Protección contra Fundación Educacional nombre reservado y de la directora del Colegio nombre reservado

Santiago, veintiocho de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: El 20 de mayo de 2026, comparece don nombre reservado

nombre reservado, en representación de doña nombre reservado y de la estudiante nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Fundación Educacional nombre reservado y de la directora del Colegio nombre reservado doña nombre reservado, por haber decretado la medida disciplinaria de expulsión inmediata de la alumna, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que se dictó prescindiendo de los procedimientos legales y reglamentarios vigentes e impidiendo toda posibilidad de defensa, vulnerando con ello los derechos fundamentales de integridad física y psíquica, igualdad ante la ley, debido proceso y propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita se deje sin efecto la decisión expulsiva y se ordene la reincorporación inmediata de la afectada.

Expone la recurrente que la estudiante afectada cursa el nivel de tercero medio en el establecimiento educacional recurrido, habiéndose destacado de manera constante por sus excelentes calificaciones y por mantener un buen comportamiento tanto dentro como fuera de la institución. Añade que la génesis del conflicto se remonta a abril de 2026, oportunidad en la cual la madre de la menor se acercó voluntariamente al colegio para denunciar que en el interior de sus dependencias se realizaba la venta de marihuana, acción que, lejos de ser valorada o investigada de forma idónea, desencadenó de forma persecutoria la drástica e injusta medida de expulsión objeto de este recurso.

Adicionalmente, refiere, que con fecha 15 de abril de 2026, la directora del establecimiento interpuso una denuncia impertinente y falsa ante los Juzgados de Familia de Santiago por una supuesta vulneración de derechos, acusando maliciosamente a la estudiante de padecer un consumo problemático de drogas desde el año anterior. No obstante lo anterior, el Centro de Medidas Cautelares dictó una resolución con fecha 21 de abril de 2026 en los autos Rol P-4889-2026, desestimando la adopción de medidas por estimar que no se configuraba una grave vulneración de derechos. Con posterioridad, el 30 de abril de 2026, la directora notificó vía correo electrónico una resolución desprovista de fecha que decretó la expulsión inmediata de la menor, fundándose en supuestas infracciones de porte y consumo de estupefacientes. Frente a tal escenario, la afectada se sometió a un examen toxicológico de orina el 2 de mayo de 2026 en la Clínica Indisa, el cual arrojó un resultado completamente negativo para toda clase de drogas, procediendo luego a interponer un recurso de reconsideración interna el 5 de mayo de 2026, el cual fue desestimado por la jefatura del plantel el 19 de mayo del mismo año a través de argumentos vagos y ambiguos.

Sostiene una vulneración al artículo 6 del Decreto con Fuerza de Ley Número 2 de 1998 del Ministerio de Educación, modificado por la Ley Número 21.118, conocida popularmente como Aula Segura. De acuerdo con el análisis jurídico del texto, dicha disposición exige de forma perentoria que, de manera previa a cualquier sanción de expulsión, la dirección debe representar formalmente a los padres la inconveniencia de las conductas, advertir explícitamente la posibilidad de castigos y aplicar las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial establecidas en el reglamento interno. En la especie, la resolución impugnada carece de constancia alguna respecto del cumplimiento de tales obligaciones previas, incurriendo adicionalmente en la ilegalidad de decretar la expulsión en un periodo del año escolar que imposibilita la reubicación y matrícula de la menor en otra institución educativa.

Argumenta, asimismo, la existencia de una flagrante contravención al propio Reglamento Interno de Convivencia Escolar de la institución escolar. El documento normativo interno contempla un Procedimiento Especial para la investigación y sanción de faltas gravísimas que obliga a respetar diversas etapas concatenadas, entre ellas el denominado Paso 2 o fase de Abordaje, el cual exige imperativamente citar al estudiante y a sus apoderados a una entrevista personal de carácter formal para la comunicación de cargos. Al haberse omitido dicha comparecencia y no haberse otorgado una copia íntegra del procedimiento sustanciado, se privó de manera absoluta a la familia de la facultad de formular descargos, ejercer el derecho a la defensa o aportar medios de prueba durante la etapa de investigación, dictándose una sanción carente de relación de causalidad y de antecedentes objetivos que precisen las circunstancias de día, hora y lugar de las supuestas faltas.

Denuncia, por otra parte, la transgresión directa a las normas fundamentales consagradas en la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional ratificado por Chile e incorporado plenamente al bloque de constitucionalidad de la República. El libelo detalla la vulneración del artículo 6.2 del citado pacto, relativo al deber estatal de asegurar la máxima supervivencia y desarrollo del menor, el cual se ve truncado al privarle del derecho social a la educación. Asimismo, se acusa el quebrantamiento de los artículos 12.1 y 12.2 en lo concerniente al derecho humano de todo niño a ser oído en cualquier procedimiento administrativo que lo afecte, junto con la vulneración de los artículos 28.1 y 28.2, toda vez que la sanción aplicada no fomenta la asistencia a clases sino que excluye del sistema de manera absoluta, implementando una disciplina escolar incompatible con el debido resguardo a la dignidad humana.

