nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, siete de noviembre de dos mil veintitrés.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparecen doña nombre reservado y don nombre reservado, abogados, en representación de don nombre reservado, pensionado, interponiendo recurso de protección en contra de la Dirección de Comunicaciones del nombre reservado Judicial, dependiente del pleno de la Corte Suprema, por el acto que consideran ilegal y arbitrario consistente en la publicación de registros audiovisuales que afectarían gravemente las garantías fundamentales de su representado, en particular las contenidas en los números 2 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Fundan el recurso expresando que el recurrente durante 2005 fue parte de un proceso penal que califican como lleno de irregularidades, el cual tuvo como resultado la imposición a su representado de una condena, cuya pena cumplió hace más de 10 años. Respecto de dicha condena, sostienen, el señor nombre reservado ha dado cumplimiento a las exigencias establecidas en el Decreto Ley N° 409 de 1932, para la eliminación de sus antecedentes penales, decretándose en su favor con fecha 22 de junio de 2011 la Resolución Exenta N° 0976 del Ministerio de Justicia que resuelve: “Considérese a don nombre reservado, RUN RUT reservado, como si nunca hubiera delinquido para todos los efectos legales y administrativos, respecto de la Causa Rol N° 4.150/2004 y RUC N° 400.157.898-2, del Juzgado de Garantía de Temuco”.

Luego, expone que en el Canal del nombre reservado Judicial, dentro del sitio YouTube, existe disponible un video denominado “Noticiero Judicial: Fallo Histórico - Senador nombre reservado, abusador de niños” que revive la causa que llevó a la condena del señor nombre reservado, y que más que referirse al quehacer del nombre reservado Judicial, contiene una nota periodística que incluye la declaración de una supuesta víctima que no fue parte de la causa por la que el recurrente fue condenado, ni su relato habría constituido prueba para dicha sentencia.

Agrega que por parte de familiares del recurrente se habrían hecho, sin el conocimiento de éste, diversas gestiones extrajudiciales para obtener la baja del video, las que no prosperaron.

En cuanto al plazo de interposición de la acción constitucional, afirma que la publicación del material audiovisual tiene carácter de permanente en el tiempo, toda vez que la sola introducción del nombre de don nombre reservado en YouTube arroja como resultado el video, lo que a su juicio supone que el plazo se renueve día a día, agregando que el señor nombre reservado procedió a presentar este recurso inmediatamente luego de tomar conocimiento de la existencia de este video el día 11 de agosto del año 2023.

En cuanto a la ilegalidad de la conducta de la recurrida, argumentan que resulta ser contraria al ordenamiento jurídico, no solo por ser arbitraria en cuanto a la falta de consideración sobre los procesos de resocialización y reinserción de personas condenadas, sino que es abiertamente ilegal que se continue estigmatizando y dañando la honra de una persona que ha cumplido con todos los requisitos establecidos por el legislador para entenderse como inocente, de acuerdo a lo dispuesto en el DL N° 409 de 1932, en particular su artículo 6, y los artículos 416 y 417 del Código Penal. Afirma que el título de la publicación, realizada por el propio nombre reservado Judicial a través de su canal YouTube, expone al recurrente como un “abusador de niños”, y por su sola exhibición, incurre en la actitud prohibida y sancionada en el artículo 6° del Decreto Ley N° 409.

En cuanto a la arbitrariedad, sostienen que no existe ningún fundamento razonable para revivir de manera permanente el proceso judicial a que se sometió al recurrente. En este ámbito, cuestionan que en el video no se señala absolutamente nada respecto al fallo, ni la forma en la cual se procedió a dictar sentencia, sino que, lo único que se muestra es a una persona llamada nombre reservado, el cual habría sido supuestamente “clave” para resolver la causa judicial, en circunstancias que la sentencia nada señala sobre algún delito cometido en su contra.

Seguidamente, se refieren a la garantía contemplada en el N° 4 del artículo 19 del texto constitucional, esto es, el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y, asimismo, la protección de sus datos personales. Al respecto arguyen que han transcurrido 18 años desde los hechos que dan origen al registro audiovisual por el cual se recurre, sobrepasando con creces el tiempo que el legislador ha determinado para la prescripción penal aplicable para la mayoría de los delitos. Si bien la exhibición del registro audiovisual pudo tener un interés legítimo de informar, no puede pretenderse que transcurridas casi dos décadas aún exista tal legitimidad y la necesidad de informar públicamente contrariando el derecho de reintegración plena a la sociedad.

Respecto de la garantía asegurada en el N° 2 del artículo 19 de la Constitución Política, esto es, la igualdad ante la ley, afirman que ha sido lesionada al exhibir permanentemente registros audiovisuales de hechos que datan de hace 18 años, lo que implica un menoscabo social considerando tan solo el título de la publicación, que busca una reacción adversa en contra de su representado. Complementan señalando que dicho registro ha sido difundido en redes sociales con comentarios que buscan mantener vigentes el reproche social, afectando la igualdad ante la ley de nuestro representado, por cuanto ha sido objeto de discriminación manifiesta y actos hostiles como la difusión a través de la red Tik Tok, que afectan a su vez el reconocimiento del “derecho al olvido”.

