nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, dos de octubre de dos mil veintiséis.

Al folio N° 20: téngase presente.

Al folio N° 21: a lo principal, téngase presente; al otrosí, a sus antecedentes.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Comparece nombre reservado, por sí, quien interpone recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, por haber ordenado a su empleador descontar de su remuneración de abril de 2026 la suma de $352.451, pese a encontrarse pendiente el cobro judicial de esa misma deuda.

Considera dicha actuación ilegal y/o arbitraria, ya que la Caja, tras haber judicializado voluntariamente el cobro de la deuda, recurre a la facultad de descuento automático del artículo 22 de la Ley N° 18.833, lo que constituye un ejercicio de la anacrónica autotutela. Además, se trata de un acto unilateral, antojadizo y caprichoso.

Señala que lo anterior vulnera los derechos fundamentales de igualdad ante la ley, debido proceso y propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas. Tales garantías se consagran en los numerales 2°, 3° y 24° de su artículo 19, e invoca, además, el numeral 4°.

Solicita que se acoja el recurso y, en su mérito, se ordene que cesen los descuentos y que se restituyan el descuento efectuado y los que se practiquen durante la tramitación del recurso, con costas. En subsidio, en el primer otrosí, pide que se restituya el saldo o diferencia que excede del máximo permitido para los descuentos.

En cuanto a los hechos, expone que el 9 de diciembre de 2024 suscribe en favor de la Caja un pagaré por $2.460.484 de capital, más intereses, pagadero en 36 cuotas iguales y sucesivas de $109.091, descontables de sus remuneraciones. Luego, pierde su fuente de ingresos y cae en mora.

Agrega que el 22 de septiembre de 2025 la Caja deduce en su contra demanda ejecutiva de cobro de pagaré, Rol C-13320-2025 del 7° Juzgado Civil de Santiago, la que se encuentra notificada y vigente, y cuya última gestión es la oposición a la traba del embargo, de 20 de diciembre de 2025.

Posteriormente, desde el 5 de febrero de 2026 trabaja para Ferrovial Construcción. En febrero y marzo de 2026 no se le practica descuento alguno. Sin embargo, el 5 de mayo de 2026 advierte en su liquidación de abril un descuento automático informado por la Caja por $352.451, sin explicación de su motivo ni de su cálculo.

Precisa que, tras dicho descuento, solo percibe un saldo líquido de $632.797, lo que afecta su solvencia para cubrir sus gastos básicos. Además, el monto equivale al 35,77% de su sueldo, supera el 25% - esto es, $246.312 - y excede la cuota pactada.

En cuanto al derecho, sostiene que el acreedor que deduce su demanda queda regido por las normas del procedimiento ejecutivo. Por ello, la facultad de efectuar descuentos automáticos a la remuneración cesa cuando la demandante ejerce su acción en la justicia ordinaria.

Invoca la sentencia de esta Corte Rol N° 21614-2018, que califica de autotutela la retención de remuneraciones por una caja de compensación mientras penden juicios ejecutivos por la misma deuda. Cita, además, fallos de la Excma. Corte Suprema, entre ellos el rol N° 29.241-2019, según el cual es antojadizo revivir y forzar de manera unilateral el beneficio del artículo 22 de la Ley N° 18.833 existiendo un juicio pendiente. Destaca que el tiempo es factor preponderante de arbitrariedad.

Respecto del descuento excesivo, invoca el Dictamen N° 04954-2018 de la Superintendencia de Seguridad Social y la Circular N° 2.052, que limitan la cuota mensual del crédito social al 25% de la remuneración líquida, y la Circular N° 2824, que solo admite hasta un 30% a solicitud escrita del afiliado y en casos especiales. Invoca, también, el artículo 58 incisos 3° y 4° del Código del Trabajo, que limita las deducciones al 15% y, en conjunto, al 45% de la remuneración total.

Así, la Caja afecta la igualdad ante la ley, al arrogarse un privilegio no consagrado en la ley mediante un uso indiscriminado del artículo 22 de la Ley N° 18.833; el debido proceso y justo procedimiento, pues no se tolera la autotutela de un acreedor que ya sometió su cobro a la jurisdicción; y el derecho de propiedad sobre su sueldo, al privarlo de parte de él mediante un descuento inmotivado y excesivo.

SEGUNDO: La Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes evacua el informe requerido por esta Corte. Solicita que se tenga por aceptado su allanamiento parcial, ajustando los descuentos al tope del 25% de la remuneración líquida del actor, y que, en definitiva, se rechace el recurso en todas sus partes, con costas.

En cuanto a los hechos, expone que las cajas de compensación son corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, regidas por la Ley N° 18.833, que otorgan crédito social de carácter asistencial, cuyos intereses ingresan al Fondo Social.

Luego, señala que el recurrente mantiene tres mutuos de crédito social vigentes y morosos: el código N° 023CON104452361, de 27 de septiembre de 2022, por $3.092.642, en 48 dividendos de $102.889, con las cuotas 30 a 42 impagas; el código N° 023CON104862603, de 12 de diciembre de 2023, por $1.793.178, en 48 cuotas de $72.249, con las cuotas 15 a 27 impagas; y el código N° 179CON103714320, de 9 de diciembre de 2024, por $2.460.484, en 36 parcialidades de $105.962, con las cuotas 4 a 16 impagas. En los tres, la última cuota solucionada se entera con desfase el 10 de mayo de 2026.

