nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE VITACURA

Foja: 86 Ochenta y Seis Santiago, cinco de agosto de dos mil catorce.

VISTOS:

1°) A fojas 1 comparece Hernán Núñez Labarca, abogado, a favor de nombre reservado, ex trabajadora de la Dirección de Educación de la recurrida, e interpone acción de protección en contra de la Municipalidad de Vitacura, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la dictación del Ordinario Alcaldicio 1-399 de 11 de octubre de 2013, que resuelve que no procede el pago de la indemnización por años de servicio a que alude el artículo 2 transitorio de la Ley 19.070 (estatuto docente), por estimarla incompatible con la bonificación por retiro voluntario prevista en la Ley N° 20.158.

Refiere que lo solicitado estaría avalado por el Dictamen de la Contraloría General de la República N°44766 de 2008, en circunstancia que el acto recurrido se limita a compartir las conclusiones de un informe de la Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad, el cual invoca un nuevo dictamen del órgano contralor –el N°8156 de 2011- que estimó improcedente el pago, pronunciamiento emitido ante una solicitud de reconsideración de la recurrida.

En este nuevo pronunciamiento la Contraloría General de la República sostuvo que no cabe homologar los beneficios previsionales contenidos en las normas transitorias de las Leyes N°19.070 y N°20.158, y por lo tanto el beneficio era incompatible y que, además, el nuevo criterio solo se aplica desde la fecha de su dictación, sin afectar situaciones constituidas durante la vigencia del anterior criterio. Y que en el caso de la recurrente se trataba de una mera expectativa ya que nunca incorporó la referida indemnización en su patrimonio.

Señala que el acto es ilegal ya que afecta una situación jurídica firme mediante la nueva interpretación aplicada, lo cual afecta su derecho de propiedad consagrado en el N°24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, sobre aquellas indemnizaciones que señala ya se encontraban incorporadas a un contrato. Razón por la cual indica que tal indemnización debió pagarse junto con el bono de retiro establecido en la Ley N° 20.158.

Solicita en definitiva se deje sin efecto el Ordinario Alcaldicio Nº 1- 399, disponiendo que le corresponde a la afectada la totalidad de los derechos patrimoniales emanados de la Ley N°19.070, o se decreten las medidas que estime procedentes para restablecer el imperio del derecho, todo con costas.

2°) A fojas 18 informa la recurrida. Sostiene que el acto no es ilegal ni arbitrario por lo que el recurso de protección debe ser rechazado. Fundamenta su petición en que la recurrente solicitó el pago de la indemnización por años de servicio sobre la base de una antigua interpretación de Contraloría General de la República contenida en el Dictamen N°44766 de 2008.

Respecto a la arbitrariedad del acto señala que el pronunciamiento respecto a la solicitud fue completamente fundado, remitiéndose al Memorándum Nº 179 de la Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad.

Agrega que el pago de la indemnización por años de servicio junto con el bono de retiro es improcedente, pues la Ley N°19.070 establece la indemnización para el caso que cesen los servicios por una causal similar a la del artículo 3 de la misma ley, referencia que debe entenderse hecha al artículo 161 del Código del Trabajo, esto es la causal de necesidades de la empresa. Mientras que la Ley N°20.158 dispone una bonificación por retiro voluntario para aquellos docentes que renuncien y que tal bonificación, señala el artículo 2º transitorio de la Ley N°20.158 será compatible con cualquier otro beneficio homologable que se origine en una causal de similar otorgamiento.

De esta manera, para determinar la compatibilidad de ambos pagos debe dilucidarse cuál es el origen de las causales que lo otorgan. Así respecto al origen de la indemnización de la Ley N°19.070, esto es la de años de servicio, debe observarse que ésta proviene en el caso de producirse una causal similar a las establecidas en el artículo 3 de la Ley N°19.010, como la del artículo 161 del Código del Trabajo, mientras que el origen de la indemnización de la Ley N°20.158, esto es, la bonificación por retiro voluntario, es la renuncia.

Agrega que la naturaleza de la bonificación por retiro voluntario es un incentivo al retiro de la función docente, mientras que la indemnización por años de servicio es de naturaleza compensatoria, que remplaza un interés perdido debido al cese obligatorio de las funciones públicas materializado a través de un acto unilateral del empleador.

De esta manera, los beneficios no son compatibles pues se originan en una causal de similar otorgamiento. Cita el Dictamen N°8156 de 2011 de la Contraloría General de la República y sostiene que la recurrente no puede ser titular del derecho de propiedad sobre una indemnización cuya procedencia es ilegal y que no se ha incorporado a su patrimonio pues su situación de produjo con posterioridad, pues su solicitud de produjo mientras se encontraba pendiente la reconsideración del primer dictamen de la Contraloría, razón por la cual la recurrente solo tenía una mera expectativa.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la acción de protección constitucional está orientada a velar por el respecto a las garantías fundamentales que ampara, cuando en su legítimo ejercicio puedan sufrir privaciones, perturbaciones o amenazas, de lo que se colige que es condición indispensable para que prospere, el que exista un derecho indubitado por parte de quien recurre, lo que en el presente caso no se aprecia, al tratarse de una materia que ha sido objeto de interpretación por parte de la Contraloría General de la República, en un primer momento favorable al interés de la recurrente y luego no, pues a través del Dictamen N°8156 de 2011 del órgano contralor se arriba a una decisión que no es aceptada por la recurrente.

SEGUNDO: Que, en la misma línea, sobre la materia de derecho en que incide el presente recurso existe unificación de jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, en el sentido que la renuncia invocada para hacer valer la bonificación prevista en el artículo 2° transitorio de la Ley N° 20.158, no es asimilable a la causal prevista en el artículo 3° de la Ley N° 19.010 y que corresponde al actual artículo 161 del Código del Trabajo, esto es, necesidades de la empresa, condición necesaria para tener derecho a la indemnización por años de servicios establecida en el artículo 2º transitorio de la Ley Nº 19.070 (Corte Suprema, Rol Nº 10066-2011, sentencia de reemplazo de la resolución de la Corte de Apelaciones, considerando décimo).

TERCERO: Que, en consecuencia, sólo cabe rechazar el presente recurso de protección de garantías fundamentales, al no apreciarse la existencia de un derecho indubitable de la actora frente a la indemnización que pretende sino por el contrario, de los antecedentes aportados se desprende que no le asistiría tal derecho.

Por estas consideraciones, y de acuerdo a lo establecido por los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza el deducido a nombre de doña nombre reservado.

Redacción de la abogada integrante señora Gajardo.

Regístrese y comuníquese.

N° Protección-141056-2013.

Pronunciada por la Séptima Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Antonio Poblete Méndez e integrada por el Ministro (s) señor Sergio Córdova Alarcón y la Abogada Integrante señora María Cristina Gajardo Harboe. No firma el Ministro (S) señor Córdova, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo del fallo, por haber cesado en sus funciones.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, cinco de agosto de dos mil catorce, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.