Finalmente, solicitan acoger el recurso y en definitiva, ordenar a la Dirección de Comunicaciones del nombre reservado Judicial, dependiente del Pleno de la Corte Suprema, bajar de su canal y cualquier otra plataforma, el video que da origen al presente recurso, o en subsidio, que se modifique el nombre del video el cual es abiertamente ilegal y se reserve la identidad del recurrente en su exhibición, o lo que esta Corte estime conforme a Derecho.

SEGUNDO: Que, informando, doña nombre reservado, Directora de Comunicaciones del nombre reservado Judicial, expone que efectivamente en la cuenta del nombre reservado Judicial en la plataforma YouTube se encuentra publicada la pieza audiovisual a que alude el recurso, correspondiente a un capítulo del programa del canal de televisión del nombre reservado Judicial denominado “Fallos históricos”, que contiene 170 capítulos y se emitió desde 2015 al 2019. Indica que esos microprogramas, que se insertaban en el noticiero judicial elaborado semanalmente por el canal, tenían por objetivo visibilizar la decisión judicial en casos de alto interés público, que son parte de la historia antigua o reciente del país, y que resultaba de interés difundir en virtud de la función jurisdiccional del nombre reservado Judicial.

Añade que en el video en cuestión se señalan las denuncias y la historia de la causa judicial contra el ex senador nombre reservado, y es entrevistado su abogado defensor en la causa, don Reynerio García de la Pastora.

Indica que la producción y publicación de estos programas corresponde al objetivo con el que se ha creado la Dirección de Comunicaciones del nombre reservado Judicial y obedece al cumplimiento de la política de comunicaciones del nombre reservado Judicial, incluyendo en el cuerpo de su Informe una relación de los antecedentes de creación de la Dirección, su propósito, lineamientos normativos, manual editorial del Canal TV y del Plan Estratégico de la Dirección de Comunicaciones 2021-2023. Concluye que dichos antecedentes dan sustento a la publicación de la pieza audiovisual en cuestión y permiten sostener que la recurrida actuó dentro de sus competencias.

Afirma que el acto cuestionado se ajusta a los objetivos del manual editorial del canal de TV, en especial los números 1 “Informar sobre los procesos de administración de justicia en sus diferentes etapas” y 5 “Contribuir al posicionamiento de una justicia honesta, transparente, confiable, eficiente, autónoma e independiente.” Agrega que resulta particularmente relevante el valor de la transparencia de la justicia, conforme al cual el trabajo del nombre reservado Judicial se basa en la publicidad de sus actos. Los procedimientos son públicos, salvo contadas excepciones, y sus decisiones se encuentran disponibles a cualquier interesado. Estima que para el nombre reservado Judicial TV proyectar dicha transparencia ayuda al cuidado de la democracia y de la paz social, agregando que no se puede soslayar el rango, jerarquía o sostén constitucional de la publicidad de las resoluciones judiciales y la legalidad de la difusión de los asuntos judiciales. Así, la publicidad y difusión de los asuntos judiciales es legítima y, en este sentido, razonable y no arbitraria.

Luego se refiere al principio constitucional de publicidad, que da lugar a mandatos de transparencia desarrollados ampliamente en la legislación a través de la Ley N° 20.285 sobre acceso a la información púbica, lo que resulta a su juicio plenamente aplicable a las resoluciones judiciales. Asimismo, estima que este régimen de publicidad está previsto en el artículo 9 del Código Orgánico de Tribunales. A este conjunto de reglas constitucionales y legales que exigen del Estado publicidad y transparencia de sus actuaciones, deben añadirse las reglas que permiten la difusión y libre circulación de las ideas.

En este aspecto, cita el artículo 30 literal f) de la Ley N° 19.733, sobre Libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, y asegura que, versando el video sobre hechos relacionados a la condena por un delito que posee el más alto interés público, su publicidad se ajusta a este precepto legal.

Seguidamente, acusa ausencia de infracción a la garantía constitucional del derecho a la honra por primacía de la libertad o derecho a la información, atendido el reconocido interés público de la noticia, interés que a su juicio se conserva pues el recurrente es un ex senador, figura pública, y tratarse la sentencia de abuso sexual reiterado de menores.

Prosigue indicando que el contenido del acto recurrido es de público conocimiento, no pudiendo lesionar la honra del protegido por la publicación del video, existiendo diversas publicaciones, noticias, reseñas y artículos académicos sobre el fallo, incluso un libro de propia autoría del recurrente, de las que se puede extraer la misma o similar información.

Respecto de la igualdad ante la ley, considera que por tratarse de información del video de una de interés público por las razones ya señaladas, el supuesto derecho al olvido que formaría parte del derecho a la honra debe ceder ante el derecho a la información sin que exista entonces un trato discriminatorio hacia el recurrente.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia un acto u omisión ilegal o arbitrario y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. Por su parte, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones en forma indebida, contrariando la ley.

Finalmente, cabe agregar que el arbitrio de que se trata tiene un requisito temporal establecido en el Auto Acordado que regula la materia, esto es, debe ser interpuesto dentro de los treinta días de ocurrido el hecho que constituye la vulneración que se denuncia, o desde que se tuvo noticia de él.

