Protección contra Superintendencia de Pensiones

Santiago, ocho de enero de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, por sí, quien deduce recurso de protección en contra de la Superintendencia de Pensiones, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la omisión y el pago parcial de los montos adeudados por concepto de pensión de invalidez y Aporte Previsional Solidario de Invalidez (APSI), vulnerando de esta forma la garantía consagrada, principalmente, en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, en relación con otras garantías constitucionales.

Menciona como antecedentes de su recurso que el trámite de su pensión de invalidez de origen común se inició en diciembre de 2022, obteniendo un dictamen con fecha 05 de mayo de 2023 que estableció su condición de invalidez. Precisa que el beneficio de pensión de invalidez fue concedido con devengamiento desde el 24 de abril de 2023, pero acusa que a la fecha de la interposición del recurso persiste una deuda de la Superintendencia que no ha resuelto, la cual se arrastra por más de diecisiete meses y que no corresponde al monto total que debió percibir, cifrando la diferencia en aproximadamente $950.000, respecto de un total que estima en $2.550.000. Además, expone que en el proceso se le indicó que debió haber suscrito la solicitud de Aporte Previsional Solidario de Invalidez de manera conjunta con la solicitud de pensión de invalidez.

Estima que los actos y omisiones de la recurrida son ilegales y arbitrarios al privarla de la libre disposición de su patrimonio, afectando sus ingresos y su integridad psíquica, pues se le adeuda el pago total de su pensión de invalidez, el cual sigue siendo aplazado sin motivo justificado.

Pide en definitiva, que se acoja el recurso, y se ordene el pago total de los dineros adeudados por concepto de pensión de invalidez y Aporte Previsional Solidario de Invalidez, sin más dilaciones.

Segundo: Que, con fecha 28 de julio de 2025, comparece don nombre reservado, en representación de la Superintendencia de Pensiones, quien evacúa el informe respectivo, solicitando el rechazo del recurso.

En primer lugar, estima que la acción debe ser rechazada, por ser improcedente, toda vez que excede el ámbito cautelar del recurso de 1 protección al pretender un pronunciamiento declarativo sobre el hecho de cuándo se debió pagar el beneficio previsional, lo cual corresponde a un procedimiento de lato conocimiento.

En segundo lugar, y en cuanto a los hechos, expone como antecedentes que la recurrente presentó un reclamo ante la Superintendencia con fecha 6 de junio de 2025, manifestando la falta de pago de la Pensión Básica Solidaria (PBS) entre abril y octubre de 2024.

Señala que instruyó a AFP Modelo S.A. para que informara directamente a la recurrente en virtud de los principios de economía procedimental y celeridad. Posteriormente, informa que la pensión de invalidez fue solicitada el 24 de abril de 2023 y concedida mediante Resolución C.M.C. N° NUM000 de 7 de agosto de 2024, con devengamiento desde la fecha de solicitud. Sin embargo, precisa que la recurrente solicitó el Aporte Previsional Solidario de Invalidez de forma independiente con fecha 12 de noviembre de 2024, siendo este beneficio aprobado por el Instituto de Previsión Social mediante Resolución Exenta N° NUM001 de 19 de marzo de 2025, con mes de inicio de pago en abril de 2025 y devengamiento desde el 1 de noviembre de 2024.

En tercer lugar, sostiene la legalidad del acto impugnado, argumentando que la Superintendencia no tiene la función de calificar, evaluar o pagar pensiones, sino de fiscalizar, limitándose a comprobar que el beneficio requerido había sido concedido conforme a la normativa vigente. Enfatiza que el APSI, según el artículo 21 de la Ley N° 20.255 y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, se devenga desde el primer día del mes de presentación de la solicitud, lo que en el caso de la recurrente fue el 12 de noviembre de 2024, por lo que no resulta procedente retrotraer la fecha de pago como se pretende. De esta forma, asegura la ausencia de privación, perturbación o amenaza de los derechos constitucionales.

Solicita, en definitiva, que se tenga por evacuado el informe y se rechace el recurso de protección, con expresa condena en costas.