Como consecuencia de lo expuesto, la recurrente afirma que se lesiona el artículo 19 Número 1 de la Carta Magna relativo a la integridad física y psíquica, por cuanto la sanción extrema ha provocado fuertes repercusiones anímicas, ansiedad, decaimiento y una injusta mala fama entre sus pares que daña directamente su entorno familiar. De igual modo, se destaca la vulneración al artículo 19 Número 2, correspondiente a la igualdad ante la ley, al haberse propinado un trato manifiestamente diferenciado y perjudicial a la menor por el solo hecho de haber concurrido su madre a denunciar la presencia de ilícitos en el establecimiento, dejándola como la única sancionada del plantel.

Paralelamente, se configura el quebrantamiento del artículo 19 Número 3 inciso sexto, que consagra el debido proceso, toda vez que la resolución expulsiva no emanó de una investigación racional y justa, suprimiendo las etapas de emplazamiento, defensa y el principio de presunción de inocencia. Finalmente, el recurso aduce la perturbación al derecho de propiedad protegido en el artículo 19 Número 24 de la Constitución, debido a que la privación del servicio educacional genera una afectación patrimonial injustificada sobre la inversión económica efectuada por los padres en el pago de aranceles y derechos de matrícula, conculcando en definitiva el principio matriz del interés superior del niño.

Por estas razones, solicita que se acoja el recurso y, en su mérito, se ordene al Colegio nombre reservado dejar sin efecto la decisión expulsiva, permitiendo que nombre reservado se reintegre de inmediato al establecimiento educativo.

Para acreditar sus alegaciones, la parte recurrente incorporó al proceso los siguientes instrumentos: 1) el examen denominado Screening Drogas de Abuso practicado por la Clínica Indisa con fecha 2 de mayo de 2026; 2) el certificado de nacimiento de la estudiante nombre reservado; 3) los antecedentes judiciales relativos al proceso Rol P-4889-2026 del Centro de Medidas Cautelares de los Juzgados de Familia de Santiago; y 4) la resolución de expulsión notificada el 30 de abril de 2026 junto con la resolución de reconsideración de fecha 19 de mayo de 2026 y copia del Reglamento de Convivencia Escolar del año 2026.

SEGUNDO: El 1 de junio de 2026, comparece la Fundación Educacional nombre reservado, sostenedora legal del Colegio nombre reservado, evacuando el informe solicitado e instando por el rechazo de la acción constitucional de protección deducida en su contra, sosteniendo la plena legalidad, tipicidad y proporcionalidad de la medida disciplinaria de expulsión inmediata decretada respecto de la alumna nombre reservado.

La recurrida señala que el origen del procedimiento disciplinario se remonta al 14 de abril de 2026, jornada en la cual compareció una apoderada del establecimiento junto a su hija a denunciar que los padres de la estudiante nombre reservado la acusaban de proveer sustancias ilícitas. En dicha instancia, la alumna denunciante reconoció haber actuado como intermediaria para conseguir droga de un tercero mayor de edad externo al plantel, concretándose una de las entregas dentro del colegio. Al día siguiente, el equipo de Convivencia Escolar citó a una entrevista a los apoderados de la menor afectada, quienes reconocieron detalladamente la adquisición de sustancias ilícitas tras revisar el teléfono móvil de su hija, confirmando el uso de los baños del establecimiento en horario escolar para coordinar las entregas y admitiendo el consumo de marihuana y "tusi" por parte de la alumna. Posteriormente, la estudiante se incorporó a la sesión admitiendo de forma libre el consumo reiterado y su participación en la cadena de adquisición. El informe destaca que los apoderados adoptaron una postura de abierta renuencia y hostilidad al exigir sanciones exclusivas para el resto de los involucrados, negándose a firmar el acta respectiva y amenazando con desconocer judicialmente los hechos si su pupila resultaba sancionada. Ante dicho escenario obstructivo, el 16 de abril de 2026 el colegio notificó formalmente a la apoderada vía correo electrónico sobre el inicio del Procedimiento Especial de la Ley Aula Segura, confiriendo un plazo de cinco días hábiles para formular descargos y presentar pruebas, derecho que la familia decidió voluntariamente descuidar. De forma paralela, sostiene que el plantel cumplió con el deber legal de denunciar penalmente los hechos ante el Ministerio Público bajo el carácter de víctima respecto de la estudiante y ante los Juzgados de Familia. Tras la elaboración de un informe psicosocial el 17 de abril y la toma de declaraciones a otros alumnos, la dirección dictó el 30 de abril de 2026 la resolución de expulsión definitiva, la cual fue impugnada por la recurrente mediante reconsideración el 5 de mayo, recurso que finalmente fue rechazado el 19 de mayo de 2026, previa consulta unánime y confirmatoria al Consejo de Profesores.

