Recurso de protección

C.A. de Santiago Santiago, dieciséis de octubre de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra de doña nombre reservado, por la negativa de ésta a prestar el consentimiento necesario para el traslado de los restos de su padre, don nombre reservado, actuación que estima arbitraria e ilegal y que amenaza, perturba y menoscaba el derecho a la honra de la persona fallecida y de su familia, consagrado en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República.

Expone que es hija de don nombre reservado y de doña nombre reservado, cuyo matrimonio terminó por divorcio en el año 2012, sin que ello afectara su relación con su padre, quien tuvo posteriormente otras parejas, siendo la recurrida quien lo acompañó como pareja sentimental en los últimos años de su vida, sin vínculo de matrimonio ni acuerdo de unión civil. Refiere que, al fallecer su padre el NUM000 de 2024, ni él ni su familia contaban con derechos de sepultura, por lo que, para una despedida digna, se aceptó la oferta de la recurrida de sepultarlo en una sepultura de su dominio, bajo la condición de que, cuando la recurrente pudiera adquirir una sepultura propia, los restos serían trasladados, a lo que la recurrida habría accedido.

Señala que, pasados unos meses, adquirió una sepultura propia y solicitó los permisos correspondientes -tanto en el cementerio como ante la Secretaría Regional Ministerial de Salud- para exhumar y trasladar los restos de su padre a la nueva sepultura, faltando únicamente el consentimiento escrito de la recurrida, quien se negó en diversas oportunidades a firmar, sin dar otra razón que su voluntad de no permitir el traslado, habiendo intentado la recurrente reactivar las conversaciones por última vez el 4 de mayo de 2026, mediante mensaje de texto, sin respuesta concreta.

Sostiene que la negativa es arbitraria, por carecer de fundamento racional, y que la recurrida no tiene derecho ni poder de decisión sobre el lugar en que deben reposar los restos de su padre, correspondiéndole a ella, como hija y pariente más cercano, adoptar tal decisión. Invoca, en su apoyo, el Reglamento General de Cementerios (Decreto N°357 del Ministerio de Salud), en particular sus artículos 53 y 54, sobre la obligación de dar sepultura que recae en el pariente más próximo y la posibilidad de exhumar y trasladar restos y sus artículos 61, 73 y 75, sobre el derecho de toda persona a disponer el lugar y forma de su inhumación, que se transmite a sus herederos. Agrega que la actuación de la recurrida perturba, además, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley y el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia.

Solicita, en definitiva, que se acoja el recurso, se deje sin efecto el acto arbitrario e ilegal y se conceda y autorice el traslado de los restos de su padre desde la sepultura ubicada en la manzana NUM001 N°NUM002 a la sepultura NUM003, manzana NUM004, sector NUM005, en un plazo no superior a treinta días o el que se determine, con costas.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, comparece doña nombre reservado, parte recurrida, solicitando, en lo principal, que se declare la inadmisibilidad del recurso y, en subsidio, su total rechazo, con costas.

Opone, en primer término, la inadmisibilidad por extemporaneidad, por cuanto la negativa que se le reprocha era conocida por la recurrente con varios meses de antelación a la interposición del recurso -deducido el 20 de mayo de 2026-, reconociendo la propia actora que llevaba meses intentando reactivar las conversaciones, la última vez el 4 de mayo de 2026, de modo que el plazo fatal de treinta días corridos que establece el Auto Acordado se encontraría ampliamente vencido.

En cuanto al fondo, sostiene que es propietaria de la sepultura en que reposan los restos del fallecido, título que no ha sido desconocido ni disputado por la recurrente, siendo la única legitimada para solicitar o autorizar el traslado. Invoca el artículo 60 del Decreto Supremo N°357 del Ministerio de Salud, que -aplicable por analogía- dispone que los traslados se efectúan a solicitud de los propietarios de la sepultura, reconociendo el derecho del dueño a oponerse. Aduce que la autoridad sanitaria carece de competencia para resolver controversias entre particulares sobre exhumación y traslado de restos, correspondiendo su resolución a los tribunales de justicia.