Tercero: Que, con fecha 27 de octubre de 2025, comparece el abogado Rodrigo Montero Atria, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo Sociedad Anónima, quien evacúa el informe 2 requerido por esta Corte y reitera los hechos ya descritos, en cuanto a los pagos realizados a la recurrente.

Cita la normativa aplicable y afirma que ésta señala que la fecha de devengamiento del beneficio es desde el primer día del mes de presentación de la solicitud, por lo que el actuar de su parte se ha ajustado a derecho.

Cuarto: Que, con fecha 14 de noviembre de 2025, comparece la abogada Susana Roa Gutiérrez en representación del Instituto de Previsión Social, quien evacúa el informe solicitado por esta Corte y pide el rechazo de la acción.

Estima que la discusión excede el ámbito de aplicación de la acción cautelar, por cuanto no existe un derecho indubitado. Asimismo, explica la diferencia entre la pensión de invalidez y el aporte básico solidario de invalidez, y que éste último es devengado desde la fecha que se solicita.

Finalmente, refiere el rol que cumple el Instituto de Previsión Social en esta materia.

Quinto: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Sexto: Que, consecuentemente, es requisito indispensable de procedencia de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Séptimo: Que, el acto calificado como ilegal y arbitrario por la actora, lo hace consistir en el pago del aporte previsional solidario de invalidez que efectúa la recurrida lo ha hecho desde la fecha de solicitud de dicho aporte, esto es, desde el 12 de noviembre de 2024, y no desde el 24 de abril de 3 2023, fecha en que la actora ingresó la solicitud de pensión de invalidez N°NUM002.

Octavo: Que, cabe consignar que el aporte previsional solidario de invalidez se encuentra regulado en la Ley N° 20.255, modificada por la Ley N°21735, publicada en el Diario Oficial con fecha 26 de marzo de 2025, que dispone en su artículo 20, lo siguiente: “Serán beneficiarias del aporte previsional solidario de invalidez, las personas cuya invalidez se haya declarado conforme al artículo 17 de la presente ley, que se encuentren afiliadas al sistema de pensiones establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980, que no perciban pensiones de otros regímenes previsionales, y cumplan los requisitos siguientes: a) Los establecidos en las letras a), b) y c) del artículo 16 de esta ley. b) Tener derecho a pensión de invalidez de acuerdo a lo dispuesto en el decreto ley N° 3.500, de 1980, siempre que la suma del monto de dicha pensión más cualquier otra que perciba de dicho sistema, sea de un monto inferior a la pensión básica solidaria de invalidez.

Asimismo, serán beneficiarias del referido aporte previsional las personas inválidas que sólo tengan derecho a una pensión de sobrevivencia de acuerdo a lo dispuesto en el decreto ley N° 3.500, de 1980, y que cumplan los requisitos a que se refiere la letra a) del inciso precedente, siempre que el monto de dicha pensión |sea inferior a la pensión básica solidaria de invalidez.

De igual modo, serán beneficiarias del referido aporte previsional las personas inválidas que tengan derecho a las pensiones de la ley N° 18.056 y que cumplan los requisitos a que se refiere la letra a) del inciso primero, siempre que el monto de esas pensiones sea inferior a la pensión básica solidaria de invalidez.

Además, serán beneficiarias del referido aporte previsional las personas inválidas que tengan derecho a las pensiones de las leyes N° 19.123, N° 19.234, N° 19.980 y N° 19.992, siempre que cumplan los requisitos a que se refiere la letra a) del inciso primero.”

A su turno, el artículo 21 de la misma ley, señala la forma de cálculo del citado aporte previsional solidario de invalidez y la época de pago, como se lee a continuación: 4 Artículo 21.- “El aporte previsional solidario de invalidez señalado en el artículo anterior, ascenderá a la cantidad que se obtenga de descontar el monto de la pensión o suma de pensiones que perciba la persona inválida del decreto ley N° 3.500, de 1980, del valor de la pensión básica solidaria de invalidez.

La solicitud para acceder al aporte señalado en el inciso anterior podrá presentarse a contar de la fecha de obtención de la pensión de invalidez otorgada conforme al decreto ley N° 3.500, de 1980, y se devengará a partir de la fecha de dicha solicitud.”