El informe argumenta la aplicación preferente de la Ley Número 21.128, denominada Ley Aula Segura, la cual modifica el Decreto con Fuerza de Ley Número 2 de 1998 e introduce una regulación especial que faculta de manera directa a los directores para decretar la expulsión inmediata o cancelación de matrícula cuando un estudiante incurra en conductas que pongan en riesgo la seguridad y la convivencia escolar, sin la obligación de agotar medidas formativas o pedagógicas previas. La recurrida sostiene que, de acuerdo con los dictámenes de la Superintendencia de Educación, la mención legal de las faltas no es taxativa, reconociéndose la autonomía de los centros educativos para tipificar en sus reglamentos internos conductas de igual gravedad, tal como se encuentra consagrado en la Falta Número 26 del Reglamento Interno de Convivencia Escolar del plantel, la cual clasifica el porte, consumo o venta de alcohol y drogas dentro o de forma aledaña al establecimiento como una infracción muy grave- gravísima cuya sanción aparejada es taxativamente la expulsión.

Por otra parte, la recurrida rechaza la supuesta desproporcionalidad de la medida aduciendo que la proporcionalidad de una sanción no puede evaluarse al margen de la extrema gravedad objetiva del ingreso de drogas al recinto escolar, por sobre consideraciones de rendimiento académico, acompañando fallos recientes de la Corte Suprema que validan la procedencia de la máxima sanción ante estas hipótesis conductuales. Asimismo, la recurrida descarta de plano cualquier indefensión o vulneración al debido proceso, toda vez que consta fehacientemente la citación presencial previa y el despacho de la notificación electrónica del 16 de abril que abría el periodo de descargos no ejercido por la familia, siguiendo el debido proceso en todas sus etapas de investigación, notificación, derecho a ser oído, reconsideración y consulta obligatoria al Consejo de Profesores. Respecto del examen toxicológico negativo acompañado por la actora, el informe le resta total pertinencia exculpatoria, aclarando que la expulsión no obedece a un diagnóstico de adicción clínica o consumo problemático detectado semanas después, sino a la comisión material de infracciones disciplinarias y de convivencia previamente reguladas.

Adicionalmente, se desestima la imputación de haber tratado a la alumna como delincuente, explicitando que la derivación al Ministerio Público constituyó un mandato inexcusable fijado en el artículo 175 del Código Procesal Penal ante la detección de redes de adultos, habiéndosele individualizado expresamente en calidad de víctima y con el exclusivo fin de requerir medidas de protección respecto del entorno de riesgo.

Argumenta la total inexistencia de afectaciones a los derechos consagrados en el artículo 19 de la Carta Fundamental, señalando que la medida expulsiva lejos de perturbar la integridad psíquica actúa como una herramienta protectora de toda la comunidad escolar frente a la internación de sustancias ilícitas. Añade que se observó de manera imparcial la igualdad ante la ley al someter a la estudiante al estándar general aplicable a cualquier miembro del colegio que incurra en la gravedad de ingresar y distribuir sustancias ilícitas, garantizándose debidamente el derecho a ser oído, a defenderse y a apelar ante un procedimiento racional y justo previamente regulado. Concluye descartando la vulneración al derecho de propiedad, manifestando que el pago de la matrícula o aranceles no confiere una expectativa patrimonial absoluta ni una permanencia incondicional que brinde impunidad frente a faltas gravísimas que destruyen la convivencia escolar, recayendo en el Ministerio de Educación la responsabilidad legal de gestionar la reubicación de la alumna.

Por estas consideraciones, la recurrida solicita formalmente tener por evacuado el informe, mantener a firme la resolución expulsiva impugnada y rechazar en todas sus partes el recurso de protección deducido, denegando de igual modo cualquier medida innovativa solicitada por la parte actora.