Afirma que el recurrente oculta la vigencia y morosidad de los mutuos de 2022 y 2023. Así, al reincorporarse a Ferrovial Construcción el 5 de febrero de 2026, se activa el imperativo legal del empleador de deducir, retener y remesar las cuotas morosas. Reconoce, no obstante, que al emplanillar la suma acumulada de $352.451 en abril de 2026 se excede el tope del 25% de la remuneración líquida.

En cuanto al derecho, alega que la acción es impropia, pues el recurso de protección es una tutela de urgencia de carácter conservativo y no un juicio declarativo. En cambio, la exigibilidad de las obligaciones, la imputación de pagos morosos y la interpretación de mandatos son materias de lato conocimiento que carecen de un derecho indubitado.

Agrega que falta el agotamiento de la vía administrativa, pues el actor debe canalizar sus discrepancias de reliquidación y topes ante la Superintendencia de Seguridad Social. En subsidio, la vía idónea es la reclamación ante el Juzgado de Letras del Trabajo o el Juzgado Civil.

En cuanto al fondo, sostiene que su actuar se ajusta al mandato de orden público del artículo 22 de la Ley N° 18.833 y del artículo 58 del Código del Trabajo, que obligan al empleador a deducir, retener y remesar lo adeudado por crédito social. Tampoco es arbitrario, pues obedece a procedimientos automatizados de recaudación, destinados a cautelar el Fondo Social.

Frente a la imputación de autotutela, invoca el punto 3.1.17.2 del Libro III del Compendio de Normas de la Superintendencia, incorporado por la Circular N° 3894. Dicha norma permite reiniciar el descuento de cuotas durante la sustanciación de un juicio ejecutivo por cobro de pagaré, con el solo deber de informar al tribunal las cuotas descontadas en la etapa de liquidación de la deuda, para su rebaja. Añade que los mutuos de 2022 y 2023 no forman parte del juicio ejecutivo Rol C-13320-2025, por lo que su recaudación por planilla es inatacable.

Con todo, y conforme al numeral 3.1.10.2 del Libro III del Compendio, se allana parcialmente al primer otrosí del recurso. Al efecto, ajusta las cuotas futuras al tope del 25% de la remuneración líquida del actor y ordena restituirle $106.139, diferencia retenida en exceso en abril de 2026. Por ello, sostiene que la pretensión subsidiaria debe rechazarse por pérdida de oportunidad.

Por último, descarta la vulneración de garantías. No afecta la igualdad ante la ley, pues no se arroga privilegios ni discrimina, sino que aplica un mandato legal universal. Tampoco infringe el artículo 19 N° 3 inciso quinto, ya que la recaudación por planilla coexistente con un juicio ejecutivo es un procedimiento dual expresamente reglado. Finalmente, no lesiona el derecho de propiedad, pues las retenciones se imputan a deudas reales y exigibles, y la restitución del exceso resguarda la remuneración líquida del actor.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal - esto es, contrario a la ley - o arbitrario - producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él - y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que el recurrente impugna el descuento de $352.451 practicado en su remuneración de abril de 2026 por orden de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, pese a encontrarse pendiente el cobro judicial del crédito suscrito el 9 de diciembre de 2024. Estima vulneradas, principalmente, las garantías de los numerales 3° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. En subsidio, reprocha que el descuento excede el límite del 25% de su remuneración líquida.

Por su parte, la recurrida no niega el descuento, sino que lo justifica en el artículo 22 de la Ley N° 18.833 y en la existencia de otros dos créditos morosos. Además, reconoce haber excedido el tope del 25% y alega que ya subsanó el agravio mediante un allanamiento parcial.

QUINTO: Que, en primer término, corresponde desestimar las alegaciones formales de la recurrida. En efecto, el artículo 20 de la Carta Fundamental no exige agotar la vía administrativa y deja a salvo los demás derechos que el afectado pueda hacer valer. Asimismo, los hechos relevantes no están controvertidos: el descuento, su monto, la existencia del juicio ejecutivo y el exceso sobre el tope reglamentario constan en autos y son reconocidos por la propia recurrida. Por ende, no se trata de una materia de lato conocimiento.

SEXTO: Que, en cuanto al fondo, el artículo 22 de la Ley N° 18.833 dispone que lo adeudado por prestaciones de crédito social debe ser deducido de la remuneración por el empleador, retenido y remesado a la Caja acreedora. Se trata, entonces, de un mecanismo legal de recaudación, de carácter imperativo. A su vez, en los mutuos acompañados, el afiliado otorga a la Caja mandato especial, irrevocable y gratuito para requerir de sus empleadores el descuento de las sumas adeudadas.