Noveno: Que, consta en los antecedentes remitidos por la autoridad, las siguientes circunstancias fácticas: 1) El 24 de abril de 2023, la actora solicitó declaración de invalidez. 2) Por Dictamen NUM003 del 2 de mayo de 2024, se rechazó la declaración de invalidez antes referida. 2) El 7 de agosto de 2024, por Resolución N°NUM000, se revoca el dictamen antes referido, se aprueba la invalidez solicitada, la que se fija en un 53%, señalando expresamente que el goce de la pensión respectiva se devenga a contar del 24 de abril de 2023, fecha de presentación´ de la solicitud. 3) Tal resolución fue recepcionada el 28 de octubre de 2024. 4) El 12 de noviembre de 2024 se realizan los pagos de pensión que se devengaron a partir del mes de abril de 2023. 5) El mismo día 12 de noviembre de 2024 la actora solicitó el Aporte Previsional Solidario de Invalidez (APSI). 6) El 19 de marzo de 2025 el Instituto De Previsión Social (IPS) mediante Resolución Exenta N° NUM001, aprobó el Aporte Previsional Solidario de Invalidez (APSI) a partir de mes de abril 2025, estableciendo como fecha de devengamiento noviembre 2024.

Décimo: Que, así las cosas, de lo expuesto se desprende que la decisión de la recurrida, de pagar el beneficio del aporte previsional solidario de invalidez a contar de la fecha de la solicitud APSI N°NUM004, el 12 de noviembre de 2024, es ilegal.

De acuerdo con la normativa legal vigente, se reconoce a la recurrente su derecho al pago del beneficio establecido en la Ley N° 20.255 5 consistente en el aporte previsional solidario de invalidez, como se ha indicado, desde la fecha de obtención de la pensión de invalidez otorgada conforme al decreto ley N° 3.500, de 1980, y se devengará a partir de la fecha de dicha solicitud, esto es, a contar del 24 de abril de 2023, fecha de ingreso de la solicitud de pensión de invalidez N° NUM002 por parte de la recurrente.

En efecto, cualquier otra interpretación, dejaría a la actora en la imposibilidad de acceder al Aporte Previsional Solidario de Invalidez (APSI, por un lapso superior a un año, toda vez que sólo una vez que se declara la invalidez de la actora, se establece su derecho a pensión, lo que en el caso concreto acaeció en noviembre de 2024, declarando que se devenga a partir de abril de 2023, misma fecha en la que se debe entender se devenga el referido aporte, el que fue solicitado el mismo día en que se produce el primer pago y se constata que por el exiguo monto recepcionado, tiene derecho al beneficio del aporte solidario antes referido. Antes de esa fecha, la actora estaba imposibilitada de solicitar el aporte, pues la calificación de invalides había sido rechazada.

Por otro lado, la interpretación entregada por las recurridas no puede ser aceptada, toda vez que aquello implicaría reconocer que la tardanza excesiva de los órganos de la Administración en resolver la calificación de invalidez, perjudicaría al administrado, pues mientras más se demore en resolver, menor será el número de meses en el que se deba pagar el aporte, lo que claramente constituye una arbitrariedad que no puede ser amparada por el derecho.

Undécimo: Que, en consecuencia, la actuación de la recurrida ha vulnerado los derechos fundamentales de la recurrente consagrados en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República, toda vez que la decisión adoptada afecta el principio de igualdad ante la ley y desconoce el derecho de propiedad de la actora sobre su derecho al tantas veces citado aporte previsional solidario de invalidez, configurándose así presupuesto suficiente para acoger la presente acción cautelar.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y visto, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado sobre la materia se acoge, sin costas el recurso de protección intentado 6 por nombre reservado en contra de la Superintendencia de Pensiones debiendo la recurrida ordenar el pago del aporte previsional solidario de invalidez a la recurrente a contar del 24 de abril de 2023.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactó el abogado integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.

Rol N°14.074-2025. Protección.

Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Alejandro Rivera Muñoz e integrada, además, por la ministra señora Sandra Araya Naranjo y la abogado integrante señora Paola Herrera Fuenzalida. 7