Protección contra Instituto de Salud Pública de Chile

C.A. de Santiago Santiago, nueve de mayo de dos mil veintitrés.

A los escritos folios 29 y 30: a todo, téngase presente.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece doña nombre reservado, bioquímica, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Instituto de Salud Pública de Chile, por haber incurrido en un acto ilegal y/o arbitrario al rechazar la solicitud de mantener a la recurrente prestando servicios en modalidad de teletrabajo, lo que vulneraría las garantías fundamentales de los números 1° y 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Solicita que se acoja su acción y se declare que cumple con los requisitos para poder realizar sus funciones en modalidad teletrabajo, con costas.

Parte indicando que presta servicios como evaluadora e inspectora de Estudios Clínicos en el Instituto de Salud Pública desde el año 2008 y que como consecuencia de la pandemia del Covid, todos los trabajadores fueron autorizados a ejercer en forma remota desde el año 2020 hasta el 1 de octubre de 2022.

Agrega que en el año 2022 fue diagnosticada con una enfermedad crónica autoinmune denominada síndrome de Sjögren, y tiene un hijo de ocho años diagnosticado con trastorno del espectro autista que necesita una serie de tratamientos y cuidados especiales que dependen de ella. Asimismo, tiene otro hijo de cinco años diagnosticado con hiperactividad que requiere tratamiento con fonoaudióloga una vez a la semana.

Refiere que mediante resolución N°NUM000 se le comunicó que a contar del 1 de octubre de 2022 el trabajo se realizaría en forma presencial, por lo que remitió un correo electrónico al Director del Instituto de Salud Pública exponiendo su situación y solicitando autorización para ejercer en modalidad teletrabajo, petición que fue rechazada.

Argumenta que la propia resolución aludida establece que podrán cumplir sus funciones en modalidad trabajo remoto quienes acrediten padecer enfermedad crónica por inmunosupresión adquirida o farmacológica.

Por ello, estima que la negativa infringe el artículo 1 de la Ley 21.342 que obliga al empleador a implementar la modalidad de trabajo a distancia cuando concurran algunas de las condiciones que se establecen y respecto de las que estima la recurrente, en ella se configuran dos hipótesis.

La primera, por ser una persona con sistema inmune disminuido y la segunda, por estar al cuidado de un menor de edad con discapacidad.

Además, conforme al artículo 206 bis del Código del Trabajo, se establecen idénticas condiciones para desarrollar las labores del empleado en modalidad teletrabajo.

Este actuar es además arbitrario, debido a que con anterioridad ya se desempeñó en trabajo a distancia y pone en riesgo su vida.

Todo ello, infringe la garantía de igualdad ante la ley, por cuanto se han ignorado las razones que impiden a la recurrente desempeñarse en forma presencial. Asimismo, denuncia conculcada la garantía contenida en el N°1 del artículo 19 de la Carta Fundamental, lo que se produce por el hecho de exponerla a contraer una enfermedad grave con riesgo de muerte.

Por todo ello, solicita sea acogida su acción en los términos que fueron expresados.

SEGUNDO: Que, comparece doña Marisel Torres Cortés, abogada en representación del Instituto de Salud Pública de Chile, quien informando al tenor del recurso, solicita se omita pronunciamiento por falta de oportunidad.

Expresa que mediante Resolución Exenta N°1547 de 8 de julio del año 2022, se impartieron instrucciones a los funcionarios para regular el retorno a las funciones presenciales a contar del 1 de octubre de 2022.

Refiere que el cumplimiento de las funciones de dicha repartición pública deben ser realizados en forma presencial y que mediante Dictamen N°E253943, la Contraloría General de la República manifestó que corresponde a la autoridad del instituto determinar si las labores que desempeñan sus funcionarios son susceptibles de ser cumplidas en modalidad teletrabajo.

Agrega que el requerimiento de la recurrente está siendo revisado y finaliza requiriendo la omisión de pronunciamiento por haber perdido oportunidad o en subsidio, el rechazo de la acción cautelar atendido que se encuentra iniciado el procedimiento para calificar el requerimiento de la recurrente.

A folio 16, comparece la recurrida y acompaña Convenio de Teletrabajo de 26 de enero de 2023 suscrito con la recurrente.

En este se advierte que se establece el día martes presencial y el resto de la semana en modalidad teletrabajo.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

CUARTO: Que luego de lo dicho, teniendo en consideración lo solicitado en el petitorio del presente arbitrio, esto es, esencialmente “que se acoja su acción y se declare que cumple con los requisitos para poder realizar sus funciones en modalidad teletrabajo, con costas.” y, lo informado por la recurrida, en orden a que con fecha 9 de febrero de 2023 se le comunicó a la recurrente por correo electrónico que el Instituto de Salud Pública la autorizó a realizar el 100% de su trabajo vía telemática, es que estos magistrados no vislumbran vulneración actual de los derechos constitucionales que se denuncian amagados, ni tampoco medida que, a estas alturas, se pueda adoptar a este respecto para restablecer el imperio del derecho en favor de la actora;

QUINTO: Que, atendido lo anterior y teniendo siempre en consideración la naturaleza cautelar del recurso de protección, aparece que el presente arbitrio ha perdido oportunidad, conclusión que impone necesariamente su rechazo, Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra del Instituto de Salud Pública de Chile, con costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-140.941-2022.