” documento que no cumple con los requisitos establecidos en la Ley N° 18.156, toda vez que no es un certificado de afiliación, no señala las coberturas con que cuenta el afiliado sino que señala de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano, no se encuentra firmado por la persona que emite el documento y, además, no se encuentra debidamente legalizado o apostillado y, por tanto, carece de validez en nuestro país.

Sostiene que no se puede aprobar el retiro de los fondos de pensiones toda vez que el recurrente no ha dado cumplimiento íntegro al requisito establecido en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, esto es, acreditar que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Puntualiza que el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones en su Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, establece expresamente la forma en que se debe acreditar el aludido requisito, esto es, mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Afirma que esa administradora, de acuerdo a las normas que cita, se encuentra sometida al control y fiscalización de la Superintendencia de Pensiones, institución que en uso de sus facultades instruyó, mediante oficios N°s. 21.480, de 2017; y 21341 de 2023, que se debe acompañar un documento debidamente legalizado o apostillado que acredite en forma específica que el trabajador ha contado durante la prestación de sus servicios en Chile, con la protección para todos los riesgos indicados en la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, esto es, vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad.

Señala que en este caso y en virtud de los antecedentes tenidos a la vista se pudo constatar que el recurrente no cumplía con los requisitos exigidos por la Ley Nº 18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones, ni tampoco la jurisprudencia de la Superintendencia de Pensiones, encontrándose AFP Modelo obligada a dar estricto cumplimiento a dicho normativa, arriesgando amonestaciones y/o sanciones pecuniarias en caso de no hacerlo.

Finalmente, aduce que tampoco se vislumbra vulneración de las garantías que invoca la recurrente.

TERCERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, carente de razonabilidad.

CUARTO: Que, ahora bien, lo que se impugna a través de esta acción constitucional es la decisión de la recurrida, A.F.P. Modelo S.A de rechazar la solicitud de retiro y/o devolución de fondos de pensión, realizada por la recurrente.

QUINTO: Que, sobre el debate en particular, es menester relevar que según dispone el artículo 7° de la Ley 18.156: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Por su parte, el artículo 1° de la referida normativa establece que “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”;

SEXTO: Que, así las cosas, es necesario manifestar que a la luz de los antecedentes que se acompañaron al expediente computacional, no se observa ninguna ilegalidad ni arbitrariedad en la decisión que por esta vía se impugna, toda vez que la letra a) del artículo 1° de la ley citada, especifica que debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada y vigente el cumplimiento de los requisitos que establece la normativa en cuestión, sin embargo, el documento aparejado no cumple con tal requisito, lo que descarta cualquier ilegalidad o arbitrariedad por parte de la recurrida, por lo que procede desestimar el presente arbitrio.

SÉPTIMO: Que, a mayor abundamiento, y como se ha dicho reiteradamente, el arbitrio en análisis es una acción constitucional de urgencia destinada a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, como sí acontece en este caso, de manera que la tutela requerida, no puede satisfacerse por esta vía, ni del modo en que se pide, pues debe ser determinada en un procedimiento legal de lato conocimiento que no puede ser sustituido por esta vía cautelar.

OCTAVO: Que, en estas circunstancias, no procede si no desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, la acción constitucional deducida por don nombre reservado en contra de AFP Modelo S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-14153-2025.