Añade que su negativa se funda, además, en la relación afectiva estable y prolongada -por más de veinticinco años- que mantuvo con el fallecido, a quien cuidó hasta sus últimos días, lo que explica y justifica su oposición, sin que pueda calificarse de arbitraria; que su conducta no reviste carácter ilegal ni arbitrario, por limitarse al ejercicio legítimo de su derecho de propiedad amparado por el referido artículo 60; que no se perturba la honra del fallecido ni de su familia, por no constituir el ejercicio de ese derecho una acción deshonrosa ni difamatoria; y que la protección no es la vía idónea, por no existir un derecho indubitado del recurrente y tratarse de una controversia de lato conocimiento.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

CUARTO: Que, de lo expuesto por las partes y de los antecedentes allegados a los autos, no resultan controvertidos los siguientes hechos: a) que la recurrente es hija de don nombre reservado, fallecido el NUM000 de 2024; b) que la recurrida mantuvo con el causante una relación de pareja, sin vínculo matrimonial ni acuerdo de unión civil, hasta la fecha de su fallecimiento; c) que, al momento del deceso, ni el causante ni su familia contaban con derechos de sepultura, y sus restos fueron inhumados, a ofrecimiento de la recurrida, en una sepultura de dominio de ésta; y d) que la recurrida se ha negado a prestar su consentimiento para la exhumación y traslado de los restos a la sepultura adquirida por la recurrente.

Así las cosas, la cuestión por dilucidar es si la negativa de la titular de la sepultura a consentir en la exhumación y el traslado de los restos que en ella reposan constituye un acto ilegal o arbitrario susceptible de ser corregido por esta vía cautelar.

QUINTO: Que, en forma previa, corresponde desestimar la alegación de extemporaneidad y al efecto, se debe tener presente que la negativa reprochada no es un acto que se haya agotado en un momento determinado, sino una omisión que se mantiene en el tiempo y cuyos efectos se prolongan mientras subsista. A ello se suma que, según los propios antecedentes invocados por la recurrida, la última gestión de la actora para obtener el consentimiento data del 4 de mayo de 2026, y el recurso se dedujo el 20 de mayo del mismo año, esto es, dentro del plazo de treinta días corridos que establece el Auto Acordado sobre la materia.

SEXTO: Que, despejado lo anterior, para resolver el fondo, debe considerarse que el ordenamiento sujeta la exhumación y el traslado de restos humanos que reposan en una sepultura ajena a dos órdenes de exigencias, que son distintos, concurrentes e independientes entre sí.

El primero es de naturaleza sanitaria y de orden público. Conforme al artículo 75 del Reglamento General de Cementerios, aprobado por el Decreto Supremo N° 357 de 1970 del Ministerio de Salud, la exhumación y el traslado de cadáveres o restos humanos dentro del territorio nacional sólo pueden efectuarse con autorización del Secretario Regional Ministerial de Salud competente, a petición de los parientes más cercanos del fallecido, según el orden que señala el artículo 73 del mismo Reglamento. Esa autorización tiene por objeto resguardar la salubridad pública y verificar que quien la solicita se encuentra legitimado para pedirla.

El segundo dice relación con los derechos que el titular detenta sobre la sepultura. El artículo 60 del citado Reglamento exige la intervención del propietario de la sepultura en los traslados que se efectúen desde ella. Así lo ha reconocido la Excma. Corte Suprema, que ha afirmado que, cuando los restos que se procura exhumar reposan en una tumba de propiedad ajena, “se precisa la autorización de su dueña” (SCS Rol N° 24.129-2025).

SÉPTIMO: Que, en lo que concierne a la exigencia sanitaria, la recurrente afirma haber solicitado los permisos correspondientes ante el cementerio y ante la Secretaría Regional Ministerial de Salud. Sin embargo, no acompañó la resolución de la autoridad sanitaria que autorice la exhumación y el traslado, ni el acta de fiscalización, ni otro antecedente que demuestre que su solicitud fue tramitada y que cumple las exigencias reglamentarias. Tampoco se acreditó el título sobre la sepultura de destino ni su aptitud para recibir los restos.

No consta, en consecuencia, que se encuentre satisfecho el primero de los requisitos que el ordenamiento exige para la exhumación y el traslado, lo que claramente impide a esta Corte ordenar una medida que la normativa sujeta a la autorización previa de un órgano de la Administración del Estado.