Para acreditar sus alegaciones, la recurrida incorporó al proceso los siguientes instrumentos: 1) acta de entrevista a la estudiante nombre reservado y su apoderada de fecha 14 de abril de 2026; 2) acta de entrevista formal a la estudiante nombre reservado y sus apoderados de fecha 15 de abril de 2026; 3) correo electrónico de notificación formal de inicio de procedimiento disciplinario enviado el 16 de abril de 2026; 4) Informe Psicosocial de Seguimiento de Estudiante elaborado por la psicóloga nombre reservado de fecha 17 de abril de 2026; 5) copia de la denuncia interpuesta ante los Juzgados de Familia de Santiago y el Ministerio Público; 6) resolución disciplinaria de expulsión inmediata y su respectiva notificación de fecha 30 de abril de 2026; 7) copia íntegra del recurso de reconsideración presentado por la defensa de la estudiante de fecha 5 de mayo de 2026; 8) acta del Consejo de Profesores Extraordinario de fecha 14 de mayo de 2026; 9) resolución final dictada por la Dirección que rechaza el recurso de reconsideración junto a su respectiva notificación por correo electrónico de fecha 19 de mayo de 2026; y 10) copia del Reglamento Interno de Convivencia Escolar vigente para el año 2026.

TERCERO: El recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Para que esta acción prospere, es requisito indispensable la constatación de un acto ilegal o arbitrario que afecte un derecho indubitado.

CUARTO: El acto impugnado es la sanción notificada por correo electrónico con fecha 30 de abril 2026 y ratificada con fecha 19 de mayo 2026, mediante la cual se determinó la expulsión de nombre reservado del Colegio nombre reservado, puesto que no se habría permitido la oportunidad de formular descargos y presentar pruebas en la etapa de investigación, y porque la medida sería desproporcionada.

QUINTO: Según se advierte de los antecedentes que constan en el proceso, consta que con fecha 15 de abril de 2026 la recurrida mantuvo una entrevista con los apoderados de la menor, los señores nombre reservado e nombre reservado, oportunidad a la que posteriormente se unió la alumna nombre reservado. En dicha instancia, la menor reconoció el consumo de drogas al indicar que comenzó a partir “del mes de noviembre del año anterior, comenzó a consumir de manera más sistemática. Describe que bajo los efectos de las sustancias se sentía “rara” y con mucha sed, sin poder precisar mayores características. Señala que no logra identificar con claridad las razones que la llevaron a consumir, estimando que pudo influir el hecho de observar estas conductas en su entorno cercano, reconociendo que dicha normalización no es adecuada”, y que “La estudiante reconoce consumo de marihuana de manera reiterada en el período descrito.

Asimismo, señala que a inicios del presente año probó una sustancia “tusi” en una oportunidad específica. En relación con el consumo más reciente, indica que la última vez que consumió fue el día viernes, junto a la estudiante nombre reservado, precisando que en dicha ocasión se trató de consumo de marihuana.”

SEXTO: Del mismo modo, es posible constatar, a diferencia de lo sostenido por la recurrente, que con fecha 16 de abril de 2026, la recurrida le envió un correo electrónico informándole a nombre reservado, madre de la menor, que se había efectuado la activación inmediata del Protocolo de Actuación para abordar situaciones relacionadas a drogas y alcohol en el establecimiento, así como el inicio formal del Procedimiento Especial para la investigación, sanción y apelación de la medida disciplinaria de cancelación de matrícula y/o expulsión inmediata (regulado en el numeral 4.3 del Título IV del RICE y la Ley N° 21.128 "Aula Segura"); todo lo cual podía acarrear la sanción de expulsión inmediata o cancelación de matrícula. Asimismo, en esa misma comunicación se le informó a la apoderada que disponía de un plazo de 5 días hábiles para presentar sus descargos y acompañar antecedentes o medios de prueba que fundamenten su versión o acredite atenuantes, lo que descarta las alegaciones de las recurrentes en tal sentido.

SÉPTIMO: Consecuentemente, debe concluirse que los actos impugnados no solo fueron dictados respetando los derechos fundamentales de las recurridas, sino que, además, al alero de lo dispuesto en la Ley Número 21.128, denominada Ley Aula Segura, que modificó el artículo 6 letra d) del Decreto con Fuerza de Ley Número 2 de 1998 de la Ley de Subvenciones, en tanto permite a los directores de establecimientos educacionales decretar la medida de expulsión inmediata o cancelación de matrícula cuando un estudiante incurra en conductas que atenten gravemente contra la seguridad o la convivencia escolar, sin que sea exigible el agotamiento previo de medidas formativas o pedagógicas de menor entidad en razón de la extrema gravedad objetiva del hecho. Además, cabe agregar que la internación, posesión y comercio de sustancias prohibidas dentro del recinto se subsume con exacta correspondencia en la Falta Número 26 del Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE), el que califica de manera estas conductas como "Muy Graves-Gravísimas", asociándoles la sanción de expulsión; todo lo cual redunda en que la actuación desplegada por la recurrida no resulta ser ni arbitraria ni ilegal.

Por estas consideraciones visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido por nombre reservado y nombre reservado en contra de la Fundación Educacional nombre reservado.

Regístrese y archívese.

Redacción de la abogada integrante señora Amigo, quien no firma por ausencia.

N° 14133-2026.