SÉPTIMO: Que, respecto del crédito código N° 179CON103714320, de 9 de diciembre de 2024, la circunstancia de haberse deducido demanda ejecutiva de cobro del pagaré respectivo, en causa Rol C-13320-2025 del 7° Juzgado Civil de Santiago, no torna ilegal el descuento.

En efecto, el punto 3.1.17.2 del Libro III del Compendio de Normas de la Superintendencia de Seguridad Social contempla expresamente que, durante la sustanciación de un juicio ejecutivo por cobro de pagaré, se reinicie el descuento de cuotas desde las remuneraciones por el mismo crédito. En tal caso, impone a la Caja el deber de informar al tribunal las cuotas descontadas, a fin de que se rebajen del total adeudado.

Así, el ordenamiento admite la coexistencia de ambas vías y resguarda al deudor frente a un doble pago, mediante la imputación de lo descontado en la liquidación de la deuda. Por consiguiente, no se configura un acto de autotutela, ni la recurrida se constituye en juez de su propia causa. Tampoco el acto es arbitrario, pues se funda en una norma expresa y en una deuda cuya existencia y morosidad el recurrente reconoce.

OCTAVO: Que, con mayor razón, los créditos códigos N° 023CON104452361, de 27 de septiembre de 2022, y N° 023CON104862603, de 12 de diciembre de 2023, no forman parte del juicio ejecutivo referido. Además, el recurrente los omite en su libelo y no controvierte su existencia ni su morosidad. Por ende, respecto de ellos, la recurrida ejerce sin reparo la facultad que le confiere el artículo 22 de la Ley N° 18.833.

En consecuencia, respecto de los tres créditos, el descuento por planilla no es ilegal ni arbitrario, ni afecta las garantías de los numerales 2°, 3° y 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental. Por tanto, la acción principal será desestimada.

NOVENO: Que, en cambio, distinta es la situación de la pretensión subsidiaria. En efecto, el numeral 3.1.10.2 del Libro III del Compendio de Normas de la Superintendencia de Seguridad Social dispone que la cuota mensual de descuento por crédito social no puede exceder del 25% de la remuneración líquida del trabajador. La propia recurrida reconoce que el descuento de abril de 2026 superó ese límite.

Ahora bien, la recurrida alega que el agravio se encuentra subsanado por su allanamiento parcial. No obstante, no consta que dicho allanamiento se haya materializado en la práctica misma de los descuentos. En efecto, el informe solo da cuenta de que la Caja dispuso ajustar las cuotas futuras, sin acompañar antecedente alguno de la reliquidación. A su turno, el escrito posterior se limita a informar que los descuentos se mantienen suspendidos por efecto de la orden de no innovar. Por ende, no existe pérdida de oportunidad.

De este modo, el descuento que excede el límite reglamentario es ilegal y priva al recurrente de una parte de su remuneración, sobre la cual tiene un derecho de propiedad, lo que vulnera la garantía del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

DÉCIMO: Que, sin embargo, la medida de protección debe limitarse a los descuentos futuros. En efecto, la acción de protección es de naturaleza cautelar y tiene por objeto restablecer el imperio del derecho, no resolver pretensiones restitutorias de carácter patrimonial. Además, las sumas descontadas se imputan a deudas reales y exigibles, y la propia recurrida informa haber dispuesto la restitución del exceso retenido.

En consecuencia, resulta necesaria la intervención de esta Corte solo para asegurar que, en lo sucesivo, los descuentos se ajusten al límite reglamentario, por lo que el recurso será acogido parcialmente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se acoge parcialmente, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes; y, se ordena que, en lo sucesivo, los descuentos que la recurrida requiera de las remuneraciones del recurrente por concepto de crédito social no excedan, en conjunto, del 25% de su remuneración líquida mensual. En lo demás, se rechaza el recurso.

En la parte que rechaza el recurso, acordada con el voto en contra de la ministra señora Paula Rodríguez Rondón, quien estuvo por acogerlo respecto del crédito de 2024 en atención a que si bien las Cajas de Compensación cuentan con la facultad legal de solicitar el descuento, con cargo a las remuneraciones de los trabajadores afiliados, de los créditos sociales otorgados, tal beneficio solo se prevé por la ley para el cobro oportuno de lo adeudado. En la especie, la situación es sustancialmente distinta y torna injustificada la actuación de la recurrida, toda vez que la deuda que se pretendía cobrar mediante los descuentos por planilla ya había sido objeto un juicio ejecutivo.

De este modo, al momento de efectuarse los descuentos censurados por la recurrida, ya se había verificado la aceleración de la deuda para el cobro de dicho crédito por la vía ejecutiva, por lo que no podía revivirse unilateralmente una modalidad de cobro administrativo, lo que constituye un acto ilegal que deviene en arbitrario y que vulnera las garantías fundamentales del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, en cuanto los descuentos indebidos afectan la propiedad del recurrente sobre sus remuneraciones, privándole del uso, goce y disposición de parte de estas y 19 N° 2, desde que la Caja de Compensación incurre en un trato diferenciado injustificado al utilizar una prerrogativa legal de manera abusiva para obtener el cobro administrativo en contra del recurrente.

Regístrese, notifíquese y archívese.

N° Protección-14104-2026.