OCTAVO: Que, con todo, aun en el evento de que la autorización sanitaria se hubiere obtenido, ella no bastaría para hacer procedente el traslado, desde que no basta la autorización de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, sino que resulta necesario que el propietario de la tumba entregue su consentimiento. En tal sentido, conviene precisar que el consentimiento del titular emana del derecho que éste tiene sobre la sepultura y ningún precepto del Código Sanitario ni del Reglamento General de Cementerios faculta a la autoridad sanitaria para suplirlo o prescindir de él. El orden de prelación del artículo 73 del Reglamento, que invoca la recurrente, tampoco cumple esa función, ya que sólo determina quiénes pueden solicitar la autorización a la autoridad sanitaria y en qué orden, pero no confiere al pariente un derecho a imponer el traslado al titular de la sepultura en que los restos reposan.

NOVENO: Que, desde esta perspectiva, la negativa de la recurrida no puede calificarse de ilegal, por cuanto no infringe norma legal ni reglamentaria alguna y, por el contrario, constituye el ejercicio de la facultad que el artículo 60 del Reglamento General de Cementerios reconoce al titular de la sepultura, y que forma parte de los derechos que el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República ampara.

Tampoco existe en el ordenamiento una norma que imponga al titular de una sepultura el deber de consentir en el traslado de los restos que en ella reposan cuando lo pide un pariente del fallecido y, al efecto sólo se ha invocado un supuesto acuerdo de traslado, cuya existencia y contenido la recurrida no reconoce, por lo que cualquier pronunciamiento a su respecto, claramente excede el ámbito del recurso intentado.

En consecuencia, el hecho de que la recurrida haya destinado gratuitamente una sepultura de su dominio para dar descanso a los restos de su pareja, cuando la familia de éste carecía de medios para hacerlo, no implica el nacimiento para ella de la obligación de consentir en el traslado a requerimiento de un tercero, por lo que acoger el recurso importaría, en consecuencia, imponer, por vía cautelar, a un particular una obligación de hacer que carece de fuente legal o convencional, privándolo de una facultad que la normativa expresamente le reconoce.

DÉCIMO: Que la negativa de la recurrida tampoco es arbitraria, desde que ello supone una actuación carente de razonabilidad, fruto del mero capricho o de la sola voluntad de quien la ejecuta, desprovista de todo fundamento que la sustente, lo que no puede predicarse respecto de quien se limita a ejercer una facultad que el ordenamiento le reconoce, dentro de los márgenes en que ésta le ha sido conferida. En efecto, el titular de un derecho no está obligado a justificar ante terceros las razones por las que decide no disponer de lo suyo en el sentido que éstos pretenden, salvo que se configure un abuso, circunstancia que no ha sido invocada, constatándose que la recurrida ha dado razones para su oposición basada en la relación afectiva estable y prolongada que mantuvo con el fallecido, a quien acompañó y cuidó hasta sus últimos días, y el hecho de haber sido ella quien le proporcionó sepultura. Esas razones pueden o no compartirse, pero no son irracionales ni caprichosas, y explican suficientemente su decisión, debiendo recordarse que la acción de protección no tiene por objeto revisar el mérito o la conveniencia de las decisiones que un particular adopta en el ejercicio legítimo de sus derechos.

En relación con este punto, se debe tener en consideración que ambas partes invocan vínculos afectivos con el fallecido que el ordenamiento no permite desconocer: la recurrente, el de filiación; la recurrida, el de una relación de pareja que se extendió por más de veinticinco años, en la cual asumió su cuidado hasta su muerte, por lo que determinar cuál de esos intereses debe prevalecer excede la competencia de esta Corte, la que no se encuentra en condiciones de establecer, a través de este procedimiento, quién tiene un mejor derecho a decidir el lugar en que deben reposar los restos de don nombre reservado.

UNDÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, tampoco se advierte afectación de las garantías invocadas. El ejercicio por la recurrida de la facultad que, como titular de la sepultura, le reconoce la normativa no importa menoscabo alguno a la honra del fallecido ni de su familia, pues no envuelve imputación, expresión ni conducta que lesione su reputación o dignidad. Los restos de don nombre reservado reposan en una sepultura que le fue destinada para ese fin. En cuanto a la integridad psíquica y a la igualdad ante la ley, la recurrente no aportó antecedentes concretos que permitan tener por configurada una perturbación imputable a un acto ilegal o arbitrario, ni una diferencia de trato carente de justificación.

DUODÉCIMO: Que, por lo razonado, no concurren los presupuestos que hacen procedente la acción constitucional deducida, y el recurso debe ser rechazado.

Por estas consideraciones y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida por doña nombre reservado, en contra de doña nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactó la ministra señora Rodríguez Fondón.

N° Protección-14112-2026