CUARTO: Que, como primer aspecto de esencial relevancia en la interposición del presente recurso, resulta necesario dilucidar la posible extemporaneidad de la acción constitucional interpuesta.

A estos efectos, se hace necesario hacer referencia a la secuencia de actos en que se funda la presente acción que, en lo pertinente, son: 1) la publicación del reportaje periodístico que motiva la presente acción, que tuvo lugar el día 11 de junio de 2018; y 2) la interposición de la acción constitucional con fecha 21 de agosto de 2023.

Así las cosas, resulta claro entonces que el presente recurso fue interpuesto habiendo transcurrido un plazo muy superior al de 30 días establecido en el Auto Acordado de la Corte Suprema que regula la interposición del mismo, al haberse incoado luego de más de cinco años desde la publicación del reportaje, sin que resulte plausible a juicio de esta Corte la afirmación del recurrente de haberse conocido la publicación exclusivamente por sus familiares hasta el mes de agosto de 2023, momento en que habría tomado conocimiento personalmente.

En consecuencia, el presente recurso resulta manifiestamente extemporáneo, lo que basta y es suficiente para que sea imposible que pueda prosperar.

QUINTO: Que, sin perjuicio del insubsanable vicio detectado, es menester señalar que aun cuando el recurso hubiere sido interpuesto dentro de plazo, no habría podido prosperar atendido lo indicado en los considerandos siguientes.

SEXTO: Que, en el caso de marras la conducta de la recurrida Dirección de Comunicaciones del nombre reservado Judicial se ha limitado a publicar en el canal institucional en la plataforma de YouTube un reportaje audiovisual que se refiere a la causa seguida en contra del ex Senador de la República, don Jorge Lavandero Illanes, y que concluyó con su condena como autor del delito de abuso sexual cometido en la persona de menores de edad, en lo que es calificado en la publicación como “fallo histórico”.

Resulta correcto a juicio de esta Corte lo razonado por la recurrida en su informe, en cuanto a que respecto de esta causa penal existió, y en gran medida sigue existiendo, un considerable interés público, no solo por la gravedad de los delitos contenidos en la condena, la reiteración de los hechos punibles acreditados, sino especialmente por la calidad de parlamentario y figura de larga carrera pública del condenado, en tanto integrante de un órgano constitucional de primera relevancia en el funcionamiento de nuestra institucionalidad como es el Senado de la República.

Es respecto de este tipo de casos, en que la labor jurisdiccional se ejerce respecto de quienes desempeñan una alta función pública u ocupan un cargo de autoridad, donde se hace particularmente relevante la transparencia y publicidad de las decisiones que adopten o hayan adoptado los tribunales de justicia. Por esta razón, resulta adecuado a juicio de esta Corte el razonamiento de la recurrida en tanto sostiene que la labor primordial encomendada a la Dirección de Comunicaciones del nombre reservado Judicial es contribuir a la difusión de la labor de los tribunales de justicia, no pudiendo sino entender comprendida en dicha labor la recopilación y difusión de decisiones que, tal como lo califica el título de la publicación de marras, bien pueden considerarse como fallos históricos.

SÉPTIMO: Que, en lo que se refiere a los términos en que la situación del recurrente es expuesta en el material audiovisual objeto de este arbitrio, tal como indica la recurrida en su informe existen diversas circunstancias que permiten descartar que la publicación del material haya constituido un actuar arbitrario dirigido a afectar la honra del recurrido. En efecto, tal como indica el informe de la recurrida, el reportaje fue solo uno de los fallos “históricos” comprendidos en una emisión que incluyó 170 microprogramas similares. Asimismo, tal como afirma la recurrida en su informe, en el reportaje se destaca que a la fecha de su emisión el señor nombre reservado ha cumplido debidamente con la condena que le fuera impuesta, y se incluye las declaraciones de quien fuera a la sazón abogado defensor del recurrente, don Reynerio García de la Pastora. Estas circunstancias, a juicio de esta Corte, impiden afirmar que se haya tratado de una conducta arbitraria, desmedida o caprichosa destinada a afectar el honor y la honra del recurrente.

OCTAVO: Que, así las cosas, estos sentenciadores no adquieren convicción de la existencia de una ilegalidad en la conducta de la recurrida, la que tampoco pueden calificar de arbitraria, toda vez que su proceder no resulta caprichoso y, por el contrario, encuentra un fundamento racional en las funciones encomendadas a la Dirección de Comunicación del nombre reservado Judicial, todo lo cual impone necesariamente el rechazo de la acción planteada, sin que resulte necesario pronunciarse de las garantías denunciadas como vulneradas.

NOVENO: Que, por todo lo antes expuesto, el presente recurso de protección no está en condiciones de prosperar.

En conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado y don nombre reservado, abogados, ambos en representación de don nombre reservado, en contra de la Dirección de Comunicaciones del nombre reservado Judicial.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactó el abogado integrante señor González Castillo.

N° Protección 14093-2023.- No firma el ministro señor Juan Manuel Muñoz Pardo, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar en comisión de servicio.